Brasil

Avances y fragilidades en el camino de la despatriarcalización del Estado

Nalu Faria

04/06/2013

Opinión

^-A ⁺A

En 2002 había una gran expectativa frente a la elección de Lula para la Presidencia de la República. Sin embargo, era evidente que no seria un gobierno de rupturas como sí lo anunciaba su programa de gobierno de 1989. Brasil venía de más de una década de neoliberalismo, con todo lo que eso representó en términos de precarización de las relaciones laborales, privatizaciones, disminución de las políticas sociales del Estado, etc. Existía sí la expectativa de superación del neoliberalismo, del regreso a las políticas públicas de carácter universal, de construcción de políticas de igualdad para las mujeres, de cambios en el modelo de producción, de prioridad al consumo interno, de distribución de la renta, reforma agraria, entre otros.

El proceso por lo cual se gestó el proyecto del PT está profundamente marcado por las agendas del feminismo. Eso se debe a la presencia de un sector feminista en su construcción y por la existencia de un fuerte movimiento autónomo de mujeres, con acción también en los sectores populares y sindical, y con organización al interior de los movimientos sociales, incluso con fuerte participación de mujeres petistas.

En el proceso de la transición de la dictadura a la democracia se inició la institucionalización de los organismos de gobierno con foco en las políticas para las mujeres en Brasil. Eso fue a partir de la creación de los Consejos de Derechos de las Mujeres, estructura de carácter dual que conciliaba asesoría al Ejecutivo con la representación de sectores del movimiento de mujeres.

Por otro lado, desde el 1989, en los ayuntamientos gobernados por el PT , otra visión fue puesta en marcha, basándose en la necesidad de una estructura del Ejecutivo que estableciera una relación con el movimiento de mujeres, por medio de herramientas de diálogos, participación popular y control social.

Las petistas fueron muy activas en todas las campañas electorales tanto en la movilización, como en la elaboración de propuestas para lo programas de gobierno. Fruto de ese proceso se incluye, en el programa de gobierno de la campaña del 2002, dentro del capitulo feminista la propuesta de creación de una Secretaria de Políticas para las Mujeres (SPM), con el mismo status de un ministerio.

En este artículo, la mirada acerca de los diez años de gestión de los gobiernos del PT en el Ejecutivo Federal, se enmarca específicamente en : las mujeres y el sentido de las políticas para ellas. Las políticas de un gobierno para las mujeres no se evalúan sólo teniendo en cuenta las puestas en marcha por la SPM, sino tomándolas en su conjunto para saber si son capaces o no de alterar la desigualdad de las mujeres, en todas sus dimensiones.

Primera gestión

La creación de la SPM, marcó un cambio en el gobierno en lo que refiere al reconocimiento de la necesidad de cambios en el Estado para romper con su estructura patriarcal y realizar políticas de igualdad para las mujeres.

Diversos cambios fueron introducidos inclusive en las acciones y estructuras iniciadas en gobiernos anteriores. Una primera se refiere a la estructura y la naturaleza del Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer (CNDM), superando la situación anterior de dualidad, donde que era a la vez órgano de asesoría gubernamental y de representación de sectores del movimiento de mujeres.

Partiendo de ahí se estableció otro patrón de relación con los movimientos de mujeres y la sociedad civil organizada, en particular con la realización de las Conferencias Nacionales de Políticas para las Mujeres. Miles de mujeres de esas organizaciones y gestoras (es) de todo el país, definieron las directrices consolidadas posteriormente en el Plan Nacional de Políticas para las Mujeres, que involucra el conjunto de los ministerios y cuenta con un comité de monitoreo con representación del CNDM.

Como parte de esos cambios, el CNDM dejó de tener representantes elegidas por el Ejecutivo. Se estructuró un proceso de elección a partir de las organizaciones, de los movimientos de mujeres y de los grupos de mujeres auto-organizadas en los movimientos sociales mixtos.

