Venezuela: 4 – 14 de abril de 2002
Del choque de trenes al programa mínimo
15/04/2002
- Opinión
Entre el 4 y el 14 de Abril de 2002 la sociedad venezolana ha vivido una
sacudida política de dimensiones comparables a un choque de trenes de alta
velocidad. Convertir esta sacudida en aprendizaje para el futuro requiere una
reflexión colectiva que comienza por intentar la comprensión de lo sucedido y
hacer sucesivos análisis para comprender sus implicaciones. Estas líneas se
escriben a pocas horas de la re-instalación de Hugo Chávez en la Presidencia de
la República, cuarenta y ocho horas después de su derrocamiento, cuando la
sociedad venezolana empieza a tomar conciencia de lo sucedido y sacar sus
consecuencias.
I. ¿Qué pasó?
El desarrollo del conflicto planteado por un importante grupo de ejecutivos de
todos lo niveles con el Gobierno de Hugo Chávez por el nombramiento a finales de
febrero de una Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sin respetar la
tradición de ascensos de la industria e imponiendo Presidente y directores
externos afectos políticamente al Presidente, llegó a un punto muerto por la
negativa del Gobierno a negociar alternativas de recomposición de la Junta
Directiva, el fracaso de un intento de mediación parlamentaria y la jubilación
forzada o destitución de altos ejecutivos. Los ejecutivos de PDVSA radicalizaron
el conflicto declarando un paro de la industria petrolera hasta que fuese
sustituida toda la directiva de la industria y nombrada otra con criterio
meritocrático. Esta fue la oportunidad para que la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV) convocara una huelga general anunciada semanas antes para
presionar al Gobierno a su reconocimiento como representantes legítimos del
sector obrero e iniciar la negociación de la contratación colectiva. El llamado
a huelga contó con el inmediato apoyo de la Federación de Cámaras de Comercio y
Producción (FEDECAMARAS). Se sumaron a la iniciativa diversas organizaciones de
la "sociedad civil" y partidos políticos de la oposición.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar: comenzó el jueves 4 de abril con un
mensaje del Vicepresidente Ejecutivo por cadena nacional de radio y TV,
resaltando el derecho del Gobierno a nombrar la directiva petrolera e invocando
el "principio de autoridad" para imponer su acatamiento. Siguió con la
expulsión, directamente por Hugo Chávez, en una forma despectiva y burlona, de
siete altos ejecutivos de PDVSA, voceros de sus compañeros, en el programa de
radio y TV, "Aló, Presidente, el domingo 7 de abril.
La huelga comenzó con un paro de 24 horas el martes 9 de Abril cuyo éxito fue
relativo pues no paró el transporte, abrieron numerosos comercios y oficinas, la
industria petrolera siguió trabajando a mitad de su capacidad. Sin embargo, los
intentos del Gobierno de neutralizarlo obligando a las televisoras y estaciones
de radio a trasmitir "en cadena" mensajes gubernamentales de unos diez minutos
cada media hora con los que se quería presentar una imagen de "normalidad" del
país, por tanto, el fracaso del paro, provocó la reacción de los medios de
comunicación, de buena parte de la sociedad venezolana y una rapidísima
intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo al
gobierno el respeto a la libertad de expresión. Ese mismo día, la concentración
de apoyo al gobierno, encabezada por el mismo Presidente Chávez, reunió muy
pocas personas en fuerte contraste con la de los opositores que convocó un mayor
número alrededor de una de las sedes de PDVSA (Chuao).
Los convocantes de la huelga decidieron prolongar por otras 24 horas el paro
general. Este segundo día fue mayor el paro y se produjeron manifestaciones
cívicas en varias partes del país, además de escaramuzas en varias instalaciones
petroleras por los intentos del gobierno de evitar su paralización, efecto
logrado a medias. Se declaró entonces el paro general indefinido hasta la
renuncia de la directiva de PDVSA que rápidamente se transformó en el objetivo
político de forzar la salida de Hugo Chávez de la Presidencia y la sustitución
de su gobierno por uno de transición.
Para el tercer día se convocó una marcha hasta las sede de PDVSA-Chuao que
resultó multitudinaria (se calcula entre 400 y 500 mil personas en la calle de
una ciudad de 4 millones de habitantes). Al calor del éxito de la marcha, los
cabecillas de la CTV y Fedecámaras consideraron que estaban dadas las
condiciones para provocar una mayor confrontación con el Gobierno. Invitaron a
continuar la marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la
República, a unos ocho kilómetros, atravesando la ciudad de este a oeste. Las
fuerzas de apoyo al Gobierno, respondieron de inmediato convocando a los
"círculos bolivarianos" y todos sus simpatizantes a "defender" el Palacio
concentrándose a su alrededor.
