El informe del subcomité del Senado estadounidense que sacó a la luz las cuentas secretas de Pinochet en Estados Unidos, demostró que el ex general era cliente premiun del Riggs Bank de Washington y que su final puede ser similar al de Al Capone: detenido por evadir impuestos y no por sus numerosas acusaciones criminales. El subcomité actuó con amplios poderes de investigación, en el marco de la vigencia del acta patriótica, donde el perjurio o el ocultamiento de información es severamente castigado. De su informe se pudo conocer que Pinochet depositó en el citado banco la suma de ocho millones de dólares y títulos por numerosos inmuebles, cuyos montos ascienden a dos millones de dólares. Según la investigación oficial estadounidense, el Riggs actuó por largo tiempo como banquero personal de Pinochet y deliberadamente lo ayudó en la tarea de ocultar y trasladar sus fondos cuando él estaba sujeto a investigación y se hallaba vigente una orden judicial internacional de congelar sus fondos. Es decir, que fue cómplice de todas las actividades ilícitas del ex general, le creó empresas fantasmas y envió sus propios ejecutivos a entregar cheques a Chile. Según los antecedentes recopilados en Estados Unidos, entre 1994 y comienzos del 2002, Pinochet transfirió cerca de dos millones de dólares desde el Riggs a otras dos cuentas bancarias conjuntas a nombre de él y su esposa, abiertas en dos bancos estadounidenses, cuyos nombres no fueron revelados por el momento. Los balances financieros también muestran desvíos de importantes partidas de dinero desde los fondos de Pinochet en el Riggs a una cuenta a nombre de Marco Antonio Pinochet y a dos cuentas a nombre de la mayor de las hijas del ex general abiertas en una sucursal de Miami del Citibank. En una ofensiva con más posibilidades de triunfar que aquellas acusaciones por violaciones a los derechos humanos que lo tuvieron detenido en Londres, la abogada Carmen Hertz lo ha denunciado recientemente por fraude al fisco, exacción ilegal y cohecho. En su presentación indica que las cuentas de Pinochet representan la prueba, que a la violación institucionalizada de los derechos humanos durante la dictadura militar se unió el saqueo de gran parte de las empresas estatales. Y, por lo tanto, la absoluta falsedad de una premisa poco discutida, según la cual los cuerpos castrenses chilenos asumieron una supuesta austeridad y transparencia en materia de administración general del Estado durante los 17 años que usurparon el poder. Por el contrario, según afirma la abogada, "la investigación del subcomité del Senado estadounidense reafirma nuestra convicción, y la de todos los chilenos, de que la dictadura militar significó también la presencia de una corrupción generalizada que ha comenzado a develarse". Inclusive el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra, por supuesto enriquecimiento ilícito, dando inicio en agosto último a una investigación destinada a determinar si los fondos provienen de "donaciones amigas", tal y como lo alegó un parlamentario amigo del ex general, o si son producto de manejos fraudulentos en el Ejército. Resulta así paradojal que quien comandara una política de exterminio contra un sector de la población de su país, cuestión mucho más grave que los fraudes y enriquecimientos ilícitos que ha realizado, enfrente la posibilidad de ser condenado no por los primeros, sino como consecuencia de sus desfalcos y latrocinios. Mientras tanto, el pasado fin de semana, el juez Juan Guzmán Tapia interrogó al ex dictador Augusto Pinochet en relación con su participación en la "Operación Cóndor", aquel consorcio multinacional que unió a los servicios de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur con el objeto de eliminar a sus opositores en los años 70. Esta fue la segunda vez que Pinochet enfrentó al juez en una situación similar, después de que en enero del 2001 lo interrogara y dictara su procesamiento por los crímenes de la "Caravana de la muerte", una comitiva militar que recorrió el país por orden suya en setiembre y octubre de 1973, ocasionando la muerte de muchos disidentes políticos. Ese primer proceso, sin embargo, quedó archivado en julio del 2002, cuando la Corte Suprema determinó que Pinochet padecía una demencia moderada que le impedía defenderse ante los tribunales. En esta última oportunidad, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de los abogados del ex general para volver a suspender el interrogatorio. Pronto a cumplir sus 89 años de edad, el general debe rendir nuevas cuentas ante la Justicia chilena. Mientras tanto, el juez de la audiencia madrileña, Baltasar Garzón, sigue al frente del sumario que lo tiene como principal sospechoso de actos de genocidio, terrorismo y torturas. Por delitos patrimoniales o crímenes contra la humanidad, lo cierto es que en estos días parece cerrarse el cerco de una impunidad controvertida. * Martín Lozada es Juez Penal - Profesor de Derecho internacional Público, Universidad Fasta, Bariloche- Argentina.