I. Introducción.

Nuevamente finalizamos un año más de incertidumbres, un año más de sueños, aspiraciones y esperanzas prolongadas. El Salvador de hoy en día se reconoce por una enorme serie de diferencias sociales, económicas y culturales que impiden a las mayorías, una convivencia justa, truncan las aspiraciones de dignidad y se traducen en una situación permanente de violación a los Derechos Humanos.

Muy a pesar de los discursos sobre avances en la democracia, más allá del discurso eufemístico de que nuestro exitoso proceso ha demostrado que no puede haber paz y democracia sin desarrollo y respeto a los derechos humanos, de que ahora somos la segunda economía más libre de la región latinoamericana, que somos el primer país en la región listo para comenzar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que nuestra economía creció como no lo ha hecho en los últimos 5 años, que la libertad es la principal característica y que somos el país mejor aliado de Washington en la región, al grado de ser el único con tropas militares en Iraq, la realidad ( delincuencia, pobreza, dolarización, desempleo, migración e impunidad) dista mucho de las pretensiones oficiales.

Somos en la región uno de los países con mayores desigualdades sociales, el 10 % de los más ricos recibe cerca del 55 % del ingreso, mientras el 10% más pobre no alcanza a recibir ni el 1,2%. Según datos presentados por el gobierno en su Informe sobre cumplimiento de los Objetivos del Milenio, de cada $ 1000 de ingreso nacional, el 20% de la población salvadoreña más rica recibió $569, mientras que el 20% más pobre recibió sólo $27, esto pone en evidencia la brecha de la desigualdad que se traduce para los más pobres, en miseria, desnutrición, hambre, desempleo, falta de oportunidades, pobreza y marginación.

Nos caracterizamos por ser el país con mayor violencia criminal, 55 muertes violentas por cada 100 mil habitantes con un promedio de 11 o 12 asesinatos cada día, los niveles de pobreza no tienden a disminuir (43.8% relativa y 19.6% absoluta), El Salvador presenta los índices más bajos de Centroamérica en lo que a crecimiento económico se refiere (2.00 a 2.5 %).

Durante el 2005 hubo 3770 muertes violentas incrementando en un 35% los asesinatos con respecto al 2004, estas muertes violentas incluyen 390 mujeres asesinadas brutalmente. La situación anterior hace que ocupemos un penoso primer lugar en Latinoamérica aún por encima de Colombia donde se vive un conflicto armado interno. La mayoría de hechos fueron perpetrados con armas de fuego (80%) cuya existencia sobrepasa las 500 mil en tenencia legal e ilegal. Según estudios del PNUD, el país invierte el 11.5 % de su PIB solo en medidas de seguridad y tratamiento de los efectos de la violencia.

El sistema de cárceles se mantiene en alerta permanente debido al hacinamiento, ocio, corrupción y tráfico de armas y drogas, grupos de prisioneros mantienen el control y desafían constantemente a las autoridades quienes carecen de planes de contingencia y medidas que se encaminen a la modernización. Durante el año 2005, al menos 20 motines o conatos de motines se presentaron con el saldo de unos 8 detenidos asesinados dentro de las cárceles.

Unos 700 compatriotas abandonan diariamente el país en busca de oportunidades, los envíos de dinero en concepto de remesas familiares, es el único factor visible que no solo compensa el desequilibrio de la balanza comercial sino que abona el pobre crecimiento económico y ayuda a paliar los altos índices de pobreza.

Se estima que un 23 % de las familias que residen en El Salvador, reciben remesas mensuales entre $ 20 y $ 200 mensuales las cuales en un 85% son destinadas al consumo y pago de servicios privados, durante el año pasado el país recibió en concepto de remesas $ 2800 millones lo que represente un 17% del PIB. Este esfuerzo contribuye a minimizar niveles de pobreza sobre todo en las áreas rurales más desatendidas de donde, por falta de oportunidades, las personas jóvenes emigran diariamente dejando hijos, esposas y padres, el sector mayormente beneficiado es el financiero el cual se queda con un considerable porcentaje por el manejo y entrega de las ayudas.

El Salvador después de 14 años de la firma de los Acuerdos de paz y la puesta en práctica al pie de la letra de todas las mediadas neoliberales sobre ajustes estructurales, privatización activos productivos, dolarización y reformas al comercio exterior, debería al menos estar muy cerca de otras economías de la región como Costa Rica o Panamá según los vaticinios del Banco Mundial, sin embargo, las previsiones y estimados para el crecimiento económico no producen tales resultados, durante el 2004 se alcanzó 1,5 % de un esperado de 2,5%, para el 2005 la economía creció en 2,5% de un esperado 3,5%.

La tasa de ocupados según datos oficiales supera el 90 % (7% de desempleados) pero se esconden datos de que de estos, un porcentaje mayor al 50% estaría en el sector del empleo informal, con ingresos debajo del salario mínimo, sin ningún tipo de prestación o seguridad social. La canasta básica está arriba de los $ 350 y la ampliada llega hasta los $ 656.

Deuda pública alta ($ 5,000 millones 43.5% del PIB), déficit fiscal (3%) déficit en la balanza comercial (-$2,500 millones 18.8% del PIB), incremento en el costo de la canasta básica (9.2%) débil crecimiento económico (2.00%, el más bajo de la región), salarios bajos, sub empleo, desempleo, incremento en los precios del petróleo, caída de precios internacionales y un gobierno que según la última encuesta un 64% de la población estaría reconociendo que está haciendo mal las cosas y un 53% está reconociendo que vamos por mal rumbo (La Prensa Gráfica 28/01/06), son los principales legados del 2005.

El año que finaliza puso a prueba la efectividad y orientación de las políticas publicas en materia de prevención y mitigación de desastres, de igual manera despintó el paisaje vendido por el gobierno dejando al descubierto la pobreza y el abandono en que se encuentra una gran cantidad de salvadoreños. La tormenta Stan (75 muertos) y la erupción del Volcán de Santa Ana, dejaron más en la miseria a pobladores de comunidades y barrios pobres que 4 meses después reclaman por una humilde vivienda.

El cinismo, la mentira, la corrupción el tráfico de influencias, y la exclusión social y económica de la mayoría de la población, son las características del actual gobierno que está siendo sostenido por una campaña mediática millonaria que derrocha los magros ingresos del Estado. El actual presidente, Antonio Saca contraviniendo la Constitución, se ha convertido en el principal protagonista y activista político de su partido, acompaña a los deslucidos candidatos de ARENA en las actividades políticas y pide el voto para sí y para su partido en clara contravención a la constitución de la República la cual ha jurado cumplir.

Se está gobernando de manera evidentemente parcializada, el mercado tiene preeminencia sobre todas las cosas, la actual burocracia está conformada por empresarios pertenecientes a las más acaudaladas familias que ahora son empleados del gobierno, ellos, financieros, agricultores exportadores, empresarios y constructores conforman lo que se ha denominado muy atinadamente el nuevo modelo de un “El Salvador S. A de R. L.” donde todo está en venta. Existe una tendencia hacia el Maquiavelismo, no hay distinción entre el bien y el mal o de la justicia, lo que importa es sumar y sumar, para lograrlo se miente, se daña la imagen de otros, se aplican sanciones injustas, todo se justifica mintiendo.

El actual gobierno ha demostrado total irrespeto al derecho internacional, a regañadientes ha ido tergiversando contenidos y medianamente cumpliendo con las recomendaciones que hiciera este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha condenado al Estado por la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz en 1982. En Tribunales de los Estados Unidos se ha juzgado, declarado culpables y se ha condenado a indemnizar a familiares de las víctimas, al menos a 4 militares acusados de dirigir la guerra sucia, armar escuadrones de la muerte y ejecutar a civiles incluyendo al Arzobispo Monseñor Romero.

Estos visos de justicia postergada de alguna manera imprimen cierto clima de esperanza en quienes hemos trabajado por el respeto de los derechos humanos y hemos puesto toda nuestra energía y vida en la lucha contra la impunidad

San Salvador, diciembre de 2005.

II. El Salvador, Breve contexto de País

Superficie • Total • % agua Fronteras Costas	Puesto 147º 21.041 km² 0,01% 545 km 307 km
Población • Total • Densidad	Puesto 98º 6.704.932 (julio de 2005 est.) 318,66 hab./km²
IDH .PIB .Crecimiento Económico .Esperanza de vida	Puesto 104 de 170 (Desarrollo medio) $ 17, 800 millones 1,5% 2004 2,5% 2005 (2002) 70.4 (mujeres 73,5 años, hombres 67.5 años) Las mujeres constituyen el 50.9% con un índice de feminidad de 103,6 La población rural (41% del total) bajo la línea de pobreza con respecto a la población pobre (43.8%) es de 53,3% con un tamaño promedio por hogar de 4,95

El país con menos extensión territorial en Centroamérica, independizado de España en 1821, con una economía subdesarrollada de agro exportación, manejada por unas pocas familias que despojaron a indígenas y campesinos de sus ejidos y tierras comunales presentó la primera sublevación campesina contra el gobierno y los terratenientes en 1932, para entonces cientos de campesinos que reclamaba el cese de la explotación y tierra para cultivar, fueron reprimidos brutalmente por el ejercito que tildó la insurrección de comunista. Unos 30 mil campesinos, la mayoría indígena, fueron fusilados, El ejército tomó el control del gobierno hasta el año de 1986 cuando en medio de un conflicto armado, asumió como presidente el primer civil en la historia.

Su población es mayoritariamente urbana (3₁932,569 personas viviendo en la zona urbana, equivalente al 59.24%, y 2₁705,599 personas – 40.75% – que viven en el área rural)¹ y joven (alrededor del 37% de la población es menor de quince años de edad)². Para mediados del año 2005, se prevé que la población masculina alcanzará las 3₁380,000 personas y la femenina 3₁495,000 personas³. Se ha estimado la Población Económicamente Activa (PEA) en 2₁784,000 personas para el presente año⁴.

La esperanza de vida es de 70,1 años, medida previsible para los nacidos a partir del año 2002. La mortalidad infantil se mantiene en un 27 % por cada 1000 nacidos vivos, unas 172 de mujeres mueren por cada 100, 000 nacidos, por falta de acceso al sistema hospitalario. Se estima una tasa creciente de adultos analfabetos de un 20%. La situación de la pobreza continúa siendo mal abordada, el informe sobre el Indice de Desarrollo Humano, presentado por el PNUD, resalta que El Salvador bajó de la posición 103 que ocupaba para el 2004 a la posición 104, se señala también que la pobreza sigue latente en el país y que el gobierno no la está contabilizando de manera correcta. Un 43.8 del total de la población continúa viviendo en la pobreza y 58 de cada 1000 personas sobreviven con apenas 2 dólares diarios.

Una guerra civil de 12 años (1980-1992) que militarmente hablando se definió como una guerra de baja intensidad, costó la vida de aproximadamente 85.000 personas, otras 8 mil permanecen desaparecidas y miles más fueron encarcelados y torturados en las cárceles del gobierno. La guerra finalizó en 1992 cuando firmaron en México los Acuerdos de paz, miembros del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de derecha del entonces presidente Alfredo Cristiani. Los Acuerdos pretendían garantizar una convivencia pacifica y democrática para todos los y las salvadoreñas, recomponer el tejido social y la reconciliación, para ello había que recrear instituciones como el ejército nacional y la Corte Suprema de Justicia, desaparecer los cuerpos represivos de seguridad, crear la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y montar un foro permanente para la discusión del tema económico y social.

Para garantizar el fin de la impunidad y la vigencia de los derechos humanos, bajo la supervisión directa de la Organización de las Naciones Unidas, se verificaría sobre calendario el cumplimiento de los acuerdos y se conformó una Comisión de notables denominada Comisión de la Verdad la cual tuvo a su cargo la investigación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Días después de que esta comisión presentara el informe en donde se involucraba al ejército, cuerpos de seguridad y grupos paramilitares responsables de una gran mayoría de todos los hechos investigados tales como la masacre del Sumpul en 1980 (800 muertos), la masacre del Mozote 1981 (1000 muertos), el asesinato de Monseñor Romero y los Sacerdotes jesuitas entre miles de hechos más, el gobierno decretó una amnistía general para todos los señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos los cuales permanecen hasta la fecha en total impunidad.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), controla el ejecutivo desde 1989, fue fundado por el Mayor Roberto D’abuisson, responsable de la sección de inteligencia de la Guardia Nacional y fanático anticomunista. La fundación fue respaldada por un gremio de terratenientes y militares descontentos por los efectos de la reforma agraria y en contra de la supuesta expansión del bloque soviético. A este militar también se le señala de ser organizador de los escuadrones de la muerte, de emprender una matanza selectiva en contra de dirigentes de izquierda y del asesinato del arzobispo Monseñor Romero.

El Frente Farabundo Martí (FMLN) fundado en 1980, estuvo conformado por 5 organizaciones de izquierda que luego del fraude electoral de 1977 establecieron su propio ejército guerrillero. El informe de la Comisión de la Verdad, los señala de responsable de muerte de civiles, de alcaldes y jueces y de violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Con la firma de los Acuerdos de Paz, pasa a ser un partido político y se convierte en la segunda fuerza electoral en el país gobernando los principales municipios del país y consiguiendo una mayoría de diputados en el congreso.

El gobierno de El Salvador ha puesto en marcha políticas económicas neoliberales, se reprivatizó la banca y volvió a los mismos propietarios a quienes pertenecía antes de la nacionalización, quienes la adquirieron a precios ridículos, se ha privatizado la distribución de energía eléctrica, de las telecomunicaciones y de los ahorros de pensiones, paradójicamente, se maneja ahora una deuda pública que sobrepasa los beneficios obtenidos con la venta de los activos del Estado. Se puso en marcha la dolarización y se han realizado grandes esfuerzos por suscribir con los Estados Unidos de norte América un Tratado de Libre Comercio que deja en enorme desventaja la producción nacional, atenta contra el medio ambiente y promueve la desocupación agropecuaria.

La capital San Salvador es conocida -por los terremotos que ocurren- como el Valle de las Hamacas -desde tiempos de la colonia. El país se encuentra sobre una serie de fallas geológicas cuyas capas colisionan constantemente. El 13 de enero del 2001 un terremoto de 7,6 en la escala de Ritcher causó un desprendimiento de tierra que mató a más de 800 personas. Un mes después, el 13 de febrero, otro terremoto mató a 255 personas, dejando sin vivienda a muchísimas familias, especialmente las más pobres.

La falta de una política ambiental, la impunidad de las constructoras y la pobreza en que vive una gran mayoría, promueven la vulnerabilidad ambiental, durante el año de 2005, fuertes tormentas causaron grandes inundaciones, cerca de 75 muertos, miles de evacuados y la destrucción de viviendas, puentes y carreteras, nuevamente los más afectados, zonas populosas de pobres construcciones.

Hay una alta densidad poblacional, y las mayores concentraciones de personas se dan en la capital, con más de 2 millones de habitantes, la mayoría residiendo en barrios pobres, en viviendas precarias, la mayoría sin acceso al agua potable y sistemas de drenajes.

En cuanto a su composición étnica, la población salvadoreña es mayoritariamente mestiza, la existencia de pueblos indígenas al igual que sus centros rituales o tierras ancestrales es un dato del cual no se tiene una información oficial aunque en el censo de 1992 el gobierno reconoció que los indígenas constituyen el 10 % de la población entre los que se destacan los pueblos Lenca, Maya, y Náhuatl-pipil. En la presentación del informe sobre el cumplimiento del PIDESC la delegación oficial afirmó en Ginebra, que la población indígena en nuestro país representaba aproximadamente el 5% de la población total. Según la opinión del Gobierno, se hace difícil distinguir las minorías existentes, especialmente las poblaciones indígenas, quienes habrían perdido sus identidades étnicas y sus características socio culturales⁵. Lo cierto es que no existen estadísticas confiables sobre la población indígena en El Salvador ni sobre su situación en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en buena parte debido a la indiferencia y al abandono de esta población en las políticas gubernamentales.

No hay una explicación clara sobre la merma de la población indígena precisamente por el abandono en que se encuentran, nuestra experiencia nos indica que la población indígena vive en una situación de extrema pobreza y marginalidad, sin tierras, sin educación y sin acceso a los servicios públicos básicos. Según datos del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, la población indígena en el país es del 12 %, 61% son pobres y 38% son extremadamente pobres.

III. 14 años de los Acuerdos de Paz.

Trascurridos 14 años de este proceso que bien pudo identificarse como el momento oportuno para re fundar un país carente de democracia, respeto a la dignidad de las personas, tolerancia política e ideológica, vale hacer la pregunta hoy en día: ¿ Hemos avanzado hacia el cumplimiento de los grandes objetivos trazados?, ¿Esta reunificada nuestra sociedad?, ¿hasta donde ha avanzado la democratización del país?, ¿ son respetados y disfrutados los derechos humanos plenamente?.¿Se han hechos intentos por la reconciliación? Consideramos que salvo el silencio de las armas y el cese del enfrentamiento armado, poco hemos avanzado en este período, lo que es peor, se percibe un clima en donde predomina el autoritarismo, los intereses de clase cada vez más marcados, los gobiernos siguen siendo cada vez menos justos e incluyentes.

En su informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, en el cual da por concluido el proceso verificador de los Acuerdos de Paz, el Señor Kofi Annan, aclara y recuerda… “ …todavía queda mucho por hacer para crear la sociedad equitativa y justa concebida por los artífices de la paz... el gobierno, las instituciones, los agentes políticos y la sociedad civil deben redoblar sus esfuerzos para aplicar íntegramente los Acuerdos de Paz y basarse en ellos para seguir adelante… El Salvador, atraviesa una transición delicada hacia la integración regional y hemisférica con instituciones aún frágiles, una cultura política endeble y amplias desigualdades socioeconómicas… las autoridades no tienen la costumbre de someter a consulta las decisiones normativas fundamentales a nivel social o político, o suelen hacer caso omiso a los resultados de esas consultas” … Los Acuerdos de Paz son un plan maestro para hacer realidad los objetivos de la paz, el respeto de los derechos humanos y la democratización del país…” (Informe del Secretario General A/57384, del 2002).

En lo relativo a las reformas esperadas, el país pudo experimentar cambios políticos significativos como la importancia de las nuevas instituciones: la PNC, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, de igual manera se pactó un proceso de mayor pluralidad e independencia para la Corte Suprema de Justicia y mayor participación en la Asamblea Legislativa. El ejército nacional pasó a ocupar el lugar que le corresponde y de 18 atribuciones constitucionales que ejercía antes de los Acuerdos, ahora solo es el garante de la integridad territorial.

