Colombia

Avanza proceso de paz con las FARC, es necesario contribuir en la discusión sobre la participación política

Álvaro Villarraga Sarmiento

14/06/2013

Opinión

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Se inicia la negociación del segundo punto de la agenda Gobierno-FARC referido a la participación política y social, el cual podrá agregar un nuevo acuerdo parcial y otro avance sustancial hacia conseguir el acuerdo de paz. El proceso va por buen camino, ya existe un acuerdo importante en el tema agrario, aunque aún no conocido en su real contenido y alcance; pero a la vez se advierte que subsisten algunas discrepancias que puede pensarse son sobre asuntos de particular importancia. El Gobierno Nacional no puede insistir en el presupuesto de no afectar políticas públicas y definiciones legales existentes sino disponerse a la implementación de los cambios y reformas que la necesidad de la paz impone.

El esquema de la negociación no permite afirmar que haya certeza de conseguir el pacto deseado sino hasta el final, tanto porque no todo está resuelto en este primer punto como porque todo está sujeto al consenso definitivo de la integralidad del acuerdo. Sin embargo, en consideración de las circunstancias, el trabajo realizado en la mesa y la seriedad y posición constructiva de las partes, se puede augurar el avance hacia el éxito histórico de otro pacto de paz con la insurgencia, que tendrá gran relevancia por la importancia particular de las FARC. El respaldo ciudadano, de opinión interna e internacional es creciente, a pesar de la abierta oposición existente contra el proceso de paz desde los sectores más retrógrados y militaristas, liderados por el ex presidente Uribe y su proyecto político. Urge entre tanto, la esperada noticia del inicio del proceso de paz con el ELN, para poder cerrar así de manera completa el ciclo histórico de los procesos de paz con las insurgencias, de forma que no se sigan prolongando las expresiones de guerra irregular interna que han afectado de manera grave al país.

En lo relativo al tema de la participación política habrá de posicionarse en la agenda pública nacional el debate así como sucedió con el tema agrario, lo que ayuda en la búsqueda de consensos nacionales en todos los temas relativos a la paz. Es claro que los compromisos de la paz trascienden la mesa de negociación y sólo podrán ser realidad mediante la actuación en múltiples escenarios ciudadanos, sociales, institucionales y estatales. En torno a la participación política, haremos referencia a tres asuntos, entre otros posibles, como contribución a las discusión en curso: 1. Las experiencias en los procesos de paz precedentes en el país sobre participación política de los ex integrantes de las guerrillas y sus proyectos políticos con amplia participación ciudadana. 2. El poco referido pero necesario asunto de la favorabilidad política en los procesos de paz. 3. Propuestas que se ventilan en torno a la participación política y social.

1. Experiencias de participación política desde procesos de paz precedentes

Sin duda lo primero que se recuerda es a la UP creada en 1984 precisamente por las FARC para su transición a la política legal, en aplicación del pacto de “tregua, cese al fuego y paz”, suscrito por esta guerrilla con el gobierno Betancur. Con ello vale discutir que se equivocan a diario muchos periodistas y articulistas cuando afirman sin razón que es la primera vez que se acuerdan términos de paz con esta guerrilla. Es de recordar que la UP representó un éxito político y la alternativa al momento frente al bipartidismo dominante. En los años ochenta fue la organización de oposición de izquierda más importante y accedió a numerosas corporaciones públicas y varios gobiernos territoriales. Pero ante todo por responsabilidad estatal y gubernamental éste proceso de paz como las treguas pactadas simultáneamente con el M19 y el EPL fracasaron, sin que se consolidaran pactos de paz definitivos. En tales circunstancias, el proyecto político del proceso de paz con las FARC fue exterminado por la persecución sistemática de la fuerza pública y el paramilitarismo desde la misma vigencia de los acuerdos y que se profundizó desde 1987, al romperse este acuerdo de tregua y paz. Esta experiencia pesa en el Estado como responsabilidad grave que le exige coherencia al respecto ante nuevos acuerdos de paz y pesa en las FARC en términos de desconfianza explicable pero también de lección sobre la necesidad de consolidar procesos claros y también coherentes en el paso de las armas a la política, sin ambigüedades que expongan a la población civil participante en el proceso.