Ya en el comienzo del gobierno de Lula, había en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Agrario (MDA), se buscaba la formalización de propuestas o programas dirigidos para la igualdad de las mujeres. Luego, otros ministerios también pasaron a tener programas específicos, pero ese proceso, en la practica, aún es muy heterogéneo y desigual. En el caso del MDA se desarrollaron iniciativas que buscaron la ampliación de las políticas, y ha dejado de ser un Programa para transformarse en Directoria en el ministerio. Los cambios se reflejaron también en el presupuesto y en la capacidad de desarrollo de programas y evidentemente, en el público alcanzado. Las acciones que incluyen la obligatoriedad de titulación conjunta de la tierra, la creación de una línea de crédito específica, programa de documentación de las mujeres, el incentivo a la organización productiva de las mujeres, propuestas específicas en Asistencia Técnica de Extensión Rural, entre otras, tienen sus resultados percibidos en datos concretos, como la emisión de 2.254.833 documentos para 954.331 mujeres en 4.667 municipios. Otro dato relevante es el porcentaje de mujeres titulares de lotes de la reforma agraria, que entre 2003 y 2007 saltó del 24,1% para un 55,8%, con la titulación conjunta obligatoria.

Esas acciones fueron potenciadas por programas de venta directa de la producción de la agricultura familiar, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), del Ministerio del Desarrollo Social, que ayudan a enfrentar uno de los problemas centrales de las y los productores de la agricultura familiar y campesina. Sobre todo en el caso de las mujeres, la política de comercialización llevó a los movimientos en el campo a reivindicar un porcentaje de contratación para grupos de trabajadoras.

El enfrentamiento de la violencia patriarcal

Hace diez años, cuando el gobierno de Lula empezó, los datos en relación a la violencia eran alarmantes. Hoy, la Ley Maria da Penha es símbolo, y a la vez la puesta en marcha, de un esfuerzo de atención a las mujeres que sufren violencia, con perspectiva a su erradicación. Su implementación, por lo tanto, está insertada en relación con otras políticas tanto de salud, de seguridad, o de garantía de la autonomía económica de las mujeres.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento tuvo como punto de partida una propuesta presentada por un grupo de ONGs feministas, posteriormente debatida y modificada en el CNDM. A lo largo de su tramitación en el Congreso, la parlamentaria responsable, Jandira Feghali realizó varias audiencias públicas, en las cuales, además de propuestas de enmiendas, se desarrolló un amplio proceso de debate en la sociedad, lo que contribuyó para la legitimidad de la Ley Maria da Penha antes de su aprobación.

Un aspecto positivo a ser resaltado es el hecho de la ley caracteriza la violencia que sufren las mujeres como un tipo de violencia específica, poniendo énfasis,por lo tanto, en la existencia de una relación de opresión a ser superada. Eso generó varias reacciones conservadoras, en particular en sectores del Poder Judicial, al cuestionar la pérdida del carácter universal, propuesto por la Constitución, en razón de ser dirigida a las mujeres. Este ya es un largo debate del movimiento feminista: no habrá igualdad y universalidad mientras los desiguales no sean tratados como desiguales, lo que hace necesarias acciones afirmativas o de discriminación positiva.

Los cambios en relación a la violencia contra la mujer aún son muy difíciles de ser evaluados, por el el sub-registro, por las pocas denuncias, etc. La Fundación Perseu Abramo realizó, en el 2001, la investigación “Mujer Brasileña en los Espacios Público y Privado”, actualizada en el 2010, con la inclusión de entrevistas con hombres y nuevas elementos, se tituló “Mujeres y Género en los Espacios Público y Privado”. Aunque en el 2001 sólo doce modalidades de violencia hayan sido investigadas, al comparar las dos encuestas la tasa de mujeres que ya sufrieron alguna violencia cayó del 43% al 34% – más específicamente, la tasa agregada de violencias o amenazas físicas cayó del 28% al 24% y la de violencias psíquicas, del 27% al 21%.

Un punto fundamental es que el combate a la violencia se constituyó como una agenda en la sociedad, de forma limitada y con poca compresión de su complejidad. Un gran desafío que persiste es hacer la ley efectiva e implantarla en el conjunto de los municipios y de los gobiernos de los departamentos. Ese empeño se traduce en la articulación del Pacto Nacional de Combate a la Violencia, propuesto por la SPM.

Fragilidades para debatir el tema del aborto

Uno de los puntos más difíciles ha sido debatir la descriminalización y la legalización del aborto. Esa fragilidad viene ya de la campaña electoral del 2002, cuando el tema no fue incluido como parte del programa.

