Ante la política migratoria de EE.UU.
15/04/1997
- Opinión
El martes primero de abril, entró en vigor en Estados Unidos la
Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la
Responsabilidad Migratoria, calificada por grupos de derechos
humanos como \"la más dura\" del último medio siglo. Autoridades
y organizaciones mexicanas condenaron rotundamente la ley como
racista y xenófoba, mientras legisladores de partidos opositores
vertieron astringentes críticas al gobierno mexicano al juzgar
que su reacción fue \"tibia\" y de \"efecto retardado\". La ley
podría resultar en la deportación de decenas de miles de
mexicanos en los siguientes años, lo cual agudizaría la crisis
socioeconómica del país y agravaría las de por sí espinosas
relaciones entre México y Estados Unidos.
Si bien el acta legislativa no contiene disposiciones
particulares contra nacionalidad alguna, México se ve
especialmente afectado, pues según el cónsul mexicano en Los
Angeles, José Angel Pescador, \"el 50% de la [inmigración ilegal] es
de origen mexicano\". Se estima que hay más de cinco millones
de indocumentados en el país vecino.
Disposiciones de la Ley Migratoria
Entre las estipulaciones plasmadas en la nueva ley, destacan las
siguientes:
- Se aumentan las penas para inmigrantes ilegales; si a partir
del primero de abril, un individuo permanece ilegalmente en el
país por más de seis meses, le será prohibido expedir una visa
dentro de tres años; una estancia ilegal por más de un año
acarreará una prohibición de diez años. Sección 301
- Se permite la deportación perentoria de ilegales sin audiencia
ante un magistrado migratorio y sin recurso de apelación ante una
corte de segunda instancia, rescindiendo así un precepto básico
del derecho migratorio en EE.UU, y otorga discreción virtualmente
ilimitada a los agentes del Servicio de Inmigración y
Naturalización (SIN) para expulsar a inmigrantes indocumentados.
Sección 302
- 1,000 agentes adicionales para patrullar la frontera y la
construcción de barreras a lo largo de la frontera, incluyendo
una barda triple que cubriera 14 millas en la zona de San Diego.
Secciones 101, 102.
- Los indocumentados no serán elegibles para recibir asistencia
pública alguna. Secciones 501, 504.
- Se ordena al procurador general federal de EE.UU establecer,
antes del año 2000, 10 estaciones de \"preinspección\" en
aeropuertos foráneos identificados como los más importantes
puntos de salida de inmigrantes ilegales, lo cual viola
claramente el principio de soberanía nacional. Sección 123.
Críticas y propuestas
Los legisladores de oposición coincidieron en que la respuesta
del gobierno mexicano ha sido tímida y tardía. La Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) se ha limitado a emitir declaraciones
reprobatorias de carácter general y, además, dirigidas a
instancias menores del gobierno estadounidense, como la patrulla
del SIN. Aseveró chuscamente el senador Cristóbal Arias (PRD),
presidente del Comité de Asuntos Migratorios, que \"es como si
William Clinton le llamara por teléfono al jefe del grupo beta
en Tijuana para decirle que está preocupado por el trato a los
vacacionistas estadounidenses\".
La oposición también fustigó al gobierno por la demora de su
reacción, toda vez que la ley se promulgó en octubre del año
pasado, pero las autoridades esperaron hasta su entrada en vigor
para volcar su censura. Además, los críticos señalaron la
carencia de un plan de emergencia para contrarrestar las
presiones sociales que conllevaría la deportación de EE.UU a
México de trabajadores migrantes.
Asesores legales de la SRE y varios legisladores reconocieron la
imposibilidad de derogar la legislación mediante apelaciones a
instancias internacionales: por un lado, se trata de un acto
soberano y legítimo de EE.UU y, por otro lado, ese país desconoce
la autoridad de la Corte Internacional de La Haya. No obstante,
los políticos de oposición han recomendado una serie de acciones
que el gobierno mexicano debería emprender para rebatir los
efectos deletéreos de la ley estadounidense:
- Recurso a organismos internacionales -la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (CIDH-OEA), el Parlamento Latinoamericano (Parlatino),
La Unión Parlamentaria Mundial (UPM) y el Parlamento del Foro
Asia-Pacífico (PFAP)- para que éstos realicen una labor de
observación de derechos humanos en EE.UU.
