En las condiciones actuales de violencia e injusticia, cómo podemos ir a las urnas, se preguntan ciertos jóvenes del suburbio de Martissant, al sur de la capital, Puerto Príncipe. En ese barrio popular sobrepoblado, los habitantes han tenido la mala sorpresa de descubrir, la mañana del martes 13 de mayo, los cadáveres de tres jóvenes asesinados a bala. La noticia se difundió como rayo de polvo y la movilización también fue rápida: barricadas en fuego, lanzamiento de piedras, vidrios de carros rotos, personas heridas. La intervención de la policía fue aún más brutal. Fue a pocos días de la primera vuelta de las elecciones legislativas, municipales y locales, fijadas para el 21 de mayo y cuya segunda vuelta será el 25 de junio. El proceso electoral, que comenzó en marzo del 99 con la creación del Consejo Electoral Provsional (CEP), ha sido largo y empedrado de cadáveres. Dos semanas antes de la votación se contaron 10 muertos en 6 días, entre ellos Banord Sanon, jefe de campaña del Partido Louvri Barye, que perteneció a la antigua alianza Lavalas. Antes de eso, se registraron ya diversas agresiones contra responsables de campaña, candidatos y locales de los partidos políticos. Entre los sectores políticos más golpeados, se cuenta la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), que ha dado la espalda a Lavalas, el Espacio de Concertación (EC), agrupamiento de 5 partidos de oposición que han participado en la formación del gobierno y de la CEP, el Movimiento Patriótico para la Salvación Nacional (MPSN), la coalición de formaciones políticas de obediencia duvalierista y el Movimiento Cristiano por un Haití Nuevo (MOCRENHA), cercano al sector protestante. La Organización Fanmi Lavalas (OFL) del ex presidente Jean Bertrand Aristide, que controla el Ejecutivo, ha tenido también algunas víctimas. La prensa tampoco ha quedado a salvo, uno de los periodistas haitianos más combativos, Jean Dominique, Director de Radio Haití Inter, fue asesinado el 3 de abril. Dos radios comunitarias fueron saqueadas entre el 3 de abril y el 3 de mayo. Ese es el clima que ha predominado en este periodo electoral, donde han florecido acusaciones y contra-acusaciones de un sector político a otro, en un ambiente de confusión. Sobre un total de unos 4.5 millones de personas en edad de votar, más de 4.04 millones de electores se han inscrito en los registros electorales, según un informe de la Organización de Estados Americanos -OEA-. Se han abierto 11 mil oficinas de votación y 3500 policías están a la disposición para garantizar la seguridad de los votos. Los retos En este escrutinio se elegirán 19 senadores, 83 diputados, 133 Concejales Municipales y 564 Consejos de Administración de las Secciones Comunales (CASEC). Otras elecciones de segundo nivel deberán permitir la puesta en marcha de 133 Asambleas Municipales, 9 asambleas departamentales, 9 Consejos Departamentales y un Consejo Interdepartamental. De ese proceso deberá resultar también un Consejo Electoral Permanente, que de inmediato tendrá que concentrarse en la organización de elecciones presidenciales a finales de año. Según la Constitución, ese consejo debía haberse creado luego de las elecciones de 1987, pero nunca fue creado por causa de las múltiples crisis políticas que ha atravesado el país. Los principales partidos aspiran controlar el parlamento, que pasará de tener un cierto peso sobre las instituciones que serán renovadas o implementadas. También está muy presente la cuestión relativa al mantenimiento o no del ejercito. De hecho, el ejército no existe más, ha sido desmantelado luego del regreso al orden constitucional en 1994, luego de 3 años del golpe militar del 91. La disputa entre los 854 candidatos al Senado y a la Diputación, es ruda, como lo es también la que libran las 4324 listas de candidatos a elección municipal y local. El EC, la OPL, la OFL, la MOCRENHA, comparten una gran parte de los 27 mil candidatos. La oposición, que sospechaba que el poder hacía todo para evitar las elecciones, acusa a la OFL de preparar un amplio fraude. Pero, responde el partido de Aristide, esos propósitos sólo están dirigidos a prevenir una eventual amplia victoria de la OFL. La Campaña La atmósfera de violencia e intolerancia, la incertidumbre del proceso, en el transcurso del cual la fecha del escrutinio ha sido pospuesta tres veces, no han facilitado el desarrollo de una verdadera campaña electoral. Algunos afiches y pancartas son aún visibles en las ciudades y los pueblos, pero las concentraciones electorales han sido escasas. Los candidatos se han servido más bien de los medios de comunicación electrónicos para transmitir sus mensajes. La prensa también ha jugado un rol importante, organizando emisiones interactivas que ponen a los candidatos frente a los electores. No obstante, la cobertura nacional fragmentada y los recursos telefónicos limitados relativizan el impacto de tales programas. Pero, por encima de todo, lo que marca esta campaña es "la ausencia de verdaderos programas políticos y la ausencia de debates ideológicos", según el profesor de