El fallo de la Corte Suprema de Justicia  de Argentina  declarando constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de cuatro años de laberínticos juegos judiciales, al oponerse el Grupo Clarín a la desmonopolización en los medios de comunicación, es un hecho clave para consolidar la democracia informativa.

 

De hecho, era una compleja situación donde el mayor grupo mediático del país, amparándose en complicidades judiciales, había logrado detener la aplicación de una ley votada por mayoría en el Congreso el 10 de octubre de 2009 y cuyo proyecto fue redactado en 22 años de debates por todos los sectores sociales.

 

Con esta Ley se dejaba atrás la legislación impuesta por la pasada dictadura militar (1976-1983), que había logrado sobrevivir al proceso de transición democrática abierto a finales de 1983 y que cumple 30 años este 30 de octubre.

 

Durante 22 años, universidades, profesionales, periodistas, intelectuales, sindicatos, movimientos sociales y humanitarios debatieron sobre lo que sería el proyecto finalmente presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto del 2009 al Congreso. Allí también hubo debates, presentaciones testimoniales ante las comisiones legislativas.

 

Imposible encontrar en la historia nacional una ley tan democráticamente participativa. Por eso fue votada por la mayoría en ambas Cámaras y pudo festejarse este enorme triunfo en octubre de 2009.

 

Pero el Grupo Clarín impuso una medida cautelar el 26 de octubre de ese mismo año y desde entonces comenzó la madre de todas las batallas, entre un Estado nacional en recuperación de derechos y soberanías y un grupo monopólico, con un enorme poder económico que constituía uno de los ejes del verdadero poder, acompañando las dictaduras militares de turno.

 

Desde que llegó el ya fallecido presidente Néstor Kirchner al poder en 2003, Clarín comenzaría a convertirse en lo que es en estos tiempos: la virtual jefatura de la oposición contra el gobierno de recuperación nacional, que continuó por elección popular en 2007 la ex senadora Fernández de Kirchner, reelegida en 2011.

 

La mandataria debió enfrentar-y lo sigue haciendo- una guerra sin cuartel encabezada por el Grupo Clarín con más de 250 canales de cable, periódicos, radios, canales de línea, que han monopolizado la información a nivel nacional, desinformando sistemáticamente y formando opinión, a través de su poderosa red sin competencia a ese nivel.

 

Después de un camino sinuoso donde sólo se podía aplicar mínimamente la Ley, porque era continuamente retenida en maniobras judiciales que degradaron a la justicia, la Autoridad  Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) creada por el gobierno para aplicar la norma, logró que se presentaran en 2012 los proyectos de desinversión por parte del resto de los grupos mediáticos.

 

Sólo Clarín resistía el cumplimiento de la medida. Finalmente la Corte debió definir esta injusta situación pero se hizo esperar. Cuatro años pasaron de luchas y maniobras que retrasaban ilegalmente una ley de la nación.

 

Por eso este 29 de octubre miles de personas llegaron a la Plaza de los Dos Congresos a festejar al fin la recuperación de la justicia y  posibilidad de construir por fin un proyecto liberador, que funcionando mínimamente logró dar voz a los sin voz.

 

Esto se advierte en la aparición de las radios comunitarias  de los pueblos originarios, como un ejemplo de lo que puede hacer un país, para devolver la información a manos del pueblo y otras experiencias que harán historia en la región.

 

La Ley de Medios como se le llama ha sido valorada por  funcionarios de  la Unesco como un modelo de democratización informativa, que al fin podría enfrentar no sólo la desinformación, que intenta degradar la conciencia de los pueblos, sino los entretenimientos, uno de los proyectos mejor concebidos para degradar a nuestras sociedades.

 

Perversamente estos entretenimientos son verdaderas armas de destrucción masiva de conciencia, cultura, identidad, lenguaje imaginado este como una verdadera construcción social de los pueblos.    Todo esto para poder avanzar en el proyecto de recolonización trazado en oficinas de Guerra de Baja Intensidad en Washington, para lo cuál también se instaló el esquema de espionaje global, que nos afecta.

 

Ahora comenzará y de hecho ya ha comenzado, la búsqueda de apoyo internacional por parte del Grupo Clarín y sus más cercanos asociados para tratar de imponer desde afuera la injusticia que se les ha vedado desde adentro.

 

Sin duda la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es decir la Sociedad Interamericana de los dueños de grandes empresas monopólicas mediáticas, comenzará su accionar contra esta ley que verdaderamente rescata la libertad de expresión, la diversidad de las voces y la posibilidad de luchar contra una información convertida en arma de guerra y en arma de acción contrainsurgente contra los proyectos populares.

 

Para la SIP la libertad de expresión seguirá siendo la libertad de empresas dispuestas a manejar los hilos del poder económico  que siempre abre las puertas a la dominación externa. Y a las dictaduras de turno y a los sueños hegemónicos, que nuestra América está dispuesta a resistir.

 

- Stella Calloni es periodista argentina, colaboradora de Prensa Latina