¿Por qué vale la pena la democratización del poder? (II)

Tlacatenco Julio Atenco Vidal

21/11/2013

Opinión

^-A ⁺A

C. Clase política y dictadura de sistema de partidos

1. La Soberanía Popular como concepto genérico del derecho a modificar la forma de gobierno está estipulado en el artículo 39 Constitucional desde 1917, pero los legisladores priistas con el aval de los panistas se han encargado de legislar a su entera satisfacción la modificación del artículo 41 (en 1977, 1990, 1993, 1994, 1996 y el 2007) para evitar a toda costa que el Pueblo pueda ejercer ese Derecho Político natural o Soberanía de manera directa. El artículo 41 no elimina pero si condiciona el ejercicio del derecho de soberanía del Pueblo, de modo que la renovación de las autoridades solo puede hacerse legalmente por la vía de la acción electoral y ésta está reservada solo a los partidos. Entonces, para que el Pueblo decida la modificación de la forma de su gobierno tiene que ingresar a los Partidos políticos y quedar cautivo de ellos. Esto es una camisa de fuerza o, como se dice coloquialmente, un Candado político.

2. El párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución Federal establece: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”, De este modo La Clase Política a instancias del PRI puso un candado legal para que el Pueblo no pueda abrir de propia mano las puertas de los palacios y echar fuera a los malos gobernantes o malos legisladores. No debe pasar desapercibido que la reciente aprobación de la Iniciativa Ciudadana es un reflejo de la presión política de la sociedad organizada pero aún es insuficiente para eliminar a la Dictadura del Sistema de Partidos.

El caso de Oaxaca es algo excepcional y demuestra que la ley puede modificarse como sea necesario cuando un Pueblo lo demanda y lucha por ello. En 1995 el Congreso Local aprobó una Ley electoral que reconoce el derecho de los Municipios a decidir libremente el sistema electoral que desean para la renovación de sus autoridades municipales. De los 570 municipios del estado 412 municipios decidieron regirse por “Usos y Costumbres”. En este caso ejemplar nuevamente el “Factor Indígena” está claramente presente: de los 570 municipios solo 10 son mestizos, mientras que en 245 más del 50% son hablantes de al menos una lengua indígena pues existen 16 Pueblos indígenas distribuidos en 8 regiones interculturales o interétnicas. El resto de los municipios que decidió regirse por “Usos y Costumbres” son mayoritariamente campesinos que conservan elementos culturales indígenas en su memoria histórica.

3. La Constitución Federal define a los Partido Político en su artículo 41, fracción I como “entidades de interés público”…, y establece su función pública en los siguientes términos: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”.

En teoría general los Partidos son instituciones que deberían promover la Participación ciudadana en asuntos públicos de manera representativa. En teoría también deberían ser instituciones al servicio de la sociedad.

Pero en la práctica esa función pública de los Partidos de promoción ciudadana, o como dicen las ONG´s de construcción de ciudadanía no se cumple debido a una argucia sencilla pero estratégica: los legisladores del artículo 41 transmutaron el concepto claro y preciso del artículo 39 que establece el principio político de que el Poder Público dimana del Pueblo y se instituye (se hace instituciones) para Servir al Pueblo, por el término ambiguo del “interés público” en el que pueden caber hasta los grupos fáctico; con la misma intención mañosa de ambigüedad no establecieron la forma y procedimientos para garantizar el “interés público” en la acción institucional de los partidos y -por extensión- también en la función pública de los Poderes del Estado, pues son los partidos los responsables de su integración a través de sus legisladores y gobernantes.

La garantía del “interés público” debiera ser en primera instancia la obligación de los partidos de Consultar a sus agremiados (y a la parte de la sociedad en donde supuestamente tienen representación) sobre las iniciativas o propuestas legislativas o de gobierno que deben hacer. En un segundo momento -durante el proceso legislativo o de la práctica de gobierno- la garantía debiera ser la obligación nuevamente de consultar a los electores previamente a la toma de decisiones fundamentales que afecten a los ciudadanos, a un sector de ellos o al interés general; otro aspecto de la garantía debe ser el derecho ciudadano a fiscalizar permanentemente a sus gobernantes o legisladores. En un tercer momento la garantía debiera ser la obligación de rendir cuentas y/o la evaluación ciudadana que eventualmente pueda traer como consecuencia la cancelación del registro del Partido, la revocación del mandato del representante popular y, en su caso, el despido del funcionario público.