La tensión fue creciendo a medida que se acercaba la multitudinaria marcha al
Palacio de Miraflores, rodeado a su vez de varios miles de simpatizantes del
Gobierno. Mientras el Presidente Chávez volvía a trasmitir "en cadena" y
obligaba a las televisoras privadas a salir del aire disparos provenientes de
francotiradores apostados en los edificios cercanos, seguidos de más disparos
efectuados por integrantes de los bandos en pugna crearon una situación de
confusión y pánico. Se produjeron más de veinte muertos de bala, varios con
disparos en la cabeza, y decenas de heridos de ambos bandos. La Policía y la
Guardia Nacional actúo con gases lacrimógenos.
A pesar de la prohibición gubernamental los medios de comunicación siguieron
trasmitiendo y grabando lo que sucedía en los alrededores del Palacio desde el
que hablaba el Presidente. El país entero quedó estupefacto ante los sucesos,
reaccionando con indignación y rechazo ante lo sucedido. Al comienzo de la noche
de este 11 de Abril se produce la intervención de la Fuerza Armada argumentando
no estar dispuesta a disparar contra el pueblo o integrantes de las fuerzas
militares o policiales. El Comandante del Ejército, acompañado de un grupo de
Generales y Almirantes, señalando que el Gobierno no fue capaz de evitar la
violencia esa tarde y decidido a evitar que aumente el número de víctimas o la
situación derive en un incontrolable baño de sangre, presiona la renuncia de los
otros miembros del Alto Mando Militar, del Presidente Chávez y de su gobierno.
Unas horas más tarde, en medio de mucha tensión, el Presidente Chávez es
detenido por Generales de la Fuerza Armada, es trasladado a la principal
instalación militar de Caracas en la que se encuentran la Inspectoría General de
la FAN y la Comandancia del Ejército. En medio de una ardua negociación, Hugo
Chávez se niega a firmar la destitución del Vicepresidente y su propia renuncia,
mientras los Generales sublevados le niegan la salida del país con su familia a
Cuba (1).
En la madrugada del 12 de Abril el Comandante del Ejército, General Efraín
Vásquez Velasco, designa a Pedro Carmona Estanga, Presidente de Fedecámaras, que
presidiera un Gobierno de Transición. Al mediodía se anunciaron algunos
Ministros y la decisión de constituir un Consejo de Estado, consultivo, de
Treinta y cinco miembros representativos de la sociedad venezolana.
Algunos ministros del gobierno de Hugo Chávez, así como el Presidente de la
Asamblea Nacional, el Fiscal General de la República y, varios Gobernadores de
Estado, no reconocen el Gobierno transitorio, aduciendo que Hugo Chávez no fue
el autor de la situación de enfrentamiento con disparos a la marcha, sino
miembros de la propia oposición, que no renunció sino fue detenido por la fuerza
y no se siguió la sucesión prevista en la Constitución de 1999. Por otra parte,
el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y uno de los Magistrado,
renunciaron a sus cargos, antes de que los destituyeran por decreto.
Además de la detención de varios de los que dispararon el 11 de Abril,
identificados a través de los videos de la TV, en la mañana del 12 de Abril, se
detuvo, sin seguir las más elementales formas y con saña, al Ministro de
Relaciones Interiores (Ramón Rodríguez Chacín) y a un diputado a la Asamblea
Nacional muy identificado con el régimen (Tarek William Saab). Otros
funcionarios se esconden mientras sus casas y las de sus familiares han sido
allanadas, sin cumplir los mínimos requisitos legales de estos casos. Esa misma
tarde la Embajada de Cuba es sido "sitiada" por grupos anti-cubanos exaltados
que le cortan el agua y la electricidad, impiden el ingreso de alimentos e
intentan sucesivamente penetrar en ella, suponiendo que dentro encontraran
personas del régimen, atentando contra el delicado principio de
extraterritorialidad de las representaciones diplomáticas en todos los países
del mundo. El gobierno de transición, por su parte, no luce con fuerza ni
interés para detener una escalada de venganzas políticas.
