Se avecinan en Colombia elecciones legislativas y consultas interpartidistas para que las distintas coaliciones elijan a sus candidatos/as para la compulsa presidencial de mayo próximo. La decisión popular revestirá en esta ocasión un interés clave. Por un lado, las penurias sociales han alcanzado una cota dramática, donde las políticas del actual gobierno han llevado a más del 40% de los colombianos a la pobreza, así como a un gran sector poblacional a la inseguridad alimentaria, al desempleo, la precarización laboral y la indigencia. Por otra parte, el asesinato de líderes, lideresas sociales y ex combatientes desmovilizados, la migración forzosa, la corrupción, las desigualdades y la falta de pacificación real del país, a lo que se ha sumado una pésima gestión sanitaria de la pandemia, abonan un malestar que presagia de manera fundada, que el pueblo podría dirigir su esperanza a opciones de real transformación política. 

 
A la ocasión propicia se añade que las izquierdas y buena parte del progresismo han sabido salir de la fragmentación y ofrecen una propuesta unificada a través del Pacto Histórico. Propuesta que, de resultar con el mayor caudal de votos en los comicios parlamentarios del 13 de marzo, sin duda recibirá el apoyo de todos los sectores sociales interesados en un cambio de rumbo para esta sufrida nación.  
 

Con C de conservación 
 

Es predecible que la estrategia del poder concentrado sea dividir la base de sustentación y la unidad alcanzada por el Pacto Histórico en apoyo a un proyecto transformador.  
 

Esto significa, de cara a las elecciones parlamentarias de marzo y ante la imposibilidad de obtener mayorías propias, fragmentar la composición de las cámaras legislativas para bloquear medidas de fondo y obligar al gobierno progresista, en el caso de resultar electo, a efectuar concesiones.  
 

En relación a las presidenciales, impedir el triunfo del Pacto Histórico en primera vuelta y posicionar a uno u otro contendor como alternativa “democrática” a un supuesto “caos”. 
 

El candidato del uribismo, Iván Zuluaga, ex ministro consejero y de Hacienda de Álvaro Uribe, está muy lejos de ofrecer garantías de éxito para la elite económica. Su performance en las encuestas no llega al 10%.  
 

La derecha explícita está representada en el Equipo por Colombia, coalición que cosecha actualmente alrededor de un 15%, menos de la mitad del Pacto Histórico, pero que podría subir algo de concretarse una alianza de derechas con el Centro Democrático de Uribe y Zuluaga. 

 
Mientras que el empresario de la construcción Rafael Hernández (76 años) avanza como el más votado de los independientes, enarbolando el viejo discurso de la anticorrupción, la Coalición Centro Esperanza, obtendría de momento un respaldo cercano al 13%, según la última encuesta CELAG. 

 
Es de esperar que recrudezca la campaña sucia, basada en el miedo y la difamación contra el Pacto Histórico y en particular contra su principal candidato, Gustavo Petro, quien es señalado como seguro ganador en la interna de su frente y primero en todas las encuestas para las presidenciales.  

 
Como es lógico, luego de tanta traición electorera y decepción popular por las prácticas políticas de las cúpulas, el número de aquellos que van a abstenerse, votar en blanco o aún no han decidido su voto, es y será alto, impidiendo una certera predicción final.  

 
Pueblo con P de paro, de progresismo y de Petro 

 
Alentado por el intenso proceso de movilización social que inclinó la balanza a favor de la paz, teniendo como hito central la consecución de los Acuerdos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en 2016, el pueblo colombiano continuó haciéndose oír en las calles. 

 
En una investigación realizada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), se señala que los principales motivos de las numerosas luchas sociales entre 2016 y 2019 han sido las reivindicaciones por mejores servicios sociales, el reclamo por pactos incumplidos, por derechos y con consignas específicamente políticas. 

 
Esta oleada confluyó sin duda en el Paro Nacional de 2019, en el que el pueblo colombiano reaccionó masivamente al paquete neoliberal de reformas laborales, tributarias y del régimen pensional y de seguridad social del gobierno de Duque, pero que incluyó también otras demandas como la efectiva implementación del Acuerdo de Paz y mecanismos para garantizar la vida, el cumplimiento de acuerdos anteriores con sectores del movimiento social, étnico y comunitario y demandas ciudadanas relacionadas con la situación de las mujeres, los jóvenes y el cuidado medioambiental.   

