La permanencia de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la continuidad de su mandato integral, reclamaron hoy diversos sectores de la sociedad civil colombiana en una carta pública dirigida al presidente Alvaro Uribe Vélez y al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, embajador Luis Alfonso de Alba. “La continuidad del mandato integral de la Oficina es indispensable para que la comunidad internacional siga contribuyendo al mejoramiento de la difícil situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que vive el país”, precisa el documento tras anunciar un “fuerte y decidido apoyo” a este mecanismo. La carta está suscrita, entre otros, por el ex presidente Cesar Gaviria, los ex candidatos presidenciales Carlos Gaviria Díaz, Horacio Serpa Uribe y Rafael Pardo, el Defensor del Pueblo Volmar Pérez, el presidente del Consejo Gremial Luis Carlos Villegas, el líder empresarial José Fernando Isaza, los ex ministros Carlos Medellín Juan Camilo Restrepo, Escobar, Maria Ema Mejía, Juan Mayer, Augusto Ramírez Ocampo, Parmenio Cuellar y German Bula Escobar, el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal, el ex magistrado y ex defensor del pueblo Eduardo Cifuentes Muñoz los presidentes de las centrales obreras, alrededor de 20 parlamentarios de las diferentes bancadas del Congreso y numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas de todas las regiones del país. En las últimas semanas el vicepresidente Francisco Santos Calderón expresó públicamente la intención del gobierno de limitar el mandato e, incluso, reconsiderar la permanencia de la Oficina en Colombia, lo que motivó a las plataformas más importantes de organizaciones que trabajan en Colombia por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (Coordinación Colombia Europa-USA, Plataforma Democracia y Desarrollo y la Alianza de organizaciones sociales por una cooperación para la Paz y los Derechos Humanos) a convocar diferentes actores sociales y políticos del país solicitar al gobierno y a Naciones Unidas mantener el acuerdo que dio origen a la Oficina. Este mandato surgió en 1996 cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, valorando la gravedad de la crisis de derechos humanos, y previo acuerdo con el Gobierno Colombiano, decidió pedir al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que procediera a establecer una oficina permanente en Colombia con un mandato integral de asistencia técnica y monitoreo, según recuerda la comunicación. La carta destaca los informes analíticos y las recomendaciones de la Oficina, así como la realización de 1.300 misiones a las zonas de conflicto y la recepción de 12.000 quejas, de las cuales 8.100 fueron admitidas. “Esta actividad sistemática se ha reflejado en mayores niveles de protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a las comunidades y personas afectadas por el conflicto, al tiempo que ha proporcionado informaciones decisivas al Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para el reconocimiento de la gravedad de la situación de derechos humanos y derecho humanitario y el desarrollo de respuestas institucionales y sociales” precisa el documento. El presidente de CODHES, Marco Romero Silva destacó el respaldo plural de la sociedad colombiana a la Oficina y su mandato integral y recordó que en el mismo sentido se pronunció recientemente la Unión Europea. “La carta se orienta a promover un consenso de la sociedad colombiana en la perspectiva de reconocer y superar la difícil situación de derechos humanos en el país” subrayó Romero.