A mitad de la tarde queda claro el resultado: un gobierno de facto, sostenido
por el Ejército, dominado por el empresariado, sin presencia obrera o de otros
sectores sociales o políticos. Su primera acción política supone una
interrupción abrupta del hilo constitucional y de los fundamentos de la
democracia a través de un decreto con el que se pretende darle carácter jurídico
a un Presidente, Pedro Carmona Estanga, que ha sido designado sólo por el
Comandante del Ejército y un Alto Mando Militar designado por los militares
sublevados; además, disuelve la Asamblea Nacional, destituye el Tribunal Supremo
de Justicia, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Contralor General;
desconoce todos los cargos de elección popular al darle poder al Presidente para
remover y nombre los gobiernos regionales y municipales. La Constitución de 1999
se "reconoce" como la base del derecho salvo lo derogado en este acto, que son
partes sustantivas de la institucionalidad democrática. La creación de un
Consejo de Estado de carácter consultivo, nombrado también "a dedo",
difícilmente puede considerarse una instancia representativa de la complejidad
de la sociedad venezolana. Se decretó, también, la celebración de elecciones
para una Asamblea Nacional con poderes constituyentes en Diciembre de 2002 y
antes de un año (Abril del 2003) la elección de los demás poderes públicos.
El decreto constitutivo del gobierno de facto tiene una base muy frágil. Sus
"considerandos" no ofrecen basamento jurídico consistente. La designación del
Presidente transitorio y las demás medidas son firmadas por una escasa "élite":
el propio Carmona Estanga y un representante de: la Iglesia Católica (2), Sector
Empresarial, Fedecámaras, Consecomercio, Asociación Bancaria, Medios de
Comunicación Social privados, ONG, Partidos Políticos y Gobiernos
Regionales (3). Estaba prevista la firma de un representante de la CTV quien se
negó a firmar en desacuerdo con los contenidos del decreto y las características
con las que se integra el gobierno provisional.
Por otra parte, a pesar del intento de Carmona de usar un lenguaje democrático,
participativo, social, anticorrupción y moderado en el uso del poder, los
anuncios y la constitución del Gobierno de Transición no dan indicios de que las
transformaciones necesarias para alcanzar la justicia social estén en su agenda,
así como tampoco la organización del pueblo como sujeto de la democracia.
Si hubiera que caracterizar la situación derivada de la detención de Hugo Chávez
y el nombramiento, por parte del Comandante del Ejército, de un Presidente
Provisional, hay que decir que es un golpe de Estado militar, incruento, que
pone como fachada un Presidente civil, con poderes dictatoriales (4), sin otro
contrapeso que la cúpula militar en el ejercicio del poder. Se trató, sin duda,
de una ruptura abrupta del orden constitucional.
El solo anuncio de la conformación del gobierno de transición, fruto del golpe
de Estado, ha producido una ola de críticas de quienes inicialmente apoyaron la
salida de Chávez de esta manera. El sector laboral, especialmente el vinculado a
la CTV, algunos comunicadores sociales, dirigentes empresariales y políticos se
sienten defraudados por el sesgo del gobierno provisional y por haber
irrespetado elementos básicos de la democracia como la división y autonomía de
los poderes públicos contemplados en la Constitución, el respeto a los cargos de
elección popular, la representatividad, los mecanismos institucionales de
participación, etc.
A excepción de los Estados Unidos, ningún país latinoamericano o europeo
reconoció el gobierno provisional presidido por Carmona Estanga. De inmediato se
pensó en la necesidad de invocar la aplicación de la Carta de la Democracia
suscrita por Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos
(OEA). El gobierno provisional quedó, entonces, internacionalmente aislado y los
Estados Unidos bajo sospecha de haber contribuido al golpe de Estado.
En estas condiciones se aceleró la actividad política. El gobierno provisional,
muy debilitado, intentaba completar e instalar el gabinete ejecutivo y demás
instituciones públicas. No logró siquiera conseguir las treinta y cinco personas
que conformaran el anunciado Consejo de Estado, de carácter consultivo. Los
actores sociales y políticos comprometidos con una transición sobre la base del
acatamiento a la Constitución de 1999 se movieron intensamente para revertir el
decreto del Presidente Carmona, restituir la Asamblea Nacional, el Tribunal
Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, así
como el reconocimiento de todos los cargos de elección popular. Una vez derogado
el decreto se proponía convocar la Asamblea Nacional y, con una nueva mayoría
negociada entre las fuerzas parlamentarias, nombrar un poder ejecutivo temporal,
reconstituir los otros poderes y convocar a elecciones en un período no mayor de
tres meses. Todo esto era posible sobre la base de la destitución del
Vicepresidente, a quien le corresponde legalmente suplir las ausencias absolutas
del Presidente, hecha por Hugo Chávez antes de firmar su propia renuncia al
cargo. Como la noche de su detención Chávez, aparentemente, había puesto como
condición para firmar la renuncia que se le permitiese a él y su familia salir
de Venezuela e irse a Cuba y los militares golpistas no se lo habían concedido,
no existía la renuncia firmada, sino sólo el testimonio verbal del Inspector de
la Fuerza Armada (General Lucas Rincón) de que había renunciado. Ante las
presiones, Carmona aceptó derogar el primer decreto y restituir la Asamblea
Nacional y demás poderes públicos. Intentó, además, convencer a Chávez de que
firmara su renuncia concediéndole, ahora sí, la salida del país (5).