Eso no significó falta de iniciativas por parte del gobierno. El punto más positivo fue que la comisión triple creada por la SPM elaboró un proyecto de ley en base a los contenidos sobre aborto trabajados en la I Conferencia de Políticas para las Mujeres. Este, sin embargo, fue duramente criticado por el Poder Legislativo.

El aborto fue también utilizado por la oposición como uno de los principales puntos para intentar impedir la elección de la presidenta Dilma, y en efecto, el partido y la campaña tuvieron dificultades para hacerle frente, lo que significó un retroceso de posiciones. Fruto del chantaje en aquel momento, como candidata, Dilma se comprometió a no proponer la descriminalización del aborto. Eso se agrava por el creciente conservadurismo en el Legislativo y en la sociedad y por la organización en masa de la derecha en relación al tema.

Esa fragilidad está presente aún en otros temas sobre el cuerpo y la sexualidad, como las reivindicaciones colocadas por los sectores LGBT. Eso impone como tema central el debate a cerca de la relación entre laicidad y despatriarcalización del Estado.

Dilma, la primera mujer en la Presidencia del país

Son recurrentes en los debates y entrevistas sobre este tema, aspectos vinculados al significado de la elección de la primera presidenta en Brasil. Sin dudas es motivo de orgullo para todas nosotras, pero es bueno acordar que pertenecemos a una posición que entiende que no basta ser mujer. Lo que de hecho, no explica todo, delante de la complejidad que es la exclusión de las mujeres de los espacios valorados de la política y sus contornos específicos en la modernidad post-iluminista, que persiste en parte en los procesos socialistas y que ni siquiera un vigoroso movimiento mundial de mujeres consiguió revertir aún.

En nuestra región tenemos otras experiencias de mujeres presidentas y con distintas posiciones políticas: de Violeta Chamorro, en Nicaragua en los años 1990, hasta Michelle Bachelet, en Chile, Cristina Kirchner, en la Argentina, y Laura Chinchilla en Costa Rica, los años 2000.

Pero cuál es la singularidad de Brasil? Suelo responder que el primer aspecto a ser resaltado es la trayectoria de Dilma Rousseff, que se inició cuando aún era joven militante, a finales de los años 1960, enfrentando y rompiendo con los llamados roles tradicionales destinados a las mujeres. Fue una destemida dirigente de organizaciones de lucha contra la dictadura. Hasta entonces, sólo habíamos tenido a Lula como nuestro candidato a la Presidencia. Es un hecho extraordinario que la primera vez que él no fue candidato haya sido una mujer quien ocupara ese puesto. Aún más por las posiciones asumidas por ella al nombrar mujeres para puestos importantes del gobierno, con su visión de ampliar las condiciones para que las mujeres disfruten de autonomía y posibilidades de participación y decisión.

Algunos puntos para la evaluación

El PT asumió la Presidencia en un contexto en que la desigualdad de las mujeres fue gradualmente incorporada por las instituciones multilaterales lo que tuvo bastante influencia sobre los gobiernos de toda la región latinoamericana y caribeña.

En la década anterior, se visibilizaba a las mujeres como las más pobres, que deberían ser las beneficiarias de las políticas focales de alivio de la pobreza. A partir de esos marcos se iniciaron las llamadas políticas de transferencia de ingresos, hoy desarrolladas en varios países de América Latina. Las mujeres pasaron a ser consideradas las protagonistas de ese proceso, anclado en estudios que indicaban que ellas, en general, invertían sus recursos en el bienestar de la familia, partiendo de una visión de su postura altruista como parte de la identidad femenina. O sea, desde un discurso sobre las calidades de las mujeres, una visión naturalizada de la maternidad y de su esfuerzo en el cuidado de la familia.

Hay un intenso debate de evaluación del significado de esas políticas y, en el movimiento feminista en general, hay una crítica a su orientación familista, de refuerzo de la visión de las mujeres como madres y de que las condicionantes siempre imponen una sobrecarga que es responsabilidad de las mujeres. Además de eso, hay una crítica fuerte a las condicionantes que definen quién tiene y quién no tiene derecho a determinado beneficio y, por lo tanto, violan la idea de derecho universal.

