La experiencia y esquemas interpretativos de los sucesos de Abril 2002[1] ocupan un lugar destacado en el debate sobre lo que está ocurriendo en Venezuela desde Octubre de este mismo año[2].  Para el Gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan lo que sucede no es otra cosa que una nueva fase de la estrategia golpista de los enemigos de las transformaciones democráticas que encarna el proyecto de Hugo Chávez.  Para la Coordinadora Democrática y otros voceros de la oposición (Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV-, Fedecámaras), por el contrario, desde el mismo esquema, estamos en otro momento de la estrategia chavista de imponer una revolución izquierdista, que es rechazada por la mayor parte de la población, para lo cual se está dispuesto a utilizar incluso la violencia para aplastar la disidencia. 

Por consiguiente, la sociedad venezolana sigue viviendo una tensión entre dos cursos de acción que hemos denominado salida institucional y transición dictatorial[3].  En la presente coyuntura cualquier salida institucional está asociada al éxito de la Mesa de Negociación y Acuerdos, producto de una larga y compleja negociación propiciada por el Centro Carter y la OEA, con apoyo del PNUD que incluyó visitas del ex-Presidente de los Estados Unidos y del Secretario General de la OEA, además del intenso trabajo de sus equipos técnicos. 

Por otra parte, desde Abril sigue abierta la posibilidad de una confrontación entre los polos políticos que dividen al país que nos llevaría hacia alguna forma de dictadura.  Una confrontación pretende vencer o eliminar al polo contrario, percibido y tratado como “enemigo” más que como adversario político con el que se puede convivir.  Según sea el vencedor se daría lugar a una dictadura encabezada por Hugo Chávez, con el consiguiente aceleramiento de la puesta en práctica de su proyecto o, de lo contrario, una dictadura de las fuerzas opositoras para restaurar el orden social y echar a andar un programa de desarrollo inspirado en los esquemas del liberalismo occidental.  La alternativa de confrontación trae aparejada una dosis de violencia cuyos costos en vidas humanas y división social son impredecibles.  ¿A quién puede interesarle este curso de acción? A quienes no están dispuestos a hacer política en una sociedad pluralista que entiende la democracia como gobierno de la mayoría respetando a las minorías. 

La mirada internacional sobre Venezuela[4]

Los sucesos de Abril 2002 fueron, entre otras cosas, una muestra de lo que puede ser una confrontación entre polos irreconciliables.  Haber recurrido al golpe de Estado[5] como instrumento para derrotar al chavismo, provocó una rápida respuesta internacional de condena de la posición y apoyo al gobierno de Hugo Chávez, elegido por los votos de la mayoría de los venezolanos.  En un primer momento, el gobierno aprovechó esta situación para fortalecer su imagen internacional y acercarse al gobierno de G.  W.  Bush que lo ha mirado siempre con recelo.  Como para la administración Bush la prioridad está puesta en resolver el tema de Irak y combatir el terrorismo internacional, el Gobierno de Hugo Chávez ha tenido que ofrecer garantías totales de mantenerse como seguro suplidor de petróleo, desligarse de sus aliados-amigos radicales del medio oriente (S.  Hussein, M.  Gaddafhi, etc.), renunciar a su relación directa con la guerrilla colombiana para entenderse con el Presidente Alvaro Uribe y admitir el, hasta ahora negado, sobrevuelo de aviones norteamericanos sobre territorio venezolano como parte de la estrategia norteamericana contra el narcotráfico.  Estas concesiones llevaron también a la sustitución en la Cancillería venezolana de un “chavista duro” como Luis Alfonso Dávila por un profesional de la diplomacia como Roy Chaderton Matos.  Al tomar esta posición, el gobierno de Hugo Chávez podía contar con el apoyo norteamericano al menos hasta la salida de Sadam Hussein del poder en Irak.

Por otra parte, varios países de la Unión Europea han multiplicado sus inversiones en Venezuela desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, posiblemente ocupando el espacio económico dejado por empresarios venezolanos que se sienten amenazados por el chavismo y han preferido sacar sus capitales del país[6].

