Documento Exclusivo de Codhes, Área de Grupos Étnicos

En esta cárcel, en este campo de concentración, en esta encomienda en que han transformado nuestros territorios, nos morimos de hambre, de desnutrición, de falta de vacunas y atención médica, de miedo, de incertidumbre, de soledad...[1]

1. Una mirada general a la situación de los pueblos indígenas del país, durante los primeros 6 meses del año, pone en evidencia la estrechez territorial a que están siendo sometidos, debido a que han sido convertidos en los escenarios más agudos del conflicto. En sus territorios confluye la disputa territorial entre la FFAA, Guerrillas, grupos paramilitares y grupos armados de delincuencia común. Esto ha generado la pérdida de gobernabilidad; la restricción del acceso a los espacios sagrados y/o a la posibilidad de celebración de rituales tradicionales que sirven para asegurar su pervivencia cultural y biológica.[2]

2. El balance no puede ser más incierto, el 57% de los pueblos indígenas del país está siendo afectado directamente por el conflicto armado, además de las fumigaciones aéreas con glifosato en el marco del Plan Patriota, de la implantación legal e ilegal de megaproyectos y de la ausencia de políticas sociales enfocadas al fortalecimiento de la sociedad civil. El confinamiento resulta ser el problema más grave, uno de cada 3 indígenas padece este tipo de restricciones impuestas por los actores armados.

3. Los estimativos ponen en evidencia el efectivo irrespeto del pacto de cese al fuego propuesto por las AUC, durante el tiempo en que se han adelantado las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, al registrarse su presunta responsabilidad en mucha mayor proporción que la de los demás actores armados. Los estimativos señalan el incremento de las acciones de la Fuerza Pública en contra de la población civil; lo que parece confirmar las denuncias permanentes de los pueblos indígenas sobre el desarrollo de una sola estrategia de aniquilación por parte de estos actores armados.

4. Contrario a las tendencias anteriores, los datos muestran una aparente disminución del accionar bélico de las Farc, aunque no por ello ha dejado de impactar negativamente la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. Por último, parece presentarse una reducción de los delitos cometidos contra los pueblos indígenas del país por parte del ELN, al parecer por una disminución de las acciones bélicas.

5. Durante este primer semestre fueron 336 eventos que involucraron Violaciones de los derechos humanos (77), Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (88), acciones bélicas (12), además de los eventos de Desplazamiento Forzado Interno (24) y las múltiples estrategias de Confinamiento de que han sido víctimas de muchas comunidades.

6. Los estimativos sobre infracciones al DIH, sin contar los eventos y personas en situación de desplazamiento ni aquellas que han sido objeto de prácticas de confinamiento, arrojan un total de 46 infracciones. En estas predominan los ataques o bombardeos indiscriminados, como los realizados en territorio Nasa (Cauca), Awa (Nariño) y Wiwa (La Guajira); las Incursiones Armadas; las amenazas, las masacres y los ataques a bienes culturales, como los realizados contra los cementerios Wayúu y los lugares sagrados del pueblo Wiwa (ambos en La Guajira), que en conjunto constituyen el 69% del total de dichas infracciones.

7. La información procesada muestra que 5 de cada diez de estos eventos no presenta un responsable específico (53%). La distribución de la información señala que las AUC emerge como el presunto autor de la mitad de las violaciones e infracciones registradas (50%), seguido por la Fuerza Pública (34%), las Farc (15%) y el ELN con menos del 1%. Tomadas en conjunto muestran que los departamentos más afectados son Cauca (10%), Caquetá (8,8%), Chocó (8,6%) Valle del Cauca (8,3%), La Guajira (7,7%) y Vaupés (7,4%). Se estima que 67% de los hechos violentos perpetrados durante el primer semestre del 2004 se concentró en 10 pueblos indígenas, que en su orden son: Embera, Nasa, Embera Chamí, Wiwa, Embera Katío, Kankuamo, Pijao, Guahibo, Wayú y Awa.

8. Del conjunto sobresalen tres tipos de hechos violentos que representan el 52% del total: 1. el Confinamiento (35,6%), 2. los Homicidios (8,9%) y 3. el Desplazamiento Forzado Interno (7,6%). Este último superó en dos veces la cifra del año anterior. La comparación general de los departamentos indica que se concentraron principalmente en la Cuenca del Pacífico, la Amazonia, el Suroccidente y Nororiente del país.

