Guatemala

Ríos Montt es hallado culpable por crímenes de lesa humanidad

Louisa Reynolds

15/05/2013

Opinión

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Evidencia demostró que exdictador tenía conocimiento de las atrocidades cometidas y no hizo nada por detenerlas.

Historias de masacres, mujeres violadas por grupos de soldados, personas que fueron obligadas a ver cómo sus seres queridos eran torturados y asesinados, comunidades que sufrieron hambre tras huir hacia las montañas.

Desde que se inició el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-83) y su jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez el 19 de marzo, un tribunal de tres jueces presidido por Jazmín Barrios escuchó los testimonios de 98 indígenas mayas ixil que sobrevivieron a las masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco en el noroccidental departamento de Quiché.

Patrick Bell, quien ha dedicado más de 20 años a brindar asistencia a defensores de los derechos humanos y comisiones de la verdad con la realización de análisis estadísticos de abusos a los derechos humanos a gran escala, demostró que 2,147 de los 38,902 mayas que habitaban en las localidades de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj fueron asesinados durante el régimen de Ríos Montt, que gobernó entre marzo de 1982 y agosto de 1983, mientras que de un total de 5,882 personas no indígenas que habitaban esas localidades fueron asesinadas 41.

La socióloga Marta Elena Casaús Arzú explicó que “el racismo histórico y estructural que se vive en Guatemala (…) llega a su culminación en el conflicto armado interno por la estigmatización del indígena. Es cuando el racismo opera con una ideología de Estado, como una maquinaria de exterminio contra un grupo, en este caso el Ixil”.

Testimonios de otros ex oficiales ilustraron cómo funcionaba la cadena de mando y cómo Ríos Montt debía tener total conocimiento de las operaciones militares ya que cada comandante de batallón tenía que enviar informes detallados, muchos de los cuales mencionaban cómo civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños, eran reunidos y asesinados.

Presión presidencial

El 4 de abril, las revelaciones sobre el rol que jugó el actual presidente Otto Pérez Molina, general retirado del Ejército, durante el conflicto armado, dieron un dramático giro al juicio contra Ríos Montt.

“En Salquil Grande quemaron las casas. Allí mandaba el mayor ‘Tito Arias’, más conocido como Otto Pérez Molina. Y déjeme decirle que allí también hubo ejecuciones”, afirmó Hugo Ramiro Leonardo Reyes, ex mecánico del Ejército, que rindió su testimonio a través de un video.

Para el 18 de abril, el juicio estaba llegando a su fin y tanto la defensa como la fiscalía estaban listas para presentar sus argumentos. Pero una hora después del inicio de la audiencia, los abogados de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez abandonaron la sala abruptamente señalando que el proceso era ilegal. La presidenta del tribunal, la jueza Barrios, no pudo detenerlos y fue obligada a suspender la sesión hasta el día siguiente.

Horas más tarde, la jueza Carol Patricia Flores anunció que la Corte de Constitucionalidad (CC) —el más alto tribunal del país— la había reintegrado al caso luego que había sido recusada en febrero del 2012. Flores determinó que en tanto ella había sido retirada del caso, todas las acciones adoptadas por la jueza Barrios eran nulas, haciendo retroceder el proceso al punto de partida.

La jueza Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, había sido asignada inicialmente a este caso. Sin embargo, luego que la defensa lograra obtener una orden para su recusación en noviembre del 2011 aduciendo parcialidad, el caso fue transferido al juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, quien decidió que había suficiente evidencia contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez para llevarlos a juicio. El proceso se inició entonces con el tribunal de tres jueces presidido por Barrios.

El periodista estadounidense Allan Nairn, quien se suponía iba a dar su testimonio el 15 de abril pero a quien se informó a último minuto que su manifestación había sido cancelada, asegura que la intensa presión ejercida por el presidente Pérez Molina obligó a detener el juicio. Agrega que los jueces y fiscales han recibido amenazas en el transcurso del proceso. El testimonio de Nairn podría haber incluido sus entrevistas con Ríos Montt en los años 80, durante las cuales el exdictador admitió abiertamente haber tenido conocimiento de las masacres, y también sobre el rol jugado por Pérez Molina en las atrocidades cometidas durante el conflicto armado.

Luego de dos semanas de incertidumbre durante las cuales víctimas y activistas de derechos humanos realizaron vigilias en las afueras de la sede de la CC, la jueza Barrios reinició el juicio, indicando que la jueza Flores había malinterpretado las órdenes de la CC. La fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz también dijo que era un error que Flores detuviera el proceso. Hasta ahora la CC no ha aclarado formalmente este tema contencioso.

Luego de decidir mantenerse en silencio durante todo el juicio, el 9 de mayo Ríos Montt decidió hacer una manifestación de una hora en la cual acusó a sus comandantes de campo por los abusos a los derechos humanos cometidos, asegurando que habían actuado de manera autónoma.

“Me declaro inocente, nunca he tenido la intención, el propósito de destruir a ninguna etnia nacional. No soy genocida. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. ¡Nunca lo hice!”, gritó Ríos Montt.

Poder absoluto

Al día siguiente, ambas partes terminaron de resumir sus argumentos y los jueces se retiraron a considerar su veredicto. A las 4 pm retornaron a la sala. La atmósfera era tensa ya que se temía que la defensa de Ríos Montt utilizara otra artimaña legal para detener el juicio.

“Efraín Ríos Montt tuvo el poder absoluto por lo que tenía pleno conocimiento de los crímenes ejecutados y no los detuvo a pesar de tener el poder de hacerlo”, dijo la jueza Barrios frente a una sala repleta, agregando que esas acciones específicas, como el asesinato de mujeres embarazadas y sus fetos son evidencia de la intención de aniquilar al grupo étnico ixil. “Este tipo de hechos no deben de volver a repetirse. El pueblo de Guatemala desea vivir en paz”.

El ex dictador fue encontrado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad y recibió una condena de 80 años, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto porque el tribunal consideró que no había suficiente evidencia que probara su involucramiento en actos de genocidio.

La jueza Barrios instruyó a la Fiscalía General a que abra una investigación a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en las atrocidades cometidas durante la dictadura de Ríos Montt, que podría incluir a Pérez Molina.

Activistas de derechos humanos levantaron sus puños con alegría y gritaron “¡Justicia!”, se abrazaron y entonaron la canción “Sólo le pido a Dios”, del cantautor argentino León Gieco, que se ha convertido en un grito de lucha en los países latinoamericanos que han sufrido feroces dictaduras.

“Sólo le pido a Dios / que la guerra no me sea indiferente / es un monstruo grande y pisa fuerte / toda la pobre inocencia de la gente”, cantaba la multitud mientras Ríos Montt era conducido por policías. Mientras tanto, las víctimas mayas ixil, en su mayoría mujeres, lloraban en silencio.

Limpiándose las lágrimas, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú dijo: “El pueblo ladino [no indígena] tiene la oportunidad de colocarse al lado de los mayas (…). Hoy se sienta un precedente contra ese odio que nos han tenido”.

“Este es un logro del pueblo ixil, del pueblo maya, del pueblo guatemalteco, pero también es para que no nos quedemos callados ante las injusticias que ocurren porque sabemos que América Latina también está siendo violentada”, manifestó la lideresa ixil Ana Lainez.

—Noticias Aliadas.

http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6826

https://www.alainet.org/es/articulo/76105