Posteriormente producto de los pactos de paz del M19, el PC ML-EPL y el PRT, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, y en convergencia con agrupaciones políticas nacionales y regionales de la izquierda, surgió la Alianza Democrática M19, de forma que también fue un exitoso movimiento político, con contribución decisiva precisamente en la reforma política democrática que dio lugar a la Constitución Política de 1991. consiguió en los años siguientes representación en corporaciones públicas y acceso a gobiernos locales, pero pronto entró en crisis y se disolvió, producto de sus incapacidad de forjar un proyecto sostenible, pero también ante la ausencia de las necesarias garantías estatales necesarias. Simultáneamente, el proceso de paz con el MAQL dio lugar para que sus ex integrantes junto con organizaciones indígenas y del ámbito popular crearan la Alianza Social Indígena, movimiento político que luego accedió al Congreso en uso de la circunscripción especial indígena y a gobiernos locales y corporaciones públicas principalmente en el norte del Cauca, a la vez que en coalición o avalando sectores independientes, ha logrado gobiernos territoriales en otras regiones.

La experiencia constata que los procesos de paz se asocian a dinámicas políticas democráticas y reformistas. A pesar del fracaso final, las treguas de mediados de los ochenta se inscribieron en una política de paz gubernamental que adoptó un programa de rehabilitación en zonas de conflicto, realizó un programa de atención a ex guerrilleros amnistiados y una reforma constitucional descentralizadora que estableció la elección popular de los alcaldes, aunque no aplicó las reformas políticas y sociales de fondo comprometidas en los pactos suscritos con las guerrillas. Los acuerdos de paz con el M19, EPL y otras agrupaciones armadas menores, a inicio de los noventa, contribuyeron a la reforma constitucional más importante de la historia colombiana reciente, en cuya posibilidad obraron también dinámicas institucionales, políticas, sociales y ciudadanas. Sin embargo, los efectos del cambio constitucional han sido limitados por factores como la inconsecuencia gubernamental y legislativa, la continuidad del conflicto armado, de contextos de violencia y la imposición del modelo económico de apertura con resultados económicos y sociales regresivos.

2. Necesidad de garantías y de medidas de favorabilidad política

Las medidas de favorabilidad política son necesarias en los procesos de paz, precisamente a favor de la posibilidad de actuación de los proyectos políticos partidistas creados o promovidos por población de ex combatientes amnistiados. En los pactos de 1984 no hubo ninguna medida de favorabilidad política sino el ofrecimiento de garantías que no tuvieron efecto real. En los pactos de paz de inicio de los noventa se ofrecieron garantías, se otorgaron registros legales de partidos políticos a la mayoría de los movimientos que firmaron los acuerdos y se aplicaron medidas de favorabilidad política como el acceso a la Asamblea Nacional Constituyente al EPL, PRT y MQL en 1991, a la Cámara de Representantes a la CRS en 1994, y se expidió el Decreto1388 ese mismo año que habilitó una circunscripción especial de paz para los amnistiados e indultados y sus organizaciones políticas, de todos los acuerdos de paz suscritos en años noventa, el cual tuvo vigencia sólo en una elección para concejos municipales y exclusivamente en los municipios donde oficialmente se había registrado la residencia de tal tipo de población.

Además, la favorabilidad política para procesos de paz con la insurgencia fue consagrada en la propia Constitución Política de 1991 con vigencia de tres años, de manera que su Artículo Transitorio 13 entregó facultad al Gobierno Nacional “para dictar las disposiciones que fueren necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieron presentes; y para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e integración”. Disposición fue base para la toma de varias medidas en tal sentido, a partir de los acuerdos de paz implementados durante los primeros años noventa. La Ley 104, y otras subsiguientes, introdujeron también la facultad gubernamental para definir medidas a favor de los compromisos en los acuerdos de paz.

Sin embargo, de manera general, el marco de garantías ofrecido a los procesos de paz fue coyuntural, frágil y finalmente fracasado en el contexto nacional, basta recordar el millar de muertos y desaparecidos de ex militantes de las guerrillas que pactaron la paz en los 90 y la imposibilidad de ejercer la política e incluso de hacer presencia en muchas regiones afectadas por el conflicto armado y la violencia, a la vez que las medidas de favorabilidad política no pasaron de ser coyunturales, limitadas y sin una visión sostenible y mediata de los compromisos asumidos en los procesos de paz. Y tal consideración no se refiere a los ex combatientes, sino precisamente al marco de garantías necesario para proyectos políticos, ciudadanos, sociales y comunitarios, que consiguen también adscripción a opciones políticas partidistas, en el contexto de los procesos de paz y del tránsito de expresiones insurgentes a la vida política institucional.