Aunque resulta casi imposible que la presión internacional
revierta la legislación estadounidense, existen precedentes donde
el consenso moral ha amortiguado los impactos negativos
ocasionados por la implementación de leyes con alcance
extraterritorial. Dos ejemplos: 1) la negación del presidente
Clinton a aplicar una cláusula de la ley Helms-Burton tras la
condena de la OEA y 2) la promesa reciente de que no habrá
redadas o deportaciones masivas de ilegales, hecha por la
secretaria de Estado, Madeleine Albright, a instancia de los
ministros exteriores de Centroamérica.
- Una firme defensa de los derechos migratorios a través de una
vigorizada acción de los consulados mexicanos en el vecino país,
los cuales coadyuvarían para interponer amparos ante los
tribunales migratorios y darían seguimiento a casos específicos.
- Establecimiento de un mecanismo fiscal y económico, así como
un programa de empleo, para que los deportados gozaran de acceso
a trabajos cuando regresen a México, una propuesta de los
legisladores panistas José Angel Conchello y Alejandro Díaz Pérez
Duarte.
- La propuesta de una \"carta social\" por parte de autoridades
mexicanas a sus semejantes de Estados Unidos, la cual permitiría
el ingreso temporal de trabajadores mexicanos a ese país para
que desempeñaran actividades para las que el mercado laboral de
EE.UU ha sido incapaz de abastecer una oferta suficiente -sobre
todo en la agricultura, pero también en servicios domésticos y
la industria hotelera-.
Esta propuesta hace eco al \"Programa Bracero\" implementado por
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando
jornaleros mexicanos suplieron la escasez de mano de obra en
EE.UU.
- Medidas puntuales para proporcionar servicios emergentes a
inmigrantes mexicanos, como la protección consular mediante la
capacitación y sensibilización de su personal, el incremento de
visitas a los centros de detención del SIN, la instalación de
líneas telefónicas de servicio gratuito para informar sobre el
paradero de personas detenidas y la asistencia médica y
psicológica a migrantes lesionados o en crisis, acciones
planteadas por el subsecretario de Derechos Humanos del Migrante,
del PRD, Enrique Toledo.
¿Es culpable el gobierno?
Claramente, el fervor antiinmigrante de Estados Unidos se acerca
a una histeria de dimensiones históricas que recuerda la ola
anticatólica contra inmigrantes irlandeses a mediados del siglo
pasado o la \"Amenaza Roja\" (comunista) de los años veinte, etapa
durante la cual se aprobaron leyes excluyentes de inmigrantes de
la Europa meridional y oriental. La condenable xenofobia que se
vive en ese país imposibilita cualquier debate racional sobre los
aportes económicos de inmigrantes como productores,
contribuyentes y consumidores -para no mencionar el
enriquecimiento cultural al que han contribuido los inmigrantes
a lo largo de la historia de Estados Unidos-.
Pero cabría preguntar, ¿tiene el gobierno mexicano culpa alguna
en la presente crisis? Por un lado, se maneja ampliamente la
tesis de que las autoridades nacionales han dependido de la
emigración como un \"colchón\" o \"válvula de escape\" para aliviar
tensiones sociales resultado del desempleo. Por otro lado, el
gobierno se ha empeñado en defender un programa económico
(contracción monetaria, altas tasas de interés, difícil obtención
de crédito, descuido del sector agrícola) que ha sido incapaz de
generar empleo para un gran número de ciudadanos, especialmente
en el medio rural, y últimamente exacerba la condición de México
como país \"expulsador\" de mano de obra. La oposición tendría que
sustentar estas tesis con mayor rigor, pero en todo caso, al
gobierno mexicano le atañe la responsabilidad de velar
enérgicamente por los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo,
el ansia oficial porque haya continuidad en la relación comercial
y económica con Estados Unidos parece haber amasado la política
exterior de México.
LOS AUTORES SON MIEMBROS DE FRONTERAS COMUNES.
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