De acuerdo al artículo 35 fracción VIII si se visualizó la Consulta pero la restringe solo a algunos “asuntos de interés nacional” controversial, es decir, no la establece como una práctica ordinaria, cotidiana y obligada del gobierno, del legislador y de los partidos. Peor aún, la forma de la Consulta se le reserva definirla a los propios legisladores, es decir, a los Partidos. La historia de estas Consultas han sido una tosca y vulgar simulación al menos en relación con los asuntos indígenas. Hemos experimentado 2 nacionales (1995 y 2002) y una local en 1997. El caso de la Intención privatizante de la Reforma Energética de EPN es ejemplar: El Gobierno priista y sus aliados conservadores panistas consideran que ya tienen el mandato para gobernar y legislar lo que a su juicio es lo más conveniente para la Nación y por eso pretenden hacer la Reforma privatizante de los energéticos pues para ellos no es necesario hacer una Consulta a la Nación para tomar la decisión. Por otro lado, los partidos PRD, PT y MC, y prácticamente todo el espectro de la sociedad civil organizada quiere que se consulte a la Nación antes de tomar una decisión.

Este es el juego del Poder en el mundo mestizo: Los priistas y panistas pretenden imponer su voluntad como un acto de ejercicio del Poder del Estado (el añejo y fatuo principio de autoridad) contrariamente al interés de la Nación; con su actitud violan la letra y el espíritu de la ley que claramente dice que el Poder institucional dimana del Pueblo y por lo tanto debe servirle, en este caso, consultándole para que el Estado decida lo consecuente con la voluntad popular. Se trata de un Acto de Poder para decidir a favor de intereses ajenos a la Patria y al Pueblo. Los otros partidos ciñéndose a un pequeño resquicio de democracia subsistente en la Constitución demandan que se haga una Consulta porque es un asunto de interés nacional y todos los mexicanos debemos decidir si se privatiza o no el sector energético. Como es de comprenderse, lo que está en juego no solo es la propiedad de un recurso estratégico fuente de inmensa riqueza sino el proyecto mismo de Nación. La máscara de la democracia está por terminar de romperse para exponer clara y abiertamente a la “Dictadura Perfecta”

En el mundo autonómico indígena la cosa es muy sencilla y categórica: la autoridad no se manda sola, tiene que gobernar de acuerdo a la voluntad de la mayoría, y toma decisiones importantes al margen de la voluntad popular y tienen o es previsible que tenga un efecto negativo, se le amonesta y si reincide se le debe destituir por otro ciudadano que sea obediente a su Pueblo.

Desde el punto de vista jurídico, gracias al “Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de 1989”, que fue sensible a los reclamos históricos de los Pueblos indígenas del mundo, establece en el inciso a) de la fracción 1 del artículo 6 el derecho de consulta a los Pueblos (indígenas) interesados “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;…” (Diario Oficial jueves 24 de enero de 1991, pag. 24). Aunque este tratado internacional desde julio del año 2011 ya tiene jerarquía o rango semejante a la Constitución Federal, este Derecho de Consulta (en el ámbito legislativo y administrativo) deberá ser tomado como base para ampliarlo expresamente como un derecho constitucional de todos los ciudadanos mexicanos.

4. Apoyados en el vacío legislativo del “interés Público”, los partidos, los funcionarios públicos y legisladores justifican sus decisiones sustituyendo el Derecho de Consulta ciudadana por la costumbre política -no fundada en la ley- de creer que al ser electos como representante popular (Presidente, Gobernadores, Alcaldes y Legisladores) los ciudadanos les autorizan o mandatan para que en su representación tomen las decisiones que consideren pertinentes. Es decir, los Partidos interpretan a su favor que al ser electo el funcionario público se le da un “Cheque en Blanco” para que gobierne o legisle según su libre albedrío y sin necesidad de consultar ni de rendir cuentas.