En las últimas semanas, especialmente a partir de la importante paralización de la mayor parte de la industria petrolera venezolana, puede estar cambiando la posición norteamericana en relación al gobierno de Chávez, imponiéndose la corriente del Departamento de Estado que lo considera poco confiable políticamente y tampoco lo es ahora como suplidor de petróleo.  Este cambio se confirma cuando coincide la visita de Thomas Shannon, sub-Secretario Adjunto para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado para apoyar las gestiones de César Gaviria, con un comunicado de la Casa Blanca, leído en Washington por su vocero oficial, en el que se afirma: “Los Estados Unidos están convencidos que el único camino pacífico y políticamente viable para salir de la crisis, es por medio de elecciones adelantadas”[7].

Las naciones latinoamericanas, por su parte, en su mayoría con serios problemas de estabilidad democrática, se inclinan a darle más peso a la “legitimidad de origen” que a la “legitimidad de gestión” de los gobiernos del área, con lo cual el Presidente Chávez cuenta con un apoyo internacional importante, especialmente en aquellos países del Caribe y Centroamérica que forman parte de los convenios petroleros en los que Venezuela es el principal suplidor.

La Coordinadora Democrática, como rostro de la oposición al gobierno de Hugo Chávez, ha necesitado una sistemática acción hacia la comunidad internacional para deslastrase de su imagen golpista y aparecer comprometida exclusivamente con procesos de cambio que respeten la Constitución de 1999.  La estrategia de concentrarse en la búsqueda de una salida electoral y el carácter pacífico de las crecientes manifestaciones de calle han rendido frutos en el cambio de la imagen internacional de la oposición en Venezuela.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha convertido en una referencia importante para lo que sucede en Venezuela.  Su Secretario General, con mandato de la organización, lleva más de un mes fijo en Venezuela como facilitador de la Mesa de Negociación y Acuerdos.  La calificación que hace la OEA de hechos como la desobediencia de los militares el 22 de Octubre o el acoso a los Medios de Comunicación, tienen un importante impacto en todos los actores políticos que buscan no ser descalificados por este organismo.  Recientemente (13 de Diciembre), el Consejo Permanente de la OEA rechazó una propuesta de resolución del Gobierno venezolano por la que se pretendía obtener un respaldo irrestricto a su carácter legítimo en contra de una acción golpista de los opositores.

En este sentido podría concluirse que la mirada internacional estimula el curso de acción salida institucional, pues difícilmente un gobierno que emerja de un golpe de Estado o de acciones violentas y no apele a la consulta electoral, podría contar con el reconocimiento de la comunidad interamericana e internacional y correría un alto riesgo de ser objeto de medidas punitivas tanto políticas como económicas. 

La Mesa de Negociación y Acuerdos en un contexto radicalizado

Como resultado de una larga gestión de los facilitadores internacionales el gobierno y la oposición, se lograron las condiciones para la instalación, el 8 de Noviembre de 2002, de una Mesa de Negociación y Acuerdos (MNA), facilitada personalmente por César Gaviria, Secretario General de la OEA.  Hasta la fecha permanece la voluntad de las partes de no levantarse a pesar del escepticismo de una buena parte de la opinión pública en la relación a sus posibilidades de éxito y la turbulencia de las acciones de calle que generan presiones cotidianas sobre sus deliberaciones.

La conformación de la MNA es una señal que tanto en el chavismo[8] como en la oposición[9] hay corrientes dispuestas a recorrer el difícil camino de la negociación, aunque persiste la duda de si ambas delegaciones están realmente en capacidad de comprometer al conjunto que representan.  La delegación del chavismo debe contar con la aprobación explícita del Presidente Hugo Chávez para que los acuerdos que firme sean reales.  La delegación de la oposición tiene la difícil tarea de alcanzar unos acuerdos que logren desarmar la visceralidad inmediatista y excluyente de una buena parte de sus seguidores, fortaleciendo una dirección política comprometida con el camino democrático. 

Otro desafío de la Mesa de Negociación y Acuerdos es ubicarse en un horizonte que trascienda los intereses directos de las partes como referencia para los acuerdos.  En otras palabras, la MNA tiene el desafío de convertirse en un espacio público, representativo de los intereses comunes que hace posible la existencia de la sociedad, trascendiendo los intereses, por legítimos que sean, de las parcialidades sociales o políticas, del gobierno y del propio Estado.  Para que no se repita una de las causas de la crisis del sistema de conciliación de élites y partidos políticos, en ese horizonte común deben estar explícitamente formulados los intereses del sector popular venezolano.  Si el sector popular no se percibe realmente incluido tanto en el horizonte de referencia de la negociación como en lo sustantivo de los acuerdos, éstos no servirán como generadores de la legitimidad democrática necesaria para la alcanzar la estabilidad política y económica.