A la fecha, los Acuerdos de Paz son recordados únicamente como el punto de partida de un nuevo proceso político en donde está predominando el autoritarismo promovido por un partido de derecha que solo pretende satisfacer los intereses de los sectores dominantes y económicamente poderosos. La cúpula empresarial se ha convertido en la verdadera burocracia del Estado, ARENA está asaltando y tomando la institucionalidad que fue producto de los acuerdos de paz, mantiene claro dominio del Tribunal Supremo Electoral, ha cooptado burdamente el Consejo Nacional de la Judicatura y se prepara para lograr el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos todavía esperan justicia y los responsables de violaciones a los derechos humanos gozan ahora de todo tipo de oportunidades como empresarios y comerciantes, producto de la imperante impunidad que promovió la Ley de Amnistía de 1992.

En efecto, el tema del cumplimiento efectivo de los Acuerdos de Paz ha sido un aspecto en gran medida relegado por los sucesivos gobiernos de ARENA, al parecer, el cese del enfrentamiento armado y la firma de la paz, fue el punto final para iniciar la etapa que ahora se vive sin considerar la agenda pendiente, en definitiva, todo lo que ahora sucede de manera categórica podríamos afirmar que está relacionado con lo que se hizo o no se hizo con respecto a los acuerdos de paz.

A 14 años de la firma de los Acuerdos de paz, se percibe un marcado interés gubernamental por dejarlos en el olvido y de manera deliberada, no cumplir con lo que está pendiente, en efecto, el actual presidente anunció que su gobierno no tenía intenciones de seguir conmemorando esta fecha.

Se encuentran algunas leyes pendientes de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa: Las leyes que se encuentran pendientes de aprobación, algunas de ellas no se han elaborado los respectivos anteproyectos ( Ley de creación del fondo para la indemnización de víctimas del conflicto, Ley procesal constitucional.. Derogatoria de la ley de policía de 1886.. Reformas al código de justicia militar y a la ordenanza del ejército)

El Programa de Transferencia de Tierras (P.T.T.) que si bien se encuentra en su fase final presenta casos de complejidad que no están totalmente resueltos, la entrega de las cancelaciones de la Deuda Agraria que es fundamental para que este programa tenga un cierre claro y exitoso.

El programa de transferencia de propiedades que exceden las 245 hectáreas no avanza ya que no existe voluntad política del Gobierno y de los funcionarios del ISTA de cumplir con este acuerdo.

Aspectos sustanciales de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad relativos a la Reconciliación Nacional, de establecer un Foro de la Verdad y la Reconciliación, de levantar un monumento Nacional a las víctimas, un día nacional en memoria de las víctimas, el procesamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, todo ello no se han cumplido.

Aunque los acuerdos no establecieron medidas precisas que buscaran modificar el modelo económico y promover la justicia social , si se plantearon aspectos para el diálogo y el entendimiento que abrirían paso para ir haciendo modificaciones estructurales como lo del Foro de Concertación Económico Social, las políticas del Sistema Financiero Nacional, un nuevo marco jurídico para el sector agropecuario y un Código Agrario, el sector privado no se sentó nunca con las gremiales y trabajadores ni mostró voluntad alguna para cambiar las injustas estructuras económicas del país.

El objetivo del Foro de Concertación económico y social era buscar mecanismos de consenso entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental para promover y mantener un clima de armonía en las relaciones de trabajo y para concertar políticas y medidas que aliviaran el costo social del programa de ajuste estructural. El foro se instaló pero debido a la resisten del Gobierno y de algunos miembros de la empresa privada este fracasó

Institucionalidad de los Acuerdos de Paz.

La PNC

En la actualidad hay marcados esfuerzos por desnaturalizar las instituciones surgidas del proceso negociador, la Policía Nacional Civil, ha sido dirigida por ex oficiales del ejercito y del Organismo de inteligencia del Estado, en la actualidad, su director ha sido diputado y candidato a alcalde por el partido ARENA, se le señala de tener empresas de seguridad privada y de dedicarse a la venta de armas. La PNC es utilizada por el órgano ejecutivo para elevar el grado de aceptación del partido en el gobierno como ha quedado demostrada su instrumentalización en planes antipandillas en plenas campañas electorales.

Por otra parte, el incremento de la delincuencia, la falta de procesamiento y la puesta en libertad de muchos de los detenidos es un caso que en gran medida se presenta debido a los malos procedimientos como el resguardo del lugar de los hechos, la custodia, los vicios en la obtención de prueba y en general ausencia de profesionalismo. Se evidencia un claro deterioro en la institución policial, muchos agentes se ven involucrados en robo de vehículos, asaltos a mano armada y protección policial a comerciantes de droga.

Es necesario rediseñar no solo el actuar policial o su código de conducta, es necesario reforzar los mecanismos de control internos o externos, la PNC debe estar supervisada por una Oficina de Investigación Policial con facultades suficientes para promover destituciones, suspensiones, separaciones y todo tipo de sanciones que permita mejorar y profesionalizar su actuación. La Asamblea por su parte debe tomar participación para que, luego de una propuesta de la sociedad civil, se proceda a la elección del Director General, Comisionados y Directores en áreas especializadas.

La CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), otra de las instituciones del Estado que fuera duramente criticada durante los años del conflicto armado, fue sometida a una serie de reformas para que se adaptara a la nueva realidad democrática, así, se logró establecer un 6% del total del presupuesto del Estado para su funcionamiento, imparcialidad e independencia, este porcentaje tiene rango constitucional, también se modificó el proceso de selección de candidatos y de elección de magistrados tomando en cuenta las recomendaciones de las Asociaciones de abogados y se modificaron los años de mandato par los magistrados.

En los últimos 5 años ha sido evidente el marcado compromiso de la CSJ con los mandatos del ejecutivo, el actual presidente, en lugar de procurar una justicia pronta y cumplida, para todos por igual, acompaña al presidente de la República a la inauguración de suntuosos centros comerciales. Se han restado importancia a la sección de probidad y declarado improcedente los requerimientos de esta oficina para que ex altos funcionarios presenten informes de sus ingresos.

Sin mayores argumentaciones deniegan recursos de justicia en casos relevantes, ordenan la reinscripción de partidos políticos que por requisito de ley tendrían que haber desaparecido luego de los pobres resultados alcanzados en las elecciones presidenciales del 2004 (menos del 3% del total de votos válidos), permiten el nombramiento de un magistrado para el TSE a quien no le correspondía ejercer esas funciones y otros desatinos más que hacen prever la continuidad de la impunidad y la falta de independencia entre los órganos del Estado.

Constantemente el presidente de la República y otros altos funcionarios de Seguridad Pública realizan ataques a los jueces y se les achaca su responsabilidad de echar al traste el trabajo policial y el de la Fiscalía General de la Republica, se les responsabiliza de dejar en libertad a cientos de pandilleros y otros criminales de alta peligrosidad, ante estos ataques y señalamientos que atentan contra la independencia judicial y la constitución misma, la CSJ no ha hecho el mínimo esfuerzo por aclararle al ejecutivo en que consiste esta independencia. De igual manera, la CSJ no se ha pronunciado por las violaciones a la constitución que representa la no elección del Fiscal General cuya función ha quedado delegada en la figura de un fiscal adjunto que nombrara quien ahora no tiene ninguna atribución. No se ha realizado una necesaria depuración en el sistema aún continúan jueces cuyos títulos de abogados fueron obtenidos fraudulentamente y otros que promueven el tráfico de influencias.

La probidad y la Corte Suprema de Justicia en entredicho.

En El Salvador, el combate a la corrupción es atendido desde la Vicepresidencia de la República, La Corte de Cuentas y La Fiscalía General de la República que cuenta con un departamento especializado que atiende los delitos de corrupción. En la Policía Nacional Civil se han creado unidades especializadas de investigación. En la Corte Suprema de Justicia, funciona la Sección de Probidad que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia creada en 1959 para encargarse de aplicar la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Recibe las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Hace una comparación entre la que hubieren presentado al tomar posesión de sus cargos y la presentada al finalizar su período, y trata de establecer el incremento patrimonial de su grupo familiar comparado con los sueldos, emolumentos e incrementos de capital obtenidos legalmente. Si existe diferencia entonces se presume enriquecimiento ilícito y se inicia un juicio especial para establecer responsabilidades.

En julio de 2005, el Director de la Sección de Probidad de la CSJ, en cumplimiento de sus funciones y tal como lo hiciera en otras ocasiones, solicitó a algunos bancos del sistema (Banco Salvadoreño, presidido por la ex Canciller, Banco Cuscatlán, principal accionista, el ex Presidente Cristianni y al Banco Agrícola Comercial cuyo propietario recién fallecido era el presidente del Comité Nacional del Partido ARENA), información financiera sobre las cuentas del ex presidente Francisco Flores y de algunos funcionarios de su gestión (1999-2004) con el fin de constatar datos consignados en declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los ex funcionarios (María Eugenia Brizuela, Juan José Daboub, Carlos Mauricio Duque, Miguel Ernesto Lacayo, Edgar Mendoza, Ruy Cesar Miranda, Enrique Molins, Aldo Vinicio Parducci, Carlos Quintanilla Schimidt, Mauricio Ramos Falla, Guillermo Sol Bang y Flavio Villacorta).

Haciendo uso discrecional de los procedimientos, los bancos no contestaron a la sección de probidad que era quien solicitaba la información sino que se dirigieron directamente, a través de una carta al Presidente del Órgano Judicial Dr. Agustín García Calderón en la que le aclaraban lo siguiente: "Revisando las disposiciones respectivas… no encontramos en ninguna de ellas disposición que faculten expresamente ni a la Sección de Probidad ni a la misma Corte Suprema de Justicia para solicitar información bancaria".

En atención a la carta, diez de los quince magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia resolvieron, a través de una inconsistente y maliciosa interpretación jurídica que eran ellos a quienes correspondía la facultad de solicitar información bancaria en las investigaciones sobre supuesto enriquecimiento ilícito, consecuentemente, la Sección de Probidad no puede ni podrá en el curso de sus investigaciones pedir directamente información, no obstante que en otras oportunidades esta oficina ya había realizado estas diligencias que se entienden como parte de su costumbre administrativa dentro de su mandato.

No obstante haber finalizado su mandato en el gobierno, el ex presidente Francisco Flores, el grupo de los requeridos y los tres bancos lograron anular las facultades de la Sección de Probidad y reducir la capacidad investigativa del Estado en casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. En claro tráfico de influencias, ahora la sociedad no puede conocer si los ex funcionarios hicieron debido uso de los fondos del Estado o de las donaciones, o si los bienes y capital con que ahora cuentan es acorde a lo declarado al iniciar funciones y a lo que provino de sus salarios.

Por delitos de corrupción Costa Rica tiene procesados a tres ex presidentes, Nicaragua condenó a veinte años a Arnoldo Alemán, Guatemala está intentando capturar a Alfonso Portillo y Panamá está investigando a la ex presidenta Moscoso. En El Salvador ahora tenemos un caso que involucra a un ex-presidente, un buen número de ex funcionarios de primer nivel, tres bancos y a diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La corrupción está siendo promovida por el tráfico de influencias.

La Sección de Probidad tiene la facultad de pedir a los bancos información financiera de los funcionarios públicos, tal como se desprende de los Art. 27 y 25, de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Por su parte, el Art. 201, inciso 3º de la Ley de Bancos, establece claramente excepciones al secreto bancario, cuando se trate de informaciones requeridas por los tribunales de justicia, la Fiscalía General de la República y las demás autoridades en el ejercicio de sus atribuciones legales.

La Ley establece la obligación de los Funcionarios y Empleados Públicos de presentar declaraciones juradas en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

El CNJ

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que fue concebido como la institución que garantizaría la capacitación, evaluación, selección y proposición de jueces capaces, independientes e idóneas ha sido tomado por asalto por un grupo de abogados nombrados por el sector de la derecha en la Asamblea Legislativa y propuestos por una nueva Asociación de abogados financiada por el gobierno central que ahora se prepara para proponer a sus propios magistrados a la CSJ, con estas acciones, el partido que gobierna se asegura el nombramiento de una mayoría de funcionarios judiciales que vendrán a darle validez y legalidad a todas las arbitrariedades que ahora se pretenden.

El TSE

El Tribunal Supremo Electoral ha sido en extremo politizado y lo controla absolutamente el partido ARENA a través de su presidente, recientemente ARENA logró una reforma a la Ley del Tribunal Supremo Electoral en donde le concede facultades extremas al presidente, este con la venia de 2 magistrados más (nombrados también por ARENA y PCN), es decir simple mayoría podrá hacer los cambios, contrataciones, despidos y nombramientos que considere convenientes, tienen ahora la facultad de nombrar las juntas receptoras de votos que antes las nombraban y conformaban los partidos políticos.

El sistema electoral salvadoreño no promete garantizar unas elecciones libres como característica democrática ya que adolece de una serie de fallas y faltas que difícilmente garantizaría elecciones transparentes, condiciones de igualdad para todos los partidos políticos. Mientras su composición obedezca a los intereses del partido que controla la Asamblea Legislativa y el Organo Ejecutivo y que tenga la venia de la Corte Suprema de Justicia, maneje una Fiscalía General a su antojo, no se pueden asegurar elecciones democráticas. Los y las salvadoreños residentes en el exterior siguen esperando ser tomados en cuenta y participar en los procesos electorales nacionales, pareciera que al gobierno no le importan desde que salieron del país, se está más interesado en contar las remesas que en ponerse a contar sus votos.

El TSE ha anulado cualquier posibilidad de consenso democrático y ha concentrado funciones en su presidente, no se hace uso de las facultades jurisdiccionales para condenar al partido en el gobierno que con 4 meses de anticipación inicia campaña electoral, utiliza al presidente de la República quien valiéndose de su cargo hace campaña proselitista contrario a lo que establece la constitución.

Conformado de la manera que está, esta institución que vendría a sustituir al inoperante Consejo Central de Elecciones, no se habrá hecho otra cosa más que modificar su razón social, el actual organismo no garantiza elecciones limpias, transparentes ni democráticas, no ejerce sus facultades para prevenir, investigar y sancionar a quienes se burlan de la ley electoral, pasan por donde se les antoja la constitución y su incapacidad y ineficacia, promueve la violencia, la intolerancia ideológica, la confrontación, la calumnia y la mentira, todo con la intención de favorecer al partido en el gobierno.

La PDDH

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sigue siendo ahogada presupuestariamente y los diputados de ARENA cada vez que tienen la oportunidad promueven la destitución de la Procuradora. Durante el año 2005, la PDDH ha denunciado que se ha mantenido y de alguna manera incrementado una campaña sistemática de intimidación y persecución que muy probablemente sean en respuesta a situaciones de graves denuncias de parte de la Señora Procuradora de casos de violaciones a derechos humanos y pésimas condiciones en que se encuentra la población reclusa del país y sobre todo, por el seguimiento que la PDDH ha realizado en el caso de ejecución arbitraria del líder sindical salvadoreño-estadounidense José Gilberto Soto, hecho ocurrido frente a su residencia en la ciudad de Usulután en noviembre de 2004.

Otro caso de preocupación y que podría constituir persecución en contra del personal de la PDDH fue la detención y encarcelamiento de 3 de sus funcionarios que realizaban actividades de verificación cuando el presidente de la República a través del Ministerio de gobernación ordenó la expulsión el 28 de abril del médico ecuatoriano Pedro Enrique Banchón Rivera consejero del sindicato de Trabajadores y Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS). El doctor Banchón poseía la residencia permanente salvadoreña desde 1998 y está casado con una ciudadana salvadoreña.

La FGR

Durante los años del conflicto armado, Ministerio Público, Cuerpos de Seguridad y tribunales conformaron la trilogía que fomentaba la impunidad, protegiendo y encubriendo a los responsables de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. Los Acuerdos de Paz se presentaron como una posibilidad para la creación de una nueva institucionalidad que le diera preeminencia al Estado de Derecho, se buscara el respeto a la constitución y se estableciera un nuevo enfoque político para la convivencia democrática.

La Fiscalía General de la República a cargo de un Fiscal General es la institución que por mandato constitucional defenderá los intereses del Estado y de la sociedad, esta institución es la encargada de promover la acción judicial en defensa de la legalidad o Estado de Derecho y está encargada de la dirección en la investigación de los delitos.

La vigencia de cualquier ley, reclaman en gran medida la existencia de mecanismos eficientes, eficaces y oportunos que busquen determinar responsabilidades particulares, que promuevan investigaciones suficientes y eficaces para que se permita el procesamiento de quienes resultaren responsables del quebrantamiento de la ley, aprovechamiento de sus cargos y de abusos de autoridad, solo entonces se puede decir que se procura por la justicia y no se favorece la impunidad.

La Fiscalía General ha sido una institución de reconocida ineficiencia e incapacidad, su principal autoridad ha sido nombrada en los últimos 15 años por los dos partidos de derecha que se reparten esta institución y la Corte de Cuentas o Contraloría de la República. No obstante los recursos con los que cuenta, el trabajo de la Fiscalía no asegura ni garantiza la disminución de la criminalidad, el procesamiento de los criminales y en consecuencia, solo favorece la impunidad. A la fecha, no se ha iniciado investigaciones en ninguno de los hechos que señalara la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, cuando la UCA le solicitó a la Fiscalía que iniciara acción penal en el caso de la muerte de los sacerdotes Jesuitas y sus dos colaboradoras, el gran argumento del Señor fiscal era que según la legislación penal nacional , estos delitos ya habían prescrito y no se podía hacer nada, mostrando clara ignorancia de los Tratados Internacionales que se aplican subsidiariamente. Casos relevantes como los de la niña Katya Miranda y del Sr. García Prieto, se promueven ahora en instancias internacionales debido a esa reiterada incapacidad y negligencia que la institución encargada de la investigación del delito ha presentado.

Resultaría tedioso y penoso enumerar los casos en los que no ha habido ningún tipo de acción de parte de la Fiscalía por evitar la impunidad o si la ha habido ha sido para entorpecer la búsqueda de la justicia (caso hermanitas Serrano ante la Corte Interamericana donde la actuación de la Fiscalía se limitó a desvirtuar la existencia de las menores y a acusar a la familia de buscar beneficios económicos).

