La justicia de Juan Palomo
25/11/2013
- Opinión
El Poder Judicial no puede someterse a las cuotas de partido
Por si el escándalo que supone colocar de presidente del Tribunal Constitucional a un disciplinado militante del Partido Popular fuese poco, ahora vuelven a repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por cuotas de partido.
Y así, lo mismo que ya sabemos de antemano que no habrá una mayoría de magistrados en el Constitucional que en algún momento vote en contra de lo que interese al Gobierno de Rajoy, como antes a los del PSOE, ahora tenemos la seguridad de que el CGPJ respetará los mismos mandatos y que el PP podrá resolver cómodamente lo que le convenga en la Administración de Justicia.
La cuestión no es baladí. El consejo nombra al presidente del Tribunal Supremo, a sus magistrados, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y a los de lo Contencioso-Administrativo y lo Social de los tribunales superiores de justicia y de las Audiencias Provinciales así como a los jueces y magistrados. Es el gestor de la Administración de Justicia, la inspecciona, establece sanciones, se encarga de la formación del diferente personal a su servicio y es el responsable de su calidad, entre otras funciones.
El Consejo es, como su propio nombre indica, la máxima expresión del Poder Judicial, que se supone que debe ser independiente precisamente para poder cumplir la función básica que se le encomienda, garantizar la independencia de los jueces y tribunales respecto al resto de poderes del Estado.
Por eso es un sarcasmo que los miembros de ese Consejo se elijan con total opacidad y sin más criterio que su correspondencia con los intereses de los diferentes partidos. ¿Cómo creer que pueden garantizar la independencia de otros quienes no son independientes, pues dependen de la voluntad de quien les nombra? El testimonio de personas que han formado parte de esos Consejos o el análisis de sus decisiones demuestra claramente que así es como allí dentro se funciona, con estricta disciplina de partido.
Me parece obvio que cualquier poder es más eficaz y democrático cuando tiene contrapesos y por eso creo que es bueno que este tipo de órganos de control o gestión no estén compuestos solo por los propios componentes de la Administración de Justicia, pero la alternativa al puro corporativismo no puede ser el sometimiento del Poder Judicial a las cuotas de partido.
Si la vida política se degrada por días y la población siente cada vez más rechazo por los partidos políticos no es solamente porque se han multiplicado los casos en que estos o sus dirigentes se corrompen, muchas veces sin ningún tipo de disimulo. Tan lamentable desafección se da, sobre todo, porque la gente comprueba que ese tipo de conductas suele recibir un tratamiento privilegiado por parte de muchos jueces y fiscales, algo que solo es posible porque son precisamente los propios partidos quienes deciden quiénes van a juzgar sus tropelías. Por eso no es ninguna casualidad que se llegue a este tipo de componendas y prorrateos justo cuando la corrupción alcanza niveles estratosféricos y cuando los partidos que han pactado la composición de este nuevo Consejo, alguno de sus dirigentes, o la familia real a quien igualmente tratan siempre de proteger, han estado o están incursos en casos de corrupción que pueden hacerles pasar por los juzgados antes o después.
Y para ponerse a buen recaudo no les ha importado contradecirse y hacer ahora lo contrario de lo que nos dijeron que harían. El PP incumple otra promesa electoral, pues se comprometió a cambiar el sistema de elección; el PSOE pacta ahora amistosamente con el PP después de haber recurrido hace unos días su reforma calificándola como “golpe mortal a la independencia del Poder Judicial y una ocupación política del mismo, con ruptura de todos los consensos y de las reglas del juego”. E Izquierda Unida entra a media tarde en el juego después de decir por la mañana que el pacto era “una vergüenza” y que no aceptaría “cambalaches”. Les da igual: ellos se lo guisan y ellos mismos se lo comen.
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