En días pasados circuló un mensaje que hacía referencia a un fondo que daría Petrobrás para la conservación del Yasuní. El mensaje se refería a un conflicto que existe entre las organizaciones que trabajan en el Yasuní de si ese fondo debía ser manejado por el Ministerio del Ambiente o por una ONG. Las preguntas de fondo que debemos hacernos es si el Estado debe delegar sus obligaciones con la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas a una organización privada, y si las empresas petroleras que operan en áreas protegidas deben financiar la conservación. Las áreas protegidas son un patrimonio de todos los ecuatorianos. Tanto nuestra Constitución como varios acuerdos internacionales reconocen la soberanía que ejerce la Nación sobre su biodiversidad. La delegación de funciones de la administración de áreas protegidas a instituciones privadas, es una delegación de nuestra soberanía. Es entregar a organizaciones, en varios casos internacionales, el manejo de un recurso que ha sido considerado estratégico para el país, creándose enclaves neocoloniales en varias regiones del país. Y son esas organizaciones privadas quienes toman las decisiones sobre las prioridades de conservación, sin contar con el criterio del conjunto de la nación. Por ejemplo, es común entre organizaciones conservacionistas pensar que las actividades petroleras, -si son hechas con tecnología de punta- no provocan daños ambientales a largo plazo, pero consideran que si son un peligro las poblaciones que ha vivido ancestralmente en lo que hoy son las áreas protegidas. Dentro de esta lógica, las organizaciones privadas de la conservación entran en alianzas con empresas que operan en las áreas protegidas. Por otro lado, estas organizaciones hablan de “invertir” en conservación, lo que significa obtener réditos económicos y a corto plazo. Por ello trabajan con la lógica de que las áreas protegidas deben ser rentables, y para ello impulsan proyectos como la venta de servicios ambientales y otros. Los autores del mensaje mencionado aducen que en el Estado hay muchos elementos corruptos, lo cual es imposible negar, pero ¿quién nos asegura que estas organizaciones privadas no lo son? ¿A quién rinden cuentas estas organizaciones? Nuestro sistema legal tiene varios mecanismos de rendimientos de cuentas desde el Estado a la sociedad. En este caso, el Ministerio del Ambiente tiene la obligación de dar cuentas sobre la administración de las áreas protegidas a la ciudadanía. Pero, ¿cómo podemos exigir rendimiento de cuentas a una organización privada? ¿Cómo una organización privada toma las decisiones sobre las prioridades de la conservación? Como ciudadanos podemos interponer demandas en las Cortes del país cuando el Estado no cumple con sus responsabilidades con la conservación. ¿Qué podemos hacer con organizaciones privadas? Un problema más complejo es que las empresas petroleras se conviertan en financistas de la conservación. El que una empresa que va a causar destrucción de un área protegida entregue fondos para la conservación, es una forma de verdear su imagen. Pero no debemos olvidar que los fondos que entrega la empresa, es un dinero de todos los ecuatorianos, pues las empresas trasladan este tipo de gastos al Estado. Si el fondo va al Ministerio del Ambiente podría ser interpretado como una manera de facilitar los procesos de aprobación de las licencias ambientales que la empresa necesita para operar. Si el fondo va a organizaciones privadas, estas estarían prestándose al juego de las empresas de mejorar su imagen. Pero el problema de la conservación persiste. Petrobrás seguirá extrayendo petróleo de un Parque Nacional, generando grandes cantidades de desechos contaminantes. El Parque estará atravesado por una carretera y las maquinarias seguirán produciendo un ruido que espantará la fauna. A cambio, un grupo de organizaciones recibirán un puñado de dólares que en realidad son del pueblo ecuatoriano. Si las organizaciones tendrían un verdadero interés en la conservación, deberían trabajar por tener un Ministerio del Ambiente fuerte, con poder político y con derecho de dirimir a favor de la naturaleza y no de los negocios, en el que no sea posible la presencia industrias extractivas en áreas protegidas. Hoy que vivimos nuevos aires; aires esperanzadores y que demandan de una refundación de la Nación estamos en la obligación por la construir de un Estado que represente los intereses del pueblo.