9. La distribución en los tres departamentos más afectados se registra de modo diferente. En el Departamento del Cauca los Ataques o bombardeos indiscriminados alcanzaron el 18%, el Confinamiento el 15%, y los Homicidios y el Desplazamiento Forzado Interno un 12%, lo que constituye una muestra fehaciente del irrespeto a los principios de distinción y proporcionalidad del DIH, y dan cuenta de la estrategia usada por los actores armados para controlar los territorios indígenas. En esta región, en 5 de cada 10 eventos la Fuerza Pública aparece como el presunto responsable, seguido lejanamente por las FARC (12%) y las AUC (9%).[3]

10. En el departamento del Caquetá, donde actualmente se desarrolla el Plan Patriota, las comunidades se recienten principalmente por el confinamiento (70%), seguido muy lejanamente por el desplazamiento forzado (7%) y las amenazas colectivas (3%). En el departamento del Chocó, las expresiones del conflicto armado corren paralelamente con diferencias no muy amplias entre sí, estas se relacionan con los ataques a bienes culturales o lugares de culto y el uso de las comunidades como Escudos humanos (18%); en segundo lugar, con el Confinamiento, el Desplazamiento Forzado Interno y la Difamación pública (11%); y por último, con las Amenazas individuales, los ataques o bombardeos indiscriminados y los combates o enfrentamientos armados dentro los territorios indígenas (7%).

11. Durante este primer semestre, el desplazamiento forzado interno registra una tendencia al aumento respecto del año inmediatamente anterior. Se estima que 9376 personas, pertenecientes a más de 13 pueblos indígenas se vieron obligadas a abandonar sus lugares habituales de residencia, lo que evidencia un aumento del 50%. Esta cifra supera en un 261% el estimativo presentado por la ONIC[4] sobre el año 2003 (3583 personas). Fueron mujeres y hombres de 35 comunidades, asentados en 23 municipios. Así mismo se presenta un incremento de los departamentos afectados, del 25% al 35% del total (12).

12. Las tasas de expulsión departamental por cada 100 mil habitantes, pone en evidencia el mayor impacto en Arauca y Magdalena, que superan en doce veces la tasa nacional. Todo lo anterior corrobora el incremento señalado por Codhes, de la tasa nacional de desplazamiento forzado de los últimos seis meses, cifra tres veces mayor que la de diciembre del 2003, así como el incremento en la tasa de los departamentos fronterizos con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.

13. Por último, es importante señalar que dichos desplazamientos tienen una característica común: son, en su inmensa mayoría, éxodos masivos de población, debido a la respuesta colectiva, a la resistencia civil y pacífica que implementan los pueblos indígenas colombianos frente al conflicto armado. Esto indica que la mayoría de los desplazamientos unifamiliares, intracomunitarios, e individuales no aparezcan registrados; entre otras cosas por el temor a las represalias de que puedan ser objeto.

14. Durante el primer semestre del 2004 el confinamiento aumentó, según la ONU sólo en la cuenca del Río Atrato en el departamento del Chocó, son 180 mil los pobladores confinados, de los cuales 20 mil son indígenas y los restantes pertenecen a comunidades negras. Sin tener en cuenta lo anterior, el estimativo ascendió a 237158 personas indígenas confinadas, lo que representa un crecimiento que triplica las cifras del año anterior.

15. La distribución departamental por cada 100 mil habitantes, muestra que el 57% de los departamentos afectados son fronterizos. Exceptuando al Amazonas, todos los demás departamentos en zonas de frontera están padeciendo el confinamiento. Fueron 52 pueblos (cifra que corresponde al 57% del total) y 21 de los 32 departamentos del país (66%). Los estimativos de los departamentos más afectados oscilan entre las 15 y 30 mil personas, y el conjunto de los 6 principales representan el 61% del total. Los pueblos más afectados son en su orden los Embera Chamí (14%), los Nasa (13%), Los Wayúu (11%), Los Pijao (7%) y los Awa (6%).

16. Muchas comunidades y parcialidades de la mayor parte de estos pueblos son desplazadas y luego confinadas en territorios de comunidades adyacentes. Este desplazamiento entre comunidades aumenta la presión demográfica, satura los ecosistemas, fomenta nodos epidémicos y fractura las formas de organización social, cultural, económica y política de pueblos enteros. Esta asociación o complementariedad en las estrategias de repoblamiento y control de los actores armados cobra cada día mayores dimensiones.

17. Dadas las características del poblamiento indígena (y afrocolombiano) en el país, orientado al manejo de distintos nichos ecológicos, mediante una distribución espacial por cuencas (o subcuencas) y posicionamientos geoestratégicos, en un orden territorial ramificado, hay comunidades que son políticamente y espacialmente más funcionales que otras; en primer lugar porque sirven de entrada y salida de vastas regiones, en segundo lugar, porque son las principales ‘zonas de contacto’ con la sociedad no indígena. En este sentido, el confinamiento de estas poblaciones provoca un efecto de control múltiple, anulativo, en forma de progresión geométrica dentro del territorio. Es decir, el control de pocas comunidades ubicadas en los puntos más estratégicos parece ser la base de controles más amplios que abarcan resguardos, cuencas y ecosistemas completos.

* Las afirmaciones, análisis y conclusiones son de autonomía y responsabilidad exclusiva de CODHES. Documento elaborado bajo la coordinación académica de Diego F. Henao A. y la participación de María Angélica Gómez; con el concurso de las personas que integran el Observatorio sobre Conflicto, DD.HH y Desplazamiento de CODHES.

ANEXOS