Al mismo tiempo tanto las organizaciones populares que apoyan el Gobierno y/o el
proceso (6) que éste representa, como otra mucha gente comenzó a manifestar en
las calles su protesta al golpe de Estado y su reclamo por la reconstitución del
gobierno constitucional elegido por la gente, incluyendo la liberación y el
regreso de Chávez a la Presidencia. Se presentaron diversos tipos de
manifestaciones públicas en varias ciudades del país, algunos disturbios y actos
de saqueo. La represión de la Policía Metropolitana de Caracas produjo, según
cifras de COFAVIC (7), otros diecisiete muertos, varias decenas de heridos y
unos ciento veinte detenidos. Como los medios de comunicación privados se había
puesto de acuerdo para no trasmitir imágenes o información de este tipo de
acciones y el canal del Estado estaba fuera del aire, grupos de activistas pro-
Chávez se acercaron a las principales plantas de TV y agresivamente (8)
exigieron se trasmitiera su mensaje de protesta y su petición de regreso de
Chávez. En varias ciudades del país, además de Caracas, se generó una progresiva
presencia de la gente en las calles, manifestaciones, vigilias y, en algunos
casos, ambiente de saqueos.
Mientras tanto, los militares leales a la Constitución y a Chávez lograron
controlar la mayor parte de las guarniciones y fuerzas militares. Ante la
situación militar que se iba generando, el Presidente Carmona fue llevado a las
instalaciones militares del Fuerte Tiuna, abandonando el Palacio Presidencial de
Miraflores. Esta ocasión fue aprovechada por la Guardia de Honor (encargada de
la custodia del Presidente y mayoritariamente leal a Chávez) para tomar control
del Palacio de Miraflores, reteniendo a los miembros del gobierno provisional y
facilitando la entrada de un grupo significativo de Ministros y funcionarios
públicos del gobierno de Chávez. Desde aproximadamente las tres de la tarde, el
palacio de gobierno estaba ocupado por el gobierno derrocado y las calles
estaban dominadas por la gente adepta al proyecto de Chávez. Al final de la
tarde y comienzo de la noche esa presencia era masiva (9). Se logra, también, la
restauración de la señal televisiva y radial de las estaciones del Estado y el
gobierno de Chávez empieza a comunicarse directamente con la población, informar
de las movilizaciones y anunciar el regreso a la constitucionalidad cuyo primer
paso fue la juramentación por parte del Presidente de la Asamblea Nacional,
William Lara, del Vicepresidente Diosdado Cabello como Presidente temporal de la
República.
Hacia las diez de la noche del sábado 13 de abril, era evidente que la mayoría
de la Fuerza Armada, especialmente los comandos de tropa, rechazaba el Gobierno
Carmona y pedía la restitución de la normalidad constitucional, incluyendo la
restitución de Chávez en la Presidencia. Este grupo logra el control militar del
Fuerte Tiuna, incluyendo las oficinas en las que estaba el Presidente
Provisional y el comando de los oficiales golpistas. Carmona decide renunciar, y
queda a disposición de los militares leales al Gobierno Constitucional (10). De
allí en adelante comienza una dura negociación entre unos y otros que culmina
con la liberación del Presidente Chávez, su regreso a Caracas y su restitución
como Presidente en la madrugada del domingo 14 de Abril.
¿Cuáles fueron los términos finales de la negociación entre las dos tendencias
militares? Hasta el momento no se sabe.
Los medios de comunicación social privados prácticamente desaparecieron desde la
noche del Sábado. La prensa escrita, a excepción de Ultimas Noticias, no circuló
el domingo 14. Las emisoras de radio, a excepción de Fe y Alegría, mantuvieron
una programación dominical sin noticieros. Lo mismo las plantas de TV. Sólo el
canal del Estado (Venezolana de TV) insistiendo en la posición del Gobierno y
haciendo desfilar por sus cámaras a los adeptos al régimen de Chávez. Durante el
día domingo continuaron algunos saqueos o amenazas de ellos en Caracas.
Se anunció una alocución del Presidente Chávez para las 18.00 y no se produjo.
Chávez estaba en Maracay (150 Km. al Oeste de Caracas e importante base militar)
en el Batallón de Paracaidistas. A la medianoche no había información confirmada
sobre su regreso a Caracas ni los motivos por los cuáles no se dirigió al país.
