34 periodistas asesinados en 10 años
Debaten ley de telecomunicaciones que democratiza el espectro radioeléctrico
25/05/2013
- Opinión
Abogan por el fin de la impunidad en Honduras mientras debaten ley de telecomunicaciones que democratiza el espectro radioeléctrico.
"Es necesario demostrar que en Honduras se quiere investigar lo que está pasando en este gremio profesional y asegurar mayores condiciones para el ejercicio periodístico", reclamó ayer la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana A. Pineda H., en vísperas del Día del Periodista Hondureño, instituido el 25 de mayo, hoy.
Al mismo tiempo, recrudece el debate político sobre una nuevo marco jurídico para el negocio de las telecomunicaciones que divide en tres sectores el espectro radioeléctrico público, 33% comunitario, 33% privado y 34% del Estado, severamente resistido por los grandes medios, tal como ocurrió en Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países.
Llaman a terminar con la impunidad
En Honduras sólo se han judicializado 6 de los 34 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales registrados desde 2003, recordó la ministra Pineda, en un acto conmemorativo del “Día cultural por la libertad de expresión y la defensa de la agenda de Derechos Humanos”, que demandó una investigación efectiva de 34 asesinato de periodistas y comunicadores sociales contabilizados entre 2003 y 2013.
La secretaria de Estado, que promueve agendas de libertad de expresión y de derechos humanos, exigió justicia y resultados efectivos en la investigación del asesinato de 34 periodistas. “El Ministerio Público tiene que pasar por un proceso de revisión interna y evaluación de su desempeño, lo mismo debe hacer la Secretaría de Seguridad para que obtengan resultados efectivos”, exigió la ministra.
“Las instituciones creadas para investigar y enjuiciar deben trabajar para alcanzar mayores resultados, en virtud que el universo de muertes violentas manda un mensaje de alta impunidad, ya que sólo se han judicializado 6 casos, lo que demuestra que hay que hacer mayores esfuerzos”, dijo. “Es necesario demostrar que en Honduras se quiere investigar lo que está pasando en este gremio profesional y asegurar mayores condiciones para el ejercicio periodístico”.
En Honduras sólo se ha condenado al autor del homicidio de Georgino Orellana, asesinado el 20 de abril de 2010 al salir de su trabajo, en Televisión de Honduras (TVH), en San Pedro Sula. Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Cultura y Desarrollo (Unesco), Honduras es el país con la mayor tasa per cápita de asesinatos de periodistas.
Conflicto político de fondo
Los grandes medios, que apoyaron la dictadura Micheletti (28/6-2009 al 27/05-2010) e ignoraron sus crímenes, incluidos los de periodistas, ahora levantan la impunidad de esos asesinatos como bandera de lucha en su confrontación con un proyecto de ley que establece un nuevo marco legal a las telecomunicaciones y se encuentra en discusión en el congreso, impulsado por la cartera de Ana Pineda.
El proyecto, enviado al parlamento por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), recoge algunas recomendaciones de Frank La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, sobre telecomunicaciones y medios de comunicación, formuladas tras el Examen Periódico Universal. También contiene otras de la Comisión [local] de la Verdad y la Reconciliación y cuenta con el apoyo de las radioemisoras comunitarias y numerosas organizaciones populares, comunitarias, étnicas y de derechos humanos.
El proyecto, que fue resultado de cuatro ruedas de conversaciones amplias del presidente Porfirio Lobo con todos los sectores involucrados, básicamente propone democratizar el espectro radioeléctrico dando cabida a sectores postergados, como las comunidades indígenas y afro-hondureñas.
En el espectro radioeléctrico, que teóricamente pertenece a todos los habitantes a través del Estado, se establecerían tres rangos de frecuencias radioeléctricas para medios de comunicación comerciales-privados (33%), públicos (34%) y comunitarios (33%), que beneficiarían a poblaciones indígenas y afro-hondureñas. También se limitaría las frecuencias de una misma persona para evitar concentración monopólica.
Los grandes medios de Honduras están en contra de esta iniciativa gubernamental. Diarios y canales de TV, que a veces tienen el mismo propietario, a menudo ignoran, desvirtúan o minimizan noticias protagonizadas por la ministra Pineda y no dan cabida al contenido real del proyecto de reforma del espectro radioeléctrico. Más bien tergiversan la probable democratización llamándola “ley mordaza” y “atentado a la libertad de expresión”, tal como ha ocurrido en Ecuador, Argentina y otros países que han modernizado esta legislación.