En el mes de noviembre del 2005, el Fiscal General, terminó su segundo período, el proveniente de una institución financiera y propuesto por el partido ARENA, estuvo al frente de la institución por 6 años, término durante el cual, la mayoría de la sociedad se ha visto cautiva por el crecimiento de una espiral de violencia y criminalidad sin precedentes. La impunidad ha sido la constante que en gran medida estimula el crecimiento de las muertes violentas y otros delitos como la corrupción, el lavado de dinero, el robo de autos y el narcotráfico. El partido en el gobierno se empecina en su continuidad como si la ineptitud mereciera premio.

Como suele ser costumbre, el proceso para la elección de funcionarios de segundo grado, que por mandato constitucional le obliga a la Asamblea Legislativa buscar el voto calificado (56) en lugar de ser un mecanismo consensuado que permita buscar, promover, proponer y elegir entre quienes pueden estar más capacitados, ser más idóneos, contar con apoyos gremiales y de la sociedad civil en general y de quienes a nuestro modo de ver, estén suficientemente comprometidos con el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales; se convierte en un procedimiento sumamente politizado durante el cual resalta la necedad del continuismo, la búsqueda del compadrazgo político y la selección y elección de alguien que en gran medida estaría garantizando la perpetuación de la impunidad mediante el encubrimiento, la falta de acción o los vicios procesales.

Si bien es cierto, La Asamblea legislativa ha abierto ciertos espacios de consulta con la sociedad civil, las propuestas que se han presentado como expresión ciudadana que busca participar en la toma de decisiones, a la hora de elegir al Fiscal General, nunca han sido tomadas en cuenta, privilegia aquí las componendas políticas, el chantaje, el cinismo y el engaño.

La Institución está siendo ahora dirigida por el Fiscal Adjunto que designara quién completó su mandato, es lógico que las funciones del adjunto, terminen con la salida del titular que lo nombró, en todo caso, a la suerte de lo principal le sigue la de lo accesorio, consecuentemente, se presenta un caso de usurpación de funciones. Resulta atentatorio a la constitución que alguien que no ha sido electo ni juramentado por la Asamblea Legislativa realice funciones como titular de la institución, en este caso los diputados tienen responsabilidades graves por acción u omisión.

La Asamblea Legislativa tiene el deber jurídico y moral de hacer cumplir la constitución, debe de realizar un proceso transparente lo suficientemente consultivo que permita una propuesta amplia en donde se destaquen las mejores características de los y las ciudadanas propuestos para tan importante cargo, solo mediante un proceso limpio se puede garantizar la efectividad de la ley, la investigación del delito y el debido proceso de los responsables. Ponemos en juego no solo el futuro de la institución, está en juego el futuro de la democracia y el del efectivo respeto a los derechos humanos. Ya basta de esa lógica perversa de nombrar funcionarios a la medida que solo garanticen intereses de grupo.

La Impunidad

Los Acuerdos de Paz tuvieron como objetivos principales buscarle fin políticamente al enfrentamiento armado, reunificar la sociedad salvadoreña y reconstruir el tejido social, así como buscar la reconciliación, para ello era necesario enfrentar el penoso pasado de represión y de violaciones a los derechos humanos, buscar la verdad de lo sucedido y esclarecer graves crímenes contra la población civil tales como casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y otros casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la idea era esclarecer hechos y llevar a los responsables frente a la justicia para ser juzgados, una vez enfrentado este proceso, las víctimas o sus sobrevivientes podrían determinar si exigían el castigo o les otorgaban el perdón, previo los pasos de verdad y justicia y la solicitud expresa del perdón por parte de los victimarios.

En materia de verdad, justicia, reparación y reconciliación la población salvadoreña que fue victima de graves violaciones a los derechos humanos está percibiendo los mayores atrasos y ausencia de voluntad. Las organizaciones de derechos humos junto con familiares de las víctimas han tenido que levantar su propio mural para el recuerdo de sus seres queridos.

Para encarar el futuro con responsabilidad es necesario reconciliar con el pasado, enfrentarlo de la forma en que debe ser recordado, para ello no hace falta reinventar alternativas, las recomendaciones han sido hechas , las necesidades están presentes: Proceder a través de un programa nacional de reparación y resarcimiento a las víctimas del conflicto armado o a sus familiares sobrevivientes, la inmediata instalación del Foro Nacional de la Verdad y la reconciliación, declaración oficial del día nacional de las víctimas, la constitución de la Fundación de la Verdad que debía haber nacido a la vida jurídica desde 1993, de igual manera como mecanismo en contra de la impunidad, promover ante las instancias internacionales, el seguimiento a estas recomendaciones y la apertura de casos que no encontraron ni encuentran justicia en el ordenamiento nacional, requisito sine qua non para la verdadera reconciliación y paz social.

Mucho se esperaba de los Acuerdos de Paz, vistos como se presentaban, realmente constituían una base sobre la cual se pudiera establecer una verdadera democracia y una paz justa y duradera, catorce años después la realidad es otra. Al ser consultada, un 36.4% de la población ve más fracasos que logros después de los Acuerdos de Paz, un 33% más logros que fracasos y un 20.2% igual número de fracasos que de logros. Como logros sólo destaca para un 52.9% la paz como fin de la guerra.

IV. Derechos Civiles y Políticos

El país representa una virtual apariencia de respeto y vigencia de los derechos fundamentales, obviamente las tendencias que nos caracterizaron a partir de 1975 como detenciones arbitrarias masivas, tortura sistemática, desapariciones forzadas y las actividades encubiertas de los escuadrones de la muerte son hasta ahora en día cosas del pasado. No obstante, la frágil institucionalidad y el autoritarismo de partido que representa la principal característica de este nuevo El Salvador no garantizan ni aún siendo tolerantes, que las condiciones de represión no vuelvan a presentarse.

En un afán desmedido por revertir el actual panorama que presenta la violencia criminal en el país, las autoridades del Ministerio de gobernación se han dado a la tarea de endurecer las leyes (27 reformas al Código Penal y 18 al Código procesal Penal) y en aplicar políticas de “Mano Dura” al accionar de las pandillas, para ello, están utilizando la fuerza pública en muchos casos desproporcionada tal como lo presentan los tele noticieros pro gobierno, transmitiendo imágenes impactantes sobre los operativos de la PNC y el ejército durante la noche, en barios pobres de la capital y otras ciudades importantes. En dichos operativos se procede con violencia a botar puertas y ventanas de las viviendas que se disponen a registrar supuestamente con orden judicial, no en pocos casos se equivocan de domicilios y de personas, tal es el caso de un hombre joven que fue atacado con escopeta en un barrio de Soyapango, esta persona no solo resultó ser la equivocada sino que además trabaja en los talleres de la misma PNC, resultó con graves lesiones que le han dejado totalmente incapacitado, ha reclamado indemnización pero su caso continúa en espera, el agente responsable y el grupo que lo acompañaba, solo fueron amonestados por haberse equivocado de vivienda.

Este no es un caso aislado, el anterior Director de la PNC reconoció en entrevista de prensa que no se estaba tratando con muchachos exploradores, ni con angelitos, ni con gente normal. Detenidos en el caso del asesinato del Sindicalista Gilberto Soto, declararon a la PNC de haber sido sometidos a torturas para que aceptaran haber cometido el crimen.

La delincuencia, los homicidios y la inseguridad, representa la principal preocupación de la población, preocupación que se convierte en un tema de campaña política. Estudios sobre la percepción de seguridad ciudadana muestran que 9 de cada 10 personas se sienten inseguras en el país, y menos de una de cada cuatro personas se sienten seguras en su propia casa⁶.

Los Planes Mano dura o mano súper dura, han mostrado el únicamente el fondo de la propuesta, un programa envalentonado que solo busca darle una virtual credibilidad al actual gobierno, esto queda demostrado en los pobres resultados que se obtienen y en la persistencia de una indetenible ola criminal. Los operativos sin mayor precisión, información ni profesionalismo en definitiva, solo presentan violaciones a los derechos de los detenidos tales como violación a la presunción de inocencia, no ser detenido sin orden judicial, derecho de la igualdad ante la ley, etc. La PNC también argumenta que no cuenta con las herramientas para combatir a los delincuentes y antepone la necesidad de primero capturar para después investigar.

En mayo la Policía Nacional Civil inició la “primera jornada de registros preventivos”, cuya novedad consistía en la revisión de casas particulares en barrios y colonias pobres, donde se presumía o se tenía información de la existencia de armas o drogas. El ingreso de los agentes policiales se haría inicialmente solicitando autorización de los propietarios de las viviendas, si las sospechas eran muy fuertes y no obtenían autorización o no se les abría la puerta, se procedería a obtener un permiso judicial en el acto para realizar el registro.

Estos registros preventivos, acompañados de camarógrafos de los canales semioficiales de TV se realizaron en las ciudades de San Salvador, Sensuntepeque y San Miguel, con el allanamiento de más de 600 casas, el risible resultado fue de una persona detenida en cumplimiento de una antigua orden judicial, del número de viviendas dañadas no se dieron datos.

La PNC sigue siendo la institución que más señalamientos recibe sobre violaciones a los derechos o garantías civiles Actualmente la PNC es la institución con la mayor responsabilidad de casos de violaciones a los derechos humanos, su sistema de auto depuración no funciona y permanecen en su interior estructuras que en el pasado formaron parte de los cuerpos represivos y se desempeñan en mandos y rangos que denotan la militarización e instrumentalización de dicho cuerpo policial.

La integridad física de las personas, la garantía de legalidad en las detenciones y los operativos donde detiene a los jóvenes en la calle, se les golpea, se les impide la libre circulación por la vía pública, se irrumpe en las casas sin órdenes de allanamiento, se golpea a gente que se encuentra en ellas, se destrozan sus pertenencias, se les expone en situación de total vejación y se les viola su derecho a la intimidad, se revisa a los alumnos en la entrada de las escuelas, son hechos cotidianos que se presente en los barrios y colonias.

El Estado a través de sus instituciones garantes continúa incumpliendo su deber de garantía en materia de protección a los derechos humanos, se presenta hoy en día la modalidad del control que tienen las pandillas en barrios y colonias pobres, se imponen toques de queda, se cobran impuestos de peaje a los particulares y a los transportistas se les impone un cobro por derecho de circulación. Todo lo anterior son características propias de la ingobernabilidad, de la ausencia de presencia del Estado, de la falta de políticas públicas de prevención y protección, al parecer, lo que en esas zonas ocurra no le interesa al gobierno que como dijimos anteriormente, gobierna de manera parcializada y se empeña más en promover un tratado de libre comercio que brindar seguridad y protección a la ciudadanía.

La libertad de prensa considerada como un derecho a informar y ser debidamente informado, si bien no se presenta una intromisión directa del Estado, presenta serios problemas. La mayoría de noticieros, escritos radiales o televisivos configuran verdaderos monopolios en poder de empresarios miembros de la cúpula del partido ARENA, no existe pluralismo informativo, la información es de una sola vía para resaltar obras del gobierno y criticar a la oposición política, algunos presentadores de noticias, de antemano han pasado con anterioridad a ser empleados del Organismo de Inteligencia del Estado y son estos medios los que promueven la apología del odio nacional, tergiversan los hechos, se parcializan e informan lo que previamente se les ha autorizado.

Del mismo modo se han presentado ataques callejeros a periodistas cubriendo manifestaciones o concentraciones, algunos medios han sido atacados por activistas en represalia a la difusión de algunas noticias o comentarios que no comparten.

Muchos informadores profesionales y éticos no encuentran cabida en los actuales medios de información donde la noticia y la información lleva un marcado punto de vista, algunos espacios de opinión han sido cerrados o cancelados con el argumento que carecen de recursos por retiro de propaganda de los empresarios o del gobierno tal es el caso del periodista Mauricio Funes a quien, directivos del canal 12 le retiraron el programa de “Sin Censura” y la Entrevista al Día. Los dueños de los grandes medios de comunicación ya no se conforman con ser factor determinante para el acceso al poder, sino que quieren ser el poder mismo como el caso del actual Presidente Antonio Saca, empresario radial y protegido del zar de la televisión en El Salvador.

El derecho a la libertad de expresión o manifestación ha sido criminalizado y se trata de hordas de desocupados, revoltosos e izquierdistas a quienes salen a la calle a reclamar sus derechos o realizan algún tipo de protesta por violaciones a los mismos. Cuando los manifestantes se toman las calles, la ciudad se militariza con agentes antimotines que les impiden llegar ciertos lugares, se presenta ahora lo que ha dado en llamarse la criminalización del reclamo social.

El Derecho de organización se presenta respetado de manera parcializada, por un lado existen asociaciones que nacen a la vida jurídica en tiempo record, la oficina encargada de los trámites inscribe de manera inmediata, asociaciones comunales, de gremio y hasta Asociaciones de ex militares y abogados, siempre que vayan apadrinadas por funcionarios del partido en el gobierno, por el otro, solo recibidos los documentos y examinada la naturaleza y objetivos de la asociación solicitante y el rumbo de la legalización es totalmente distorsionado, hay pues en estos actos, por acción deliberada, negación al derecho de libertad de asociación y en muchos casos violaciones al debido proceso, muchas organizaciones de la sociedad civil permanecen en un limbo legal y desde el Ministerio de Gobernación son caracterizadas como “organizaciones de fachada”.

Miguel Montenegro, director de la CDHES ha sido víctima de persecución y hostigamiento de parte de sujetos desconocidos que se conducían en vehículos doble cabina con vidrios polarizados. En diferentes oportunidades, durante el año 2005 y a partir del mes de agosto, desconocidos se han dado a la tarea de vigilar y darle seguimiento a los movimientos del Sr. Montenegro, se aparcan en la entrada del pasaje donde reside y posteriormente lo persiguen cuando sale de su residencia. Esta situación ha sido denunciada a la PNC y otras organizaciones.

En el marco de la negociación legislativa para aprobar una nueva y mejor ley de Protección al Consumidor, el Centro para la Defensa del Consumidor (C D C) jugó un papel protagónico presentando una propuesta de consenso la cual, luego de una serie de discusiones logró ser aprobada en una de las comisiones de la Asamblea Legislativa. El Partido ARENA, sacó el proyecto de ley y lo llevó a casa Presidencial para que fuera discutido con la empresa privada, hubo una gran oposición a esta acción por parte de la sociedad civil y los partidos políticos que previamente habían establecido consenso. El Proyecto de regresó mutilado de casa presidencial, principalmente en aquellos aspectos donde se prohibía la propaganda engañosa, la reversión sobre la carga de la prueba, la gratuidad del arbitraje, la capacidad sancionadora y otros aspectos que obligan a los comerciantes y proveedores a ser más responsables con los consumidores.

El papel que jugara el CDC le ganó adversidades, todo el personal fue amenazado de muerte vía telefónica y hubo amenazas de colocación de bombas en el interior de sus oficinas centrales, todo esto puso a prueba el grado de tolerancia que se ha desarrollado en el país y la capacidad del Estado para investigar este tipo de casos hasta ahora nula.

V. Seguridad Pública

La población salvadoreña señala la inseguridad, la violencia y el crimen como la situación más preocupante, la gente se siente cada vez menos segura en la conservación de su vida y de su integridad, las empresas de seguridad privada encuentran un clima propicio y agradable para surgir y expandirse (Unas 450 empresas 20 mil hombres armados).

El Salvador se sigue presentando como uno de los países más violentos de la región latinoamericana con una tasa promedio de 55.5 homicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos cinco años, superando a Colombia (37) que mantiene una guerra civil y problemas de narcotráfico. Lo anterior equivale a 10 muertes violentas diariamente, toda una epidemia según números de la OPS. De estos hechos la mayoría permanece en la impunidad como causa de la debilidad y precariedad de los sistemas de investigación del delito, la ineficacia judicial y por el menosprecio por la pertenencia social de la mayoría de las víctimas, en consecuencia, la impunidad sigue siendo signo característico de ayer y ahora. Fuentes periodísticas manifiestan que del total de los hecho violentos, un bajo porcentaje (2 a 3%) pasa a instrucción judicial y de éstos, un 1.4% reciben sentencia condenatoria. Solo durante el mes de enero del 2005 se contabilizaron 290 muertes violentas, más que el número total anual que presentó Costa Rica para el 2004.

Dentro del rubro de Seguridad Pública –que incluye orden público y seguridad ciudadana- a 14 años de la creación de la Policía Nacional Civil, todavía El Salvador se encuentra en un período de transición. En este sentido, el sistema público de seguridad enfrenta serios problemas que no le permiten avanzar y consolidarse bajo las premisas que se establecieron en los Acuerdos de Paz, sobre todo ahora que se presentan marcados signos por desnaturalizar la institución y pasarla a formar parte de los intereses de un partido político.

La Fiscalía General de la República, que por mandato Constitucional es la encargada de “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad.”⁷ Es una institución que debido a los intereses del partido en el gobierno, no ha sido capaz de ejecutar una atinada política eficiente y oportuna que le permita dentro de lo posible, investigar efectivamente, presentar pruebas y requerimientos oportunamente, y coordinar con la PNC a efecto de procesar y sancionar a los responsables de los diversos crímenes que se cometen, reiteradamente se ha demostrado la ineficiencia del ente investigador y acusador, claro ejemplo, lo constituye el caso Anda ( Carlos Perla, funcionario de la anterior administración acusado de sustraer más de $ 70 millones de dólares, que serían invertidos en proyectos de abastecimiento de agua potable), en el cual se han iniciado investigaciones desde el año 2001 y aún, no se ha logrado determinar corresponsabilidades, omisiones y a lo mejor complicidades del anterior presidente Francisco Flores, ni siquiera se ha logrado una extradición del responsable que con toda la permisibilidad se refugió en Francia.

Si revisamos datos e informes de labores de esta institución, cuya importancia no negamos, todo parece que se desarrolla con naturalidad, se manejan estadísticas comparativas respecto de sus actuaciones en el año 2004 y todo indica que la Fiscalía ha aumentado sus resultados. Sin embargo, si solo se toma en cuenta la falta de investigación en los últimos cinco años sobre los homicidios individuales y colectivos cometidos diariamente, resalta que las omisiones, negligencias, irregularidades y ausencia de investigaciones o protección de pruebas en las que incurre la Fiscalía, contribuyen a la supervivencia de la impunidad que persiste en El Salvador.

Comparación de Homicidios Simples y Agravados 2004 – 2005. Unidad de Estadística de la Fiscalía General de la República.

Algunos datos apuntan que no todas las instituciones cuentan el mismo número de muertos por ejemplo:

Total de muertes violentas

Fuente	Año 2004	Año 2005
Fiscalía General de la Rep.	3, 897	3, 781
Instituto Medicina Legal	3, 825	3, 761
Policía Nacional Civil	2, 762	3, 812

Según estos datos, para la PNC es obvio un incremento de al menos un 27% para el presente año, mientras para la Fiscalía resulta que hubo descenso en sus estadísticas.