Lo hizo el lunes 15 a través de una rueda de prensa con periodistas
internacionales y nacionales, utilizando un tono conciliador, reconociendo
errores propios y abriendo las puertas al diálogo. Al mismo tiempo anuncio la
sustitución del General Efraín Vásquez Velasco por el General Julio García
Montoya en la Comandancia del Ejército y del General Manuel Rosendo por el
General Verde.
Al Presidente provisional depuesto, Pedro Carmona Estanga, una juez de control
le concedió el beneficio judicial de casa por cárcel mientras se adelanta el
juicio.
II. Elementos para una interpretación
La complejidad y la velocidad de los acontecimientos no hacen fácil una
interpretación del momento. Estas son unas reflexiones preliminares para iniciar
el necesario proceso de análisis de lo sucedido e iluminar cursos de acción
democráticos.
Del choque de trenes a...
Lo sucedido en esta semana, con sus capítulos sangrientos, desde la tarde del 11
hasta el 14 de abril, es el fruto de haber llevado a su extremo el curso de
acción que denominamos "blanco y negro" en el ensayo del 12 de Febrero de
2002 (11). Cada uno de los polos minoritarios presentes en este momento de la
historia venezolana (chavismo y antichavismo), se convenció a sí mismo que era
mayoría, se sintió capaz de aniquilar el polo contrario, estableció su
estrategia (12), y no dudo en acelerar la máquina para provocar el choque de
trenes que hemos vivido, con los costos humanos, sociales y políticos que
conocemos. Cada uno de los polos en confrontación subestimó la fuerza y decisión
del otro y sobreestimó las suyas. Siendo cada uno de ellos una minoría real se
percibió como mayoría y actúo como si lo fuera. Como era previsible fue la
Fuerza Armada la que inclinó la balanza a un lado o a otro
El antichavismo, encabezado por la CTV y Fedecámaras, aglutinó lo que estimo
suficiente apoyo, tomó la calle y pensó que podía convertirse, de una vez, en
Gobierno. Fue acompañado de un número significativo de organizaciones sociales
que se siente "la sociedad civil" y no sólo parte de ella, como en efecto lo
son. Muchas personas, especialmente vinculadas a los sectores medios y
profesionales, encontraron en el espacio abierto por este polo el canal para
expresar su descontento, su rechazo por el gobierno y dieron el paso de
franquear las puertas de sus casas y oficinas para salir, con mucha emoción, a
la calle.
El chavismo estaba convencido de poder dominar fácilmente la alianza
Fedecámaras-CTV, e imponer su propuesta a PVDSA, con lo que despejaba su camino
para dominar definitivamente la correlación de fuerzas políticas. Este polo
confunde masas de seguidores del "mesías", que va a solucionar sus problemas
inmediatos y mediatos, con pueblo organizado alrededor de una visión compartida
de país, dispuesto a contribuir a su realización. Se sintió también mayoría
aplastante y dio el paso a la confrontación.
El saldo del choque de trenes fue, en primer lugar, un abultado número de
víctimas entre muertos, heridos, agredidos, saqueados, confundidos, defraudados,
etc. En segundo lugar, ha quedado patente la existencia de una sociedad a cuya
enorme brecha social se suma el desconocimiento entre sectores sociales. En
tercer lugar, están las impredecibles consecuencias políticas del golpe y
contragolpe. En este momento hay más interrogantes que respuestas. En fin,
tenemos por delante, como sociedad, la larga tarea de digerir un bocado difícil,
alimentándonos de él.
Desde el punto de vista político, superar esta situación requiere recuperar la
legitimidad democrática en Venezuela. En el ensayo mencionado se afirma: "la
legitimidad política en Venezuela está ligada a dos elementos fundamentales: la
eficacia del Estado en la producción y mantenimiento de las condiciones para el
acceso a una vida de calidad para toda la población y la democracia como modo de
tomar las decisiones colectivas y ponerlas en práctica desde el gobierno del
Estado.
Una propuesta política y un gobierno consolidarán su legitimidad en la medida en
que logren revertir el proceso de empobrecimiento y generar el conjunto de
políticas públicas necesarias para superar definitivamente la pobreza,
contribuyendo a formar una sociedad productiva, socialmente justa, políticamente
democrática, dentro de la comunidad internacional, donde mantiene relaciones
autónomas e interdependientes con los demás pueblos y naciones del mundo." Esta
es la tarea política de fondo que tenemos por delante.