Los tres puntos que conforman la agenda para la cual se constituyó la MNA, a saber, búsqueda de una alternativa electoral para superar la crisis política, crear las condiciones para investigar la verdad de lo sucedido en Abril del 2002 y un programa de desarme de la población civil, son, además de necesarios para avanzar hacia la paz, delicados y comprometedores.

Al sentarse a la Mesa de Negociación y Acuerdos las partes están reconociendo que la consulta a los electores, el pueblo soberano, es un ingrediente ineludible de los acuerdos para superar la actual crisis política.  Las alternativas constitucionales de consulta electoral son muy amplias[10].  En el marco de un acuerdo político, la referencia al pueblo en quien reside la soberanía[11], tiene amplias posibilidades de encontrar alternativas que si bien no están en la letra de la Constitución de 1999, están en su espíritu y su aprobación vendría de la fuente misma de su legitimidad y legalidad.

El esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 es un elemento básico y emblemático en el proceso de reconciliación que está a la base de la constitución de una legitimidad democrática sobre la que se funde la estabilidad política y las políticas públicas de desarrollo y superación de la pobreza.  Esclarecer estos hechos supone una investigación independiente adelantada por ciudadanos reconocidos por su autoridad moral apoyados en equipos cualificados para averiguaciones de naturaleza compleja como ésta.

El desarme de la población civil es una exigencia no sólo de la necesidad de disminuir la violencia social, evitar una espiral de violencia política y aumentar significativamente la seguridad ciudadana, sino una necesidad para la existencia misma del Estado.  El monopolio de la violencia legítima es una característica esencial del Estado para lo cual es necesario el control de las armas y de su uso.  La oposición tiende a leer esta propuesta exclusivamente como el desarme de los grupos chavistas.  Si se toma en serio, el alcance de una medida de esta naturaleza tendría que ir más allá y desarmar a la delincuencia y los portadores de armas ilegales, aunque quieran justificarlas como legítima defensa.  El tratamiento a fondo de este tema llevaría a la discusión sobre la concepción y papel de las fuerzas militares y policiales en el Estado democrático que queremos en Venezuela.

La posibilidad de éxito de la MNA está directamente relacionada a su vinculación con el reconocido sustrato democrático de la cultura política venezolana, producto del largo proceso modernizador del siglo XX, en el que se funda la extendida convicción de que es posible resolver los problemas del país por vías pacíficas.  La convicción sobre las posibilidades de los caminos democráticos existe tanto en lo referente a la resolución de crisis agudas como la actual como a las posibilidades de producir las necesarias transformaciones del sistema político.  Esta característica de la cultura política venezolana se refuerza en este momento con el talante de la comunidad internacional y con las mediaciones concretas de la Organización de Estados Americanos (OEA), Centro Carter, PNUD, etc.

Verbalmente todos los actores políticos reconocen a la MNA como el espacio necesario para alcanzar un piso común sobre el cual caminar juntos.  Sin embargo, a más de un mes de su instalación no se ha logrado más que ratificar esta declaración de intención.  Hasta ahora ninguna de las partes ha querido correr el riesgo de afectar su imagen internacional que supone levantarse de la mesa.  El único compromiso formal ha sido que la Asamblea Nacional aceptó, el 13 de Diciembre, incluir en la agenda de sus sesiones extraordinarias debatir y darle curso legal a los posibles acuerdos a que se llegue en la MNA.  El facilitador, César Gaviria, ha insistido un día tras otro en que no se está aún cerca de alcanzar un acuerdo, pues apenas han empezando a tener un lenguaje común en la Mesa y han iniciado a poner por escrito sus posiciones para someterlas al debate entre las partes. 