Un segundo aspecto que se aborda dentro de esta temática de los homicidios, es la concerniente a las víctimas por Género. Se sabe, que en su mayoría siguen siendo hombres. Únicamente un 9.7% pertenece a mujeres. Si bien es cierto, que siempre mueren mujeres a causa de la violencia, las circunstancias bajo las cuales están siendo asesinadas indican que ya no son simples homicidios, sino “feticidios (muerte violenta en razón de su sexo) Desde el último semestre del año 2002 se han estado registrando decesos de mujeres jóvenes, entre 15 y 30 años aproximadamente, que han sido violadas y posteriormente asesinadas con lujo de barbarie, en muchos casos cercenadas o desmembradas.

Para las autoridades encargadas de la protección y seguridad pública el argumento que está siempre a flor de labios es que estos hechos se deben a crímenes pasionales cometidos por miembros de pandillas, siendo responsables con la verdad, se podría afirmar que muchos crímenes, la saña con que se realizan y el mensaje ejemplarizante que llevan implícito, indican que se trata de violencia en donde el género o sexo de la víctima parece haber sido lo determinante

Como dato general, es válido mencionar que a nivel mundial, el femicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre los 15 y 49 años de edad.⁸

Si se enfoca el género de víctimas de homicidio durante el año recién pasado, los datos oficiales señalan que el 89.7% lo constituyen el género masculino, mientras que un 9.7% son mujeres.

Género de víctimas de Homicidio de Agravado y Simple de Enero a Diciembre 2005.

Fuente: Unidad de Estadísticas de la Fiscalía General de la República.

En cuanto a la edad de las Víctimas⁹, hay una conexión con la Población Económicamente Activa. Se está hablando de hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad (51.6 %) que se enfrentan día a día propensos a ser asesinados por encargo, robo, extorsión, violación, etc.

Desde otro criterio se señala que de acuerdo a las denuncias recibidas por la Fiscalía General de la República, el departamento que más reporta homicidios es San Salvador. Esto en razón que es una de las zonas del país que presenta la mayor densidad poblacional, debido en gran parte, a las migraciones internas; y que el hacinamiento y falta de una adecuada ubicación habitacional coadyuvan al estrés colectivo que se genera el hecho de vivir en ambientes poco sanos que originan violencia: la falta de espacios recreativos para niñez y juventud, por ejemplo.

Homicidios Agravados y Simples por departamento en el año 2005.

Fuente: Unidad de Estadísticas de la Fiscalía General de la República.

Como se manifestó en su momento, estos asesinatos son achacados a priori a las Pandillas y por lo tanto el gobierno en cada momento electoral, intenta vender la idea que estando ellos en la dirección del Estado se tendrá un país seguro. La Presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación, de Seguridad Pública y el Director de la Policía Nacional Civil se empecinan en obligar a los Jueces en que deben condenar a cárcel a todos los miembros de pandillas que se presenten a sus respectivos tribunales solo por el hecho de ser pandilleros. Es decir, que debido a la carencia de una Política Criminal se ha vuelto al estado del Derecho Penal de autor, donde bajo ciertas características físicas y conductuales, hombres y mujeres pueden ser procesados sin tener ninguna conducta típica, antijurídica, culpable o punible.

Aunado a lo anterior, la mayoría de estos crímenes se encuentran en un estado de impunidad¹⁰ que no puede ser reprochable a los Jueces y Juezas que han sido señalados públicamente como los responsables de que no se juzgue a los miembros de pandillas. Por los visto, las Autoridades han olvidado que por Mandato Constitucional¹¹, y en todo Estado de Derecho, los jueces poseen Independencia Judicial y por lo tanto no están obligados a seguir las órdenes de ningún Funcionario del Estado. Por otra parte, se necesita una protección de testigos y víctimas que efectivamente garantice seguridad y que no se extinga al momento de dictar sentencia, ya que en muchos procesos penales, por miedo a represalias y muerte es que testigos claves no declaran, o peor aún, las víctimas.

En conclusión, se afirma, que una de las principales causas que crean este ambiente de vulnerabilidad en el país, no es más que la falta de una adecuada Política Criminal, que va mucho más allá de una Publicidad barata y discursos políticos sin ningún sentido que prometen un país más seguro que nunca. Debe trabajarse en la prevención del delito y persecución del mismo, sin olvidar por supuesto, el respeto a los derechos humanos.

“La seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política pública, que se oriente hacia una estrategia integral”¹², la cual debe incluir el mejoramiento de la calidad de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que fomente el respeto a la ley, la tolerancia y la convivencia, el manejo serio por parte de las autoridades de los asuntos relacionados con el tema, sobre todo la participación y capacitación de la ciudadanía en temas de seguridad y convivencia. Ante todo, bajo ninguna circunstancia se puede afirmar que existirá seguridad ciudadana sin la tutela efectiva y el disfrute efectivo de aquellos derechos humanos inherentes al concepto de seguridad humana¹³.

Muchos de los proceso iniciados no son debidamente diligenciados debido a la renuencia o temor de testigos, El Estado incumple su deber de garantía de protección a las víctimas de delitos comunes y de abusos de poder, en muchos casos algunas personas que tienen que rendir declaraciones por delitos contra sí mismos o contra terceros son asesinados antes de presentarse a los tribunales por lo que los criminales perpetúan su impunidad.

VI. Impunidad y acceso a la justicia (Casos ejemplarizantes)

"La impunidad se escuda en los numerosos vacíos e ineficiencias de la justicia; en la omisión culpable de todos los poderes; en el celestinaje de los medios de "información"; en la manipulación sentimental de la opinión pública; en las intimidaciones y chantajes de los victimarios"

Calixto Avila Rincón

Abogado Colombiano

Colaborador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg

La palabra impunidad resuena en todas las conciencias y permanece en convivencia con las aspiraciones de miles de víctimas que aún esperan justicia. La ley de Amnistía de 1992 no dio origen a la Impunidad está se ha mantenido a lo largo de la historia de El Salvador como República. La Ley de Amnistía fue aprobada en clara violación a la Constitución que prohíbe la auto amnistía (art. 244 Cn), con el argumento de buscar la reconciliación y consolidar la paz y la democracia, se impidió que una vez establecida la verdad, se buscara justicia, responsabilidades y sanciones. Se le presentó a la sociedad una propuesta de justicia a medias para buscar una convivencia pacífica a medias que nos permitiera una democracia a medias, la iniciativa en lugar de lograr la reconciliación, dividió aún más a la sociedad, la indiferencia con que se trataron las atrocidades y el retiro dorado de los victimarios representan hoy en día la raíz originaria de la violencia y la criminalidad sin castigo.

En materia de memoria histórica, arrastramos una enorme deuda moral y jurídica para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, nada se ha hecho por encarar la verdad como tiene que ser, no se han promovido investigaciones serias ni se ha procesado a los responsables claramente señalados por la Comisión de la Verdad, el actual presidente mantiene el discurso de que no se compromete con el pasado porque no quiere abrir heridas, seguimos preguntándonos: Cuando, quien y cuales son las heridas que ya han sido cerradas, una cosa es no pretender justicia doméstica porque no se encuentra y otra cosa es que por las víctimas, ni perdón ni olvido, el presidente debe tomar en cuenta que si pretendemos olvidar el pasado, lo más probable es que mañana se esté repitiendo.

Como en los años del conflicto armado, la denuncia se sigue dirigiendo hacia afuera, la justicia proviene de otras cortes pues en el país el Órgano judicial prefiere callar para no poner en evidencia que la negación de justicia del pasado es una responsabilidad clara del Estado quien está obligado a revelar la verdad, hacer justicia, pedir perdón e indemnizar a las víctimas de la represión. Para muestra, como casos ejemplarizantes, presentamos resúmenes de algunos procesos llevados ante tribunales extranjeros y ante la Corte Interamericana, estos logros envían una señal a los criminales.

El sistema de justicia en El Salvador se ha acomodado y ahora se presenta como una institución al parecer bajo la dirección del órgano ejecutivo, al menos eso se percibe de la lectura de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de otros tribunales de 2ª. Instancia. La justicia sigue siendo postergada para muchos, lenta y desigual es su principal característica y se suma ahora la corrupción, el encubrimiento y la sumisión. Para muestra, a continuación presentamos casos que por el hecho de haber sido resueltos en el país se tuvo que buscar tribunales foráneos o subsidiarios para buscar justicia, otro de ellos demuestra la total incapacidad de las instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia.

Caso Hermanas Serrano Cruz.

El 2 de junio de 1982 las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de siete y tres años respectivamente, quedaron en poder de militares del batallón “Atlacatl” mientras perseguían a población civil que huía de los combates, buscando refugio hacia la frontera con Honduras, en un operativo realizado en el Municipio San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango. Los familiares manifestaron que las dos menores fueron vistas cuando las llevaron hasta un helicóptero de la Fuerza Armada y luego trasladadas a la ciudad de Chalatenango. Desde entonces, después de veintitrés años de ocurridos los hechos, se desconoce el paradero de las niñas y el Estado salvadoreño, pese a las denuncias y el trabajo incansable de la madre de las menores, no ha realizado acciones para determinar el paradero.

En su momento, cuando se acudió a todas las instancias judiciales internas en El Salvador, estas resolvieron desfavorablemente para la familia Serrano Cruz; posteriormente se interpuso la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta instancia internacional luego del análisis del caso, señaló que los recursos internos no obstante de haberse buscado, no habían operado con la efectividad requerida para investigar la denuncia por desaparición forzada. Por esta razón y tomando en cuenta otros elementos, la Comisión Interamericana decidió llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH).

El 29 de marzo del 2005, se publicó la sentencia de la Corte, en dicha sentencia, la Corte estableció que el Estado de El Salvador conculcó los derechos a las Garantías Judiciales y Protección Judicial establecidos en los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el Artículo 1.1 de la misma, porque el proceso de hábeas corpus y el proceso penal no cumplieron con los estándares de acceso a la justicia y debido proceso. Asimismo señaló, “El Estado no observó el principio del plazo razonable en el proceso penal tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango y ninguno de los dos procesos han sido tramitados de manera diligente que permita su efectividad para determinar lo sucedido a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, ubicar su paradero, e investigar y sancionar a los responsables.”¹⁴

También señaló que el Estado violó el derecho a la Integridad Personal dispuesto en el Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los familiares de las menores, debido a que “La madre de Ernestina y Erlinda había fallecido con la esperanza de que sus hijas estuvieran con vida y de que algún día su familia se pudiera reunir nuevamente; murió sin que el Estado hubiera determinado lo sucedido a sus dos hijas y establecido su paradero

Como se suponía desde el primer momento, la Corte Interamericana limitó su competencia de acuerdo al criterio de ratione temporis y no conoció de la violación sustantiva, es decir desaparición forzada de las niñas porque esta ocurrió mucho antes que el Estado de El Salvador reconociera la competencia contenciosa de ese Tribunal.

En este caso, especial mención merece las reacciones de los Funcionarios del Estado Salvadoreño. En su momento, la Viceministra de Seguridad, Silvia Aguilar manifestó; “Se recurrirán a los mecanismos legales para apelar.”¹⁵ Expresión que pone en evidencia la escasa formación en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de las autoridades y un total desconocimiento de los Instrumentos Internacionales, ya que el mismo Artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se señala que el fallo será “Definitivo e Inapelable.” En el mismo sentido, el Ministro de Gobernación René Figueroa manifestó que, “Mal se haría que una sociedad que busca reconciliarse y trabajar en paz para progresar haya sectores con visión política tratando de reabrir páginas del pasado que lo único que buscan es enfrentar a una sociedad.”¹⁶

En la sentencia inédita para el Estado salvadoreño, la Corte condenó al Estado salvadoreño y le advierte sobre la obligación de realizar acciones que permitan determinar el paradero de las menores, investigar efectivamente los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición. La Corte propone además, la creación de una Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños Desaparecidos durante el conflicto armado con participación de la sociedad civil, instalación de una página Web de búsqueda y un sistema de información genética.

La Corte también le manda al Estado salvadoreño, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio de las niñas Serrano y sus familiares; publicar la sentencia en el diario Oficial y en otro de mayor circulación en el territorio nacional; designar un día dedicado a las niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado y le señala la obligación de proporcionar de manera gratuita tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas.

En Septiembre pasado se vencía el primer plazo, para que el Estado salvadoreño cumpliera cinco de las diez medidas de reparación: poner en funcionamiento una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado, la de lo de una página Web de búsqueda, la publicación de la Sentencia, la designación de un día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado y la dar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las niñas Serrano Cruz.

Adelantándose a la sentencia, el gobierno creó vía Decreto ejecutivo, una Comisión de Búsqueda en octubre de 2004 sin mayores atribuciones o facultades, luego de un año, de creada y a pesar que la sentencia de Corte Interamericana de marzo del 2005, le ordenara al Estado implementar ciertos parámetros para que ésta Comisión respondiera al principio de la debida diligencia, es decir, que no estuviera encaminada desde su inicio a ser infructuosa, el gobierno no dado muestras de voluntad de querer hacer operativa esta Comisión tal como se lo indica la Corte.

El Ministro de Relaciones Exteriores informó que entre los avances obtenidos en el cumplimiento de la sentencia¹⁷ se encontraban la creación de la “Comisión Nacional de Búsqueda de Jóvenes desaparecidos durante el conflicto armado”, otro nombre a la creada en octubre del 2004 (Comisión Interinstitucional de Búsqueda) También sostuvo que está Comisión estaba integrada, por el Ministerio de Relaciones Exteriores en calidad de coordinador, el Ministerio de Gobernación, y la ONG Asociación Pro-Búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Sin embargo, el mencionado Decreto no incluye a la Asociación Pro búsqueda como parte de su estructura sino que sólo la señala como oficina colaboradora. Desde aquí se vislumbra el interés y el cinismo con que el gobierno quiere ver la Sentencia y utiliza el buen nombre de otra institución para hacer creer que se está cumpliendo, a nuestro entender se debe de respetar el fallo y acatar las características que establece la Corte en cuento a la naturaleza de la Comisión mediante un Decreto Legislativo que le dé fuerza legal.

La obligación de establecer un página Web., también se ha cumplido a medias, si bien es cierto existe el sitio www.comisiondebusqueda.gob.sv este no contiene mayor información tal parece una página hueca, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha realizado ninguna campaña que informe y promueva la página, como podemos medir el grado de cumplimiento?.

En cuanto a la publicación de la Sentencia que obliga a publicarla en el diario oficial y en uno de circulación nacional, efectivamente se publicó en las páginas 129 a la 180 del Diario Oficial de 29 de Septiembre de 2005, Tomo 368, No. 180. La otra publicación se hizo en el Diario El Mundo, un periódico de restringida circulación que está subvencionado por Casa Presidencial, considerando que hay en circulación al menos dos matutinos con tiraje superior a los 100 mil ejemplares y de circulación nacional.

Tratar de minimizar los efectos de la sentencia, limitar su publicación, conformar una “Comisión” a su antojo tal parece que son las claras muestras de voluntad que ha expresado el gobierno.

Con respecto a la obligación de establecer un día nacional en memoria a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, de igual forma y sin pena alguna, el gobierno logró la correlación necesaria con otros partidos de gobierno para darle forma al Decreto No. 829, el 29 de septiembre, el cual declaraba el 29 de marzo de cada año, como Día del Reencuentro Familiar de las niñas y niños que por diversos motivos se extraviaron durante el conflicto armado”. La fecha no es en nada significativa, organizaciones de la sociedad civil buscaban establecer una fecha más memorable como el 2 de junio, fecha en que desaparecieron las menores u otro día cercano al día del detenido desaparecido que no ha sido posible oficializarlo. Todo lo retorcido con que han querido ir dándole salida a las obligaciones establecidas en la Sentencia evidencia el respeto que este gobierno profesa a las víctimas civiles del conflicto armado y el lugar que le merece el cumplimiento de las obligaciones que establece el derecho internacional en materia de derechos humanos.

En conclusión, si esta es la primera ocasión en la que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos condena al Estado de El Salvador, y este establece impedimentos de hecho y derecho para cumplir con obligaciones internacionales que soberanamente contrajo, ¿Qué se puede esperar de futuros procesos judiciales internacionales? Está claro que no existe voluntad por cumplir y que los intentos infructuosos son una muestra de desprecio y burla a las víctimas.

El Salvador, por primera vez en su historia, ha sido condenado por un tribunal internacional de Derechos Humanos. Las reacciones iniciales del Ejecutivo ante el fallo, manifestando que se “apelaría” del mismo – cuando tal fallo es definitivo e inapelable –, aparte de absurdas, han sido deplorables y no han denotado más que un desinterés en honrar los compromisos internacionales del Estado de El Salvador, actitud que resulta del todo incoherente con el protagonismo que se pretende ganar en espacios de organismos multilaterales.

Caso ex Coronel Nicolás Carranza.

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) junto con una firma de abogados de Tennessee representaron a cinco demandantes residentes en los Estados Unidos quienes acusaron al ex militar salvadoreño Nicolás Carranza, que había sido Vice Ministro de Defensa (1979-1981) Y Director de la Policía de Hacienda (1983-1984) como responsable de torturas, ejecución extrajudicial y crímenes de lesa humanidad en perjuicio de sus familiares.

Este es el primer caso en el que se le pide a un jurado norteamericano que delibere y juzgue a un militar salvadoreño culpable de crímenes de lesa humanidad – ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Este caso a diferencia de los que le preceden es único además porque el jurado consideró necesario, establecer la conexión que había entre los escuadrones de la muerte formados por hombres de civil fuertemente armados y las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

La parte demandante presentó testimonios de personas cuyos familiares fueron victimas de crímenes políticos realizados en esa época, algunos de ellos fueron miembros activos y dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), Sindicato de Maestros ANDES 21 de junio, Partido Demócrata Cristiano (PDC), y civiles que fueron víctimas injustas de miembros de la Inteligencia militar, todos, torturados y obligados a firmar confesiones dónde se hacían cargo de la autoría de crímenes contra personas del gobierno de aquella época.

El 18 de noviembre del 2005, el jurado encontró culpable al ex militar de crímenes de lesa humanidad, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Se estableció además, una indemnización colectiva de $2 millones de dólares en daños y perjuicios.