Del punto de vista de evaluaciones positivas, hay un reconocimiento de su importancia como respuesta de urgencia a la pobreza. Es común la evaluación de que esas políticas, en los llamados gobiernos progresistas de América Latina, incluyendo a Brasil, son sólo una continuidad de las respuestas neoliberales para la pobreza.

Sin embargo, es necesario problematizar esa evaluación mirando la complejidad del proceso. Una primera cuestión es que parte de un reconocimiento de las mujeres y de su capacidad como gestoras, aunque recurriendo a ese tema del cuidado y del rol de madres. Para nosotras, eso tiene que ser debatido y superado, o sea que las mujeres deben ser vistas como sujetos autónomos, al mismo tiempo que hay una necesidad de profundizar el debate y las propuestas hacia el cuidado.

Por otro lado, en Brasil, es bastante evidente que hubo un cambio en el alcance de esas políticas y ya no se trata de algo absolutamente focal. Pero lo más relevante es que, como políticas públicas y de la visión del rol y responsabilidad del Estado, ocurren en dirección opuesta a los años de neoliberalismo. Durante los mismo existían sólo algunas políticas focales de alivio a la pobreza.

Ahora ocurren en un marco de recuperación del Estado lo que garantiza los derechos universales y induce las políticas económicas. Por lo tanto, no son programas aislados, sino articulados a un conjunto de políticas sociales y económicas tales como salud, educación, el aumento del salario mínimo, formalización del empleo, políticas de apoyo a la agricultura familiar, a la economía solidaria etc. En el caso de Brasil, es muy evidente la relación entre mejoría del acceso a la renta y el aumento del salario mínimo. Varios datos apuntan hacia la mejora de las condiciones económicas de las mujeres. Según la PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar), entre el 2004 y el 2011, la renta creció el 31% para los hombres y el 45% para las mujeres. Con eso, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se redujo del 37% en 2004 para 30% en 2011. Ese es un dato extremadamente importante en un cuadro de disminución de la desigualdad en general en Brasil, pero como un país aún extremadamente desigual y con alta concentración de la riqueza.

La centralidad en el papel de madres aparece en otras políticas, como el Programa Red Cigüeña , iniciado en el gobierno de la presidenta Dilma, que ya muestra la disminución de la mortalidad materna. La cuestión es cómo recuperar los cúmulos del movimiento feminista sobre la visión de las mujeres como sujeto de derechos, desde la defensa de políticas de atención integral a la salud de la mujer. Y eso puede significar programas y acciones específicos en relación a la maternidad, pero sin desconectarse de la visión de atención integral y de que las mujeres son sujetos políticos – y por lo tanto su ciudadanía plena tiene que ser garantizada.

Merece destaque, el hecho, de que prevalece en esas políticas un corte maternalista, aunque eso pueda ser problematizado a partir de diversos elementos. Un primer aspecto es que, efectivamente, son las mujeres que garantizan el cuidado, y sí ellas tienen mejores condiciones, eso tendrá un impacto positivo en la mejoría de las condiciones de vida y, por lo tanto, mejores condiciones de ampliación de su ciudadanía, de empoderamiento etc.

El otro aspecto es que en el gobierno hay otros elementos que componen sus políticas, como la existencia de la SPM, un ministerio dirigido a las políticas de igualdad que se posiciona claramente con una perspectiva feminista. También el ejemplo ya citado de las políticas desarrolladas por el MDA, con una directriz de garantía de la autonomía económica de las mujeres también desde una visión feminista, que incorpora como eje estructurante la economía feminista. Eso deja de manifiesto que hay un debate, y que hay diferentes experiencias en marcha. Como hay mucho debate y diálogo con los movimientos de mujeres, se explicitan las tensiones y conflictos, aunque en los temas más polémicos aún existan grandes dificultades para avanzar, como es el tema del aborto.

Nalu Faria es integrante de la Marcha Mundial de Mujeres

Publicado en Teoría y Debate, edición 110, marzo del 2013. Disponible en: http://www.teoriaedebate.org.br/materias/sociedade/avancos-e-fragilidades-no-caminho-da-despatriarcalizacao-do-estado?page=0,0

https://www.alainet.org/es/articulo/76522