Día de los derechos humanos:

La pena capital en 2013

Federico Mayor Zaragoza, et al.

10/12/2013

Opinión

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Diciembre es un mes importante en el calendario de los derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos -el 65º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas.

Hace tres días fue también el aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Proclamada en el 2000, fue el primer documento oficial de la UE en combinar y declarar los derechos fundamentales a los que los ciudadanos de la UE tienen derecho.

Tanto la Declaración Universal como la Carta de la UE declaran que toda persona tiene derecho a la vida. La Carta de la UE va más allá y establece específicamente que nadie podrá ser condenado a muerte ni ejecutado.

Así que este es un momento apropiado para considerar cómo la humanidad está progresando en su rechazo constante a la pena de muerte -la negación última de los derechos humanos. Desafortunadamente, 2013 ha puesto de relieve cómo sigue habiendo importantes desafíos en el camino hacia un mundo sin pena de muerte.

Indonesia, por ejemplo, reanudó las ejecuciones en marzo después de un paréntesis de más de cuatro años. Nigeria y Kuwait también reanudaron las ejecuciones este año por primera vez desde 2006 y 2007 respectivamente. En agosto Vietnam llevó a cabo sus primeras ejecuciones en más de 18 meses.

En Iraq un fuerte aumento de las ejecuciones -con al menos 12 presos ejecutados en un solo día en el mes de noviembre- trajo el nivel más alto de ejecuciones conocidas desde la caída de Saddam Hussein en 2003.

En EE.UU. en junio, Texas llevó a cabo su ejecución número 500 desde que en 1976 se restableció la pena capital en EE.UU. En noviembre Florida ejecutó a un asesino convicto por inyección letal utilizando un nuevo fármaco que ha sido impugnado ante los tribunales por los condenados a muerte que dicen que los dejaría en una situación de dolor extremo.

Por otra parte, un tribunal de Bangladesh condenó a muerte a 152 personas en un solo día en noviembre después de un juicio en masa. El Tribunal Supremo de Japón negó un nuevo juicio a un anciano de 87 años de edad, Okunishi Masaru, que había languidecido en el corredor de la muerte durante más de 40 años a pesar de que su condena se basó en una confesión forzada.

Tales injusticias resaltan por qué es importante el liderazgo internacional positivo de las naciones si queremos abolir este castigo cruel y degradante en todo el mundo.

A pesar de los tristes acontecimientos de este año, nosotros en la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) -un organismo independiente liderado por eminentes comisionados de todas las regiones del mundo, y apoyado por 17 gobiernos diferentes- señalamos el Día de los Derechos Humanos a sabiendas de que a nivel mundial la tendencia general es firmemente a favor de la abolición de la pena de muerte.

Tan recientemente como a finales de la década de los 70, tan sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. Hoy en día, más de dos tercios de todos los estados- según la ONU, más de 150 países de todas las regiones y culturas- han rechazado la pena capital.

Han dado la espalda a la pena de muerte porque viola el derecho fundamental a la vida, porque es inaceptable y porque como herramienta de justicia penal es inherentemente defectuosa. Su crueldad, su ineficacia como elemento de disuasión a la delincuencia y el riesgo siempre presente de ejecutar a un inocente deja la pena capital fuera de lugar en la era moderna.

Este progreso se ha visto acompañado por una evolución positiva en la ONU. En diciembre pasado la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de una suspensión mundial de la pena de muerte incrementando el apoyo desde sus resoluciones previas a partir del 2007. Con cada voto, el apoyo a una moratoria ha cobrado fuerza, llegando a 111 países el año pasado.

Sin embargo, la llamada de la ONU sólo es necesaria a causa de la conducta cada vez más aislada de un número relativamente pequeño de países. Los ejecutores más prolíficos del mundo son China, Irán, Iraq, Corea del Norte, Arabia Saudí, EE.UU. y Yemen.

Afortunadamente ha habido también signos de esperanza en 2013. El único tratado internacional de alcance mundial para abolir la pena de muerte en todos los casos -el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- asegura un mayor apoyo internacional. En septiembre, Guinea- Bissau ratificó el tratado y, a principios de año, tanto Bolivia como Letonia se adhirieron al mismo.

Esperamos que más Estados miembros de la ONU ratifiquen el tratado en 2014, que será el 25 aniversario de su aprobación por la Asamblea General de la ONU.

En Singapur, un hombre que había estado en el corredor de la muerte durante seis años, vio reducida su sentencia de muerte a cadena perpetua y 15 golpes de vara. Este histórico fallo puede suponer la primera vez que alguien condenado a muerte en virtud de las leyes sobre drogas de Singapur haya tenido conmutada la pena.

En EE.UU., donde el apoyo a la pena capital ha caído a su nivel más bajo de las cuatro últimas décadas, el estado de Maryland abolió la pena de muerte, convirtiéndose en el 18º estado de EE.UU. en hacerlo. Otros estados como Colorado, Delaware, Oregón y New Hampshire están acercándose a la abolición.

El autor ganador del Premio Nobel de la Paz, periodista y filósofo Albert Camus escribió: " ¿Cuál es entonces la pena de muerte sino el más premeditado de los asesinatos? ... Para que haya equivalencia, la pena de muerte tendría que castigar a un criminal que haya advertido a su víctima de la fecha a la que iba a infligirle una muerte horrible y que, desde ese momento en adelante, él hubiera estado a su merced durante meses."

Debemos instar a las autoridades del resto de países ejecutores del mundo a mostrar el liderazgo necesario para dar el valiente paso hacia la edad moderna de suspender inmediatamente el uso de la pena de muerte como primer paso hacia la abolición total.

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Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Fue director general de la UNESCO (1987-1999), ministro de Educación y Ciencia de España (1981-1982) y miembro del Parlamento Europeo (1987) . www.icomdp.org

Hanne Sophie Greve es jueza y vicepresidenta del Tribunal Superior del Oeste de Noruega, y exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ioanna Kuçuradi es titular de la Cátedra UNESCO de Filosofía y Derechos Humanos y Directora del Centro de Investigación e Implementación de los Derechos Humanos en la Universidad de Maltepe, Estambul, Turquía.

Ibrahim Najjar es abogado y exministro de Justicia del Líbano.

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

https://www.alainet.org/es/articulo/81571