Las decisiones de los gobernantes y los legisladores así justificadas han sido ajenas a los intereses populares y de la Nación. Señalaremos al menos dos consecuencias funestas para el país derivadas de esta malsana costumbre política del “Cheque en Blanco” al menos después de la aprobación de la constitución de 1917:

A) Ha conducido a la imposición de un Tercer Poder constitutivo del Estado mexicano: el Poder Judicial. Éste Poder es impuesto en corresponsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso es infundado el primer párrafo del artículo 41 que dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos…” El Poder Judicial no es electo por el Pueblo sino por los partidos representados en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Este tercer Poder no cuenta con mandato popular alguno ni algo semejante al que se le pueda interpretar de esa manera y que norme su función pública en función del interés popular o de la Nación.

El Poder Judicial históricamente ha sido y es corrupto pues no responde públicamente por la responsabilidad de sus actos y decisiones pues vive en amasiato con los Poder Ejecutivo y Legislativo para protegerse mutuamente. A este Tercer Poder Faraónico se le dio autonomía como si fuese un Poder electo y con ello goza de total impunidad. Es un Poder Faraónico que debería ser electo y ser sujeto a la fiscalización y a la rendición de cuentas ante la sociedad.

El nombramiento de un nuevo magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz ilustra fehacientemente el amasiato y las relaciones de incesto y adulterio entre los Poderes del Estado mexicano: “Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el pleno legislativo aprobó por unanimidad el nombramiento de Amadeo Flores Villalba como magistrado del Tribunal Superior de Justicia” (Al calor político 30 de octubre del año 2013). ¿Quién es el Lic. Amadeo Flores Villalba? Un joven abogado sin experiencia como litigante pero hijo del actual Procurador de Justicia del Estado de Veracruz. La “unanimidad” es fiel reflejo de la corrupción imperante en el congreso. No hubo una sola voz que reclamara lo insulso, lo insultante, lo indignante, lo aberrante de la propuesta del Gobernador y que al menos señalara tímidamente que existen muchos otros abogados litigantes con extraordinaria experiencia y conocimiento en la materia aptos para ocupar el puesto. ¿Alguien en su sano juicio puede creer en la legitimidad del Poder Judicial y en su carácter autónomo?

Al Poder Judicial se le ha cuestionado su legalidad y legitimidad con razones de sobra pues la gran mayoría de sus decisiones jurídicas han sido ajenas a los intereses, aspiraciones y sentimientos de la Nación. Muchos hemos recurrido a la justicia internacional para dirimir conflictos locales porque el Poder Judicial del Estado mexicano ha sido incapaz de impartir justicia.

B) Ha conducido a que los legisladores obedeciendo a todo tipo de intereses menos a los del Pueblo han construido un cuerpo de leyes e instituciones que denominan “Estado de Derecho”, pero que permite distorsionar a la propia Ley para favorecer la impunidad de delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada mientras que sanciona con “todo el peso de la Ley” a los infractores de condición social humilde. El garante de este sistema de injusticias es precisamente el Poder Judicial quien blande el Estado de Derecho cual flamígera espada para agredir al Pueblo y sojuzgarlo.

El llamado Estado de Derecho garantiza encarcelar a quien roba una gallina para comer, pero da sustento jurídico al Estado mexicano para que acuda en rescate de banqueros y otros empresarios del Gran Capital que defraudan miles de millones de pesos a los ahorradores, a los consumidores o al propio Estado. Mientras que en otros países los funcionarios corruptos son llevados a la cárcel, aquí se les impone multas simbólicas y en el mejor de los caso se les inhabilita. Se puede crear delitos y sembrar burdas pruebas para encarcelar a opositores políticos o a inocentes como lo muestra magistralmente el documental “Presunto culpable”, como es el caso del profesor tzotzil Alberto Patishtan de Chiapas y como fue mi detención en agosto del año 1997, en cambio a los Narcos y secuestradores y asesinos confesos se les libera “por falta de pruebas”. A los ciudadanos ordinarios se nos aumenta y diversifica los impuestos y si no cumplimos oportunamente nos llegan requerimientos y embargos pero a los grandes empresarios se les deduce impuestos valiéndose de artilugios de la propia ley y terminan pagando… nada. Se compra tecnología extranjera y no se invierte en Ciencia y tecnología propia. Ahora se quiere regalar la renta petrolera a la iniciativa privada pero no se pretende acabar con los corruptos del sindicato y la administración gubernamental ni cancelar los contratos leoninos con particulares que sangran las finanzas de PEMEX. Los delitos electorales se revisan y califican después de calificar las elecciones y dar por ganador al que cometió el fraude electoral. Las Contralorías nunca descubren actos de corrupción de los servidores públicos en funciones mientras que algunos medios de comunicación o ciudadanos si logran evidenciar o hasta comprobar los actos de corrupción. Éste absurdo e inverosímil “Estado de Derecho” sería muy largo de describir.

