¿Construir la paz democrática o imponer una victoria militar?

07/11/2011
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Otro comandante de la guerrilla asumirá pronto la jefatura de las Farc y, por supuesto, también será objetivo militar de la misma máquina de guerra que, azuzada por el entusiasmo bélico de los poderosos, le apuesta al exterminio como antesala de la victoria. El nuevo jefe insurgente asumirá con la misión de demostrar que la guerrilla no está derrotada y que puede seguir propiciando golpes al Ejército y la Policía en su convicción de que la insurrección armada es un paso necesario para el triunfo final.
 
En este ambiente de hostilidades y triunfalismo y en medio de la profunda desconfianza que persiste entre las partes, las posibilidades de acercamiento para emprender diálogos de paz están descartadas y pareciera inevitable la continuidad del conflicto armado (el mismo que se prolonga ya por casi cinco décadas en Colombia).
 
Seguir la guerra es tal vez el camino más fácil para los guerreros, pero el más trágico para la población civil que habita las zonas de la confrontación armada. El desplazamiento forzado y otras graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se acentúan luego de golpes contundentes como el que acaba de infringir el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía contra el jefe guerrillero Alfonso Cano. Las ofensivas de unos y las contraofensivas de los otros no están exentas de agresiones a civiles que reciben las consecuencias más duras de la degradación del conflicto. Además, el enfrentamiento armado se hace más complejo por la proliferación de nuevas asociaciones paramilitares que degradan aún más la guerra y aseguran el despojo y la protección de poderosos intereses que se ocultan detrás de estos grupos. Mientras tanto, se mantiene el narcotráfico como el gran negocio de la guerra. A diferencia de quienes creen que mientras haya narcotráfico habrá conflicto armado, la realidad indica que es el conflicto el escenario propicio para el negocio ilícito de las drogas y para que las mafias persistan en la cooptación del Estado. 
 
La sociedad colombiana le apostó en los últimos ocho años a una salida militar, apoyando expresiones políticas que hicieron del uso de la fuerza su principal razón. El fracaso del Cagúan hace diez años y los recientes golpes militares a la guerrilla refuerzan esa tendencia y hacen muy difícil promover el diálogo y la solución política. Pero no hay otro camino viable y sostenible para poner fin al enfrentamiento armado. La paz no será el resultado de la de la muerte del último guerrillero ni de una victoria insurgente sobre el Estado. Lo hemos dicho una y otra vez, el costoso conflicto armado no se resuelve con más guerra ni las causas de ese conflicto se superan prolongando indefinidamente la lucha armada.
 
 ¿Cómo, dónde, cuándo y a través de quién se puede propiciar un acercamiento entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y voceros autorizados de las Farc y el Eln para auscultar la posibilidad de un diálogo que conduzca a un proceso de paz irreversible, serio y sostenible?
 
¿Cuántos soldados, policías y guerrilleros muertos, heridos, mutilados, secuestrados o detenidos se necesitan antes de buscar una solución no militar? ¿Cuántas víctimas civiles muertas, desaparecidas, desplazadas, detenidas arbitrariamente tenemos que soportar antes de construir una paz democrática, cierta y duradera?
 
¿Será que todo depende de quienes hacen la guerra y que el rol de la sociedad civil y la comunidad internacional es contemplar pasivamente el desangre?
 
 Editorial de CODHES
 
Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
https://www.alainet.org/es/articulo/153883
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