Evitar un nuevo choque de trenes exige poner las condiciones, a saber, cambiar
de curso de acción pasando del blanco y negro al transformador que supone
afirmar la necesidad de cambios estructurales en las relaciones básicas de la
sociedad venezolana; reconocer la mayoría no polarizada de la sociedad, su
sustrato democrático vinculado con el respeto al marco constitucional y la
activación de la ciudadanía a través de organizaciones plurales que participan
activamente en la reconstrucción de lo público. El paso dado por el Presidente
Chávez de convocar a un diálogo nacional debe concretarse en un proceso de
negociación política para establecer la estrategia para avanzar hacia el
horizonte compartido también por la "oposición" política.
La verdad nos hará libres
La legitimidad democrática será tanto más sólida cuánto más firmemente esté
fundada en la verdad. El camino de recuperar la legitimidad de la democracia
venezolana está asociado, por tanto, a la recuperación de la verdad. Alcanzar
esa verdad tiene como condición esencial superar la profunda división social
manifiesta en la sociedad venezolana mediante el reconocimiento de cada persona
como tal y como ciudadana. El nivel de desconocimiento y confrontación entre
personas y grupos sociales a los que se ha llegado en Venezuela no hace nada
fácil cumplir con esta primera condición de reconocernos mutuamente. El proceso
de empobrecimiento, el aumento de la violencia social y de la conflictividad
política de los últimos veinte años, sumado a la pérdida de una visión
compartida del futuro al que se quieren dirigir los esfuerzos y la ausencia de
alternativas políticas (13), explican, en parte, la dificultad de emprender esta
tarea prioritaria. El primer paso, en este momento, no es señalar la
responsabilidad y las tareas del otro, sino responderse a la pregunta sobre lo
que ha hecho o dejado de hacer, cada persona o grupo, para que la situación haya
desembocado en la actual situación. Sin este esfuerzo es prácticamente imposible
rescatar la credibilidad necesaria para entrar en un auténtico proceso de
diálogo nacional y de negociación política.
La confrontación que llegó al golpe y contragolpe puede adquirir ahora rostro de
lucha por la interpretación de los hechos en la que cada uno contendientes se
empeñará en convertir "su" verdad en "la" verdad. Avanzar en esa dirección
llevaría a tener, al menos dos "verdades", y al esfuerzo de acumular fuerzas
para imponer alguna de ellas, tapando la verdad que es necesario develar para
todos. Un ejemplo claro de esta batalla está en la arremetida surgida en los
últimos días de que se trata de un "autogolpe", interpretación que deja muy mal
parados a sus propios proponentes al poner de manifiesto su ingenuidad política,
al mismo tiempo que demuestra la incapacidad de vernos a nosotros mismos.
La propuesta de establecer una comisión de la verdad para investigar los hechos
sucedidos en estos con criterio independiente, apoyándose en la autoridad moral
de sus integrantes, en los parámetros internacionalmente aceptados para este
tipo de situaciones, con observadores internacionales aceptados y con el aval de
los poderes públicos (14). Esta comisión sería el fruto de un acuerdo entre los
poderes públicos y las organizaciones independientes de protección de derechos
humanos actuando como voceros de la sociedad civil. El acuerdo definirá los
alcances del trabajo de la comisión. En todo caso es una comisión cuya principal
función es garantizar la recopilación independiente de la información sobre los
sucesos entre el 4 y el 14 de Abril y producir un informe que transparente a la
sociedad la verdad de estos hechos, al mismo tiempo que ofrece la base para la
actuación de los poderes públicos en las áreas de competencia de cada uno. Sus
miembros deben ser escogidos en razón de sus condiciones individuales y no en
representación de instituciones o grupos por importantes que éstos sean. Sobre
la base de este acuerdo, la Asamblea Nacional procedería al nombramiento de la
Comisión y a dotarla de los recursos necesarios (15) para efectuar su trabajo.
Ni un paso atrás vs el fortalecimiento institucional
La consigna "ni un paso atrás" trae aparejado el principio del "ojo por ojo,
diente por diente"; marca una actitud muy distante a la de reconocer la cuota de
responsabilidad de cada actor social, con la consecuente rectificación de su
conducta, imposibilita el reconocimiento del otro como interlocutor, por tanto
la condición mínima para el iniciar el diálogo que lleve a una negociación.
Cualquier negociación requiere como requisito la disposición de los
participantes a cambiar sus posiciones iniciales en beneficio de alcanzar algún
acuerdo que, normalmente, es una posición distinta a la inicial de cada uno.
Para negociar hay que "dar pasos atrás", a los lados o adelante, según el
acuerdo al que se llegue.