La demanda contra Nicolás Carranza fue interpuesta por cinco ciudadanos salvadoreños: Erlinda Franco, Cecilia Santos, Francisco Calderón, Ana Patricia Chávez y Daniel Alvarado. Erlinda Franco, reside en El Salvador, es maestra rural. Su esposo Manuel Franco, uno de los líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), coalición de partidos políticos que luchaban contra la dictadura, fue secuestrado el 27 de noviembre por efectivos militares mientras estaba reunido con sus compañeros en un colegio de la ciudad capital cerca del mediodía. Su cadáver con señales de tortura y el tiro de gracia fue tirado en un camino vecinal cerca de la Fuerza aérea en el municipio de Ilopango.

Cecilia Santos, actualmente ciudadana de los EEUU, fue secuestrada en un centro comercial acusada de planear un atentado con bombas. Fue torturada con picana eléctrica, violada y le quemaron una mano con ácido. Luego estuvo detenida tres años. Recuperó su libertad cuando una Delegación de la CIDH arribó a El Salvador para investigar las denuncias.

Francisco Calderón, hoy también ciudadano norteamericano, contempló como su padre, maestro, fundador de la Asociación de Maestros Salvadoreños, Andes 21 de Junio, era asesinado ante sus ojos, en su propia casa, ante la negativa de acompañar a quienes venían a secuestrarlo.

Ana Patricia Chávez, hoy ciudadana estadounidense, perdió a sus padres y a su esposo. Su madre, miembro del Sindicato de Maestros Andes 21 y del Partido Demócrata Cristiano, fue torturada ante ella y asesinada, luego encontró los cadáveres de su padre y de su esposo.

Daniel Alvarado, hoy es ciudadano sueco. En 1983 formaba parte de un movimiento estudiantil. Fue secuestrado durante un partido de fútbol y llevado a la Policía de Hacienda, donde fue torturado acusado de haber planeado y participado del asesinato del teniente coronel Albert Schaufelberger, agregado militar norteamericano. Bajo tortura confesó un crimen que no cometió. Tuvo contacto con Carranza, entonces Director de la Policía de Hacienda, varias veces, incluida una conferencia de prensa. Más tarde oficiales norteamericanos entrevistaron a Daniel, lo sometieron al polígrafo y concluyeron que era inocente, que se había atribuido la responsabilidad del crimen porque ya no soportaba las torturas.

Las bases legales de la demanda judicial fueron: The Alien Tort Claims (Acto de Reclamaciones de Agravio Extranjero) adoptado en 1789, que le da a los sobrevivientes de abusos de derechos humanos, donde quiera que hayan sido cometidos, el derecho de demandar a las personas responsables de los abusos en un Tribunal Federal de los EEUU. Desde 1980, la Ley ha sido usada satisfactoriamente en casos que implican la tortura (incluyendo violaciones sexuales), la matanza extrajudicial, crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y la detención arbitraria de personas. Y The Torture Victim Protection Act (El Acto de Protección de Víctima de Tortura), que fue votada en 1991 y firmada como ley en 1992, y que le da derechos similares igualmente a ciudadanos estadounidenses y a los no ciudadanos para poder demandar y traer reclamaciones por la tortura y la matanza extrajudicial cometidas en países extranjeros. Bajo ambas leyes, el que es demandado debe ser servido con la demanda físicamente en los EEUU para que así el Tribunal pueda tener jurisdicción. Carranza vive desde hace algunos años en Menphis, Tennessee,EEUU.

Nicolás Carranza era informante a sueldo de la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA). El ex- Embajador estadounidense en El Salvador Robert White, declaró que el imputado era agente de la CIA mientras se desempeñaba como Viceministro de Defensa y miembro del Alto Mando Militar en 1980 y que él había pedido al jefe de sección de la CIA en El Salvador que sacara a Carranza de la misma, dada su deplorable reputación en materia de derechos humanos, pero su petición no fue atendida. El mismo Carranza admitió en el Juicio que recibió dinero del gobierno norteamericano desde 1965 inicialmente 40 dólares por cada informe, más tarde, 90.000 dólares anuales.

Carranza deberá enfrentar ahora un proceso de deportación por haber mentido en sus declaraciones juradas de pedido de ciudadanía. La importancia de la sentencia está dada en que por primera vez un Jurado de EEUU encuentra culpable a un comandante por crímenes de lesa humanidad.

Caso Ex Generales Carlos Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García.

Inicialmente, en el año 2002, los dos ex militares, reconocidos por su papel determinante en la conducción de la guerra regular e irregular, fueron acusados penalmente como responsables de la violación y asesinato en diciembre de 1980 de cuatro religiosas norteamericanas: Dorothy Kasel, Jean Donovan, Ita Ford y Maura Clark, detenidas y secuestradas en un retén de la Guardia Nacional cuando viajaban del aeropuerto a San Salvador. Para entonces, Vides Casanova era comandante de la Guardia Nacional, este sugirió que lo conveniente, por la nacionalidad de las víctimas, que el caso fuera investigado por autoridades de Estados Unidos. El tres de noviembre del año 2000, los generales fueron absueltos por un jurado federal en de West Palm Beach, Florida, en esa ocasión, el jurado decidió que ambos militares no tenían responsabilidad en la muerte de las mujeres ya que no se pudo comprobar que tuvieron información directa sobre los hechos.

Otra demanda fue presentada en la misma ciudad en contra de los dos ex militares, residentes desde 1989 en los Estados Unidos, en junio del 2005, fueron condenados a pagar 54.6 millones de dólares por “daños y perjuicios” a tres demandantes salvadoreños que iniciaron el juicio civil Los tres salvadoreños acusadores, que residen en Estados Unidos, presentaron la demanda amparados en las leyes estadounidense y Tratados Internacionales, solicitando al jurado que responsabilizara a los ex jefes militares por los abusos que sufrieron por parte de soldados y policías cuando fueron detenidos y encarcelados.

Los ex generales nuevamente las acusaciones, alegando que no podían controlar a sus tropas en medio del caos de la agresión guerrillera, que duró doce años”, el abogado defensor alegó que sus defendidos no podían pagar por los daños porque “no tienen nada”.

Agregó que ambos creen que no son responsables por los abusos y que no podían saber qué ocurría en las celdas en las cuales estuvieron detenidos los demandantes.

Caso ex Capitán Rafael Saravia.

El pasado 3 de septiembre de 2004, un tribunal estadounidense de Fresno, California, sentenció al ex capitán Álvaro Saravia a pagar 10 millones de dólares por indemnización, por el asesinato de monseñor Óscar Romero, luego de que un familiar del que fuera arzobispo de San Salvador interpusiera una demanda el 13 de septiembre de 2003, al considerar el hecho como un delito de lesa humanidad.

El Capitán Álvaro Rafael Saravia, lugarteniente del ex Mayor Roberto D’abuisson, principal señalado como autor intelectual, fue condenado por crímenes contra la humanad ya que en el juicio se logró demostrar que la muerte de Monseñor Romero fue

clave para desencadenar un proceso de persecución, represión y una guerra encubierta contra civiles opositores al gobierno.

Saravia fue considerado hombre cercano del mayor Roberto D'Abuisson, emigró hacia Estados Unidos. Fue allí donde lo detuvieron por la solicitud de extradición que tenía en El Salvador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador retiró la petición en 1988 y Saravia salió en libertad bajo fianza para poder vivir con tranquilidad. Fue la primera traba del caso pues, al retirarse la petición de extradición. La Ley de Amnistía que se aprobó en 1993, luego de la firma de los acuerdos de paz, hizo que el caso se cerrara y se descartara cualquier otra investigación o acusación dentro del país.

Diversas organizaciones, tomando este caso como un antecedente de importancia para la justicia, han hecho reiteradas peticiones a la Fiscalía General para que el caso sea reabierto e investigado ya que ha sido suficientemente determinado que "el crimen está tipificado como de "crimen de lesa humanidad" por lo tanto, de acuerdo a Tratados Internacionales vigentes, la persecución del delito no prescribe en El Salvador y no estaría contemplado dentro de la ley de amnistía.

Fotografía del ex militar en la que se anuncia que es requerido por la justicia, se presume que ha cambiado de identidad y podría estar en Chicago o Nueva York.

Caso Sindicalista Gilberto Soto

Gilberto Soto, salvadoreño-estaunidense, líder sindical de la International Brotherhood of Teamster (IBT) (conductores de furgones) fue asesinado frente a la casa de su señora madre en noviembre del año 2004 cuando se encontraba de visita en el país supuestamente con la intención de realizar en el país y en la región centroamericana, una serie de actividades y reuniones con trabajadores centroamericanos pertenecientes a organizaciones de trabajadores de carga, portuarios y de transporte.

El móvil del crimen se ha establecido que no tuvo que ver con la delincuencia pues los hechores no sustrajeron ninguna pertenencia del Señor Soto y en su huída dejaron abandonada una bicicleta en la cual se conducían. La PNC se presentó al lugar del crimen y en lugar de preservar y custodiar la escena del delito, se limitaron a una breve inspección, recogieron la bicicleta y la cargaron en el vehículo en que se conducían. Posteriormente, al reconocer la importancia de las relaciones de la víctima, la solicitud del sindicato de los Estados Unidos y hasta las peticiones de algunos congresistas norteamericanos, la PNC junto con la Fiscalía iniciaron una aventurada y precipitada investigación, de la cual resultó que habían detenido a los supuestos responsables (miembros de Maras) y determinado que el móvil del crimen era de tipo pasional .El procedimiento que se ha utilizado para la investigación de este caso, en lugar de conducir a establecer responsabilidades claras sobre los móviles del delito y la identidad de los responsables intelectuales y materiales, establece y perpetúa aún más los altos niveles de impunidad, de ausencia de justicia pronta y cumplida.

Caso Desaparición Forzada José Omar Chávez Girón

La Víctima, de 19 años de edad, estudiante, fue visto por última vez el 8 de julio de 2005 a eso de las 6 p.m. en la plaza central de la ciudad de Quezaltepeque, departamento de La Libertad. El padre de la víctima Sr. Mario Chávez es un conocido dirigente social de CORDECOM, ha trabajado con las comunidades desde los años del conflicto armado y ahora es miembro activo del Bloque Popular Social, organización que ha estado en constante movilización en contra de las políticas neoliberales y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El denunciante también ha manifestado que tienen conocimiento que su hijo, el día de su desaparición fue introducido por la fuerza por varios sujetos desconocidos a un vehículo color rojo y que con anterioridad había sufrido abusos de la Policía Nacional Civil quienes lo capturaron en el mes de febrero de este mismo año, acusándolo de asociaciones ilícitas y lesiones, su hijo fue liberado al día siguiente pero los policías siguieron acosándolo.

Considera el padre de la víctima, que la desaparición ha sucedido luego de una campaña de amenazas y señalamientos realizada por el Ministerio de Gobernación contra el movimiento social, que incluyó la divulgación de fotografías (entre las cuales se encuentra la de él denunciante) en los principales medios de prensa en donde aparece el señor Mario Chávez como responsable de actividades políticas y desestabilizadoras.

La CDHES ha verificado el caso, dándole seguimiento a las acciones que están realizando las instituciones correspondientes, así, se constató que los familiares interpusieron un Recurso de Exhibición personal el día 22 de julio y que para el 11 de septiembre aún no se habían realizado diligencias al respecto.

Existe un expediente en la Fiscalía general de la Republica en las que consta solo la presentación de la denuncia en las oficinas centrales y el nombramiento de un Fiscal encargado del caso. La Víctima continúa desaparecida.

VII. El Sistema penitenciario en alerta permanente.

Dos graves problemas parecen ocupar, al menos públicamente, las preocupaciones del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública: El no poder encerrar en la cárcel a todos los que son considerados pandilleros porque a su criterio, los jueces deshacen el trabajo de la PNC y el control de los centros de detención. La escasa y obsoleta infraestructura carcelaria (con capacidad para albergar unos 8000 detenidos, cuenta ahora con una población reclusa que sobrepasa los 13,000), ahí sobreviven en el abandono, el ocio y el hacinamiento, condenados y procesados quienes al entrar al centro reclusorio están obligados a pagar otro tipo de pena subsidiaria a la impuesta por el Estado, son penas que las mafias carcelarias establecen a los recién llegados, tratos crueles, inhumanos y degradantes se aplican en las cárceles con la tolerancia de las autoridades penitenciarias.

La situación de los centros penales se caracteriza por matanzas entre los internos por disputas de poder, huelgas de hambre, retención de los visitantes al interior de los penales y otro tipo de actos desobediencia a manera de demostrar su inconformidad con ciertos actos arbitrarios como traslados, restricción de visitas y falta de algunos servicios básicos.

Aunque pueda haber responsabilidad grave de las autoridades públicas en todos estos hechos – por negligencia en su prevención, por acción directa o por tomar medidas inadecuadas para el debido tratamiento de las y los reclusos –, debemos reconocer que la deplorable situación de nuestras cárceles tiene muchas y muy arraigadas causas, que van desde el escaso presupuesto asignado para su funcionamiento hasta la ausencia de una política criminal y penitenciaria centrada en el interés por la dignidad humana de las y los privados de libertad.

Es paradójico que tengamos una muy buena y moderna ley penitenciaria – con visión humanista y, en general, correspondencia teórica con un Estado de Derecho –, pero que las cárceles salvadoreñas se conviertan en el lugar donde permanece el delito continuado, donde el trato digno y la rehabilitación de las personas privadas de libertad son aspiraciones lejanas. Esta realidad pone en evidencia lo erróneo de creer que las leyes son las únicas y las mejores soluciones. En El Salvador, ante cada problema se propone una norma jurídica

La sobrepoblación, el abandono presupuestario, la corrupción e incapacidad de los funcionarios del Estado, las preferencias y tolerancias a ciertos reclusos y la imposición de penas agregadas a quienes no tienen para pagar los favores, constituyen el caldo de cultivo donde, bajo las narices de las autoridades se planifican y ejecutan acciones de venganza.

El gobierno debe implementar políticas efectivas e inmediatas que permitan buscar solución al problema de inadecuada infraestructura carcelaria y hacinamiento. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia a través de los tribunales debe agilizar procedimientos que permitan reducir las estadísticas de reos sin condena (40%). La Dirección de Centros Penales, debe asumir con responsabilidad el papel que le corresponde, reconocer sus omisiones y promover programas y políticas encaminadas a la reeducación de la población reclusa, el entretenimiento y trabajo artesanal, la lectura y el deporte y otras actividades encaminadas a la rehabilitación y nueva inserción social. Junto a todo esto, la depuración de autoridades ineficientes y corruptas.

Durante el presente año, se han presentado situaciones de crisis en el sistema penitenciario- unos 22 amotinamientos y otras acciones de desobediencia- los recluidos en el centro penal de máxima seguridad han reclamado por lo arbitrario del régimen de visitas impuesto por la Dirección de Centros Penales y han llamado a la PDDH, Diputados/as de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y a las Organizaciones de derechos humanos para que les visiten y comprueben la veracidad de sus denuncias y el estado en que se encuentran. El Ministerio de Gobernación y la Dirección de Centros Penales han tomado esta acción como un acto de provocación y señalan a las personas e instituciones que les han visitado de estar a favor de los delincuentes y de apoyar a las pandillas.

VIII. Indicadores Económicos.

Según datos del Banco Central de Reserva-que ahora no controla la política monetaria- El Salvador exportó (Exportaciones Tradicionales, no tradicionales y maquilas) durante el 2005, $ 2,320 millones, sobresaliendo las exportaciones maquileras con $ 1,190 millones, las exportaciones no tradicionales alcanzaron $ 932 millones y las tradicionales tan solo enviaron $ 198 millones de los cuales $ 147 millones fueron por exportaciones de café y azúcar y apenas $1 millón en camarones.

Las exportaciones, tal como ha sido la frecuencia, son en gran medida superadas por las importaciones, la misma fuente resalta que el año recién pasado, las importaciones fueron de $ 4, 150 millones, estableciendo una diferencia de -$ 2, 130 millones en la balanza comercial.

Exportaciones e importaciones ( en mill. De USD$)

Exportaciones		Importaciones
2004	2005	2004	2005
3, 295.4	2,320.0	6, 269	4,150.0

Fuente: Incep de datos del BCR.

La inflación ha pasado de 2,3% a la que llegó en el año 2003 a 5.9% para el 2005, afectando sobre todo a los bienes de consumo básicos.

El Producto Interno Bruto ha venido disminuyendo en términos absolutos destacándose entre los países con menos crecimiento económico en la región centroamericana y menor al promedio de todos los países de América Latina y el Caribe, que fue de 4.3%. (CEPAL. 2005). Resulta difícil entender las razones del crecimiento anunciado por el gobierno, mientras se mantienen altos niveles de sub empleo, la inversión privada y pública no ha variado con respecto a los años anteriores, la balanza comercial continúa desfavorable, el déficit fiscal continua en aumento paralelo al endeudamiento que sobrepasa los niveles aceptables (41%) los precios del petróleo se mantienen elevados, aumento en las tasas de interés y incremento en el costo de la canasta básica de alimentos y los bajos salarios .

Año	% PIB
1999	3,4
2000	2,2
2001	1,7
2002	2,2
2003	1,8
2004	1,5
2005	2,8%*

* Para el año 2005, la economía salvadoreña creció según el Banco Central de Reserva de El Salvador en un 2.8%, dato que fue desestimado en un primer momento por la ANEP, (Asoc. De la Empresa Privada) que considero que el PIB solamente habría crecido en 2.0%. La CEPAL en su Balance Preliminar de la Economía de América Latina y El Caribe 2005, señalaba que la economía salvadoreña creció en un 2.5%. Expertos de l PNUD, al estudiar las tendencias de años anteriores y el comportamiento de la economía salvadoreña, estimaron que sólo un milagro podría hacer crecer la economía más allá de un 2,00%. Por lo anterior, podríamos estar frente a un maquilleo de crecimiento, de cara a la vigencia del TLC. El poco crecimiento evidenciado en la tasa del PIB, también pone de manifiesto el poco interés del gobierno y el sector empresarial de promover y generar inversión en el país, todo apunta a que la mejor de las apuestas está en la inversión extranjera.

El sector agricultura no se sale de los bajos niveles a los que la reforma estructural la ha llevado, según datos de la CEPAL, el sector agropecuario habría crecido en 4.3% este último, 1,3 más que el año pasado, un crecimiento insuficiente para enfrentar los retos que para la agricultura trae el TLC.