En síntesis: el llamado “Estado de Derecho mexicano” es fuente de injusticias, abusos de autoridad, corrupción e impunidad. Su sustento legal está en la Ley pero ésta no corresponde a los intereses y aspiraciones del Pueblo y de la sociedad en general, no dimana del mandato popular sino que se sostiene en el “Cheque en Blanco” que creen poseer los legisladores y favorece a los Grupos Facticos o del Poder económico; para aplicar esta Ley antipopular han procreado un tercer Poder faraónico y corrupto denominado Poder Judicial; su origen político está en la ausencia de la garantía medible y verificable del “Interés Público” con lo cual se sustituyó al concepto político de “servir al Pueblo” en la función institucional de los partidos políticos y por extensión de los Poderes del Estado como lo establece el artículo 39 constitucional.

Entonces, podemos decir con toda certeza que la ausencia de la norma jurídica que garantice el “Interés Público” (laguna jurídica, dicen unos) se debe a un acto premeditado para configurar un marco jurídico en el que los Poderes del Estado, o simplemente el Estado pueda representar libremente en un caso a los intereses de los Partidos y la Clase Política, y en otro caso a los grupos fácticos dueños del Poder económico. Tal situación es claramente contradictoria con la letra y el espíritu del artículo 39 que dice: “…Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”.

Reconocer el origen popular del Poder y luego usarlo en favor de intereses ajenos y hasta contradictorios es un acto de simulación, falsedad e hipocresía. ¿Quedó claro cuál engranaje del Sistema debe desmontarse y sanearse a fondo?

En el mundo indígena autonómico se parte del concepto doctrinario de que una sociedad puede estar en Paz cuando hay Armonía, ésta se alcanza cuando existe un Equilibrio entre los factores y elementos constitutivos de la sociedad, la comunidad o la familia. Cuando el equilibrio se rompe, se desarticula todo el sistema y se anula la Paz que es un bien intangible muy preciado. La impartición de justicia parte de la concepción de que es necesario hacer lo necesario para restablecer el Equilibrio y la Armonía para volver a recuperar la Paz. Se dialoga entre las partes con la convicción de Conciliar intereses y aspiraciones, se hace un ejercicio pedir y recibir perdón con el compromiso de no reincidir y resarcir el daño hasta donde es humanamente posible para hacer posible la Reconciliación y solo así se pactan Acuerdos para volver a recobrar la Unidad y la Paz. Para hacer este ejercicio de impartición de justicia nuestros Pueblos no han requerido de un sistema de partidos, de magistrados eternos con sueldos insultantes a la inteligencia humana ni del llamado Estado de Derecho. El “Factor Indígena” puede decir mucho en el diseño de una paradigmática refundación del Estado mexicano.

5. ¿Por qué hemos permitido el desvanecimiento de la justicia y de las instituciones en la corrupción hecha Ley e instituciones? Tiene que haber una explicación que nos permita entender el proceso de degradación del Estado, sus instituciones y la Ley para explorar alternativas de posible solución. Reconociendo mi limitado entendimiento ofrezco una perspectiva del fenómeno político:

Todos los Malos Políticos que llegan al Poder se deslumbran por el fácil acceso a los recurso públicos sin que haya fiscalización ciudadana, otro elemento que los alucina es la facilidad o ligereza con que se pueden tomar decisiones sobre la vida y el trabajo de los demás. Son dos los factores del aturdimiento mental de los Malos políticos: el acceso fácil y libre para disponer del dinero público y el enorme Poder para tomar decisión.