Empeñarse en la consigna "ni un paso atrás" parece, más bien, una reacción
desesperada para regresar a la posición de lograr "como sea y al costo que sea"
bien la salida de Hugo Chávez de la Presidencia o bien el aplastamiento de la
oposición, según la posición desde la que se proclame la consigna. De esta forma
lo único que se demostraría es que lo sucedido estos días no ha significado
lección alguna para las minorías polarizadas del país que sólo aceptan un
repliegue momentáneo para recuperar fuerzas y volver a la carga. "Ni un paso
atrás" es la forma de alejar el diálogo en lugar de acercarlo.
Aprender la lección de lo sucedido es caer en la cuenta que los problemas
estructurales del país sigue allí y que su solución requiere del concurso de una
sociedad civil en la que cada ciudadano y cada organización tengan su puesto,
porque los habitantes del país han dejado de ser una masa de seguidores de
Mesías a un pueblo sujeto de su propio destino.
Un pueblo organizado según su variedad y pluralidad es la sociedad civil que se
sirve del Estado para la consecución de sus objetivos sociales. El Estado lo
componen un conjunto de instituciones públicas a través de las cuales se cumplen
las funciones asignadas por la sociedad civil y se garantiza el equilibrio de
poderes necesario para la vida democrática. El fortalecimiento del sistema
judicial es un requisito para la confiabilidad de la actuación del Estado y la
sociedad civil en el marco de la constitución y las leyes. Un poder legislativo
representativo de la sociedad y eficiente en sus funciones también es necesario,
así como la eficiencia de un Ejecutivo descentralizado y sometido al control
ciudadano.
A raíz de la experiencia de estos días se hace necesaria una reflexión sobre el
papel de las fuerzas militares y policiales en la democracia que queremos
construir. Resulta evidente que la necesidad de delimitar con precisión el papel
de los militares, su completa separación de las funciones políticas y su
subordinación al poder civil. Al mismo tiempo es clave la clara distinción entre
las funciones militares y las policiales. Estas últimas son de neto carácter
civil y requiere de cuerpos policiales bien capacitados para el resguardo de la
seguridad ciudadana y el orden público. Este debate ha sido postergado en
Venezuela y ha llegado el momento de definir socialmente el carácter, volumen y
recursos de las fuerzas militares y policiales en consonancia con el modelo de
sociedad que queremos vivir.
La crisis de legitimidad y la necesidad de recuperarla ha hecho que estas
reflexiones se focalicen en la dimensión política del proceso. Las
transformaciones culturales y económicas no son de menor importancia ni
dificultad y tienen que ser atendidas en el diálogo anunciado, cuyo primer paso
podría ser crear un espacio político de diálogo y negociación que permita
consolidar la estabilidad social mediante un Plan Mínimo de corto (2002) y
mediano (2006) plazo que obtenga apoyo mayoritario de la sociedad. La propuesta
presidencial de iniciar este proceso desde el Consejo Federal de Gobierno
garantiza la presencia de todo el país y de las tendencias políticas. Faltaría
encontrar el modo efectivo de conectarse con el resto de los actores y sectores
sociales.
El contenido del Programa Mínimo Nacional comenzaría por establecer las áreas de
atención prioritaria entre las cuales no pueden faltar: la seguridad personal,
especialmente en las zonas populares; la aprobación, a corto plazo, del su marco
jurídico de la Seguridad Social y su aplicación inmediata, especialmente en los
sectores empobrecidos. La puesta en marcha de programas sociales inmediatos para
la creación de empleo, construcción de vivienda y atención a los sectores más
afectados por la pobreza crítica, en armonía con la Política Social orientada a
la superación de la pobreza (16). Iniciar un proceso sistemático para ofrecer
educación de calidad en todos los niveles del sistema educativo, al que tengan
acceso todos los sectores sociales, aprovechando al máximo los recursos sociales
y estatales, nacionales e internacionales disponibles. El Programa Mínimo,
requiere de plan realista de ingresos fiscales.
Al mismo tiempo hay que poner en marcha una serie de medidas concretas y
simultáneas para mejorar el funcionamiento del Estado y garantizar la eficacia
de sus servicios básicos. La Asamblea Nacional debe acordar un programa
legislativo que culmine la legislación constituyente y las leyes necesarias para
el funcionamiento del Estado. Es impostergable la legitimación del Poder
Electoral siguiendo el procedimiento contemplado en los Art. 295 y 296 de la
Constitución. Sin el fortalecimiento del Poder Ciudadano, especialmente de la
Fiscalía General de la República, es imposible asegurar la seguridad pública.
La sacudida que ha recibido la sociedad venezolana en estos días de Abril de
2002 puede convertirse en la decisión colectiva de mirar hacia el mismo
horizonte. Hagámoslo posible.