3. Recomendaciones actuales sobre participación política

Precisamente el segundo foro convocado por la Universidad Nacional y la ONU-PNUD, sirvió de escenario para iniciar la discusión del tema de participación política y social, en su amplia dimensión y en su relación con el proceso de paz actual. Por ello, las discusiones y propuestas que se han ventilado en los años precedente y en la actualidad fluyeron y como se prevé, podrán ser insumo valioso a la mesa de negociación Gobierno-FARC. Entre ellas destacamos la necesidad de consolidar un régimen de partidos políticos a partir de reformas legales y recuperación de prácticas que propendan por la recuperación de la política y la legitimidad de las agrupaciones políticas. Es necesario ampliar el sistema político y asegurar la representación de sectores excluidos. Emprender una reforma política integral que haga posible un sistema plural y libre para el surgimiento y consolidación de partidos políticos. Es imprescindible contar con un estatuto de la oposición. Se deben garantizarse los derechos de la oposición consagrados constitucionalmente. En perspectiva de cultura democrática la oposición debe ser entendida y asumida de forma respetable, como reserva política y moral, como alternativa ante los desafíos de la gobernanza. Con respecto al acceso a los medios de comunicación y el derecho a réplica existe la obligación constitucional de los medios de comunicación privados de asumir la necesaria equidad informativa y la responsabilidad social. Es indispensable para la oposición poder expresar sus puntos de vista en los principales medios de comunicación.

Con referencia a los actores políticos que pasan de la insurgencia a la legalidad se requiere adoptar medidas de favorabilidad política propias del pacto de paz y sus garantías. No se trata entonces de limitarse a permitir la existencia legal de nuevas agrupaciones o partidos políticos, sino que debe haber contribución del Estado para su efectiva y real inserción política. Esta contribución puede tomar diferentes formas. Posibilidades podrían ser otro proceso Constituyente que quizás con agenda y temario limitado entregue aportes democráticos a la Constitución Política existente; la circunscripción especial de paz por un tiempo, con facilidad para el acceso a corporaciones públicas. Además, pueden ser creativas y múltiples las posibilidades para reforzar las garantías especiales para los proyectos y agrupaciones políticas ligadas a la aplicación de los pactos de paz y sus actores.

La implementación de formas de veeduría nacional e internacional, como es usual en los acuerdos de paz, para velar por el cumplimiento de lo pactado, debe incluir el acompañamiento a las expresiones políticas y sociales asociadas a los pactos de paz y sus eventuales iniciativas partidistas. El cierra de la guerra irregular con las guerrillas y el propósito de consolidar un marco efectivo de garantías en todo el territorio nacional, exige el desmantelamiento integral y efectivo del fenómeno paramilitar y sus diversas expresiones. Superar la captura de poderes públicos, la convivencia con la ilegalidad de diversos actores políticos, sociales y económicos y la existencia de grupos armados ilegales asociados a tal fenómeno.

Así mismo, asunto de relevante para la participación ciudadana, social y política en todas sus expresiones, es conseguir un marco efectivo de garantías políticas que también demanda superar la estigmatización y criminalización desde el Estado y desde otros sectores de la protesta social legítima. Es necesario ofrecer las debidas garantías y el ejercicio de sus derechos a los sectores más afectados al respecto: Los pueblos indígenas, afro-descendientes, campesinos y los defensores de los derechos humanos, periodistas, opositores políticos, entre otros. Así mismo, en tal contexto, considerar compromisos con el tratamiento diferencial positivo a favor del enfoque de género y las mujeres, las niñas y niños, los jóvenes, las víctimas del conflicto armado y la violencia y los sectores más empobrecidos, el mundo rural y los entornos más afectados por el conflicto y la violencia.

Álvaro Villarraga Sarmiento

Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 355

Semana del 14 al 20 de junio de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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