Con la ilusión de conquistar el Poder o con el Poder en la mano los Malos Políticos procrean amigos e incondicionales pues se saben privilegiados al estar ante una mina de oro que pueden usufructuar personal o grupalmente. Por eso, antes luchaban políticamente con la bandera de Democratizar el Poder, pero una vez que llegan a poseerlo se les olvida la Democratización y se quedan solo con el Poder; se limitan a coexistir con el Poder porque eso y no la confrontación es lo rentable para hacer fortuna.

Todos los malos políticos que llegan al Poder se deslumbran por los muchos privilegios económicos y políticos adicionales que los conduce inevitablemente a ingerir un elemento especialmente narcótico: sentirse, saberse o proponerse acceder a un status exclusivo en la Clase Política para navegar en el Sistema de corrupción e impunidad.

6. Por eso, todos los partidos han experimentado un fenómeno de trasmutación en su política interna y pública, unos desde su fundación y otros al llegar al Poder.

En el papel, los Partidos Políticos sostienen diferencias conceptuales y doctrinarias en su Programa pero ninguno se declara abiertamente pro-empresarial, anti-obrero, anti clase media o anti campesino simplemente porque aquí está la mayoría electoral y todos se proponen ser mayoría política y no auto condenarse a ser una minoría eternamente. Todos declaran el propósito de servir a la Nación, promover el Bien Común, servir a la sociedad o abiertamente estar del lado del Pueblo. Pero esta política doctrinaria expresada en el papel la han trasmutado en su Praxis Política, bajo influencia del PRI, Gran maestro de las artes oscuras, en una política diferente concebida como “el arte de conquistar el Poder y de conservarse en él” lo mismo aplicada en la vida partidaria interna como en su práctica institucional una vez arribado al Poder.

7. Ningún parto es indoloro. La Clase Política actual no nació ni se mantiene viva pacíficamente. Para garantizar su permanencia en el Poder el PRI corrompe y modela a su semejanza a sus opositores, los infiltran para dividirlos y hacer aliados; recurren a toda clase de malas artes y oficios para contener, desacreditar, chantajear, sobornar, encarcelar o asesinar a genuinos opositores internos y externos.

La historia de la Clase Política puede remontarse a los primeros años posrevolucionarios tanto en los crímenes entre los grupos revolucionarios del Norte que tomaron el Poder, como en las violentas depuraciones de liderazgos socialista, comunistas y anarquistas en el movimiento sindical desde la época de persecución a los honestos y preclaros hermanos Magón, en el afianzamiento de los líderes corruptos como Morones, en la destrucción de partidos locales como el Partido Socialista del Sureste y el asesinato de su líder Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, en la alianza electoral de Plutarco Elías Calles con el Partico Comunista y en la en la formación del Partido Nacional Revolucionario en 1929.

Pero su etapa más reciente, que es la que nos interesa por ahora, también fue violenta pues lo que le dio entrada al proceso de conformación de la actual Clase Política propongo considerar al crimen de Manuel Clouthier del PAN el 1 de oct de 1989 y José AngelConchello el 4 de agosto de 1998, los más de 400 muertos de líderes regionales o locales del PRD entre 1988-1994 (sin contabilizar los del periodo 1995-2013) y los crímenes de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo del 2004 y José Francisco Ruíz Massieu en septiembre de 1994 en el propio PRI. Naturalmente los casos mencionados solo son casos relevantes pero en realidad la Política Sucia o Guerra Sucia para eliminar a los opositores es una práctica terriblemente cotidiana.

La Clase Política que procreo el Sistema es un organismo multipartidario que en su conjunto constituyen una Dictadura de Sistema de Partidos. El PRI la procreó como partido hegemónico que ha sido pero durante los 12 años de gobierno federal panista éste partido mostró y demostró que si puede ejercer el liderazgo y rumbo del Sistema para que nada sustantivo cambie. Este tipo de Dictadura es una forzada forma de Co-gobierno que acuerpa a las principales fuerzas políticas primero informalmente y ahora con cierta dosis de legitimidad con la firma del Pacto por México. Probablemente sea la última transfiguración posible del Sistema Priista antes de su caída.