Al parecer ninguna de las partes siente todavía la necesidad de negociar.  Ni siquiera coinciden en la forma de nombrar la mesa.  Aunque el documento, firmado por las partes, que le dio vida la llama Mesa de Negociación y Acuerdos, todos los voceros del Gobierno y de la corriente chavista la llaman “Mesa de Diálogo”[12].  Como la presión de la oposición y de buena parte de la comunidad interamericana ha privilegiado el punto de la consulta electoral, la MNA se ha centrado en él sin que se haya podido avanzar más allá de las posturas iniciales: para la oposición, consulta inmediata, por lo que urge fijar una fecha en el primer trimestre del año 2003[13].  Mientras que para el chavismo, se trata de esperar el momento del referendo revocatorio establecido en la Constitución, a saber Agosto de 2003, mientras se establecen las condiciones para una elección limpia, empezando por la reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a la reciente Ley Orgánica del Poder Electoral, para que exista un “arbitro electoral confiable”.

Para que las partes sientan que no hay otro camino hacia la estabilidad política y la recuperación de la legitimidad del sistema que la negociación es necesaria la “presión” social.  También es claro que no toda presión lleva a la negociación sino que puede llevar también a la confrontación como primer paso, probablemente muy violento, a la instauración de un régimen autoritario del signo de quien sea “vencedor” en ella.  Si el punto de partida en Venezuela es la existencia de polos antagónicos, cada uno de los cuales se siente “mayoría” y percibe contar con la fuerza suficiente para derrotar al contrario, sus líderes estarán inclinados a aumentar la presión social para eliminar al contrario y no para negociar con él.  Desde está visión la MNA es uno más de los campos de batalla en los que se tiene que vencer y cualquier gesto de acuerdo se interpreta como debilidad, desesperación o inadmisible “paso atrás”.  Así, las delegaciones que se sientan a la mesa son voceros de esas posiciones más que propiamente negociadores.

Si bien un paro nacional es un instrumento legítimo de presión, el convocado a partir del 2 de Diciembre de 2002, acogiendo la emotividad de los sectores radicalizados de la oposición y la conveniencia de sectores “resteados”, como los militares disidentes congregados en la Plaza Francia, ha corrido el riesgo de servir de presión a la confrontación más que a la negociación.  Vale la pena recordar que la convocatoria al paro ha estado asociada a la imagen de la batalla final, para indefinido, hasta lograr la renuncia inmediata de Hugo Chávez a la Presidencia de la República.  En el seno de la Coordinadora Democrática, CTV y Fedecámaras, se tuvo una intensa discusión sobre la conveniencia de convocarlo para el 2 de Diciembre cuando todavía estaba empezando el proceso de negociación en la MNA, no parecía haber una buena planificación del mismo que incluyera la preparación de la gente para lidiar con sus consecuencias y podría interpretarse como reacción a la actitud provocadora de HCF y el chavismo, convencido de que podría beneficiarse de este paso de la oposición.

A catorce días del inicio del Paro Cívico Nacional[14], alimentado por los radicalismos de ambos bandos[15], las torpezas del Ejecutivo[16] y el impacto de la reducción al mínimo de la actividad petrolera[17], las posiciones no parecen muy distintas a las anteriores[18].  Ha servido, sobre todo, para confirmar en sus posiciones a los que estaban radicalmente convencidos antes del paro del “golpismo” de la oposición o de que Chávez es el problema de Venezuela y su salida de la Presidencia la solución.  A medida que pasan los días a la oposición se le hace cada vez más difícil levantar el paro sin aparecer como derrotados.  Por eso, aunque confía en que las consecuencias de la paralización petrolera agudizarán la crisis al punto de doblegar al Gobierno, debe estar preparando alternativas de desenlace del paro, sin que se dé la renuncia de HCF, que pueda aparecer como victoria[19].  Por su parte, el chavismo y el Gobierno, por su parte, parecen dispuestos a soportar el tiempo que haga falta y, desde una posición dura, ejecutan un plan para romper el paro. 

En este contexto se explica el ambiente de violencia que se percibe en el país y las tensiones que provoca en la vida personal y colectiva, dando pie a una “estrategia del miedo” por parte de los grupos radicalizados que alimentan el terror a represalias en caso de que se imponga en bando contrario.  El chavismo juega esta baza en las zonas populares y la oposición no ha sido capaz de trasmitir garantías de que no habrá persecuciones.

Consulta electoral ¿para qué?

