Los esfuerzos de las personas y organizaciones de los Derechos Humanos por dar con el paradero de miles de sus familiares y amigos desaparecidos de manera forzada han encontrado sistemáticamente a lo largo de 30 años una barrera infranqueable construida por la impunidad de los responsables y la complicidad gubernamental. Nada se ha hecho a pesar de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de las reiteradas llamadas de la Comisión Interamericana y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Recientemente, por vez primera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia en el primer caso en que el Estado salvadoreño es llevado ante dicho tribunal internacional por su responsabilidad en la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, dos menores de edad desaparecidas en 1982 mientras el ejército ejecutaba operaciones de limpieza en la zona norte del departamento de Chalatenango. La sentencia obliga al Estado a ejercer acciones encaminadas a establecer el paradero y la suerte de las dos menores de edad, a reparar económicamente a la familia de las menores, a declarar un día nacional en memoria de los niños y niñas desaparecidas y a solicitar públicamente el perdón por este hecho, también obliga al Estado a crear una Comisión Nacional para iniciar la búsqueda de cientos de niños arrebatados a sus familias en el calor de los combates contra insurgencia. Una muestra de respeto a las víctimas, de respeto al derecho internacional de los derechos humanos y de respeto a una vocación democrática, vendría a ser el acatamiento de la sentencia en el plazo estipulado sin excusas, el gobierno actual debe pedir perdón y hacer justicia, el plazo vence a finales de septiembre y a la fecha no ha habido más que reparos. La desaparición forzada de personas ha sido calificada por el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, supone el sufrimiento continuado de la persona desaparecida detenida y la participación del Estado a través de sus funcionarios quienes utilizan recursos del Estado para realizar este condenable delito. El gobierno de El Salvador, a través de sus agentes uniformados y encubiertos, utilizó esta práctica para perseguir a disidentes políticos o simpatizantes de la guerrilla, el método consistió en buscar en sus hogares y centros de trabajo a quienes delatores al servicio de los cuerpos de seguridad señalaban de colabora, formar parte o simpatizar con los insurrectos. De esa manera se ocultaban en la oscuridad de la noche, amparados en los toques de queda, se movilizaban en carros con vidrios oscuros utilizando armamento de uso militar, llegaban a las viviendas de los denunciados, les vendaban, amarraban e introducían en los vehículos, a partir de ahí, la suerte del detenido desaparecido no ha sido aclarada en una gran mayoría de casos, se supone por el testimonio del algunos sobrevivientes que eran llevados a centros de detención de los cuerpos de seguridad o a casa particulares, ahí eran sometidos a intensas jornadas de interrogación, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, posteriormente, un pequeño tribunal militar, en juicio sumarísimo sin derecho a defensa, determinaba la suerte del detenido. En el área rural, la guardia nacional, la policía de hacienda y el ejército detenían a los sospechosos que eran alejados de sus familias para siempre. Mucho se dice de lugares seleccionados para deshacerse de las evidencias, se comentó que algunas personas eran lanzadas vivas desde aeronaves, algunas al mar otras en zonas alejadas donde eran devoradas por las aves de rapiña. Se calcula que unas 8,000 personas fueron detenidas por agentes del Estado y posteriormente desaparecidas, esta situación se mantiene vigente en la actualidad sin que se haya hecho ningún tipo de esfuerzos por aclarar la suerte que han corrido, al menos que sus familias sepan donde fueron arrojados o depositados sus restos para darles sepultura y cumplir con los ritos de duelo que acostumbra la sociedad salvadoreña para con sus familiares. El Estado Salvadoreño a través de sus instituciones no solo ha demostrado no querer investigar ningún tipo de crímenes que involucre a sus agentes y conlleve cierta clase de responsabilidad sino que además ha hecho cualquier tipo de acciones encaminadas a ocultar los hechos, a amparar a los responsables y a perpetuar la impunidad. Cualquier iniciativa de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas se enfrenta al gran muro de la impunidad cobijada por una discutida ley de amnistía, el gobierno se protege bajo el argumento de que no hay necesidad de reabrir las heridas, de que ahora hay que ver hacia el futuro, sin tomar en cuenta sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar a las víctimas y/o a sus familiares las posibilidad de conocer la versad de lo sucedido, de conocer el paradero de miles de desaparecidos, de buscas justicia y castigo para los responsables cualquiera que sea su argumento sobre los hechos, de procurar una indemnización económica y moral y restituir el buen nombre de las víctimas de conformar una comisión nacional para la búsqueda de desaparecidos con mandato legal y facultades suficientes surgidas por Decreto Legislativo. La CDHES se une a las organizaciones que conmemoran este día, se solidariza con los familiares y víctimas u clama justicia contra los responsables. Consideramos necesario un encuentro contra la impunidad en encuentro nacional solidario por la verdad y la justicia que involucre a todos los sectores nacionales que estén interesados en un proceso de verdad, justicia y reconciliación, toso por la memoria de miles y miles de víctimas del odio, del fanatismo y de la irracionalidad. En la actualidad, a consecuencia de pretender cerrar el pasado de manera apresurada y nada inteligente, surgen de la sombra de la impunidad, viejas estructuras organizadas para el crimen, provistas de información, armas y medios, los escuadrones de la muerte resurgen para el exterminio de quienes en juicios sumarísimos son considerados una amenaza para la sociedad y se les aplica la pena de muerte, esas estructuras encuentran sustentación y amparo en ciertos niveles del gobierno, en donde ante la incapacidad de combatir el crimen a través de la legalidad, utilizan el crimen mismo para combatirlo, donde está el esta de Derecho? Donde está el sentido humano de este gobierno? Donde esta el sentido Común? San Salvador, 30 de agosto de 2005. - Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) Miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Organización no gubernamental, acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas con Status II Consultivo y ante el Consejo de Europa.