El nuevo Poder que lo sustituya por más democrático que sea originalmente, se enfrentará al mismo dilema histórico, más temprano que tarde: Democratizar, Humanizar, Ciudadanizar y Transparentar el Poder o quedarse solo con el Poder a secas, descarnado, desprovisto de espíritu, una auténtica máquina que vuelva devorar a los ciudadanos para enquistar a sus operadores e intentar la eternidad. La razón es muy sencilla estamos inmersos en la historia humana que ha sido una historia de la lucha de clases, como diría Carlos Marx y así será los ciclos de movimiento social y político: Lucha por renovar – Construcción – Destrucción – Lucha por renovar, hasta que la las nuevas generaciones de la humanidad evolucionen hacia una iluminación superior en el que las posesiones materiales no sean lo que rijan los valores humanos sino el Amor, la Paz, la Fraternidad, la Justicia, la Equidad y la Libertad.

A semejanza de cualquier organismo biológico, la Dictadura de Sistema de Partidos tiene la necesidad de reproducirse para perpetuarse. Un primer frente de arquitectura biogenética del PRI consistió en acuerpar a los partidos chiquitos que le fue posible pero era claramente insuficiente y carecía de un mínimo de legitimidad y además no le daba la mayoría absoluta por eso terminó buscando al PAN para llegar a acuerdos y no le fue difícil convencer al PRD, los demás partidos chiquitos se resignaron al papel de bufones del jefe del proyecto en turno. El segundo frente de arquitectura biogenética sin el cual no era viable el primero fue la reforma legislativa e institucional para incidir en la vida partidaria de todos los partidos para organizar a modo los mecanismos de selección de candidatos a puestos de representación popular de dichos partidos y el apoyo y fomento a grupos afines para que conquistaran el Poder Interno.

El caso del PRD veracruzano es elocuente y definitorio de esa ingeniería biogenética partidaria del PRI. Pareciera que la norma vigente en la Clase Política es que “el Patrón”, el PRI, puede negociar prebendas económicas y el poder político municipal en algunos territorios de bajo perfil pero no el Poder Legislativo porque éste es la fuente de la legalidad del Sistema, no le importa si el Sistema es legítimo o no, lo que importa es si es legal y la Ley a modo es fundamental para sostener al Sistema y su absurdo e inverosímil “Estado de Derecho”.

Por eso, salvo quizá algunos gobiernos locales, la forma de operar desde el nivel de gobierno que les toca dirigir, todos los partidos funcionan como una gran empresa corrupta cuyo criterio de funcionamiento es el Costo – Beneficio. Los Grupos de Poder de la Clase Política calculan y negocian la rentabilidad económica y política del Poder en los Estados federados y Municipios. El Interés Nacional, el Interés Popular y el Bien Común son solo slogan de campaña para seducir al electorado que nada tiene que ver con la práctica política concreta de todos los partidos tanto en su vida interna como en su vida pública.

Como vemos, el divorcio de los partidos respecto de la sociedad y el Pueblo tiene fundamento en la Ley que se da a sí misma la llamada “Clase Política”. El origen de tal divorcio no es un accidente de la historia, sino un proceso conscientemente catalizado y calculado por una élite política que para perpetuarse en el Poder se reproduce en multicolores. La doctrina e ideología no importa si solo es papel de presentación o de cambio. Por eso es ostentosamente visible, sin vergüenza y sin moral la circulación de los chapulines jóvenesque transitan de un partido a otro con tan solo cambiar de color de camiseta y el reciclamiento de los chapulines dinosáuricos priistas como Manuel Bartlett, Cacho Solís, Arturo Núñez, Gabino Cué, Alfonso Sánchez Anaya y muchos otros. Desde diversas posiciones y partidos la élite política sigue manteniéndose en el Poder, son la casta divina.

Si se elimina el Sistema de Partidos y los ciudadanos organizados desde la sociedad civil fortalecen su capacidad de participación política y de propuesta, la Dictadura se drenará hasta ser incapaz de sostenerse.

atencoguerra2@yahoo.com.mx

https://www.alainet.org/es/articulo/81067?language=en