Para la visión simplista derivada de las posiciones polarizadas radicalizadas la respuesta es obvia: para sacar a Chávez de la Presidencia o para atornillarlo en ella.  Sin embargo, desde la perspectiva de la superación de la crisis de legitimidad democrática la respuesta es más compleja.  Acudir a un instrumento esencialmente participativo y costoso como la consulta electoral supone una finalidad proporcional a la inversión política que ella requiere.

La visión simplista, aliñada de una emocionalidad que exige inmediatez, al reducir el uso del instrumento electoral a la ratificación o destitución del Presidente lo que hace es posponer la creación de las condiciones para conseguir la estabilidad política, económica y social, ingrediente necesario de la superación pacífica de la crisis actual de Venezuela.  La falacia, tantas veces, repetida de que no puede haber algo peor que HCF en la Presidencia queda desmentida por la experiencia histórica venezolana, latinoamericana y mundial.  La sustitución del Gobierno puede ser parte de una solución que logre articular un programa que atienda la complejidad de los problemas del país, pero en sí misma no es la solución e, incluso, puede aumentar los problemas.  Hace falta repetir hasta la saciedad que el “después” está íntimamente vinculado al modo como se haga y al camino por el que se llegue.  Fines y medios no pueden separarse.  La ética democrática exige el uso exclusivo de medios democráticos para alcanzar cualquier objetivo político.

La consulta electoral tiene su pleno sentido si se logra ubicarla en un horizonte nacional que trascienda a las partes en contienda y, al mismo tiempo, incluya sus puntos de vista.  Este es el auténtico desafío del proceso de negociación política que se ha iniciado en la MNA con la facilitación de la OEA y una agenda reducida, pero que hay que concebir como un paso importante en el camino de la negociación de “acuerdo nacional” en cuyo marco puedan realizarse unas elecciones que permitan enrumbar establemente el futuro del país.

Destrancar el debate sobre la salida electoral implica, entonces, colocar la discusión de la MNA en un horizonte mayor en el que cobren sentido los acuerdos sobre los puntos contenidos en su agenda inicial y éste nos es otro que la formulación de una propuesta de acuerdo nacional, con un programa de corto plazo en política social para atender el impacto del empobrecimiento, en política económica para iniciar la salida de la recesión y de fortalecimiento de las Instituciones Públicas para rescatar, simultáneamente la credibilidad de la ciudadanía en ella y un nivel básico de eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos bajo la responsabilidad de los cinco poderes que hoy conforman la organización del Estado venezolano. 

La propuesta de acuerdo nacional será aceptada por la población venezolana en la medida en que sea realmente incluyente de todos los sectores sociales y todas las corrientes políticas.  Si algún sector social o posición política es efectivamente o se percibe excluida no se conseguirá el piso firme sobre el cual hacer camino hacia una auténtica consulta electoral.

En este momento es pertinente la pregunta sobre si una auténtica “salida” no implica la formación de un gobierno provisional o gobierno de unidad nacional, fruto del acuerdo nacional arriba mencionado tanto en su composición, como en un programa producto de consensos básicos en la política social y económica de corto plazo alineada con el horizonte de largo plazo de un proyecto nacional.  Aquí se puede seguir el modelo de transición entre la dictadura del Gobierno de las Fuerzas Armadas y el Sistema de Conciliación de Élites y Partidos Políticos de Enero de 1958 a Febrero de 1959.  En ese momento de nuestra historia política las FAN, que venían de ser gobierno y algunas corrientes internas deseaban seguirlo siendo, acepta regresar a ser una fuerza garante de un régimen emanado de la voluntad popular y se ocupa de garantizar el orden público, con lo que se logra conjurar la violencia como curso de acción para dirimir los conflictos.  Luego, se encontró un grupo de personas capaces para ejercer el gobierno y encabezar las instituciones públicas, quienes no tenían pretensiones de mantenerse en ellas una vez concluida la transición, por tanto, ciudadanos, en el mejor sentido de esa expresión, que aspiraban regresar a sus trabajos ordinarios después de superado ese período.  Los dos factores anteriores hicieron posible que los políticos de todas las corrientes, con su legítima intención de acceder al gobierno, el parlamento y demás poderes públicos, se dedicaran a consolidar sus programas y organizaciones políticas y competir en las elecciones por el favor de la mayoría popular.