El gobierno argumenta que el aumento del PIB para el 2005, tiene sus razones por que se está fortaleciendo el crecimiento de la agricultura y el repunte del turismo, pero la CEPAL señala que son los aumentos de precios internacionales de algunos productos agropecuarios como el café y el azúcar y el crecimiento del consumo por la llegada de más de remesas familiares.

El déficit fiscal del 2005 fue de 3%, superior al del 2004 que fue de 2.5%. La deuda total del país representa cerca del 47% del PIB, la cual pone al país en una situación de riesgo financiero. De igual forma el proceso de endeudamiento externo del país sigue creciendo habiendo alcanzado en el 2005 a 4,922 millones de dólares, la que se verá incrementada en el presente período fiscal al menos con otros $1,000. Unos 182 créditos externos, consumen el 23,4% del Presupuesto General, destinando más de $779 millones solo al pago de la deuda, de la cual la mitad está en eurobonos (intereses, amortizaciones y pagos anuales). Para el 2006, según el Presupuesto aprobado, el Estado para el rubro educación, alcanza la cantidad de $ 510 millones y para salud $293 millones (15,3% y 8,8% respectivamente).

IX. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Estado de El Salvador es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el Pacto” o “el PIDESC”) de la Organización de las Naciones Unidas desde 1979¹⁸. Este instrumento internacional reconoce entre otras cosas, que no puede realizarse el ideal de los derechos humanos a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Al adherirse al PIDESC, el Estado salvadoreño adquirió el compromiso jurídico de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (llamados en adelante “los DESC”) e igualmente, en virtud del artículo 16 del Pacto, se obligó a presentar informes periódicos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en lo sucesivo “el Comité” o “el Comité ECOSOC”) sobre las medidas que haya adoptado y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en este importante tratado internacional de derechos humanos.

El actual Gobierno ha puesto en marcha un plan anti pobreza, criticado por su alta burocratización y propaganda. Este plan contempla 5 componentes: La creación de un fondo de salud (FOSALUD), la creación de la Red Solidaria, un programa de micro créditos, un programa para jóvenes y la implementación del plan de educación Conéctate.

Durante 15 años de gobierno, la derecha política no ha mostrado ningún interés en establecer programas contundentes en la lucha contra la pobreza, las medidas anunciadas por el actual gobierno se enmarcan dentro de las obligaciones contraídas con la comunidad internacional para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

El FOSALUD que estaría financiado por el incremento de impuestos a la venta de cigarrillos, alcohol y armas, no percibe ingresos fijos, además una evasión fiscal que no garantiza su incremento, así los centros de salud carecen de medicinas, camas, tecnología y recursos humanos. La Red Solidaria entregará subvenciones de 100 municipios identificados como extremadamente pobres, las subvenciones son de $ 0.50 ctvs. diarios por familia con más de dos hijos, el gobierno calcula entregar unos $ 50 millones anuales.

La pobreza

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al menos 43 de cada 100 salvadoreños continuaban siendo pobres y 19 de cada 100 se encontrarían en estado de pobreza absoluta, al no poder cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica de alimentos. El 33,6% de los hogares pobres tendría jefatura femenina. “En la población rural la situación es peor. La pobreza total afecta a 55.8%, y 29.1% se encuentran en pobreza absoluta. Además, la canasta básica de alimentos para la zona rural es inferior en calidad y en costo que la urbana”¹⁹.

Según datos del Gobierno, en los últimos diez años hubo un proceso sostenido de reducción de los índices de pobreza absoluta y relativa: “Las estimaciones indican que el 58% de la población en El Salvador vivía con menos de un dólar por día en 1991, está proporción disminuyó a 39% en 2002, lo que significó una caída de 19 puntos porcentuales en relación con 2002. Según la EHPM²⁰ de la DIGESTYC²¹, en 1991 la incidencia de la pobreza medida por el ingreso afectaba al 66% de la población salvadoreña y la pobreza extrema, al 33%. La pobreza en la área rural era 11 puntos porcentuales mayor que en el área urbana. En 2002, la pobreza a nivel nacional afectaba 43% de la población, una reducción de 23 puntos porcentuales desde 1991... La pobreza en El Salvador se redujo mucho más en el área urbana (26 puntos porcentuales) que en la rural (15 puntos porcentuales). Asimismo, la mayor disminución se dio en la extrema pobreza urbana (16 puntos)”²².

El 33,6% de los hogares pobres tendría jefatura femenina. “En la población rural la situación es peor. La pobreza total afecta a 55.8%, y 29.1% se encuentran en pobreza absoluta. Además, la canasta básica de alimentos para la zona rural es inferior en calidad y en costo que la urbana”²³.

“En 1992, las remesas recibidas impidieron que un poco más del 4% de la población de las zonas rurales cayera en una situación de pobreza absoluta, 10 años más tarde, dicho porcentaje había subido a 8.6%. Entre esos dos años la pobreza absoluta rural bajó 7.9 puntos porcentuales. De ello se derivan dos conclusiones: la primera, es que más de la mitad de la disminución registrada en la pobreza absoluta rural durante los últimos 10 años se explica por el aumento de las remesas; y la segunda, que si repentinamente el país dejara de recibir remesas (17% del PIB), los niveles de pobreza absoluta rural ahora serían mayores que 10 años atrás. En las zonas urbanas el efecto de las remesas ha sido menor, pero siempre explica 4.7 puntos porcentuales de los 14 que se redujo en una década la pobreza absoluta. Es decir, también se debió a los emigrantes la tercera parte de la disminución de la pobreza absoluta urbana”²⁴.

El Salvador es un país con tremendas diferencias sociales y económicas y esas brechas habrían aumentado en los últimos diez años y han sido calificadas de “gigantescas”. Así, “para 1992 el 20% de hogares más ricos del país percibieron el 54.5% del ingreso nacional y el 20% más pobre el 3.2%. Diez años más tarde el 20% de hogares más ricos había aumentado su participación en el ingreso nacional a 58.3% y el 20% más pobre la había disminuido a 2.4%. Para el primer año, el quintil más rico recibía 17 veces más ingresos que el quintil más pobre; para 2002 la brecha se había ampliado a 24 veces... En 1992 la pobreza total y la pobreza absoluta eran 11.3 y 11.5 puntos porcentuales más altas en el área rural que en el área urbana; para 2002 tales brechas habían aumentado a 21.8 y 16.9 puntos porcentuales, respectivamente. Por otra parte, en comparación con una persona que vive en el área urbana, un habitante rural tiene, en promedio, una esperanza de vida casi 6 años menor, la mitad de escolaridad, y la tercera parte de ingresos. La brecha urbano - rural en cuanto a la desnutrición crónica infantil ha crecido desde 8.0% en 1993 a 14.6% en 2003, debido a que casi todo el progreso estuvo en zonas urbanas, y la mitad de los municipios muestran desnutrición crónica en más de 30% de los escolares de primer grado.²⁵.

El proceso de ajuste estructural y sus efectos en los DESC

El programa de ajuste estructural y particularmente el proceso de privatización de los activos del Estado ha venido a agravar la pobreza y las desigualdades sociales en el país y reproduce directamente, condiciones estructurales de graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la población salvadoreña.

Sobre el proceso de ajuste estructural, la organización Social Watch ha sostenido que “en la década de los 90, el entorno económico salvadoreño estaba orientado al fortalecimiento del mercado, la reducción y modificación del rol del Estado, reformas fiscales, liberalización plena de la economía, privatización de parte de los activos del Estado y la modernización y apertura a los mercados globales. Este planteamiento tiene como base los programas de Estabilización y Ajuste Estructural, los cuales determinan el incremento de los precios en los servicios, en la recaudación y en una política monetaria y fiscal restrictiva. El discurso de la privatización prometía reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal, prestar mejores servicios y proveer al Estado de recursos inmediatos, los cuales serían utilizados para cancelar la deuda de corto plazo e invertir en la infraestructura o el gasto social. Sin embargo, aun el sector privado ha reconocido que el proceso ha sido implementado sin transparencia. Para la economía salvadoreña en desarrollo, implementar las privatizaciones ha significado muchos sinsabores, entre ellos la privatización de la banca y la desnacionalización del patrimonio público. Otra de las medidas del programa de ajuste estructural aplicadas en los tres últimos quinquenios es la tendencia a favorecer al gran capital en detrimento de la calidad de vida de las mayorías. Por ejemplo, la reforma tributaria regresiva: para reponer las pérdidas de ingreso por las privatizaciones, la administración Cristiani introdujo el impuesto al valor agregado (IVA) por un 10%; la administración Calderón Sol subió el IVA al 13% y la administración de Flores Pérez eliminó las excepciones del IVA a las medicinas, granos básicos y otros alimentos de primera necesidad. Los informes indican que, cada semana, por las evasiones que realiza el empresario salvadoreño, el fisco deja de percibir USD 654.500 de IVA pagados por el consumidor”²⁶.

El tratado de libre comercio con EEUU

“La demanda por el vino de Gema duró hasta el tratado comercial de Austria con Italia (1891), que estableció la llamada cláusula del vino. Por este convenio Italia podía exportar su vino a territorios austríacos con condiciones preferenciales. Esto inmediatamente repercutió en el mercado y los precios bajaron. Con ello, las exportaciones cayeron significativamente. Desapareció el estímulo para la plantación de nuevas viñas. El vino producido se consumía casi exclusivamente en las costas de Malicia, y quedaba un gran sobrante. Los buques quedaron inmovilizados en los puertos...

Debido a esas desgracias, los campesinos, en su mayoría vinicultores, sufrieron grandes pérdidas. En su desolación recurrieron a los comerciantes ricos y a los grandes propietarios para que los ayudasen. Sus escasos productos los vendían a bajo precio y por el dinero prestado pagaban fuertes intereses. Los préstamos usurarios empobrecieron aún más al pequeño campesino. Como ya no había tierra para otros cultivos, se vieron obligados a emigrar. Así la gente de Gema, que antes daba trabajo a otros, tenía ahora que ir ella misma buscar trabajo en tierras lejanas y extrañas”.

Antum Domic

Breve historia de la isla de Brac

El Salvador, fue el primer país en la región centroamericana en darle impulso al proceso de negociación, Guatemala, Honduras; Nicaragua y Costa Rica se sumaron al proceso. Costa Rica se retiró del proceso de negociación y hasta la fecha no ha pasado a conocimiento del Congreso de ese país, es más, el Presidente Pacheco ha dicho que no lo enviará a los diputados mientras no salga a la luz las verdaderas bondades y los consecuentes efectos negativos del mismo. El 28 de mayo del 2004, EEUU y 4 países de Centroamérica firman el tratado comercial.

En el mes de diciembre del 2004, Diputados de partidos de la derecha y otros afines, en una sesión que se podría denominar extraordinaria no por la importancia del tema, sino porque se esperó hasta horas de la madrugada (03 horas) para llevar al pleno su propuesta, sin discusión alguna y en un proceso sumarísimo, con votación de mayoría simple (43 votos de 84), se aprobó el Tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

A partir de ahí, internamente la suerte parecía estar echada, el gobierno de ARENA no había tomado en cuenta que el tratado no gozaba de todas las simpatías esperadas en sectores económicamente poderosos y políticamente influyentes en el interior de los Estados Unidos.

Según diferentes opiniones, el tratado en sí no vendría a resolver los principales problemas de la región donde a excepción de Costa Rica que se retirara de las negociaciones, más de la mitad de su población vive en condiciones de pobreza y de ésta, la mitad sobrevive en condiciones de pobreza absoluta. Los países suscriptores del TLC, también sobresalen por graves condiciones de inequidad, ausencia de políticas públicas eficientes y de fácil acceso para las mayorías empobrecidas, injusta distribución del ingreso, altos índices de analfabetismo y desempleo y se encuentran en una escala considerablemente baja en el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

Si bien se asegura que el país en materia de inversión económica es uno de los que más promueve la libre inversión, permanecen aun anacrónicas situaciones que por la ligereza que se dio en la aprobación del tratado no se les dio su importancia: viejos modelos aduaneros, débil institucionalidad, inseguridad jurídica, prácticas monopólicas y altos índices de violencia y criminalidad que ahuyentan cualquier intención de invertir.

El TLC entre EEUU y Centro América ha sido uno de los acuerdos comerciales más difícil de concluir en la nueva historia de las negociaciones comerciales y esto, considerando que los países de la región ya gozan de tratos preferenciales para más o menos el 80 % de sus exportaciones al país del norte, su aprobación en el congreso fue de con apenas dos votos de diferencia, posterior a ello, Estados Unidos ha revisado el tratado y ha hecho observaciones con respecto a ciertas cuotas en productos agrícolas y a la necesidad de implementar leyes que protejan la propiedad intelectual y los intereses de las grandes corporaciones del norte, el Tratado no entrará en vigencia en enero del 2006.

La empresa privada hace reiterados llamados al gobierno a prepararse mejor, a reducir la burocracia a no retrazar la inversión social y a gastar menos en propaganda.

El gobierno invirtió cerca de $ 25 millones en lo que le denominó el proceso de revisión y negociación del TLC, dicho proceso ha sido en gran medida desgastante para instituciones y funcionarios que descuidaron otras obligaciones más importantes del Estado, en suma, los honorables diputados que lo aprobaron ni siquiera se tomaron el trabajo de leer las más de 2500 páginas, por lo tanto tenemos una normativa que trae consecuencias peligrosos para un país pobre como El Salvador ya que existen sanciones pecuniarias de hasta $ 15millones de dólares que pagaría el Estado en concepto de multas por contravenciones juzgadas en instancias de la OMC-BM.

Se dice ahora que el país ha entrado a competir en “grandes ligas”, listo para ser vapuleado, somos un país que invierte solo el 3.6% del PIB en salud y 4.6% en educación, teniendo la inversión social más baja de la región, mientras que el 23 % del PIB se destina para el pago de la deuda nacional. 33% de la población no tiene acceso al agua potable cada día más escasa y un 53 % no tiene servicio continúo. La deuda pública se ha incrementado a un 47% del PIB. El gobierno anuncia un modelo económico exitoso que no existe que se percibe solo porque evidentemente multiplica la desigualdad social. El Estado aun se resiste a ratificar los tratados de la OIT que permiten la libre sindicalización y el derecho a contratación colectiva.

El TLC negociado con la potencia económica más radical del planeta nos coloca en las peores de las desventajas, considerando los altos subsidios que el gobierno de los Estados Unidos destina para sus productores (alimentos, granos básicos, ganadería, etc.) el Tratado no sería un arreglo bilateral sino que un proceso unilateral en donde se imponen las reglas del mayor, del que tiene más ventajas y espera mejores resultados. Se estima que sólo durante el primer año de vigencia el Estado dejará de recibir cerca de $ 20 millones que recibía en concepto de aranceles, esta cantidad será ahora ahorro para los exportadores quienes mantendrán las mismas condiciones laborales y salariales para sus trabajadores.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y muchos otros acuerdos internacionales destinados a normar el comercio internacional y a someternos a tribunales internacionales, no sólo son negociados y aprobados sin consulta y sin mayor análisis si no que además atentan contra la soberanía y libre determinación del pueblo salvadoreño, violan además los derechos humanos al hacer prevalecer el derecho de los inversionistas extranjeros por sobre todas las cosas lo que contradicen abiertamente.

La entrada en vigor de este Tratado estaría atentando en contra de derechos laborales previamente adquiridos y en muchos de los casos libertades conquistadas a costa de la sangre de cientos de sindicalistas que fueron víctimas de la represión política. Se estarían implementando nuevas formas de contratación (por horas o día) sin ninguna prestación social o formas de previsión social. De igual manera la asimetría de las realidades, las diferencias en cuanto al respeto del Estado de Derecho y los elevados estándares de productividad no solo atentan en contra de la legislación interna vigente en El Salvador. La puesta en vigor del Tratado es una acción deliberada que atropella la legalidad vigente de los Derechos Humanos consagrada en la Constitución de la República y en Tratados Internacionales tales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador de 1988, instrumentos aprobados y ratificados bajo los parámetros del Derecho Internacional.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas desde Ginebra, advirtió, en unas recomendaciones hechas públicas, que los tratados de libre comercio (TLC) pueden afectar negativamente al acceso a medicamentos asequibles y servicios sociales para los pobres.

El Comité plantea estas cuestiones en un momento en que varios países examinados en su 39º período de sesiones, celebrado del 16 de mayo al 3 de junio de 2005, tienen previsto ratificar un TLC, o ya han entrado en la fase de negociación o ratificación. Entre esos países se encuentra El Salvador.

El Comité supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que constituye el tratado de derechos humanos más ampliamente aplicable a nivel mundial: lo han ratificado todos los países, excepto los Estados Unidos y Somalia.

Los Estados tienen la obligación de tener en cuenta el interés superior del niño, en todos los niveles de adopción de decisiones, también en materia de política comercial, y deben cumplir las obligaciones que les impone la Convención. Entre éstas cabe citar el acceso a medicamentos y unos servicios de atención sanitaria asequibles, en virtud del derecho del niño a la salud (artículo 24) y del derecho del niño a la vida (artículo 6).

El Comité también expresó su temor de que los TLC también puedan “repercutir negativamente en la asignación de fondos presupuestarios para los servicios

sociales”.En vista de todo ello, el Comité exhortó a “asegurar que los tratados de libre comercio no afecten negativamente a los derechos del niño, por ejemplo en lo que respecta al acceso a medicamentos asequibles, incluidos los fármacos genéricos. En ese sentido, el Comité reitera las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/1/Add.100)”.

Vulnerabilidad.

La ubicación geográfica de El Salvador hace de su territorio un lugar proclive al efecto de fenómenos naturales cíclicos somos en la escala latinoamericana el 3er. País más vulnerable después de Haití y Nicaragua.

Los fenómenos naturales que en otra parte del mundo no generan daños significativos, en países como El Salvador se convierten en tragedias de gran magnitud y generan importantes retrocesos en el goce de los DESC²⁷.

Estos fenómenos naturales periódicos dejan al desnudo una serie de debilidades de nuestro sistema económico, político, jurídico y social, así como la perenne falta de preparación ante los desastres naturales. Estos eventos ponen en evidencia la injusta estructura de nuestra sociedad puesto que, invariablemente, la población más pobre es la que sufre los mayores daños económicos, personales y sociales de eventos como los terremotos y las inundaciones. La Tormenta Stan de octubre pasado dejó a unas 200 personas damnificadas sin alimentos, vestuario y techo, unas 74 personas, entre ellos muchos niños murieron soterrados, algunas personas aun permanecen en los albergues improvisados en escuelas e iglesias, los daños económicas han sido estimados en unos $ 300 millones..

