Es doloroso constatar que en el Perú estamos aún muy lejos de gestionar la Amazonía de manera responsable con las futuras generaciones y a través de la colaboración de los nueve países que poseen territorio en la cuenca. Entre los principales obstáculos para ello están los límites de la propia soberanía nacional, como se volvió a comprobar en la última campaña de falsedades que provocó que el Congreso de la República desistiera de ratificar el Acuerdo de Escazú, el más importante tratado internacional para proteger el medioambiente en América Latina.

No obstante, cabe reconocer que cada vez tenemos mejor información para guiar las decisiones gubernamentales sobre la Amazonía, no solo para cuidar la vida de quienes viven allí sino para proteger el planeta. En esa línea, un informe de MapBiomas Amazonía apunta que, desde 1985 a 2020, la región amazónica ha perdido un 17 % de su vegetación, principalmente a causa de la deforestación. Este dato indica que nos encontramos muy cerca de alcanzar el punto de inflexión que, según el Panel Científico para la Amazonía, se ubica entre el 20 % y 25 % de deforestación total, lo que desencadenaría una espiral de impactos sin precedentes.

La cuenca Amazónica peruana tiene una extensión de 96.6 millones de hectáreas; el 75 % de todo el territorio nacional. Desde 1985 a 2020, el país ha perdido 1.9 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a la superficie de Eslovenia, y el uso agropecuario ha aumentado en 2.6 millones de hectáreas, lo que se correspondería casi con la superficie de Haití.

Asimismo, los datos siguen señalando a la minería como una de las principales actividades responsables de la deforestación y degradación de la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos. En el caso peruano, la presencia de la minería se ha intensificado de 12.900 hectáreas a 75.300 hectáreas; es decir, multiplicó 5,8 veces su superficie, con la consiguiente pérdida de bosques, contaminación de cuerpos de agua, invasión de tierras y otros impactos socio-ambientales.

Pero los impactos no solo afectan al frágil ecosistema amazónico, sino que alcanzan a los territorios indígenas –que abarcan un 37 % de la cuenca–, donde usualmente se han apreciado los menores índices de deforestación. No obstante, se extiende la preocupación sobre la capacidad real que tienen estos territorios indígenas de seguir funcionando como barrera para la deforestación. Sin un apoyo decidido y comprometido por parte del Estado, la creciente arremetida de actividades ilegales que presionan y amenazan a bosques y poblaciones, en muchas ocasiones en forma de violencia directa contra las personas, será algo cada vez más insoportable para las comunidades indígenas y, por tanto, para los bosques que habitan y protegen.

Unipacuyacu lucha por no convertirse en un «cluster» ilegal

La deforestación en la cuenca amazónica tiene ángulos complejos que se mueven entre lo legal e ilegal, entre la desidia institucional y la violencia. Es el caso de la comunidad nativa de Unipacuyacu, del pueblo kakataibo, ubicada en el departamento de Huánuco; una comunidad sitiada por el tráfico de tierras, el narcotráfico y la tala y minería ilegales. Conforme pasan los días, la comunidad parece convertirse en un «cluster» en el que distintos grupos fuera de la

legalidad trabajan en un mismo territorio y colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes derivados de sus actividades ilícitas.

La comunidad nativa viene reclamando un título de propiedad que garantice su derecho al territorio desde hace 26 años, sin que las instituciones competentes hagan algo al respecto. Al inicio, el área demandada era de casi 23 mil hectáreas y en 2022 existe la amenaza de despojo territorial de más de 17 mil hectáreas a través del avance de invasiones legalizadas por el Estado mediante la creación de centros poblados o caseríos y su formalización por gobiernos locales, en una suerte de despojo de baja intensidad. Es el caso del centro poblado Nueva Libertad y de los caseríos Sabadillo y San Francisco, en los que la deforestación avanza incesante.

Este modelo de despojo de tierras indígenas crece y se refuerza con la implantación de actividades ilegales como el narcotráfico. Gran parte de esas tierras fueron deforestadas para sembrar plantaciones de hoja de coca que son utilizadas para la elaboración de cocaína, según se constata en los estudios de los propios técnicos del proyecto de titulación de tierras del Ministerio de Desarrollo Agrario, que han identificado cuatro sectores de tráfico ilícito de drogas y tres pistas de aterrizaje clandestinas en la comunidad.

Un espiral de violencia en plena pandemia

La encrucijada de Unipacuyacu es paradigmática: deforestación de alrededor del 15 % de su territorio, invasión de tierras, multiplicación por sesenta veces del uso agropecuario del territorio, violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, delitos ambientales, corrupción de funcionarios e impunidad.

Todo ello no ha hecho sino empeorar en el marco de la pandemia, con el repliegue del personal asignado por el Estado en los territorios y de los propios pobladores indígenas, lo cual fue rápidamente aprovechado por las actividades ilegales. Asimismo, aumentó la violencia dirigida contra las comunidades indígenas, cobrándose la vida de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad de Unipacuyacu, quien había denunciado el avance del narcotráfico y reclamaba la titulación de su comunidad.

El pueblo kakataibo ha venido sufriendo una ola de terror desde hace una década con ocho líderes indígenas asesinados, cuatro de ellos en los dos últimos años. Son constantes las agresiones a quienes se atreven a alzar la voz y el principal líder de la federación kakataibo, Herlín Odicio, se encuentra hoy amenazado de muerte y obligado a vivir en la clandestinidad.

En definitiva, no se puede analizar el aumento de la deforestación y sus consecuencias en el cambio climático sin conectar todo ello con los crímenes ambientales y los impactos en la vida, integridad y salud de los pueblos indígenas que habitan el territorio. No tomar esto en consideración profundizaría aún más una crisis humanitaria que amenaza, literalmente, con la extinción de todo un pueblo.

*Luis Hallazi, abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.