El G20 se constituyó en cumbre de presidentes en 2008, cuando la crisis mundial del capitalismo era un dato evidente. De grupo técnico se transformó en cónclave político para tratar de encontrar respuestas a la crisis mundial.

No estamos muy lejos si afirmamos que lo único que se resolvió desde entonces es fortalecer la capacidad de acción del FMI para inducir las políticas de ajuste contemporáneo, que incluye la intervención estatal para el salvataje de bancos y empresas en problemas. El ajuste en la actualidad supone un nuevo papel del Estado en el salvataje de empresas, aunque su contraparte sea el agravamiento del problema del empleo y el ingreso de los trabajadores a escala global. Es cierto que crecientemente se incorpora un lenguaje que suena mejor en las declaraciones finales, como la preocupación por la producción contra la especulación, el tema del empleo y la persistente denuncia de los paraísos fiscales, ahora denunciados como guaridas fiscales.

Pese a las críticas al perfil especulativo del orden capitalista, y la nueva denominación de los paraísos fiscales, en el “Grupo de los 20” no se disponen medidas de restricción, ni acciones concretas en desmedro del accionar creciente y generalizado de la especulación y el delito financiero y económico. Se habló recurrentemente de regulaciones a los bancos y a la circulación de capitales y la realidad devuelve un acrecentamiento de la operatoria y rentabilidad del sector económico y financiero concentrado. Es algo que también se verifica en la Argentina, que en 2001 presentaba a los bancos en problemas y los informes de rentabilidad empresarial de los últimos años los destaca a la vanguardia de las ganancias. Otro dato de la realidad es el incremento del endeudamiento público del conjunto de los países, incluida la Argentina.

Los integrantes del G20 siguen sin encontrar respuestas a la crisis, menos para los trabajadores y los pueblos. En esta ocasión, en la ex Leningrado, ahora San Petersburgo, se reunieron para actualizar información sobre la crisis. La Argentina anunciaba que llevaría la cuestión de la demanda de los acreedores, los llamados “fondos buitres”, ante la justicia de EEUU, que falló en contra del país en primera y segunda instancia. El gobierno intentó presentar el tema como de interés global, ya que el fallo condenatorio de la Argentina sentaría antecedente sobre otras negociaciones de deudas públicas impagas. Es un tema que preocupa a varios países sin capacidad de cancelación en las condiciones actuales.

La presión estadounidense obstaculizó ese objetivo y orientó toda la capacidad de acción política y diplomática para arrancar un acuerdo a la intervención militar sobre Siria. Vale mencionar que EEUU tuvo un éxito parcial en la cuestión de fondo, con apoyos de Francia, Inglaterra o Turquía, pero sin capacidad de hegemonizar al conjunto. Es una expresión de la crisis mundial que también pone en discusión la capacidad de hegemonía de la potencia estadounidense. No es menor que Rusia y China no acompañen esta decisión estadounidense.

Pero más allá de la cumbre y sus resultados, es interesante detenerse en el propósito que se había planteado la Argentina. Los datos de la deuda son reveladores del problema más allá de las demandas en EEUU. A fines del 2001 la deuda pública era de 144.212 millones de U$S, mientras que a diciembre del 2012, según datos oficiales, ascendía a 209.000 millones de U$S. Desde el 2003 a la fecha, según la presidente se pagaron 173.733 millones de U$S. No solo no hay desendeudamiento, sino que los registros de deuda y las demandas desde el exterior señalan la continuidad del carácter estructural y condicionante de la deuda pública.

Argentina debiera no solo reclamar en el G20 e intentar una prédica crítica al orden mundial, sino avanzar en el orden local con la anulación de los Tratados Bilaterales de Inversión, TBIs y, salida del CIADI, tanto como desmantelar el marco jurídico que permite que los fondos buitres puedan saquear a partir de su accionar en tribunales extranjeros. En ese marco, se impone la investigación y auditoria de la deuda para determinar la legítima de la ilegitima. La cuestión de la deuda es una asignatura pendiente y no alcanza con la voluntad solidaria de algunos gobiernos, sino se avanza con medidas locales que reordenen un tema de largo arrastre que hipoteca el presente y el futuro de la Argentina.

La Paz, 7 de septiembre de 2013

- Julio C. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. www.juliogambina.blogspot.com