Madrid.- En diciembre 2010, Wikileaks sacó a la luz pública las comunicaciones sobre la investigación judicial del asesinato de José Couso remitidas al departamento de Estado por la Embajada de EEUU en Madrid. Los documentos, que muestran absoluta coordinación entre las autoridades políticas españolas y la representación diplomática estadounidenses para abortar la causa y conseguir su archivo definitivo, involucraron a varios ministros, a la Vicepresidenta del Gobierno, al Fiscal General del Estado, y a algunos fiscales y jueces de la Audiencia Nacional.

 

"El contenido de los telegramas difundidos muestra que la Fiscalía General del Estado –con Cándido Conde-Pumpido Tourón como Fiscal General– ejercía en la práctica como asesoría legal de la Embajada de EEUU para conseguir el cierre de la causa, en una actitud ignominiosa y servil de los poderes públicos españoles ante una potencia extranjera que han difundido una imagen de España como colonia bananera de los EEUU", dijo Enrique Santiago Romero, abogado de la familia Couso.

 

Entre la documentación oficial del Departamento de Estado de EEUU relacionada con el Caso Couso y publicada por Wikileaks, el abogado Santiago destacó los siguientes documentos:

 

1º.- Telegrama confidencial del embajador de EEUU Eduardo Aguirre (1), de fecha 21 de octubre 2005, afirma: “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las ordenes de detención internacional”, aseveración del embajador tras afirmar haber hablado con María Teresa Fernández de la Vega (entonces Vicepresidenta Primera y ministra de la Presidencia del gobierno PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero), Juan F. López Aguilar (ministro de Justicia) y Miguel Ángel Moratinos (ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación).

 

2º.- Telegrama del embajador Aguirre a Condoleezza Rice (secretaria de Estado de EEUU), el 1 de junio 2007 indica: “El Gobierno de España había ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara las decisiones del juez”. Hay otro telegrama en igual sentido del embajador Aguirre al departamento de Estado, de fecha 14 mayo 2007.

 

3º.- Otro de los telegramas hace referencia a una llamada telefónica del entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al embajador Aguirre, días antes del 21 de octubre 2005, donde el ministro habría indicado: “María Teresa Fernández de la Vega está implicada en el tema”.

 

 

5º.- Los telegramas indican que diplomáticos de EEUU se reunieron con Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, el 18 enero 2007 con el objeto de conversar sobre la causa judicial.

 

6º.- Dichos telegramas indican que el 25 enero 2007 el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se reunió con el Embajador Aguirre. El 26 enero de 2007 el embajador Aguirre envió un telegrama al Departamento de Estado indicando: “Conde Pumpido dice que los fiscales de la AN continuarán oponiéndose a las ordenes de detención de los militares EEUU, así como a embargos sobre propiedades EEUU”.

 

(El abogado Enrique Santiago precisó: “Cabe recordar que antes de esto, el 14 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo ordenó reabrir la presente causa y rechazó los argumentos que para el archivo de la misma había esgrimido la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional”.)

 

7º.- El 27 de abril de 2007, el juez Santiago Pedraz acordó nuevamente el procesamiento de los 3 militares de EEUU identificados en la causa. Según consta en las comunicaciones, ese día la Directora General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Cristina Latorre, llamó al embajador Aguirre indicándole que “en el Ministerio habían trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso” (Telegrama 106159 de la Embajada de EEUU).

 

8º.- El 10 de mayo de 2007 se produjo una reunión entre Hugo Llorens –segundo diplomático en el escalafón de la embajada de EEUU en Madrid y posteriormente embajador de EEUU en Hondurascuando se produjo el golpe contra el presidente Zelaya– con Julio Pérez Hernández, Secretario de Estado de Justicia de España. Según el telegrama 107903, del 11 de mayo, Llorens aseguró que Pérez Hernández le garantizó que el “gobierno de España trabajaría con el de EEUU para asistirle en el proceso”.

 

9º.- El 11 de mayo 2007, el Fiscal asignado a la causa interpone recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el Auto de procesamiento de los 3 militares de EEUU acusados en esta causa. Según consta en el telegrama de la embajada de EEUU de fecha 14 de mayo de 2007, identificado con el numero 108128, ese día el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamó a la embajada de EEUU para informarles de la interposición de dicho recurso y de su contenido.

 

10º.- El 13 de mayo de 2008, la Sala Penal de la Audiencia Nacional resolvió, entre otras cuestiones, ordenar al  juez instructor archivar el sumario. Según consta en otro de los telegramas conocidos, el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, llamaron a la embajada de EEUU para informarla de este archivo, que después fue nuevamente revocado por el Tribunal Supremo, el 14 julio 2009.

 

La familia Couso interpuso una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía de Madrid. “Si bien la Fiscalía entendió que los anteriores hechos no estaban acreditados aunque habrían ocurrido, pero únicamente existía la versión de las comunicaciones internas de EEUU y, por tanto, decidió no abrir ninguna investigación al respecto”, dijo el abogado Enrique Santiago.

 

Tras la reapertura de la causa ordenada por el Tribunal Supremo en 2010, entre el 27 y 29 de enero 2011 pudo finalmente desplazarse a Bagdad la Comisión Judicial a fin de realizar la Inspección Ocular del lugar donde ocurrieron los hechos investigados: el Hotel Palestina y el Puente Al-Jumhuriya. La Fiscalía renunció a participar en esa Comisión Judicial, relató el abogado Santiago, quien participó en la diligencia.

 

El resultado de esta Comisión Judicial fueron los informes periciales de expertos físicos y ópticos que emitieron sendos informes sobre imágenes captadas con cámaras fotográficas y de video desde ambas ubicaciones. Los informes pusieron de manifiesto que la tripulación del tanque Abrams M1 que atacó al hotel Palestina veía perfectamente que estaba disparando a población civil y, concretamente, a periodistas.

 

El 4 octubre de 2011, el juez Santiago Pedraz emitió el Auto que de nuevo dispuso el procesamiento de los tres militares imputados, y en busca y captura hasta ese momento, el Sargento Thomas Gibson, el Capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, y fijó a los tres una fianza de 1 millón de euros por responsabilidades civiles, acordando el embargo de sus bienes en caso de no depositarse la caución, indicó el abogado.

 

Y esa misma decisión judicial de 2011 aumentó las imputaciones de militares de EEUU, al incluir como imputados a dos superiores en la cadena de mando de los tres militares procesados, concretamente al General Bufort Blount, jefe del cuartel general y comandante de la 3ª división de infantería de ejercito de EEUU, y al coronel David Perkins, jefe de la 2º brigada de la 3ª división. Por lo tanto, en el Caso Couso están imputados 5 militares de EEUU.

 

Durante los últimos 3 años el tribunal de Pedraz cursó sucesivas Comisiones Rogatorias a EEUU, solicitando entre otras diligencias que la ex sargento Adrianne Kinne fuera citada a declarar como testigo para que ratificara las declaraciones que realizo el 24 de junio de 2008 a medios de comunicación de EEUU.

 

Enrique Santiago observó que la Sargento no ha accedido a acudir voluntariamente a declarar a España, ni las autoridades de EEUU han hecho caso a las peticiones de las autoridades judiciales españolas. Ante este bloqueo, el 5 de julio 2012, el juez Santiago Pedraz tomó declaración testifical a la periodista Amy Goodman, directora del programa de TV Democracy Now! emitido en EEUU, quien entrevistó a la sargento Kinne en junio 2008 y corroboró sus declaraciones ante el juez español.