Una transición de esta naturaleza permitiría un necesario proceso de deslindes políticos, hoy ocultos por la polarización radicalizada.  La “unidad” que hoy ostenta la oposición está motivada exclusivamente por el objetivo común de expulsar a HCF de la Presidencia de la República.  Es una unidad que esconde las contradicciones de las visiones distintas del país existentes, incluso incompatibles unas con otras, en su interior que no se han confrontado por el momento de la lucha, pero que tendrán que hacerlo a la hora de encontrar un acuerdo sobre el horizonte de largo plazo y el programa para alcanzarlo.  En el chavismo sucede algo análogo.  Conviven visiones contradictorias de la transformación que se quiere impulsar, además de la ausencia generalizada de planes consistentes para llevarlas a cabo. 

Esta situación explica, entre otras razones, la existencia de una gran cantidad de venezolanos que no se identifican con ninguno de los polos.  También explica que muchos de ellos, puestos ante el dilema de uno u otro polo, se vean obligados a ubicarse en una posición en la que no se sienten cómodos porque no están de acuerdo ni consiguen espacio para expresar los matices de su posición.  Cada uno de los polos al proclamarse mayoría cuenta manipuladamente entre los suyos a este grupo de venezolanos que realmente no se identifica en ninguno de ellos.

¿Hacia dónde se inclina la balanza?

Es claro que el escenario confrontador, por el que se avanza hacia la transición dictatorial, ha cobrado fuerza en relación a las posibilidades de negociación para una salida institucional.  El factor que más influye en esa dirección es el deterioro de la ética política[20] que ha llevado a que la palabra no sea más expresión de compromiso coherente, por tanto, que se está dispuesto a respetar la palabra empeñada, más aún, el engaño y la mentira llegan a justificarse como instrumento político, así como el recurso a la violencia e incluso la guerra, en sus variadas formas, vaciando el quehacer político de todo sentido y contenido humano.  La voz es el vehículo que trasmite la palabra de persona a persona.  La palabra humana parte de las entrañas de una persona y quiere llegar a las entrañas de la otra.  La voz permite que llegue al oído, pero la palabra es comunicación cuando es entendida por la razón y aceptada en el corazón.  La voz sin palabra se convierte en ruido vacío que molesta al oído.  La democracia necesita la libertad de expresión no sólo como voces distintas sino como palabra ciudadana que comprometa a los actores en la realización de los sueños comunes.  En este momento de Venezuela hay muchas voces, incluso que hablan mucho y muy alto, sin embargo, hay poca palabra.

También ha ganado terreno en la dinámica polarizante y excluyente otra lamentable distorsión ética, a saber, la que llega a identificar a uno de los bandos con el mal, por tanto al otro con el bien y saca como consecuencia que cualquier cosa se vale para derrotar al mal, siempre que sea hecho por las fuerzas (bando) del bien.  Esta especie de “todo vale” con tal de mantener o lograr el poder político es una pendiente inclinada al autoritarismo y la dictadura con costos muy altos.

A esto se une la prevalencia de las visiones más radicales del espectro de opiniones existentes en la sociedad.  Entre las corrientes del chavismo[21] se ha impuesto la que representa la tradición marxista de los partidos comunistas marcados por el sello estalinista, según la cual el objetivo de la acción política es alcanzar y ejercer el poder.  La vía para obtener el poder puede ser cualquiera, desde el golpe de Estado hasta el triunfo electoral.  Una vez adquirido el poder, éste no se pone en juego, sino que se defiende a cualquier costo sin miramientos en los métodos o instrumentos que se usen.  En la oposición se va haciendo hegemónico un sentimiento que la hace percibirse no sólo como mayoría, sino como totalidad.  Se cree, entonces, la voz de todos los venezolanos, menos uno, HCF, e impulsa la transformación del movimiento social de resistencia al gobierno de HCF y al proyecto chavista en insurrección política con el único objetivo de conseguir la salida inmediata de Hugo Chávez de la Presidencia de la República.

