Finalmente, el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos.

Legitimación de una estafa

El acuerdo legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las normas del FMI y financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a los emprendimientos productivos. Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que «Fernández resuelve el problema generado por Macri». El presidente ratifica las tropelías de su antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones.

El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos dos años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso.

Por esta razón, Guzmán soslayó esta vez su término predilecto de «convenio sustentable». Concertó un deshago inmediato que pospone el problema, repitiendo la dilación ya negociada con los bonistas privados. Acordó una relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo.

Si la postergación funciona, al concluir el período de gracia habrá que afrontar la misma montaña de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de dólares anuales que demanda el Fondo no aparecerán tampoco en el futuro. En ese momento el FMI volverá a la carga con sus conocidas exigencias de reforma laboral y previsional. Guzmán se jacta de haber logrado la eliminación de esos atropellos en el convenio actual, pero oculta que resurgirán en la próxima refinanciación.

Algunos funcionarios argumentan que el país podrá negociar con mayor fuerza dentro de dos años. Pero no explican cómo emergerá esa redoblada capacidad de Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo ya estarán cómodamente instalados en el Ministerio de Economía y el Banco Central y se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo.

Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad. No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un crédito ratificado por Fernández, Biden y Giorgieva.

Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo mismo ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte Internacional de Justicia, para que declaren la nulidad de una operación financiera irregular.

Fernández repite la misma aceptación del fraude que asumieron todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas. Esa sucesión de ratificaciones ha transformado al endeudamiento en un aluvión inmanejable. Por enésima vez una gestión progresista blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con la misma repetición de la división del trabajo. El escandaloso pasivo asumido por los equipos económicos ortodoxos es bendecido por sus pares de la heterodoxia.

Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del organismo y no tendrán que explicar por qué razón ninguna otra nación afronta una situación semejante. Los otros dos pagadores pendientes (Egipto e Irak) adeudan montos incomparablemente más bajos.

El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas en el exterior. La investigación ya realizada por el Banco Central tiene identificados a los beneficiarios de esa fuga, que naturalmente aprueban la convalidación de su maniobra. Las principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.

Guzmán tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y congeló la investigación. No permitió siquiera el cruce de datos con los registros de la AFIP, para evaluar si los dólares expatriados fueron declarados al fisco.

Los funcionarios sólo emitieron vagos pedidos de colaboración al FMI, para que contribuyera a la recuperación de los dólares escondidos en los paraísos fiscales. Obviamente el principal cómplice de la estafa no aportó ninguna información y el cajoneo de la investigación anticipó el acuerdo propiciado por Washington.

¿Un recorte sin ajuste?

El gobierno sustituirá el crédito suscripto por Macri por otro que refinancia el incumplimiento de ese préstamo. El FMI se asegura el cobro de lo adeudado con la prolongación de los plazos y la custodia de la política económica. Esa auditoría se concretará a través de diez revisiones trimestrales, que le garantizan al Fondo una estratégica cogestión durante los próximos mandatos presidenciales.

Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato «razonable» que contribuirá a reducir la «incertidumbre». Pero omite que esa injerencia reactivará el desprecio que exhibieron por el país todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las últimas seis décadas. Mientras Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el Papa Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan Goldfajn) son viejos cómplices de Macri, que exigen una gran cirugía de Argentina.

Por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron. Han vetado, además, el eventual otorgamiento de fondos adicionales por parte de otros socios de la institución.

Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la reducción del déficit fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI para el año en curso y que finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023 deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.

Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia derechista, que sitúa la principal desgracia de la economía argentina en el gasto público. Guzmán siempre proclamó lo contrario, pero ahora descubre los méritos de esos recortes. Afirma que esas podas tendrán efectos virtuosos, puesto que en lugar de asentarse en ajustes del gasto, emergerán del mayor ingreso obtenido por el fisco con el crecimiento y la tributación.

Pero en la gestión de los últimos meses no prevaleció ese criterio y por esa razón el rebrote de la pandemia fue privado del correspondiente subsidio (IFE). Además, el pacto fiscal negociado con los gobernadores y el frustrado proyecto de presupuesto del 2022 fueron diseñados con recortes, para sintonizar con el Memorándum de Entendimiento que exige el FMI.

Guzmán presenta igualmente lo ocurrido en el último trimestre del 2021, como un ejemplo de reducción del gasto por efecto del crecimiento y la tributación. En ese período los ingresos del Estado aumentaron significativamente, al compás de un rebote de la economía que compensó la caída previa (10%).

El ministro generaliza a futuro ese dato y afirma que no habrá ningún ajuste en partidas relevantes (como obra pública o ciencia y tecnología). Pero no aclara qué tasa de crecimiento y recaudación se necesitaría para lograr la drástica reducción del déficit que ha comprometido para el próximo bienio.