 
Un reciente logro de esta marea transformadora es sin duda la aprobación de la ley que permite el aborto, proceso social y político que, de no mediar fraude o estratagemas de máxima por parte de la derecha, debería desembocar, tal como en el caso de Chile, en un triunfo de las fuerzas progresistas. 

 
Gustavo Petro, el candidato alrededor del cual se centrará la contienda electoral, actual senador y ex alcalde de Bogotá, cuenta con el precedente de haber concentrado en la segunda vuelta de 2018 un número superior a los 8 millones de votos. 

 
A los 17 años comenzó a militar en el Movimiento 19 de abril (M-19), guerrilla que surgió en el marco del fraudulento triunfo del candidato conservador Misael Pastrana Borrero durante el último cuatrienio del Frente Nacional. Este pacto entre liberales y conservadores que tuvo vigencia entre 1958 y 1974 fue la estrategia urdida para proscribir opciones de cambio, en particular a los partidos de izquierda y al nacionalismo popular del general Rojas Pinilla, de orientación ideológica similar a Perón y Getulio Vargas.   
 

Petro fue participante activo del proceso de Paz entre el M-19 y el gobierno del liberal Virgilio Barco, proceso que posteriormente fue sellado por la redacción de una Nueva Constitución Política, redactada por una Asamblea Constituyente en 1991 y ratificada por el 86% de los votos.  

 
Estos antecedentes indican a las claras las pautas en las que podría abrevar un período de gobierno encabezado por Petro. Por una parte, la vocación inequívoca de cumplimentar los Acuerdos de Paz de 2016, además de dialogar con las facciones armadas activas para lograr una desmovilización justa con inclusión política. Por otra, el restablecimiento de garantías democráticas para un sistema político socavado por la corrupción, el nepotismo, la colusión de poderes del Estado, la represión, el narcotráfico, la concentración latifundista y financiera y la sombra omnipresente del águila estadounidense carcomiendo todo intento de real soberanía nacional. 

 
Finalmente es de esperar que Petro, en virtud de sus raíces ideológicas, dé un impulso a los derechos sociales, presentando fuertes afinidades con la senda emprendida por gobiernos nacional-populares como el de Néstor Kirchner o Cristina Fernández en Argentina. 

 
Con C de concentración y conflicto 

 
El origen del conflicto colombiano es la concentración sin límites de la riqueza junto a la apropiación del poder político por parte de las oligarquías, impidiendo cualquier opción que posibilite la mejora de las condiciones de vida de los sectores despojados. 

 
Tal como lo señaláramos en el libro “Memorias del Futuro”:  
 
“Colombia ha sido desde su independencia como país un territorio de una enorme violencia física, económica y psicológica. Asolado por un estado de guerra civil casi permanente, los terratenientes - descendientes de los exploradores-explotadores españoles de la época colonial - asumen las características de señores feudales, formando milicias paramilitares para defender su propiedad o conquistar la ajena.  
 
La formalidad política sirvió a esos latifundios llegando al sistema de “bipartido único” conservador-liberal, en ocasiones fuertemente enfrentados, pero siempre unidos cuando de excluir a otros se trató, sobre todo a los que pusieran en peligro ese estado de cosas. Así, en los años 50’, luego del asesinato del líder progresista Gaitán y después de la dictadura nacional-reformista de Rojas Pinilla, el “bipartido único” toma las riendas que ya no soltaría hasta nuestra época.” [1] 

 
Esta nefasta alianza de intereses se cristalizaría además en la generación de un relato mediático hegemónico apoyado en un sistema de medios de una concentración absoluta. Sus contenidos son compuestos, como es habitual en este tipo de vehículos de propaganda y consumo, por la distracción frívola junto a la promoción descarada de alternativas políticas conservadoras.   

 
Los tres propietarios de los principales conglomerados mediáticos del país son, según la revista Forbes, los tres hombres más ricos del país. En el primer caso, Luis Carlos Sarmiento, dueño de alrededor de 27 medios de comunicación y más de 6 grupos financieros. En segundo lugar, el magnate Carlos Ardila Lüle, dueño de siete medios de comunicación y de más de 10 organizaciones empresariales. En cuanto al tercero, el empresario Santo Domingo, propietario de 4 medios de comunicación y 5 empresas.  