El resultado inmediato más que un aumento de democracia es un nuevo crecimiento de la anomia social[22] que se manifiesta a través de un expansivo movimiento de desobediencia generalizada dentro y fuera de las instituciones del Estado.  Se trata de una tendencia a la anarquía política cuya consecuencia es que la sociedad masivamente movilizada no obedezca a sus direcciones naturales y actúe cada grupo por su cuenta, con objetivos y métodos propios.  La exacerbación de este movimiento llevaría a una situación de anarquía sólo controlable por la acción directa de la Fuerza Armada llamada a restituir algún orden por la fuerza.  Una intervención militar de esta naturaleza añade violencia a la anteriormente desatada por la anarquía y termina imponiendo un régimen de mano dura para mantener el orden restituido “a sangre y fuego”.

Hasta el momento el gobierno, contando con el apoyo de la FAN, ha enfrentado la resistencia de calle también con movilizaciones de calle[23], siguiendo una característica del chavismo desde sus inicios como es mantener a la población adepta en constante movilización.  Al mismo tiempo ha venido sistemáticamente organizando en “círculos” a sus partidarios, la mayoría en organizaciones sociales y un grupo menor en organizaciones típicamente revolucionarias, con entrenamiento en la agitación de masas, amedrentamiento, sabotaje, uso de armas para la expansión o defensa de la revolución.

En ese curso de acción nuevamente la FAN[24] se convierte en el actor que inclina la balanza a un lado o al otro.  Posiblemente en su interior los jefes militares y la identidad corporativa se sientan perplejos, pues, por una parte, constitucionalmente deben fidelidad al gobierno elegido en comicios reconocidos, aunque se distancien de sus actuaciones y, por la otra, perciban que en la oposición no existe la unidad programática ni la madurez política para garantizar una mayor estabilidad a la existente.

En este escenario de confrontación, si la FAN se mantiene fiel al gobierno, tendrá que enfrentar la movilización opositora incluso con una fuerte represión, especialmente si se llega a extremos de paralización o conmoción que exijan la declaración de un estado de excepción.  Si, por el contrario, la FAN opta por la desobediencia al gobierno tendrá que enfrentar al Presidente, sus aliados, incluyendo, posiblemente, algunas unidades militares y las organizaciones populares que lo apoyen, también a base de una fuerte represión.  En resumen, en un escenario de confrontación la FAN se convierte en el árbitro de la situación, obligada a utilizar la represión para imponer el curso de acción que decida.

Parece, pues, que desde todo punto de vista vale la pena fortalecer los espacios de negociación para evitar cualquier escenario de confrontación.  Reconociendo en la gestación de los acuerdos negociados el Gobierno tiene la principal responsabilidad, todas las instituciones del Estado están llamadas a ejercer las presiones legales que les competen para que el Presidente Chávez actúe de acuerdo a su condición de Jefe de Estado antes que como representante de una corriente política ideologizada.  La Asamblea Nacional tiene aquí la gran responsabilidad de rescatar su función de representar la pluralidad política de la sociedad, convertirse en el ámbito del debate y la negociación política trascendiendo las tácticas de “aplanadora” o “alicate” para producir acuerdos incluyentes con apoyo mayoritario, además de recobrar la eficiencia legislativa y contralora.  Para ello, se necesita que líderes o dirigentes políticos del chavismo se decidan a actuar independientemente, convencidos de que su patrimonio político es el compromiso con la transformación del país y no la lealtad o dependencia personal a HCF, “único” líder del proceso.  La dirigencia regional y local, junto a los movimientos que los apoyan tiene, también, un importante papel en desmontar los escenarios de confrontación.

Al mismo tiempo, la dirigencia política tiene que convencer a la gente, a las mayorías, de la vinculación que existe entre el camino del acuerdo, en el marco de la Constitución y los procedimientos democráticos y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida e impulsar un esfuerzo sistemático, concertado, de largo plazo para la superación de la pobreza.

¿Tiene la Iglesia Católica algún papel?

La pregunta no es retórica en tiempos de confusión de roles que puede llevar a demandar a personas e instituciones lo que no les corresponde, aumentando la confusión más que aclarando las responsabilidades.  La pregunta es especialmente importante en un contexto en el que abunda el uso y el abuso de los símbolos religiosos católicos como apoyo manipulado a posiciones políticas, necesariamente parcializadas o ideologizadas.  Una pregunta, además, que se le hace desde diversos sectores de la sociedad, y con intenciones distintas, a la Iglesia y nos la hacemos dentro de la Iglesia sus miembros. 