Se concertó con el FMI los porcentuales de esa disminución, pero no los guarismos que permitirían el achicamiento. No se estableció cuánto aumentará el salario, qué nivel de recuperación tendrán las jubilaciones o cuánto bajará la pobreza y subirá el PBI. Mientras que esas cifras son magnitudes a revisar, el recorte del déficit ha quedado rigurosamente preestablecido. Los auditores del Fondo estarán presentes para monitorear ese cumplimiento.

El segundo compromiso oficial es la reducción del financiamiento fiscal con la emisión monetaria. Ese recorte comenzó en el 2020 (7,3%), se afianzó el año pasado (3,7%) y se intensificará en forma fulminante en el 2022 (1,00%), 2023 (0,6%) y 2024 (0%). Con ese cronograma se llegaría a la gran meta de la ortodoxia que es la emisión cero. Los monetaristas siempre han fantaseado con encarrilar la economía, mediante la simple aspiración del dinero circulante.

Ahora Guzmán adopta ese programa y promete reintroducir tasas de interés reales positivas para pavimentar la disciplina monetaria. Afirma que por ese camino se consolidará un mercado de financiamiento del gasto público en pesos, que compensará la continuada marginación de Argentina del mercado crediticio internacional.

Pero el ministro omite los conocidos problemas de las gigantescas emisiones locales de bonos. Con esas colocaciones los bancos son inducidos a especular con el crédito público, en desmedro de la financiación de la industria, el agro o los servicios. No se entiende cómo se logrará sostener un alto crecimiento con tasas de interés positivas que desalientan la inversión productiva.

Tarifas y dólar en la letra chica   

El tercer compromiso concertado con el Fondo es la reducción de la inflación para facilitar el superávit fiscal y la adquisición oficial de los dólares destinados al FMI. Guzmán subraya que el organismo ahora acepta el carácter multicausal y no sólo monetario del aumento de precios. Pero omite que esa concesión retórica no tiene consecuencias prácticas. Los inspectores del Washington sólo revisarán si la inflación baja con el corte de la emisión y las altas tasas de interés.

El ministro también afirma que combatirá la carestía con el instrumento heterodoxo de los acuerdos de precios. Pero olvida que esos fallidos convenios han persistido en toda la variedad de ministros neoliberales (que por ejemplo tuvo Macri).

Con la auditoria del FMI aumentará la erosión de esos controles. El Fondo aspira a cobrar sus acreencias con los dólares aportados por la exportación y para incentivar esas ventas fomenta el traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local. Como también promueve un gran incremento de tarifas, el acuerdo recalentará la carestía que ya tiene un piso del 50% anual.

El tarifazo figura en la letra chica del convenio e incluirá un desdoblamiento de precios, para encarecer el servicio a los sectores de ingresos altos y medios. Las ganancias de las empresas de electricidad, telefonía o gas continuarán siendo un insoldable misterio para el grueso de la población.

El cuarto compromiso con el FMI es la recomposición de la paridad cambiaria. El gobierno promete evitar una mega-devaluación, pero acepta acelerar el ritmo de desvalorización del peso para intensificar la acumulación de reservas, que el Fondo observa como una garantía de cobro. Ya se fijó la meta de reunir 5000 millones de dólares en las arcas del Banco Central durante el 2022. Pero nadie explica cómo lograrán ese objetivo.

El año pasado se alcanzó un superávit comercial del 14.000 millones de dólares y no hay un sólo dólar en las reservas disponibles del BCRA. Aunque se pospongan los pagos durante dos años y medio, no hay forma de engrosar el reaseguro de las divisas si persiste la fuga de capitales.

El pico de esa evaporación se produjo con Macri y ha persistido en el último bienio. El mecanismo financiero de esa erosión ha sido sustituido por modalidades equivalentes, en el manejo del comercio exterior por parte de un puñado de grandes empresas. Ese drenaje podría ser cortado mediante drásticas regulaciones que vetará el FMI.

Los auditores del organismo sólo exigirán mayores exportaciones y consiguiente primarización de la economía. Ese rumbo incluye los emprendimientos destructivos del medio ambiente, que el gobierno intensificó en los últimos meses (exploración de petrolero en el mar, megaminería en Chubut).

En síntesis: nadie sabe por ahora cuál será el ajuste requerido para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno en el plano fiscal, monetario, inflacionario y cambiario. Pero ya está a la vista el escenario de mayor vulnerabilidad y dependencia que generan esas obligaciones.

Experiencias demoledoras

Algunos funcionarios propagan el espejismo de «un gran éxito para el país», con las mismas fantasías que acompañaron a todos los convenios precedentes. Auguran un gran crecimiento con redistribución bajo la égida del FMI, olvidando lo ocurrido durante los tres últimos desembarcos del Fondo.

Bajo la gestión Alfonsín se concretaron cinco acuerdos con el organismo. Los inspectores revisaban las cuentas y emitían periódicos veredictos de incumplimiento de las metas pactadas. Para afrontar los temblores cambiarios e inflacionarios que generaban esas evaluaciones los ministros ajustaban sus planes, mientras el Fondo administraba a cuenta gotas la refinanciación de los vencimientos.

Finalmente Alfonsín tiró la toalla en medio de la hiperinflación y el FMI propició la llegada de un mandatario afín. Avaló directamente la conspiración auspiciada por Cavallo y el boicot a un crédito final que pavimentó la presidencia de Menem.

En sus recientes discursos Cristina recordó esos episodios sin extraer conclusiones de lo ocurrido. Su cogobernante Alberto ha quedado entrampado en el mismo laberinto que asfixió a Alfonsín. Fernández recibirá cada tres meses la visita de los chantajistas y deberá aprobar el examen.

Si se repite la historia y los inspectores quedan insatisfechos, el FMI buscará un reemplazante. El organismo se especializa en apretar el cuello de los gobiernos progresistas. Los empuja a realizar el trabajo sucio que desmoraliza a la población y facilita el regreso de los neoliberales a la Casa Rosada.

Pero el Fondo no ha sido más contemplativo con los presidentes derechistas que fracasaron en la aplicación de sus recetas. El FMI patrocinó la convertibilidad en el cenit del neoliberalismo y tuteló la apertura comercial, la flexibilización laboral y las privatizaciones que precipitaron la degradación económica de los años 90.

Durante el mandato de De La Rúa promovió la reforma jubilatoria y laboral junto al programa de déficit cero. Cuando la economía colapsó, incentivó un endeudamiento mayor y frente a la imposibilidad de saldar ese pasivo, impuso los dos socorros que precipitaron el derrumbe del 2001 («blindaje» y «magacanje»). Los técnicos del Fondo lograron el récord de triplicar la deuda en tan sólo dos años.

Quiénes ahora celebran el Memorándum que prepara Guzmán deberían recordar cómo terminaron los dos famosos auxilios del FMI, que desencadenaron el fin de la convertibilidad, el default, la corrida cambiaria, el corralito y pesificación asimétrica.

La experiencia del Macri está más fresca y nadie ha olvidado cómo el Fondo apuntaló un enloquecido endeudamiento, para sostener la mayor bicicleta financiera de la historia contemporánea. Argentina fue la principal tomadora de préstamos del mundo para mero beneficio de los financistas, que lucraban con las altísimas tasas de interés ofrecidas por el Estado.

Los ministros de Macri naufragaron en la implementación de algunas recetas que ahora reflota Guzmán (reducción del déficit, emisión cero), pero con el socorro-préstamo que envió Trump lograron traspasar el problema al gobierno actual. Como los directivos del Fondo son expertos en culpar a otros por los desastres propios, han emitido una crítica a Macri por las medidas que ellos promovieron. Con ese despliegue de hipocresía eluden sus propias responsabilidades.

También los macristas ocultan el desmadre que consumaron y prometen resolver el agobio de la deuda, con la misma velocidad que Macri auguraba el fin de la inflación. Esa gestión refutó la ridícula creencia que los gobiernos derechistas gestionan con más seriedad o cuentan con expertos para lidiar con las complejidades de las finanzas.

En las últimas décadas el FMI ha sido el principal culpable de las desgracias financieras de Argentina. Es totalmente falsa la difundida creencia que los problemas «son nuestros». El Fondo ha estado directamente involucrado en todas nuestras pesadillas sin asumir nunca las consecuencias de sus fallidos.

Tampoco se hizo cargo de los giros que propiciaron sus directivos. Apuntalaron la convertibilidad y la devaluación, el shock de los ortodoxos y el rescate de los heterodoxos, el endeudamiento de los neoliberales y los pagos de los progresistas. Argentina se habituó a gestionar su economía bajo un timón fondomonetarista, que ha hundido una y otra vez al país. No existe ninguna razón para esperar un desenlace diferente del nuevo convenio.

Otro camino es factible

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un «banco del mundo» que asocia a todos los países del orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con «todo el mundo». Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.

El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial.

Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición.

Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.

El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la grieta que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.

La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2002 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.

El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que, por ejemplo, padecía Grecia en Europa cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva.

También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.

Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscripto con el Fondo.

Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

Rechazo y movilización

El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.

Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de percepciones.

El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.

El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

El preacuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia al Fondo.