La ausencia de políticas públicas de vivienda, el abandono de lo rural, la miseria y la ocupación de terrenos, convierte a los eventos naturales en verdaderas catástrofes, afectando mayoritariamente y con mayores efectos a los grupos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, radicados en zonas marginales, con viviendas precarias localizadas a la orilla de ríos y quebradas.

Las inundaciones en lo que se conoce el bajo Lempa, producidas por las fuertes lluvias que al llenarse la represa, se descargan grandes cantidades de agua que inundan año con año todas las comunidades al sur del río. El Gobierno, no obstante de obtener donaciones internacionales no ha tenido interés por construir bordas de retención para que las comunidades salven cosechas y animales domésticos, a lo mejor la falta de voluntad proviene de que la mayoría de comunidades del bajo Lempa son comunidades pobladas por ex combatientes o simpatizantes de la ex guerrilla.

Pero el país no sólo es vulnerable a los embates naturales, los niveles de pobreza, el escaso acceso a la salud, la falta de agua potable, la corrupción y el endeudamiento son factores que desencadenan otro tipo de vulnerabilidades, muchas veces fatal como la mortandad de niños a causa de enfermedades gastrointestinales. El país es en la región el que menos invierte en educación y salud pero el que destina más fondos públicos al pago de la deuda.

El desarrollo de regiones altamente vulnerables por los niveles de pobreza se encuentra estancado, cuando suceden desastres, toda la política y ayuda está concentrada por el gobierno central, las municipalidades no tienen ningún rol en la prevención y mitigación de los desastres, la centraliza el gobierno a través del Ministerio más político, el Ministerio de Gobernación, este canaliza y determina los planes de contingencia y reparto de las ayudas internacionales.

Violencia y su impacto en los DESC

En la post guerra se ha producido una situación de exacerbada violencia y delincuencia que no ha podido ser enfrentada eficazmente por los aparatos del Estado. Se estima que desde el final del conflicto armado han muerto más salvadoreños que en doce años de guerra civil. Los datos accesibles nos muestran a El Salvador como un país cuyos índices de delincuencia tienen pocas comparaciones en el mundo. Por ejemplo, nuestro país posee uno de los más altos porcentajes de población víctima de delito de la región y una de las tasas de homicidio más alta de América Latina. Por lo demás, los costos humanos y materiales de la violencia son altísimos²⁸.

Las cifras del delito demuestran que la criminalidad impacta profundamente todo el entramado social y político de El Salvador. En términos cuantitativos, la violencia es un problema extendido que representaba costos materiales del orden del 13.46% del PIB hacia finales de la década de los 90.

En verdad, la violencia puede considerarse una epidemia pues, ya a mitad de la década pasada, producía un promedio anual de 178,131.65 años de vida perdidos por muerte y tenía importantes impactos en el sistema de salud pública del país²⁹. Hacia finales de la década de los 90, las agresiones y homicidios eran la segunda causa de mortalidad general (9.31%), superada únicamente por las enfermedades isquémicas del corazón (11.08%). En la misma época, las causas externas eran la segunda causa de mortalidad por grandes grupos de dolencias (20.52%)³⁰. Lamentablemente, en el país no se ha analizado a profundidad el delito como un problema de salud pública ni se ha estudiado su impacto en los DESC³¹.

Derecho al trabajo

Según la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC) del Ministerio de Economía, la tasa de desempleo en El Salvador habría disminuido de 8.7% en 1991 a 6.7%. Este dato – similar al de países europeos – resulta muy engañoso, en primer lugar porque la inexistencia de seguros de desempleo en el país hace más que difícil la supervivencia de las personas que carecen de empleo y, en segundo lugar – lo más importante –, porque la tasa de desempleo señalada no hace referencia a la verdadera situación laboral del resto de la población.

En efecto, el mercado laboral salvadoreño está profundamente marcado por el fenómeno del subempleo o empleo informal. Una gran proporción de la población salvadoreña carece de pleno empleo y trabaja en el sector informal (49,9%), sin el amparo de las leyes laborales ni de las instituciones administrativas y judiciales de protección al trabajador, sin seguridad social ni estabilidad en el empleo, y normalmente sin un salario que alcance el mínimo legal.

También se ha producido en los últimos años una disminución de los puestos de trabajo en otros sectores. Según estimaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en los primeros meses de 2005 se habrían reducido 8,000 puestos de trabajo en la industria maquilera, por el “efecto China”³². Además, en virtud del proceso de reducción del aparato estatal, las plazas en la administración pública se redujeron de 194,577 en 1993 a 138,758 en 2001³³. De acuerdo a la Procuraduría, la disminución en cantidad y en calidad del empleo en la administración pública está relacionada “con los procesos actuales de modernización del Estado, que ha privilegiado la subcontratación de empresas privadas para la prestación de varios servicios, tales como los de seguridad privada, de alimentación, de lavandería e, incluso, más recientemente, de consultas médicas especializadas; asimismo, la tendencia a privilegiar contrataciones temporales, en lugar de la modalidad de ley de salarios, ha llevado a una mayor inestabilidad laboral, pérdida de prestaciones y afectación en las condiciones de vida de muchos trabajadores y trabajadoras estatales”³⁴.

Citando al BCR, el IDH 2005 señala que las tasas de desempleo se han mantenido casi invariables desde 1991 y las de subempleo han aumentado levemente. Paralela también ha sido la disminución de salarios. De acuerdo a datos del ministerio de Economía, los salarios medios reales, entre 1989 y 2004, se redujeron un 12%, mientras que el salario mínimo decayó un 17% ($ 152.5. mensual en la ciudad)

Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

En el área urbana, los salarios mínimos vigentes legalmente son US$158. para el comercio y servicios; US$155 para la industria; y US$151 para la industria textil y confección, empresas trasnacionales dedicadas a la explotación pesquera pagan a sus trabajadoras $115 mensuales. En el campo el salario mínimo es de US$74 al mes. Estas remuneraciones apenas son suficientes para cubrir la canasta básica alimenticia, calculada en US$129. Si incluimos otros rubros como educación, salud, vivienda y vestido, es obvio que los salarios mínimos no garantizan al trabajador ni a sus familias una existencia digna.

La participación de las mujeres en la actividad económica llega al 48,8% en el área urbana y en la rural 30,6%, las mujeres rurales también realizan otras actividades tales como levantamiento de cosechas, cuido de animales de corral, comercialización de productos agrícolas. Del 52% de las mujeres que trabajan en el área rural, solo el 20% recibe una remuneración sin ningún tipo de prestación social. En las ciudades las mujeres reciben salarios un 30% por abajo del que reciben los hombres.

Derecho de sindicalización y huelga

El derecho de sindicalización y huelga en El Salvador son considerados por la empresa privada como un obstáculo a sus intereses políticos y económicos y, en consecuencia, desarrolla acciones de diverso tipo para evitar la creación y el desarrollo de sindicatos; mientras tanto, las autoridades de gobierno muestran una notoria pasividad ante los múltiples abusos contra la libertad de sindicalización.

En verdad, existe una cultura antisindical en El Salvador. Trabajadores/as despedidos/as impunemente por las empresas privadas en cuanto intentan organizarse en sindicatos; escasa aprobación de nuevos sindicatos por las autoridades del Ministerio de Trabajo; y muy pocos procesos de negociación colectiva, son algunas situaciones en la vida cotidiana en el país que demuestran esta afirmación.

También existe la práctica viciada de los listados rotativos entre las empresas, donde aparecen los nombres de personas que han intentado fundar un sindicato. Se cree que los listados provienen del mismo Ministerio de Trabajo que filtra nombres de los afiliados o directivos de una asociación sindical que aspira ser inscrita, estos listados llegan a manos de los patrones.

El Estado ha sido incapaz de proteger y promover la libertad sindical. Esta omisión de las autoridades públicas “se ha traducido, en no pocas ocasiones, en una suerte de acción violatoria directa contra dichas libertades, al punto de observarse prácticas sistemáticas destinadas a obstaculizar, impedir o negar el ejercicio de las mismas. Especial mención merece al respecto el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), cuyo deslucido papel en la defensa de las libertades sindicales ha contrastado enormemente con su destacada intervención a favor de los intereses y pretensiones patronales, tanto públicas y municipales como privadas, en detrimento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores..”³⁵.

Similar suerte corre el derecho de huelga. Las huelgas declaradas legales por las autoridades estatales son una curiosidad histórica en El Salvador. En efecto, en la última década no se ha producido un tan solo caso de huelga legal en el país, por los múltiples y compendiosos requisitos impuestos por las normas jurídicas salvadoreñas, pero sobre todo por la escasa protección y apoyo a las demandas laborales por parte de las autoridades competentes. De esta forma, el principal instrumento de lucha de los trabajadores/as carece de toda efectividad en el país.

Por último, debemos recordar que El Salvador aún no ha ratificado importantes convenios de la OIT que protegen el derecho a la libre sindicalización. Nos referimos al “Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación” (Convenio No. 87, 1948), el “Convenio Relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva” (Convenio No. 98, 1949) y el “Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública” (Convenio No. 151, 1978).

Derecho a la seguridad social

Las transformaciones del sistema de pensiones llevadas a cabo hacia el final de la década de los 90 han significado un verdadero retroceso en el derecho a la seguridad social. El nuevo sistema de pensiones es un modelo de capitalización basado en la responsabilidad individual del trabajador/a y en la administración privada de los fondos de pensiones. No está fundado sobre el principio de solidaridad social.

Si bien se ha incrementado el número de personas afiliadas al Sistema y el monto de recaudación en relación al Producto Interno Bruto (PIB)³⁶, en general, la modificación al sistema de pensiones social ha tenido efectos muy negativos en cuando a las posibilidades de garantizar la calidad de vida de las personas jubiladas. Social Watch ha opinado al respecto:

“En El Salvador, antes de las reformas (1996-1998), el sistema público de pensiones ciertamente presentaba serias debilidades, por ejemplo: la cobertura poblacional, los costos de la seguridad social, y la evasión y mora de los patronos. Luego, en el marco de los programas de privatización de los activos del Estado, se justificaron las transformaciones con dichas debilidades, los argumentos fueron los enormes beneficios que tendría la población afiliada cotizante... Los resultados (de la privatización del sistema de pensiones) indican que el futuro en materia de seguridad social para trabajadoras y trabajadores es sumamente incierto y desalentador. A pesar que la cobertura poblacional ha aumentado entre 1997 a 1999, ya que pasó del 10,6% al 31% de la PEA, en el sistema persiste la debilidad de abandonar a grandes segmentos de la población ubicados en actividades informales, subempleo, trabajadoras y trabajadores agrícolas, así como a personas que prestan servicios en el área doméstica. En términos de los costos de dicho sistema, éstos han recaído en una población que su salario mínimo no ha sido modificado en cuatro años. Antes de la reforma el aporte de los y las trabajadoras para el sistema previsional representaba el 1,5% sobre su salario; en 1998 aumentó al 4,5%, lo cual representa un incremento del 300% del costo y en el año 2002, los aportes representan el 6,25% de su salario, es decir significa un incremento del 417%. Los datos indican que a pesar del incremento en el aporte de la población cotizante, todavía no se garantiza que obtendrán una pensión adecuada en el momento de su retiro. Un factor adicional que afecta negativamente el monto de dicha pensión es que los cobros de las administradoras de pensiones en concepto de comisiones actualmente son del 36% anual por manejo de dichos fondos individuales, lo cual puede aumentar de acuerdo al arbitrio de las administradoras de pensiones”³⁷.

Al revisar los montos de las pensiones mínimas del nuevo sistema, se vuelve obvio que de ninguna manera son suficientes para posibilitar ni siquiera la adquisición de la canasta básica alimenticia. La pensión mínima por vejez en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) es de US$114 mensuales, incluso por debajo del salario mínimo urbano y lejos también de la canasta básica mínima de alimentos (US$129). Tampoco es suficiente para cubrir gastos de salud, vivienda o vestido. Pese a su exiguo monto, las pensiones no han sido revalorizadas. El más reciente incremento, realizado en el ejercicio fiscal 2004, se aplicó únicamente a las pensiones comprendidas en el rango de US$114 hasta US$300, en un porcentaje ínfimo y del todo intrascendente (2%). El sistema de pensiones no alcanza a cubrir a toda la población económicamente activa. “Solamente un 40% de la población económicamente activa se encuentra afiliada al Sistema Previsional”³⁸.

El Estado tampoco ha sido capaz de asegurar que los empresarios cumplan siquiera sus obligaciones de entregar sus aportes al sistema de pensiones. La mora empresarial en materia de cotizaciones – descontadas al salario del trabajador – alcanzaba los 13 millones de dólares estadounidenses a mayo de 2005. Pese a que la retención de cotizaciones es un delito penado con prisión de dos a cuatro años³⁹, ningún empresario ha sido siquiera investigado o procesado por ese hecho punible.

Diputados de derecha en la Asamblea Legislativa, aprobaron el Decreto No. 347 que incrementa los años para los que los cotizantes puedan optar por el retiro, en un país donde los hombres tienen una esperanza de vida de 67,7 años, la ley obliga ahora a retirarse cuando se tenga 65 años, las mujeres se pueden retirar a los 60 años de servicio.

Por lo demás, aparte del sistema previsional, el sistema de seguridad social salvadoreño sigue siendo muy limitado. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) apenas alcanza a cubrir a aproximadamente el 15% de la población con servicios de salud⁴⁰. El resto debe ser atendido por los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En El Salvador no existen prestaciones por desempleo.

Derecho a un nivel de vida adecuado

Muchos de los indicadores oficiales de servicios sociales básicos muestran progresos en los últimos diez años. En teoría, la calidad de vida de los salvadoreños /as habría mejorado sustancialmente en la última década; sin embargo, los indicadores de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque reflejan algún grado de avance, todavía presentan un cuadro de pobreza y marginación – o de “violencia estructural” –, reflejo de cuán lejos estamos de un desarrollo humano aceptable y de que los salvadoreños gocen plenamente del derecho a un nivel de vida adecuado.

Según el PNUD, si bien los niveles de cobertura de los servicios sociales básicos han aumentado sustancialmente en los últimos 12 años, los déficit continúan siendo significativos: “la escolaridad promedio apenas supera los cinco años, la tasa bruta de educación media es de 40% y la tasa de analfabetismo de personas de 15 años ó más de 18%. El 24% de la población no tiene acceso a servicios básicos de salud; la seguridad social deja fuera a casi toda la población rural y únicamente cubre al 39% de la PEA urbana; entre la población menor de 5 años, el 22% no recibe servicios de inmunización completa y el 10.3% presenta algún nivel de desnutrición global (bajo peso por edad); 23% de los nacimientos se produce en mujeres con edades entre 12 y 19 años. Al menos el 33% de los hogares carecen de una vivienda aceptable, el 24% no disponen de servicio de agua por cañería, el 47% no tienen acceso a servicios de recolección de deshechos, el 18% no cuentan con servicio de electricidad y el 55.4% carecen de servicios de telefonía”⁴¹.

Alimentación

Los indicadores sobre desnutrición nos señalan que en la última década se ha avanzado muy poco en este ámbito y que el hambre es un flagelo que todavía afecta a miles y miles de niños/as salvadoreños.

Además, “casi todo el progreso contra la desnutrición se ha hecho en las zonas urbanas; las mejorías en zonas rurales han sido mínimas”⁴². Ante esta situación, los programas estatales para el combate del hambre parecen ser del todo insuficientes. “En cuanto a la disponibilidad de programas, si bien el MSPAS de El Salvador ha puesto en funcionamiento diversos programas de Salud Integral del Niño... los datos... muestran unánimemente que los alcances de los mismos son extremadamente limitados... Según cifras oficiales del MSPAS, sólo 25.564 niños se inscribieron al programa de nutrición para niños de 6 m a 5 años en el año 2001. Si se calcula que la población de 1 a 4 años es de 634.364 niños y que la población por debajo de la línea de pobreza era de 51% en 1998, es fácil deducir que el porcentaje de niños necesitados de suplementos nutricionales es inmensamente superior al cubierto por el programa”⁴³.

Vivienda

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, en 2002 el déficit habitacional nacional era de 499,965 unidades habitacionales⁴⁴. Para finales del 2004, el Viceministerio de Vivienda estableció el parque habitacional en 1,6 millones, de las cuales 512, 312 casas presentaban condiciones deficientes por la falta de piso de cemento, techo seguro, puertas, ventanas y servicios básicos como agua, luz y drenajes, entre otros⁴⁵. Sumado a este déficit cualitativo, el crecimiento anual de la demanda de vivienda es de 32, 508 casas, en total el déficit sería de 544, 820 viviendas seguras para el 2005.

El gobierno ha anunciado una política de vivienda que consiste en otorgar créditos a aquellas familias que puedan pagar como mínimo dos salarios mínimos mensuales para poderles financiar sus viviendas, para lo cual deberán presentar constancia bancaria de haber ahorrado por lo menos $1,000 dólares, el gobierno les facilitaría otros $1,000 dólares para poder solicitar crédito de vivienda, considerando que un 60% de las familias pobres, no tienen capacidad de ahorro, ni tampoco reciben ingresos fijos, que no tienen legalizadas o no les pertenecen los terrenos donde han construido precarias viviendas de cartón y lámina, es prácticamente imposible que puedan obtener un financiamiento bancario.

La nueva política de vivienda, más parece estar dirigida a favorecer a las empresas constructoras cuyo mercado ha caído en los dos últimos años y también beneficiar a la banca privada que estaría canalizando fondos públicos o préstamos internacionales cobrando considerables comisiones, no parece estar dirigida a favorecer a quienes viven a la orilla de quebradas y ríos y otras zonas vulnerables, de hecho fue la misma Cámara de la Industria de la Construcción que presentó al gobierno la propuesta de una política de la vivienda, dicho estudio resalta que es muy difícil garantizarle a la población pobre el acceso a una vivienda porque se le imposibilita presentar garantías de ingresos permanentes.⁴⁶

El Fondo Social para la Vivienda, establece como requisitos para tener acceso a una vivienda, estar inscrito al sistema de ahorro para pensiones (50% de la población económicamente activa trabaja en sector informal, no está inscrito), tener como mínimo 6 meses de cotizar y poseer una buena calificación crediticia del sistema bancario.

Derecho a la salud

Los indicadores de salud han mostrado también progresos en la última década. Pese a esta mejoría, los datos estadísticos nos muestran todavía una situación que todavía no es óptima en materia del derecho a la salud.