La 10 familias que integran la elite propietaria del país también están representadas en la Asociación de Medios de Comunicación, que dominan reconocidos dueños de grandes medios, como José Rafael Ferrari Sagastume (Grupo Televicentro Canal 5, Telecadena 7y4, Telesistema 3y7, MegaTV, Multivisión, Multidata y Multifon), Jorge Canahuati Larach (La Prensa, El Heraldo, Diez, Estilo y negocios de otros rubros) y Carlos Flores Facussé (La Tribuna y Lithopress Industrial, impresora).
Los dueños de medios también incorporaron a su causa a algunos de sus empleados, cuyas opiniones constituyen “noticia” y ameritan destacados titulares cuando critican a la ministra Pineda, identificada con la propuesta de reforma a las telecomunicaciones.
Por ejemplo, el presidente del Colegio de Periodista de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena, dijo ayer: “Exigimos que se concluyan las investigaciones de los asesinatos contra periodistas, que se dé con los culpables y que sean sometidos a la ley; exigimos que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos implemente lo antes posible el Plan de Acción Sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad que impulsa las Naciones Unidas y que se olvide de una vez por todas de andar promoviendo leyes mordazas que solo dividen a la sociedad hondureña”.
La ministra Pineda también es criticada porque piensa que el rol del periodista y comunicador social “debe ahondar permanentemente en el papel que juega en la sociedad buscando siempre ser, antes que vocero del poder, vocero de la sociedad a la cual se debe”. (...) “Los medios de comunicación y la necesidad que la libertad de prensa sea independiente, lo que permitirá que el propietario del medio de comunicación o el gobierno se alejen del control de contenido editorial y evite perjudicar la ética profesional y el interés público para lo que resulta imprescindible la adopción de la cláusula de conciencia en los contratos laborales”. (...) Es necesario que “los periodistas y comunicadores cuenten con la protección especial del Estado para que se desenvuelvan en condiciones de un entorno seguro para su vida e integridad personal”. (...) "Honduras ya cuenta con un Anteproyecto de Ley para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia, que ha sido socializado a nivel nacional con la participación activa de la sociedad civil y sólo falta que la Secretaría de Finanzas precise los recursos económicos".
También Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), señaló en un informe al Congreso Nacional en marzo 2013 que “en 35 meses de gestión de gobierno de Porfirio Lobo Sosa [quien asumió el 27 de enero 2010] al menos 27 comunicadores sociales perdieron la vida en forma violenta, cantidad que representa el 79 por ciento del total de homicidios registrados contra miembros del gremio de periodistas desde el año 2003". El informe de Custodio es un aporte contra la impunidad, aunque denuncia los asesinatos pensando en la nueva legislación de telecomunicaciones que propone el gobierno Lobos: “Lo que estamos viviendo es un clima de continua amenaza a la libertad de pensamiento y de expresión”.
El Informe Custodio fue refritado hoy sábado 25 como “noticia” por El Heraldo, incluyendo una lista de 23 periodistas asesinados en Honduras desde 2010, otro buen aporte informativo, pese a que las cifras no coinciden con las de Custodio:
1.- Nicolás Asfura - 17 de febrero de 2010
2.- Josep Hernández - 1 de marzo de 2010
3.- David Meza Matamoros - 11 de marzo de 2010
4.- Nahúm Palacios - 14 de marzo de 2010
5.- Víctor Manuel Jesús Juárez - 26 de marzo de 2010
6.- José Bayardo Mairena - 26 de marzo de 2010
7.- Luis Chévez - 11 de abril de 2011
8.- Georgino Orellana - 20 de abril de 2010
9.- Luis Mondragón - 15 de junio de 2010
10.- Gabriel Fino Noriega - 2 de julio 2010
11.- Israel Zelaya - 24 de agosto de 2010
12.- Henry Suazo - 28 de diciembre 2010
13.- Héctor Medina - 11 de mayo de 2011
14.- Luis Ernesto Mendoza - 19 de mayo de 2011
15.- Adán Benítez - 4 de julio de 2011 Nery
16.-Jeremías Orellana - 14 de julio de 2011
17.- Medardo Flores - 8 de septiembre de 2011
18.- Luz Marina Paz - 6 de diciembre de 2011
19.- Saira Fabiola Almendares - 1 de marzo de 2012
20.- Fausto Elio Hernández - 11 de marzo de 2012
21.- Noel Valladares Escoto - 24 de abril de 2012
22.- Erick Martínez Ávila - 7 de mayo de 2012
23.- Alfredo Villatoro - 15 de mayo de 2012
Opiniones disidentes
“Democratizar los medios de comunicación es darle participación y recursos a los sectores populares”, aseguró Gilda Silvestrucci, destacada periodista hondureña, coordinadora de la revista noticiosa “En La Plaza”, de Radio Globo y representante de Ciap-Felap. “Los sectores populares son los más vulnerables por que no tienen acceso -y requieren ese acceso- a los medios de comunicación y el hecho de democratizar es darle esa participación y los recursos, y por eso es necesario plantear una norma como la Ley de Telecomunicaciones; es una lucha de David y Goliat”, dijo.
