Bajo la consigna de “patria o buitres”, el gobierno argentino desarrolló una cruzada nacional e internacional para dar respuesta al escenario de default técnico que configuró la demanda de NML Capital (fondo de Elliott Manangement) en pared con la actitud del juez Griesa.

 

Así, en el plano nacional, el Congreso de la Nación aprobó el 10 de septiembre pasado la Ley de Pago Soberano, Ley 26.984, en la que establece un mecanismo de pago alternativo al – ahora incapaz – Bank of New York Mellon y así sacarle la vuelta a la orden judicial que le impide actuar como mecanismo de pago ante los acreedores de Argentina (reestructuraciones del 2005 y 2010). Especialmente, porque a fines de septiembre vence el plazo de otra de las cuotas del servicio de esa deuda. Para ello, en dicha ley se designa a Nación Fideicomisos S.A. como reemplazo del agente fiduciario neoyorkino cambiando en la práctica la jurisdicción de pago de Nueva York, Estados Unidos a Buenos Aires, Argentina, donde la coerción de Griesa no llega.

 

Eso sin perjuicio de aceptar otra jurisdicción que alguno de los bonistas perjudicados oponga. El objetivo es darle viabilidad a los pagos de los tenedores de bonos que entraron al canje tras la crisis argentina del 2001. Desde ese mismo punto de vista pragmático, diversos analistas señalan que la mayoría de acreedores aceptará el pago porque entre cobrar en Buenos Aires y no cobrar en ningún lado, van a optar por lo primero.

 

Sin embargo, las voces más críticas apuntan a que esta medida debió tomarse en junio mismo, antes del primer embargo, y que además de cambiar la jurisdicción del pago, también debió cambiarse la jurisdicción de resolución de conflictos, sacándola de los tribunales de Nueva York.

 

Con todo, este tipo de fórmulas legales deberían estar en la agenda de UNASUR, CELAC y otros foros de integración latinoamericana a fin de evitar que otro Estado de la región caiga en la trampa de los fondos buitre, que compran papeles de deuda de un país en crisis (a una fracción muy pequeña de su valor) para una vez recuperado – y siempre con información privilegiada – enjuiciarlo por el total, más intereses y otros costos. Los antecedentes más cercanos se produjeron en Panamá y Perú, que fueron obligados a pagar a Elliott en la década del noventa.

 

La Ley 26.984 fue empujada fuertemente desde el Ejecutivo argentino, tanto así que fue promulgada por la presidencia el 11 de septiembre del 2014, tan solo un día después de su aprobación en el Congreso. Y si bien, la disputa política con la oposición de derechas no faltó, ni tampoco quienes quisieron vender esto como la ley del perro muerto, fue bastante difícil no cerrar filas ante un ataque que viene de fuera y sobretodo de la parte más obscura de las finanzas internacionales. Sin duda, eso ha permitido al kirchnerismo ponerse a la ofensiva nuevamente y cohesionar a Argentina en este terreno. 

 

De manera complementaria, la ley de pagos estableció el su artículo 12 la creación de una comisión parlamentaria permanente de investigación del origen y seguimiento de la gestión y pago de la deuda externa argentina. Claramente un proceso de auditoría de la deuda desde 1976 a la fecha, desde el inicio de la dictadura militar hasta la Argentina de hoy pasando por la década de Menem.

 

 

De igual modo, el gobierno argentino actuó en la escena internacional obteniendo una de sus mayores victorias políticas, no vistas desde la muerte del ALCA.

 

A través del G-77 más China, impulsó una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas para establecer un marco legal regulatorio de las reestructuraciones de las deudas soberanas a nivel global y así acabar con la acción de recompra de papeles por parte de los Fondos Buitre. Un hachazo a la raíz del problema.

 

En efecto, el 9 de noviembre, un día antes de la aprobación de la Ley de Pago Soberano, Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría (144 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones) el documento en el que se decide “elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario (…) un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional (…) de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales (…) antes de que concluya 2014.” (Puntos 5 y 6).

 

Si este marco avanza en forma de convención, lo más recomendable sería que todo el aparato instalado en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) sirva como organismo encargado de resolver la reestructuración de deudas soberanas al mejor estilo de un tribunal de arbitraje de deuda.

 

Finalmente, aunque aún falta mucho para tener este nuevo sistema jurídico en pie, el mensaje político ha sido claro: hay una nueva correlación de fuerzas en el mundo contra las prácticas financieras corruptas que en gran medida se debe a la posición fuerte de Argentina de no someterse al chantaje de los fondos buitre.

 

 

El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa ordenó al gobierno de Cristina Fernández pagar a NML Capital la suma de mil quinientos millones de dólares antes de cumplir cualquier otra obligación financiera con aquellos bonistas que entraron en la reestructuración del 2005 y 2010 respectivamente.

 

NML Capital (fondo de la empresa Elliot Associates LP de propiedad de Paul Singer, conocido pirata financiero que ha hostigado a países como Panamá y Perú en los noventa cuando estos países estaban reestructurando sus deudas con los Bonos Brady), compró a una ínfima parte de su valor algunos de los bonos argentinos que no entraron al canje ofrecido por el gobierno argentino tras la crisis del 2001.

 

Ese porcentaje corresponde al 1 por ciento de la deuda soberana argentina, pues el 92 por ciento de los bonistas entraron al canje de la primera década del siglo, y el 7 restante – que tampoco entró a la reestructuración – no ha hecho reclamación.

 

NML Capital busca cobrar un 1608 por ciento más de lo que pagó para hacerse de esa fracción de la deuda argentina para lo cual demandó ante las cortes de Nueva York el pago total más intereses y daños. Pero antes de que Griesa les diera la razón, logró embargar por varios meses la Fragata escuela de Argentina “Libertad” en el puerto Tema del país africano de Ghana.

 

Ante ello, Argentina ofreció a NML Capital que entre al canje en los mismos términos que a los otros acreedores, es decir que se pongan en la cola como todos los demás, algo que es lógico en cualquier proceso de insolvencia en el mundo. Pero los buitres no aceptaron, pues su negocio no es cobrar como cualquier acreedor, sino hostigar al deudor y obtener un retorno enorme por su “inversión”.

 

Y a pesar de que ello está prohibido por el principio Champerty de la Ley de la Judicatura de Nueva York, Griesa impidió que los fondos entregados por el gobierno argentino para honrar los bonos reestructurados, lleguen a su destino.

 

Hasta ese momento, el fondo buitre NML puso contra la cuerda a Argentina pues en palabras de la propia presidenta debido a la cláusula Pari Passu, si se paga lo que ordena Griesa, el 7 por ciento restante que tampoco entró al canje podría exigir un pago cash de al menos 15 mil millones de dólares e incluso el 92 por ciento reestructurado podría pedir el mismo derecho con lo que se desplomarían los canjes del 2005 y 2010 y con ello todo el sistema de reestructuración de deuda soberana del mundo y por cierto desaparecería el Estado argentino.

 

-  Carlos Alonso Bedoya es abogado y periodista peruano, asesor en temas de política de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – Latindadd.