En la visión del PNUD, la sensible disminución de las tasas de desnutrición infantil, mortalidad infantil, y fecundidad durante los últimos años, demuestra una mejoría general en el área de salud. Así, “de 1988 a 2003 la tasa de mortalidad infantil ha disminuido de 52 niños por cada mil nacidos vivos a 25. En este caso, las mayores disminuciones se han registrado en el área rural, a tal punto que después de haber una fuerte brecha con al área urbana, ahora su nivel es similar”⁴⁷. La mortalidad infantil (de los menores de un año) y la mortalidad en los niños menores de cinco años muestran caídas importantes: en 16 puntos y 21 puntos porcentuales respectivamente. La proporción de partos atendidos por personal especializado se incrementó en 18 puntos porcentuales, mientras que la prevalencia del uso de contraceptivos en las mujeres aumentó en 20 puntos y el número de casos de tuberculosis disminuyó en 37%.

Sin embargo, otros indicadores presentan un estancamiento e incluso un retroceso. “No se ha hecho gran progreso en la tasa de desnutrición infantil, mientras que la tasa de inmunización contra el sarampión disminuyó en 5 puntos porcentuales y el número de casos de dengue aumentó en 635%. Los casos detectados de SIDA, anualmente en mujeres, aumentaron de 35 en 1991 a 176 en 2002, mientras que existe un subregistro estimado de un 40-50%. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la distribución por sexo de esta enfermedad es de 1.6 hombres por cada mujer infectada y el grupo de edad de los 15 a los 39 años representa el 67.1% de los casos. Hasta diciembre de 2003 la incidencia de casos de VIH/SIDA entre los adolescentes de 12 a 24 años era de 2,464 casos, de los cuales el sexo masculino es el mas afectado con un 57.9%, seguido por el femenino con un 42.1%”⁴⁸.

La escasa inversión pública ha generado serios problemas de disponibilidad y accesibilidad física y económica de los servicios de salud, de manera que puede afirmarse que El Salvador está incumpliendo sus obligaciones en materia de salud de conformidad con los términos de la observación general 14 del Comité ECOSOC.

Desde el punto de vista económico, no parece haber progresión hacia la plena accesibilidad económica de los servicios de salud, lo cual está convirtiendo a la salud en un privilegio y un lujo. “El tema de la accesibilidad económica es sin duda el más crítico y complejo de la situación del sistema de salud en El Salvador... Todos los actores sociales coinciden en que la falta de compromiso de financiamiento público, los dispares gastos per cápita de las instituciones estatales y el recargado gasto privado en salud, revelan la falta de equidad financiera en el sector salud y que el co-pago se ha convertido en parte de las barreras económicas”⁴⁹.

Derecho a la educación

Al igual que en el derecho a la salud, los indicadores sobre educación presentan algunos progresos en la última década. Sin embargo, debe dejarse claro que los indicadores de matrícula neta en la primaria y el de alfabetismo se encuentran aún en niveles por debajo de los del grupo de países con ingresos similares a El Salvador. Lo mismo sucede con los indicadores de matrícula bruta de preprimaria y secundaria.

“En cuanto a la calidad educativa, los indicadores son recientes ya que el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA), que evalúa el dominio de competencias en cada asignatura, fue aplicado por primera vez en 2001 para los estudiantes de básica, y en 2002 para los estudiantes de secundaria. Aunque no se puedan observar tendencias, las pruebas revelan niveles relativamente bajos de rendimiento escolar. Un buen porcentaje de alumnos no logran más que un rendimiento bajo: en lenguaje, entre 37% y 40% de los alumnos cae en este nivel de aprendizaje; en matemática, entre 43% y 56%; en ciencias, entre 26% y 44%; y en sociales entre 36% y 50%. Otra parte importante obtuvo un rendimiento medio, mientras que el rendimiento alto es únicamente alcanzado por una porción reducida de alumnos. En cuanto a la calidad educativa, aunque los indicadores son recientes y no se puede observar la tendencia, los actuales muestran un rendimiento relativamente bajo de los alumnos en todos los niveles de educación”⁵⁰.

Para la Procuraduría de Derechos Humanos, el sistema educativo nacional arrastra graves debilidades cualitativas que no pueden ser ocultadas. “Si bien los datos oficiales muestran incremento en la matrícula de primaria y algunas perspectivas de disminución de las tasas de analfabetismo, no existen avances significativos en términos cualitativos, como lo demostraron los magros resultados en la Prueba de Aprendizaje y Actitudes para los Egresados de Educación Media (PAES) que evidencian la persistencia de graves deficiencias educativas en la población estudiantil y de una suerte de analfabetismo funcional en el que los criterios analíticos y críticos no se están fomentando en la juventud, respecto a su conocimiento académico y a su realidad. La sobreedad y la deserción escolar también son expresión preocupante de este panorama y frente a esta realidad, las nuevas tecnologías, un idioma distinto y un mayor nivel de exigencia en las materias exactas encontrarán pocas posibilidades de consolidarse, si no se resuelven previamente y de manera responsable”⁵¹.

Pese a que, en comparación con los presupuestos de inicios de la década de los 90, las asignaciones presupuestarias al ramo de educación han sido incrementadas, debe reconocerse que la inversión pública en educación continúan siendo insuficientes. Sólo así se explica la deficiente situación de la infraestructura educativa, que no brinda un ambiente pedagógico adecuado en la mayoría de los centros escolares públicos; la enorme masa de docentes desempleados; los bajos salarios de las y los profesores; y la deficiencia en tecnología educativa.

La política de inversión educativa del Gobierno se propone, únicamente, incrementar dicha inversión en apenas un 1.2% respecto al Producto Interno Bruto, en cinco años, incluyendo los fondos propios y la cooperación externa que pueda obtenerse para este fin, pese a la necesidad de satisfacer las diferentes demandas y las nuevas que surgirán en el marco de implementación de la política⁵².

X. Migrantes

En la actualidad se estima que 2.7 millones de salvadoreños/as residen en los Estados Unidos, el gobierno de ese país ha dado oportunidad a quines pudieron comprobar que huían de la guerra, a quienes huyeron por los dos terremotos del 2001 y estudia en la actualidad extender consideraciones a quienes huyeron afectados por la tormenta Stam. De 400,000 que se inscribieron para solicitar el TPS, unos 250, 000 resultaran beneficiados hasta en septiembre del 20006, otros 30 que no calificaron son ahora buscados para ser deportados.

No existen datos definitivos, se pero se estima que quines viven en los Estados Unidos representan un 40% de la población que vive en El Salvador de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores para 2002. En su mayoría son personas que no encontrón oportunidades de estudio ni de empleo en su país y que se dedican a los servicios de limpieza y mantenimiento (camareras, las mujeres, y obreros, los hombres), y que ganan 10 veces más que un salvadoreño promedio. Son personas que han encontrado un nuevo país y que pueden llegar a tener una calidad de vida sesenta veces superior que la que tendrían en El Salvador.

Como una situación constante y en crecimiento, cientos de salvadoreños y salvadoreñas, ante las adversidades internas y la ausencia de oportunidades, se aventuran diariamente en busca del llamado sueño americano. Encuestas realizadas por la Universidad Centroamericana, revelan que más del 60% de la población entrevistada estaría dispuesta a emigrar. Situaciones como el alto costo de la vida, la pobreza en las zonas rurales, el desempleo y la delincuencia no dejan espacio al optimismo.

Según datos del Banco Central de Reserva⁵³, las remesas enviadas al país durante el año 2004, sobrepasaron los 2, 500 millones de dólares, con un incremento de más de 400 millones con respecto al año anterior, para el 2005, el país recibió en concepto de remesas, $ 2, 833, 000. Esto representa cerca del 17% del PIB y un 64.7 % del total de las exportaciones (café y maquilas). Sin embargo, muchos estudios ponen en evidencia que la mayoría de este ingreso es en un alto porcentaje destinada al consumo de bienes y servicios (85%) y coadyuvan de cierta manera a aliviar la situación de pobreza.

En los diversos puntos fronterizos entre el país vecino y México se registra la mayoría de incidentes. Foto Juan de Dios García

La salida de cientos de salvadoreños diariamente no parece encontrar límites a pesar de las drásticas medidas que está implementando el gobierno de los Estados Unidos luego de los atentados en Nueva York del 11 de septiembre. Mientras las políticas económicas y sociales no sean incluyentes y se trabaje por una democracia más participativa y transparente, los y las salvadoreñas seguirán entendiendo que la única posibilidad de vivir dignamente es marchándose para el norte, a pesar de esta migración constante y creciente los gobiernos han sido incapaces de articular una política nacional migratoria, ni la empresa privada ni los partidos políticos proponen novedades.

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Un grupo de centroamericanos es conducido a un centro de detenciones en Arizona, Estados Unidos. Foto: AP

nos 1000 compatriotas salen diariamente del país en busca de oportunidades hacia Estados Unidos, durante el 2005 la Patrulla Fronteriza de los EEUU detuvo y expulsó a 39, 307 y en lo que va del nuevo año fiscal 2006, hasta la mitad de enero han detenido a 12, 700 compatriotas sin documentos en territorio estadounidense.

Solo durante 9 meses del año pasado (enero-sep), fueron capturados en territorio mexicano y deportados a El Salvador, 34, 287 compatriotas, más 1, 484 menores de edad, durante el 2003 fueron deportados 28, 318, experimentando un crecimiento de deportados en un 25% aproximadamente.⁵⁴ 70 % de los deportados intentan la travesía nuevamente una y más veces.

XII. Derechos Laborales en Maquilas.

En el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, en abril de 2005 se presentó el “Libro Blanco” donde “las principales observaciones del informe se centran en despidos y tratos discriminatorios a sindicalistas, dudas en el Ministerio de Trabajo en cuanto al registro de sindicatos, exigencias de pruebas de embarazo para contratación o cesantías e ineficiente aplicación de la ley en las zonas francas. También registra que hace falta mayor presupuesto para la modernización del Ministerio de Trabajo, así como para capacitar a los tribunales laborales e instruir a los trabajadores sobre sus derechos.”⁵⁵ Especial énfasis merece el derecho a la sindicalización. El mismo documento expresa: “Existen preocupaciones respecto a los recursos legales, en los casos de despidos ilegales de dirigentes sindicales y prácticas antisindicales en la contratación, o listas negras. “⁵⁶

Al respecto, el Libro Blanco recomienda “Auspiciar foros públicos en empresas y zonas francas, para que empleadores y trabajadores entiendan la ley y la política de protección de los dirigentes sindicales.”⁵⁷. También manifiesta que, “Subsisten dudas sobre la transparencia y el funcionamiento de los procedimientos implementados por el Ministerio de Trabajo, para el registro de sindicatos. […] También sugiere reformar el Artículo 211 del Código de Trabajo, para reducir el mínimo de trabajadores requeridos para constituir un sindicato, y enmendar el Artículo 248, para disminuir el plazo de seis meses impuestos para volver a solicitar el registro de un sindicato, si inicialmente fue rechazado.”⁵⁸

Con este futuro incierto para los trabajadores y trabajadoras de maquilas en El Salvador, muchos se verán obligados a migrar en busca de mejores condiciones de vida, debido a que la desregulación y flexibilidad laboral exigirá mayor capacitación y profesionalismo. Lamentablemente la mayoría de las personas que laboran en maquilas carecen de educación profesional que les permita acceder a una mejor situación laboral. Producto de esta falta de formación académica es que muchos hombres y mujeres deben aceptar puestos de trabajo donde situaciones como accidentes de trabajo están a la orden del día: muchos empleados y empleadas pierden miembros de su cuerpo por la falta de capacitación previa y por la ausencia de medidas de protección y seguridad en las plantas de trabajo.

A lo anterior se suma situaciones de despidos arbitrarios, no pago de indemnizaciones, incumplimiento en las cotizaciones del Seguro Social y del Fondo de Pensiones y falta de seguridad en el trabajo en las empresas maquiladoras. Al parecer, las figuras de la Dirección General de Inspección del Trabajo y la Dirección de Seguridad Social que contempla la Ley de Organización y Funcionamiento del Sector Trabajo y Previsión Social solo existen teóricamente. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social únicamente se escuda en que “constantemente se monitorea a las maquilas para constatar que todo esté bien.”⁵⁹ “El Viceministro de Trabajo rechazó […] que en las maquilas salvadoreñas se vulneren los derechos laborales de los trabajadores.”⁶⁰

En el seguimiento a los casos concretos de violaciones a derechos laborales, se sigue constatando la ausencia patronal a las diferentes citas judiciales en los respectivos procesos. En la mayoría de estos, se ha declarado rebelde al sujeto pasivo (o patrono) por no contestar la demanda. La mala organización del Sector Justicia en El Salvador coadyuva a que exista una mora judicial y que los trabajadores y trabajadoras desistan a seguir un proceso ante una instancia judicial porque saben en la situación vulnerable en la que se encuentran: los patronos nunca asisten a las diferentes audiencias, dan las ordenes a sus apoderados judiciales para no llegar a ningún acuerdo favorables con el ex trabajador o trabajadora, muchas veces los testigos que se presentan son intimidados por la parte demandada y se contradicen en sus declaraciones.

Esto hace que la probabilidad de llegar a obtener una sentencia satisfactoria decrezca y que el nivel de denuncia para hacer valer las garantías fundamentales del trabajador y trabajadora, sea tremendamente bajo.

En cuanto a las inspecciones que realiza El Ministerio de Trabajo en las empresas, estas no pasan de ser meras inspecciones de rutina en las cuales es casi imposible detectar violaciones a derechos laborales, ya que la mayor parte de las veces, las visitas se concretan con anticipación con los empresarios o jefes de recursos humanos, por lo que a la hora de la inspección, la maquila parece llenar las condiciones requeridas por las leyes de trabajo.

El incumplimiento de los derechos laborales en las maquilas es un hecho, que es influenciado por diversos factores, entre ellos: complejas cadenas de producción, competencia desleal entre los países en cuanto a su oferta, de hecho o de derecho, sobre la flexibilización de normas laborales en las legislaciones nacionales, y las supuestas dificultades de los gobiernos para exigir la aplicación de los derechos laborales fundamentales.

XIII. El Estado de El Salvador y la Justicia Penal Internacional.

Una de las principales características de los derechos humanos es la “Progresividad”, esto implica que conforme las necesidades humanas lo van exigiendo se debe crear la normativa sustantiva, orgánica y procesal que permita el acceso a la justicia internacional cuando las víctimas a delitos de trascendencia internacional no cuentan con un debido proceso y protección judicial en los tribunales nacionales. En ese sentido, debido a que no es posible tener una codificación definitiva del derecho penal internacional y además, la necesidad de que exista un órgano jurisdiccional que haga efectiva la aplicación de sanciones, surge en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas la Corte Penal Internacional.

Este Tribunal Internacional fue creado mediante la adopción del Estatuto de Roma. Su origen se debe a la necesidad de crear una corte con carácter de permanencia en el ámbito del Derecho Penal Internacional que pudiera juzgar individualmente a los responsables de conductas típicas, antijurídicas y culpables de trascendencia internacional. El Tribunal Internacional ad hoc para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Internacional para los crímenes de Rwanda conforman sus antecedentes.

De esta manera, para darle vida jurídica a la Corte Penal se creó el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, en Italia, dentro del contexto de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que este instrumento jurídico forma parte del Derecho Penal Internacional, disciplina en las que se establecen todos los principios, normas, institucionales que tutelan bienes jurídicos internacionales siempre y cuando hayan sido afectados por conductas humanas típicas, antijurídicas, culpables y punibles. Estos bienes jurídicos son integrantes tanto del Derecho Internacional Humanitario como del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Bajo este contexto, es importante que los estados ratifiquen este instrumento internacional ya que hace posible administrar la justicia por violaciones a estas dos ramas del derecho internacional con características y elementos propios que lo diferencian de otros mecanismos de protección de los derechos humanos. Además, como el objetivo principal es lograr justicia –de la que dependen la vigencia de otros derechos- y consecuentemente la reparación y sanción de los daños causados es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional no admite reservas de ninguna clase: el Estado que se adhiere lo acepta íntegramente sin excepción alguna.

La creación de este tribunal internacional representa un avance en materia de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos porque la Corte Penal se convierte en una institución de carácter permanente y complementario de las jurisdicciones penales nacionales. El distintivo de este mecanismo de protección radica en que juzga a personas individualmente consideradas y no a Estados como ficción jurídica.

Por otra parte, muchos son los Estados que a nivel mundial han ratificado el Estatuto de Roma. El Salvador es la excepción. Su justificación se basa en que algunas disposiciones de este instrumento internacional riñen con el contenido de ciertas disposiciones constitucionales como las siguientes cuestiones:

• El Estatuto de Roma contempla la pena perpetua y la Constitución de la República de acuerdo al Artículo 27 inciso 2 prohíbe dicha circunstancia.

• Según funcionarios del Estado salvadoreño, las actuaciones que desempeña el Fiscal de la Corte Penal Internacional son contrarias a las establecidas para el Fiscal General de la República de conformidad al Artículo 193 de la Constitución de la República.

• El Estatuto de la Corte Penal Internacional no establece el antejuicio y la Constitución de El Salvador sí lo toma en cuenta en el Artículo 236.

• Muchos de los delitos que establece este instrumento internacional ya han sido perdonados a través de la ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz (1993) y que por lo tanto no surten efectos en El Salvador.

En razón de estos argumentos, léase acciones para el encubrimiento y la impunidad, diferentes instituciones de la sociedad civil que priorizan el tema de los derechos humanos se han organizado para conformar la Coalición Salvadoreña para la Corte Penal Internacional (CSCPI). Dentro de esta alianza se encuentra representada la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) que en conjunto con otras organizaciones realizan una serie de actividades encaminadas a la adhesión por parte de El Estado Salvadoreño.

Las actividades ejecutadas se centran especialmente en un cabildeo político con los y las representantes de los diferentes institutos políticos dentro de la Asamblea Legislativa: espacios que se emplean para abordar diversos temas de derechos humanos vinculados con la jurisdicción penal internacional, así como la invitación de especialistas en las disciplinas del Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el objetivo de ilustrar bajo diversas visiones a nuestros diputados y diputadas en cuanto a la importancia de la adhesión al instrumento internacional. Además, se han realizado diversos acercamientos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer la posición oficial del órgano Ejecutivo.

Ante toda esta situación, el Estado de El Salvador demuestra una actitud indiferente al no querer ratificar esta importante herramienta en derechos humanos por falta una actitud y conveniencia política en querer asumir responsabilidades.

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)

Abril de 2006