 
¿Puede alguien dudar de la inmensa ofensiva mediática que desatarán contra Gustavo Petro o las “líneas rojas” con las que intentarán limitar la aspiración popular de transformación que encarna?  

 
Paz verdadera o Pax americana 

 
Colombia es el principal receptor regional de fondos del gobierno estadounidense. En 2020, esa “asistencia” alcanzó los 813 millones de dólares,[2] canalizados mayoritariamente en programas del Departamento de Estado y la USAID y en menor medida por el Departamento de Defensa. La nación suramericana ha ostentado de manera casi permanente en los últimos 20 años esta pole position [3] que, obviamente, no es fortuita ni desinteresada. 

 
En palabras del reciente informe “Un plan para la recuperación de Colombia del COVID y por qué interesa a los Estados Unidos”, producido por el Atlantic Council[4]: “Históricamente, Colombia ha sido un aliado indispensable, que ha servido de ancla para las relaciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe (ALC) y ha colaborado con Estados Unidos para atender las necesidades regionales y globales.” 

 
Son innumerables, desde la fundación misma de la OEA como brazo de injerencia de EEUU en América Latina y el Caribe en 1948 en Bogotá, los servicios prestados por Colombia a la estrategia política de la potencia del Norte. 

 
Entre los más recientes, baste citar la enfermiza obsesión de obrar como punta de lanza del asedio al gobierno de Nicolás Maduro, participar en maniobras militares conjuntas, recibir la frecuente visita de jefes (ahora jefa) del Comando Sur o actuar desde 2017 con el estatus de socio global como cabeza de playa para el desembarco en Latinoamérica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

 
Desde ese rol tan ofensivo como peligroso de ser el único estado latinoamericano asociado, el actual mandatario colombiano visitó el 14 de febrero el cuartel general de la organización bélica, reuniéndose con su secretario general Jens Stoltenberg. De allí que a nadie sorprendió cuando pocos días después, al comenzar las acciones armadas de Rusia en territorio ucraniano, Duque manifestara que Colombia va a acompañar “todas las sanciones que amerita esta situación que busca alterar la paz mundial…”. 

 
Por esta ubicación servil del país a los designios de la política exterior estadounidense, es que en la página 5 del informe citado, puede leerse la preocupación de la Task Force Colombia (así figura la autoría) del Consejo atlantista: “la actual polarización política y social, alimentada por las protestas, podría conducir a una caída precipitada de la confianza en las instituciones democráticas. Esto, junto con el creciente antagonismo evidenciado entre sectores de la población civil y el gobierno, tendrá efectos duraderos con implicaciones importantes para las próximas elecciones presidenciales de Colombia en 2022”. Es decir, la caída del gobierno derechista, de sumisión total a Washington. 

 
En el actual contexto geopolítico de polarización entre un imperio decadente y el avance de nuevas potencias emergentes en el Oriente y dada la relación simbiótica y dependiente de la política exterior de Colombia con los Estados Unidos, la gran pregunta que cabe hacerse es si un eventual gobierno de Petro podrá desalinearse, en qué grado y de qué manera.  

 
Tal actitud, deseable, acaso difícil, pero en absoluto descabellada, haría que Colombia pudiera engrosar el eje México-Argentina, al que probablemente se sume también Chile, fortalecería a la CELAC como principal foro de concertación en América Latina y el Caribe, ayudaría a disminuir la injerencia y a aumentar la integración y la autodeterminación de la región. Este tipo de postura colaboraría con la premisa de Zona de Paz alcanzada en 2014 en el marco de la II Cumbre de la CELAC en La Habana. 

 
Esa posibilidad es, sin duda, una excelente razón para que así sea. 

 
 
[1] Tolcachier, J. Memorias del Futuro. Virtual Ediciones. (2008) Santiago de Chile. Chile 

[2] Fuente: https://foreignassistance.gov/cd/colombia/  

[3] Salvo en 2011 y en 2016, en los que el principal receptor fue Haití y en 2013, donde Colombia ranqueó detrás de México. 

[4] El Atlantic Council, fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría, es un think tank promotor de las políticas expansionistas estadounidenses, que cuenta entre sus directores a dos ex secretarios de Estado: Henry Kissinger y Thomas Pickering. Ver nota en Página 12 “Un think tank de estrechos lazos con la OTAN”