* Arturo Sosa, provinicial de los jesuítas en Venezuela, doctor en ciencias políticas.
Notas:
1. Al momento de su detención el Presidente Chávez pide personalmente a Mons.
Baltasar Porras, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), con
quien ha polemizado dura y públicamente, que sea garante de su vida y
condiciones de detención. Lo acompaña Mons. José Luis Aguaje, Secretario de la
CEV. Ambos son testigos de la discusión de Hugo Chávez y los generales
sublevados sobre su viaje al exterior y su negativa a firmar la renuncia.
2. Firmó este documento de aval del golpe el Cardenal Ignacio Velasco, Arzobispo
de Caracas. No consta que lo haya hecho en "representación" de la jerarquía
eclesiástica. Más bien, fue una decisión propia. La "representatividad" vendría
de su investidura cardenalicia. Desde el punto de vista político es muy difícil
de justificar la firma del Cardenal en este documento. En primer lugar por lo
que significa de participación directa en un acto político, comprometiendo a la
institución eclesiástica. En segundo lugar, por la naturaleza del decreto usado
para intentar darle piso político y jurídico a un golpe militar en complicidad
con sectores empresariales. No sería de extrañar fuertes reacciones críticas
tanto dentro como fuera de la Iglesia.
3. Sumando al Presidente Carmona, son seis firmas de "empresarios", una ambigua
(ONG), dos políticas y la eclesiástica.
4. La concentración de poder en las manos del Presidente, según el decreto, es
algo sin precedentes en la historia nacional.
5. Se le pidió al Cardenal Velasco servir de garante de la vida de HCF y su
familia si aceptaba la salida al exterior. Por tal motivo pasó bastantes horas
junto a él en la isla de La Orchila donde estaba detenido después de haber sido
trasladado del Fuerte Tiuna (Caracas) y a Turiamo (Estado Aragua)
6. La mayoría de estas organizaciones son de habitantes de las zonas suburbanas
que luchan por la mejora de sus condiciones de vida. Existen también
organizaciones políticas como el Movimiento V República o los Círculos
Bolivarianos, nacidas del chavismo, además de otras de izquierda radical
proveniente de las diversas corrientes del marxismo y el socialismo, algunas con
historial en la lucha armada.
7. Organización independiente de defensa de los Derechos Humanos, reconocida
nacional e internacionalmente.
8. Rodearon las plantas de transmisión impidiendo la entrada o salida de
empleados o personas, amedrentando y apedrearon sus fachadas produciendo daños
materiales pero no personales. La más afectada fue RCTV.
9. No eh fácil cuantificar cuántas personas se movilizaron en todo el país. Fue
una presencia muy significativa. En Caracas alcanzó, por lo menos, al número de
personas que participaron en la marcha convocada por la CTV y Fedecámaras el
jueves 11 de abril.
10. A partir de este momento no se tiene más noticia del paradero de Carmona ni de
la forma como se va a tratar su caso por el gobierno restituido.
11. Sosa, Arturo, Transformación y Legitimidad, SIC, marzo de 2002
12. El chavismo, convencido de la existencia de una conspiración en su contra,
intenta demostrar que el paro convocado por la CTV-Fedecámaras no tiene éxito
tratando de mostrar que no fue acatado por la mayoría de la población, pretende
controlar los medios de comunicación y llega a la confrontación armada como
forma de disuasión/represión. El antichavismo juega a la crisis de servicios
provocada por el paro petrolero, la huelga general, la toma de la calle y la
presión mediática. Al sentir el respaldo multitudinario decide convertir la
concentración masiva en la marcha a Miraflores para empujar la derrota del
gobierno y del chavismo.
13. Programas, equipos capaces de llevarlos a cabo desde el gobierno y
organizaciones políticas arraigadas en todos los sectores con capacidad de
obtener el apoyo para realizarlos.
14. Existen otras experiencias recientes en América Latina para establecer
comisiones independientes. Por ejemplo, Perú, después de la salida de Fujimori o
Chile a la salida de Pinochet.
15. Los miembros de la Comisión serían ad honorem, sin embargo, necesitan el apoyo
de secretaría y recopilación de datos con personal y recursos que generan
costos.
16. Proponerse la superación de la pobreza en Venezuela no es un "idealismo
ingenuo". Con los recursos del país y unas políticas públicas sostenidas durante
treinta años es posible.
https://www.alainet.org/es/active/1933
Del mismo autor
- Coyuntura Venezolana: Abril en diciembre 15/12/2002
- Del choque de trenes al programa mínimo 15/04/2002