“Cuando los medios callan las paredes hablan”, fue la primer expresión que se le vino a la mente a Gilda Silvestrucci cuando se pintaban las paredes de las calles de Tegucigalpa durante el golpe de Estado que comenzó el 28 de junio del año 2009, al ver la restricciones del acceso a los medios de comunicación en Honduras. Silvestrucci afirmó que Honduras ha estado manejada por un grupo pequeño de empresarios que han afectado a la población, colocándola en una situación de pobreza, de calamidad, mientras nuestras poblaciones indígenas están marginadas y no tienen acceso a la tierra; ellos no quieren que estas voces se escuchen en contra de sus intereses.
“La democracia no es ir a votar cada cuatro años, la democracia es darle a la población las condiciones de una vida digna y esto es cuando la gente sale y denuncia los actos de corrupción y los actos que se cometen y que no hayan grupos pequeños privilegiados ni grandes grupos postergados”.
Según la comunicadora, para construir este proceso de democratización debe haber primero “una ley que no esté vinculada a la crisis política, económica y empresarial con el gobierno y esta ley que se está promoviendo es la indicada para los tiempos actuales y también un organismo que se encargue del cumplimiento de esta reforma.
“Aquí en Honduras se ha confundido la libertad con el libertinaje y no es libertad atacar a una persona o al gobierno sólo porque no está acorde a sus intereses del momento. Lo que se dio en el pasado gobierno de Manuel Zelaya Rosales, y en otros gobiernos, por no otorgar licitaciones a empresas relacionadas a estos medios grandes de comunicación”, explicó.
Silvestrucci estima que "democratizar no es censurar, pero si hay que regular, y regular no es silenciar lo que se va decir, si no tener mejor control en el amarillismo, la programación y se ha irrespetado la vida misma cuando se abusa de imágenes no agradables en la parte audiovisual".
“La misma ciudadanía está acostumbrada a consumir el sensacionalismo, el amarillismo que tanto se da en los medios desde las mañana temprano viendo directamente las partes afectadas de la persona humana y este comité que se va crear debe educar a la misma población de que eso esta malo de que se les está afectando en su salud mental”, añadió.
Para Silvestrucci, entre otros abusos "los grandes medios de comunicación han sido beneficiados por décadas por el mismo Estado por los comprazgos de los partidos políticos de turno en el poder otorgando su mayor parte de la publicidad del Estado en cifras que algunos analistas calculan entre 25 millones a 50 millones de dólares del presupuesto General de la Republica mensualmente. “Estas son cantidades exorbitantes para un pueblo que necesita medicamentos, que necesita atenciones que tiene necesidades y en esta reforma los medios tendrán que reportar sus ingresos y la misma distribución de las frecuencias que esos grandes medios no quieren otorgar, lo mismo sucede con nombres de las patentes de los periódicos, que están a nombre de una sola persona que son más de 600, así como la misma materia prima del papel periódico”.
Silvestrucci piensa que “la desigualdad que hay en los periodistas independientes en el otorgamiento de la publicidad estatal, que debe de darse en igualdad de condiciones a los grandes medios, ya que surge esa necesidad de poner los espacios por falta de oportunidades en el campo laboral en Honduras y ellos piden sus propios medios de comunicación en ese sentido. En Suecia, por ejemplo, se da el caso de que el gobierno otorga un presupuesto al medio de oposición para que se sostenga y aquí sucede lo contrario, capaz lo dejan hasta en la bancarrota con tal de no seguir criticando las decisiones que toma y que quieren que hablen muy bien de ellos siempre”. Para Silvestrucci es necesario que esta reforma concluya en el Congreso Nacional tal como se envió desde el Poder Ejecutivo, pese a los muchos intereses de dueños de medios dentro del mismo Congreso Nacional.