La Iglesia Católica, es bueno recordarlo una y otra vez, tiene una sola razón de ser: anunciar la Buena Noticia de Jesucristo, Dios encarnado en la historia humana para reconciliarnos entre nosotros y con Él, hacernos hermanos y hermanas, testigos de la vida, la libertad, la justicia y el amor.  El Espíritu de Jesús reúne alrededor de esta misión a quienes han aceptado en la fe formar parte de este pueblo de Dios, empeñado en hacer llegar este anuncio y sus consecuencias a todos los rincones de la historia y la geografía humana.  La Iglesia Católica se ubica en la única parcela que posee desde que Jesús se encarnó pobre entre los pobres y mira la situación con los ojos de Jesucristo que son los ojos de los pobres de la tierra.  De allí se desprende que la Iglesia Católica no tiene ningún papel en la disputa sobre el poder político, pues dentro de sus funciones no entra el ejercicio del poder político, el cual no posee ni aspira a tenerlo.  Por consiguiente, no les corresponde a los representantes de la Iglesia Católica establecer alianzas con personas, organizaciones o posiciones ideológicas que forman parte de alguna parcialidad en la polarización existente.  Sus responsabilidades se refieren a todos los fieles cristianos, sin distingos de posición social o cultural, a los cuales se deben completamente.  Si en algún momento, la Iglesia Católica, ha producido la percepción o ha realizado acciones fuera de su rol, está llamada a reconocerlo y corregirse.

Por consiguiente, la Iglesia Católica no posee ninguna formula mejor a la que pueda surgir del diálogo sincero, fundado en el reconocimiento y la reconciliación entre todos los habitantes de esta tierra y la negociación, cimentada en una ética política que ponga el interés común como horizonte de acuerdos realistas en los que se incluya la pluralidad característica del país.  Como consecuencia de su misión la Iglesia Católica está llamada a acompañar a las personas en cada uno de los ámbitos en los que compartimos su vida y simultáneamente insistir, a tiempo y destiempo, en el reconocimiento del otro y en la renuncia absoluta de la guerra o cualquier tipo de violencia como medio para lograr objetivos personales o grupales en la lucha política.  Está llamada a rescatar la palabra empeñada como expresión del compromiso real de cada persona y base ética de la vida pública y alentar la búsqueda incansable de soluciones negociadas, civiles y democráticas, es decir, políticas, con participación de todo el pueblo que conforma la sociedad a cuyo servicio están las instituciones públicas que conforman el Estado y tienen la finalidad de garantizar las condiciones de estabilidad política y convivencia social. 

En el cumplimiento de su misión la Iglesia tiene que interpelarse a sí misma e interpelar a cada uno de los ciudadanos sobre lo que está dispuesto a dar de sí y de lo suyo para la construcción de lo público, cuánto está dispuesto a ceder de sus posiciones iniciales para construir una visión compartida de la sociedad en la que queremos vivir.  Desde la experiencia de fe de la que se alimenta la Iglesia Católica, se entiende la negociación como el resultado de un proceso de reconciliación de cada uno con sus propios enemigos, políticos en este caso, y de una reconciliación de todos como pueblo que ponga como prioridad vital la personalización de las relaciones y la superación de la pobreza como parte sustantiva del horizonte común. 

Esta reflexión está hecha en el tiempo que la Iglesia Católica dedica a preparar la celebración del nacimiento de Jesús.  Es un tiempo de la revitalización de la utopía histórica y de renovación de la esperanza.  Por eso, proclama con el profeta Isaías: habrá camino de Egipto a Asiria.  Egipto entrará en Asiria y Asiria en Egipto (Is 19, 21-24).

Diciembre 2002.

* Este texto ha sido producido en pleno proceso de los acontecimientos que intenta analizar sin que éstos hayan culminado o se pueda predecir su desarrollo.  Al mismo tiempo, continúa la reflexión de otros textos escritos a lo largo del año 2002 a los que se hace referencia en su momento.  Por consiguiente, no pretende el análisis exhaustivo ni completo de lo que vive la sociedad venezolana, sino ofrecer alguna luz interpretativa a posibles cursos de acción.