Historia de la Universidad del Estado, Roger Petit Frère. A mediados de diciembre del 99, el ex presidente Jean Bertrand Aristide publicó el "Libro Blanco" de su partido, donde invita a construir un "puente humano" para resolver los problemas del país. La Organización del Pueblo en Lucha (OPL) hizo lo mismo en enero del 2000, haciendo público un documento titulado "Construyamos juntos un país para todos". Según Petit-Frère "tenemos fuerzas electorales o partidos electoralistas, que no tienen aún la estructura de verdaderos partidos políticos". Las mujeres En el debate político, no obstante, un elemento nuevo se ha hecho presente con ocasión de estas elecciones: el tema de las mujeres, aunque sólo son 165 de los 27 mil candidatos. Entre las candidatas se cuentan 22 a la diputación y 9 al senado. La ley electoral, publicada en julio del 99, introdujo algunos artículos incitando a los partidos a presentar candidatas. Ciertas reivindicaciones de las mujeres han sido igualmente señaladas en los debates, en un contexto en el cual el movimiento de mujeres experimenta los métodos y medios unitarios de lucha. Desde la anterior legislatura un comité representante de varias organizaciones e instituciones concernidas por la problemática de las mujeres, emprendió negociaciones con parlamentarios para la reforma de ciertas leyes discriminatorias hacia las mujeres. Observación La observación electoral ha levantado un especial interés. Siendo estas elecciones juzgadas como cruciales por diversos sectores de la comunidad internacional, se ha desplegado un fuerte contingente de observadores internacionales. Estos provienen de organismos internacionales, multilaterales, y asociaciones ciudadanas y de solidaridad. Entre ellos, 200 observadores de la OEA. A nivel nacional, el CEP avaló la creación de un Consejo Nacional de Observación (CNO), organismo que dirige todas las estructuras nacionales de observación. El acuerdo firmado en marzo entre el CNO y el CEP fue seriamente cuestionado por Jean Dominique, una semana antes de su muerte. El periodista había denunciado que el CNO, "debía recibir todas las informaciones y todos los documentos relativos al proceso electoral, encaminados sin tardanza", recomendar "todos los observadores nacionales acreditados por el CEP" y, de ser el caso, "levantar y co-firmar el proceso verbal de los resultados de la votación". Las estructuras nacionales de observación son mayoritariamente provenientes de los medios socio-políticos de diversas tendencias, incluido Lavalas. Los sectores alternativos y populares marcan su presencia a través de una "red unificada" de una veintena de organizaciones regionales, nacionales, campesinas, feministas, de derechos humanos e instituciones de educación popular y desarrollo. Vía estrecha Las elecciones no resolverán nada en este país en "crisis total", opinó la profesora Mirtha Gilbert, ex directora general del Ministerio de la Condición Femenina, que ha acompañado diversos grupos juveniles. Ella afirmó que las elecciones no pueden servir de gran cosa en el marco de un sistema "totalmente agotado", relanzando la reivindicación de "cambiar al Estado" que guió al movimiento popular a finales de los 80, porque "las elecciones no pueden favorecer cambios estructurales profundos". Pero, según el Esfuerzo de Solidaridad para Construir una Alternativa Nacional Popular (ESCANP), grupo creado recientemente, si las elecciones se realizan "en buenas condiciones", ellas "podrán permitirnos poner las bases institucionales para determinar las nuevas reglas del juego democrático y garantizar los derechos socio-económicos y políticos de los individuos". A finales de julio del 99, el resultado de una consulta realizada por el Instituto Cultural Karl Leveque (ICKL) a 32 organizaciones populares de 6 departamentos del país, demostró que las organizaciones de base estaban divididas en el tema de participar o no a las elecciones. Durante todo el periodo, en muchas localidades las organizaciones de base han sido cortejadas por los partidos políticos, tratando de obtener su apoyo en la contienda. También se presentaron divergencias en las organizaciones en torno a la oportunidad de presentar candidatos a las elecciones locales a título de independientes o bajo la pancarta de los partidos políticos. Hacia finales del año 99, la Federación campesina "Tet Kole Ti Peyizan" anunció públicamente que no tomará parte en las elecciones. Pues había denunciado el hecho que la impresión de las tarjetas electorales fue confiada a la compañía canadiense CODE Incorporated, financiadas por el gobierno americano a través de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES). A pesar de las protestas del Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), transfirió directamente 3.5 millones de dólares a la IFES, para que sean entregados a la compañía canadiense. Las actividades del CEP se desarrollaron, además, en estrecha relación con la Comunidad Internacional. Diplomáticos estadounidenses, europeos, latinoamericanos y caribeños han visitado frecuentemente las oficinas del CEP.