El martes primero de abril, entró en vigor en Estados Unidos la Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria, calificada por grupos de derechos humanos como \"la más dura\" del último medio siglo. Autoridades y organizaciones mexicanas condenaron rotundamente la ley como racista y xenófoba, mientras legisladores de partidos opositores vertieron astringentes críticas al gobierno mexicano al juzgar que su reacción fue \"tibia\" y de \"efecto retardado\". La ley podría resultar en la deportación de decenas de miles de mexicanos en los siguientes años, lo cual agudizaría la crisis socioeconómica del país y agravaría las de por sí espinosas relaciones entre México y Estados Unidos. Si bien el acta legislativa no contiene disposiciones particulares contra nacionalidad alguna, México se ve especialmente afectado, pues según el cónsul mexicano en Los Angeles, José Angel Pescador, \"el 50% de la [inmigración ilegal] es de origen mexicano\". Se estima que hay más de cinco millones de indocumentados en el país vecino. Disposiciones de la Ley Migratoria Entre las estipulaciones plasmadas en la nueva ley, destacan las siguientes: - Se aumentan las penas para inmigrantes ilegales; si a partir del primero de abril, un individuo permanece ilegalmente en el país por más de seis meses, le será prohibido expedir una visa dentro de tres años; una estancia ilegal por más de un año acarreará una prohibición de diez años. Sección 301 - Se permite la deportación perentoria de ilegales sin audiencia ante un magistrado migratorio y sin recurso de apelación ante una corte de segunda instancia, rescindiendo así un precepto básico del derecho migratorio en EE.UU, y otorga discreción virtualmente ilimitada a los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para expulsar a inmigrantes indocumentados. Sección 302 - 1,000 agentes adicionales para patrullar la frontera y la construcción de barreras a lo largo de la frontera, incluyendo una barda triple que cubriera 14 millas en la zona de San Diego. Secciones 101, 102. - Los indocumentados no serán elegibles para recibir asistencia pública alguna. Secciones 501, 504. - Se ordena al procurador general federal de EE.UU establecer, antes del año 2000, 10 estaciones de \"preinspección\" en aeropuertos foráneos identificados como los más importantes puntos de salida de inmigrantes ilegales, lo cual viola claramente el principio de soberanía nacional. Sección 123. Críticas y propuestas Los legisladores de oposición coincidieron en que la respuesta del gobierno mexicano ha sido tímida y tardía. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha limitado a emitir declaraciones reprobatorias de carácter general y, además, dirigidas a instancias menores del gobierno estadounidense, como la patrulla del SIN. Aseveró chuscamente el senador Cristóbal Arias (PRD), presidente del Comité de Asuntos Migratorios, que \"es como si William Clinton le llamara por teléfono al jefe del grupo beta en Tijuana para decirle que está preocupado por el trato a los vacacionistas estadounidenses\". La oposición también fustigó al gobierno por la demora de su reacción, toda vez que la ley se promulgó en octubre del año pasado, pero las autoridades esperaron hasta su entrada en vigor para volcar su censura. Además, los críticos señalaron la carencia de un plan de emergencia para contrarrestar las presiones sociales que conllevaría la deportación de EE.UU a México de trabajadores migrantes. Asesores legales de la SRE y varios legisladores reconocieron la imposibilidad de derogar la legislación mediante apelaciones a instancias internacionales: por un lado, se trata de un acto soberano y legítimo de EE.UU y, por otro lado, ese país desconoce la autoridad de la Corte Internacional de La Haya. No obstante, los políticos de oposición han recomendado una serie de acciones que el gobierno mexicano debería emprender para rebatir los efectos deletéreos de la ley estadounidense: - Recurso a organismos internacionales -la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA), el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), La Unión Parlamentaria Mundial (UPM) y el Parlamento del Foro Asia-Pacífico (PFAP)- para que éstos realicen una labor de observación de derechos humanos en EE.UU. Aunque resulta casi imposible que la presión internacional revierta la legislación estadounidense, existen precedentes donde el consenso moral ha amortiguado los impactos negativos ocasionados por la implementación de leyes con alcance extraterritorial. Dos ejemplos: 1) la negación del presidente Clinton a aplicar una cláusula de la ley Helms-Burton tras la condena de la OEA y 2) la promesa reciente de que no habrá redadas o deportaciones masivas de ilegales, hecha por la secretaria de Estado, Madeleine Albright, a instancia de los ministros exteriores de Centroamérica. - Una firme defensa de los derechos migratorios a través de una vigorizada acción de los consulados mexicanos en el vecino país, los cuales coadyuvarían para interponer amparos ante los tribunales migratorios y darían seguimiento a casos específicos. - Establecimiento de un mecanismo fiscal y económico, así como un programa de empleo, para que los deportados gozaran de acceso a trabajos cuando regresen a México, una propuesta de los legisladores panistas José Angel Conchello y Alejandro Díaz Pérez Duarte. - La propuesta de una \"carta social\" por parte de autoridades mexicanas a sus semejantes de Estados Unidos, la cual permitiría el ingreso temporal de trabajadores mexicanos a ese país para que desempeñaran actividades para las que el mercado laboral de EE.UU ha sido incapaz de abastecer una oferta suficiente -sobre todo en la agricultura, pero también en servicios domésticos y la industria hotelera-. Esta propuesta hace eco al \"Programa Bracero\" implementado por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando jornaleros mexicanos suplieron la escasez de mano de obra en EE.UU. - Medidas puntuales para proporcionar servicios emergentes a inmigrantes mexicanos, como la protección consular mediante la capacitación y sensibilización de su personal, el incremento de visitas a los centros de detención del SIN, la instalación de líneas telefónicas de servicio gratuito para informar sobre el paradero de personas detenidas y la asistencia médica y psicológica a migrantes lesionados o en crisis, acciones planteadas por el subsecretario de Derechos Humanos del Migrante, del PRD, Enrique Toledo. ¿Es culpable el gobierno? Claramente, el fervor antiinmigrante de Estados Unidos se acerca a una histeria de dimensiones históricas que recuerda la ola anticatólica contra inmigrantes irlandeses a mediados del siglo pasado o la \"Amenaza Roja\" (comunista) de los años veinte, etapa durante la cual se aprobaron leyes excluyentes de inmigrantes de la Europa meridional y oriental. La condenable xenofobia que se vive en ese país imposibilita cualquier debate racional sobre los aportes económicos de inmigrantes como productores, contribuyentes y consumidores -para no mencionar el enriquecimiento cultural al que han contribuido los inmigrantes a lo largo de la historia de Estados Unidos-. Pero cabría preguntar, ¿tiene el gobierno mexicano culpa alguna en la presente crisis? Por un lado, se maneja ampliamente la tesis de que las autoridades nacionales han dependido de la emigración como un \"colchón\" o \"válvula de escape\" para aliviar tensiones sociales resultado del desempleo. Por otro lado, el gobierno se ha empeñado en defender un programa económico (contracción monetaria, altas tasas de interés, difícil obtención de crédito, descuido del sector agrícola) que ha sido incapaz de generar empleo para un gran número de ciudadanos, especialmente en el medio rural, y últimamente exacerba la condición de México como país \"expulsador\" de mano de obra. La oposición tendría que sustentar estas tesis con mayor rigor, pero en todo caso, al gobierno mexicano le atañe la responsabilidad de velar enérgicamente por los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, el ansia oficial porque haya continuidad en la relación comercial y económica con Estados Unidos parece haber amasado la política exterior de México. LOS AUTORES SON MIEMBROS DE FRONTERAS COMUNES.