Control oligopólico del espectro
“Los grandes grupos de comunicación que están en contra de esta reforma de la ley de telecomunicaciones es un problema con el control del mercado y el control oligopólico de las frecuencias que en la historia ha generado enormes fortunas con el control de la publicidad, y de los noticieros, que a su vez inducen de forma ideológica, de forma comercial, en una sociedad que avanza hacia un mayor consumo de bienes y servicios”, aseguró Osmán López, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
"El proceso de democratización de los medios de Comunicación es necesario para tener espacios comunicativos abiertos a una diversidad de sectores o segmentos de la población al no tener sus propios espacios para la comunicación social en Honduras", añadió el sociólogo.
“Es una necesidad y un momento histórico para el país de cara a ese proceso que está en marcha, la reforma a la ley de telecomunicaciones, y el mismo Estado debe dar las condiciones para la apertura de más medios de comunicación disponiendo de las frecuencias que son del propio Estado o propiedad pública que se convierte en una distribución democrática”.
Según López, cuando es factible que exista una legislación que pueda favorecer la apertura en la propiedad, no tanto de los medios, sino de las frecuencias de manera abierta, se fortalecerá la democracia en el país y esto lo puede hacer el poder legislativo teniendo una visión clara de la libertad y la democracia.“Se habla de democratizar porque efectivamente hay un control monopólico y oligopólico de los medios de comunicación y esto produce la ausencia de apertura en el ejercicio libre de las ideas de expresión y del manejo abierto de la comunicación y esto construye emisiones únicas de acuerdo a los intereses de los grandes grupos de medios”, explicó.
Contenido básico de la reforma
Según un resumen ofrecido recientemente por la ministra Pineda, éste es el contenido medular de la reforma de las telecomunicaciones:
-Se propone asignar 33% del espectro radioeléctrico a servicios de difusión comunitarios, 33% a servicios comerciales y 34% para satisfacer necesidades comunicacionales del Estado.
--Las concesiones de 25 años pasan a 15 años; los permisos de 15 años a 10 años; los registros no podrán exceder de 5 años, se quedan en 5 años, y las licencias serán otorgadas por períodos iguales a la duración de la concesión, permiso o registro correspondiente.
--Hoy la ley permite la renovación automática de las concesiones por períodos iguales, y de los permisos, registros y licencias. Con la reforma las personas interesadas en renovar una concesión, permiso, registro o licencia deberán solicitarlo con anticipación.
--Actualmente, los permisos de los servicios de difusión de libre recepción y sus licencias asociadas durante el plazo de su vigencia pueden ser transferidos por sucesión por causa de muerte, por donación entre vivos y libre disposición de bienes. Con la reforma, los derechos derivados de una concesión, permiso, registro o licencia, son intransferibles; en consecuencia, no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción.
--La reforma busca que los titulares de las concesiones, permisos, registros o licencias otorgados para la explotación de servicios de telecomunicaciones, presenten con carácter obligatorio, ante Conatel y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del decreto, la documentación que acredite su titularidad, así como una declaración jurada en la que conste que dicho titular es quien directamente opera el servicio autorizado.
--Respecto a la Comisión Reguladora de Programación, se crea ante las serias deficiencias que exhibe el sistema y ante los reclamos de tutela de los derechos y la promoción de valores, por sectores de niñez, mujeres, pueblos indígenas, afro hondureños, campesinos entre otros. La comisión tendría 16 miembros representativos de todo el espectro social y sectores involucrados, gubernamentales, religiosos, comunitarios, étnicos, gremiales y empresariales periodísticos, entre otros.
--Se advierte que la libertad de expresión puede tener limitaciones legítimas derivadas de los principios establecidos en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 13 numerales 2 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH), las cuales deberán estar expresamente fijadas por la ley y son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.
Fuentes:
- Ernesto Carmona / Ciap-Felap / MapochoPress
https://www.alainet.org/es/articulo/76266
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