La Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo avala la reelección presidencial consecutiva, con el claro propósito de viabilizar la concreción del sueño autoritario de Nayib Bukele de perpetuarse en el poder. En una resolución difundida la noche del viernes 3 de septiembre, los magistrados nombrados ilegalmente el pasado 1o. de mayo ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que permita la participación del presidente en las próximas elecciones.

La referida decisión de la Sala de facto, que de inmediato generó reacciones a favor y en contra, amerita tres valoraciones urgentes para contribuir al debate público y promover el rechazo de todos los sectores democráticos del país.

La primera es que la reelección no está permitida en la Constitución de la República y, por tanto, la decisión de los magistrados bukelistas es inconstitucional. Como bien apunta el periodista Edwin Segura, la reelección está “tres veces prohibida” en nuestra Carta Magna: en los artículos 88, 152 y 154, los cuales obligan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, prohíben que el presidente sea candidato presidencial y establecen el período presidencial de cinco años después del cual el presidente no puede quedarse “ni un día más”.

Para permitir la reelección tendría que reformarse la Constitución, con el concurso de dos legislaturas, una que aprueba y otra que ratifica. La Sala de lo Constitucional, aun siendo la máxima intérprete de la Constitución, no puede autorizar algo que está expresamente prohibido.

La segunda es que, además de lo anterior, la actual Sala de lo Constitucional es totalmente ilegítima y legalmente inexistente, porque fue impuesta por la mayoría parlamentaria oficialista después de destituir en forma arbitraria, injustificada e ilegal a los magistrados que habían sido nombrados en 2018. Lo actuado por los magistrados de Bukele es absolutamente ilegal y no puede ser aceptado como una resolución válida.

Y la tercera es que quien busca reelegirse es un gobernante autoritario y lidera un proyecto antidemocrático que representa un grave retroceso nacional. El problema no es la reelección, sino quién se quiere reelegir y con qué propósitos. No todos los gobernantes reelectos son antidemocráticos, ni todos los países que permiten la reelección tienen dictaduras: Alemania no dejó de ser una democracia, con las tres reelecciones de Angela Merkel (2009, 2013 y 2017); ni en Brasil los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) fueron antidemocráticos, a pesar de la reelección de Lula Da Silva 2006. No podría decirse lo mismo de Daniel Ortega en Nicaragua o Juan Orlando Hernández en Honduras.

Desde esta perspectiva, la reelección de Bukele sería aceptable si él fuera un presidente democrático, dialogante, transparente, progresista y promoviera un proyecto político orientado a profundizar la democracia y lograr la justicia social, la redistribución de la riqueza, la reversión del deterioro ambiental y la realización de los postergados cambios estructurales para la construcción de un país democrático, justo, incluyente, equitativo, pacífico y sustentable.

Pero un presidente autoritario, populista, autocrático y demagogo, ¿debería ser reelecto? Un gobernante que actúa con cinismo e hipocresía, es intolerante, no cumple sus promesas, promueve el odio y la división, no es transparente y no rinde cuentas, ¿debería ser reelecto? Un mandatario cuyos diputados han endeudado al país, que su gobierno negocia con grupos criminales, que impone medidas como el Bitcoin rechazadas por la mayoría de la gente, violenta la libertad de expresión y ha remilitarizado al país, ¿debería continuar el poder?

Esta es, finalmente, la razón más importante para decir NO a la reelección de Nayib Bukele, aun si la Constitución la permitiera o si la Sala realmente existiera y tuviera facultades para autorizarla.

*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS.