Si bien los certificados o pasaportes sanitarios o de inmunidad no son una novedad, sino que representan una práctica de larga data a la cual se sujetan turistas, viajeros o personas que se trasladan de una frontera a otra por motivos laborales, en el contexto de la pandemia del Covid-19 se intensifican las restricciones, se coartan los derechos a la circulación y se le da forma a lo que venimos definiendo como Estado sanitizante regido por la ideología del higienismo.

 

En aras de contener la expansión de contagios por coronavirus SARS-CoV-2 y sus distintas variantes y mutaciones, se justifica la adopción de medidas restrictivas desde los Estados. Con el arribo de las vacunas anti covid-19, en Israel –por ejemplo– el llamado “pase verde” condiciona a sus ciudadanos a la aplicación del biológico para acceder a sitios públicos, servicios, establecimientos de distinto tipo, restaurantes, gimnasios y centros de esparcimiento, o regiones geográficas. En Corea del Sur se emplean aplicaciones de telefonía para monitorear quién logró vacunarse y quién no lo hizo, y si esto último es identificado, entonces se decide sobre el ciudadano si éste puede laborar o participar en transacciones comerciales. En Argentina también se estipuló un pasaporte de vacunación para decidir si un ciudadano circula o no circula al interior de su país. Estados Unidos y la Unión Europea tampoco están al margen de la promoción de esa nueva práctica y se muestran decididos a llevar a sus últimas consecuencias la adopción de pasaportes sanitarios digitales; sobresaliendo en ello países como Dinamarca, Francia, la deliberaciones mismas del Parlamento Europeo, y el Certificado Digital Europeo que entró en vigor el pasado primero de julio. En México, legisladores hablan desde principios del 2021 sobre la necesidad de realizar un registro de vacunación y otorgarle al ciudadano un certificado para acreditar la inmunización.

 

Se habla también de una tarjeta amarilla inteligente promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e, incluso, aerolíneas comerciales como Aeroméxico ya asumen entre sus medidas sanitarias la adopción de una prueba piloto de la llamada Iata Travel Pass (un pasaporte sanitario digital) desde la tercera semana de junio del presente año. De tal manera que estas medidas marchan a la par de los dispositivos de vigilancia basados en el registro de datos biométricos y de datos personales –en manos de bancos, de empresas dedicadas al comercio electrónico, de redes socio digitales y de los mismos Estados– que aprovechan el apoyo brindado por las tecnologías y las plataformas de big data que permiten la concentración y la comercialización de esos datos personales. En el caso de México, la presencia de organismos internacionales como el Banco Mundial, haciendo alusión a la llamada “inclusión digital”, impulsan proyectos como el “México National Digital Identity System to Facilitate Inclusion”  con la finalidad de centralizar y concentrar esos datos personales de los ciudadanos.

 

Clínicamente es insostenible que un pasaporte o certificado de inmunidad evite la propagación del Covid-19. La misma OMS señaló que la presencia de anticuerpos, tras superar el Covid-19, no garantiza la inmunidad del organismo ni evita que el nuevo virus se transmita de un individuo a otro. En suma, las vacunas previenen el desarrollo de la enfermedad, pero no es posible comprobar que prevengan su transmisión. Desde esa óptica, el “pasaporte de inmunidad” carece de sentido.   

 

Estas medidas no remiten a una preocupación genuina por la salud de los ciudadanos en sus diferentes países, sino que se relacionan con una de las ramificaciones de la instauración de un régimen de vigilancia bio/tecno/totalitario con el cual se aspira a invadir y controlar el cuerpo, la mente, la conciencia y la intimidad de los ciudadanos, restringiendo con ello sus libertades fundamentales. Lo anterior  adquiere sentido en el contexto histórico del colapso de legitimidad de los Estados experimentado en las últimas cinco décadas. El manejo de la crisis pandémica abrió las puertas al retorno del Leviatán ante la urgencia y vulnerabilidad de los ciudadanos por causas relacionadas con la enfermedad o la posibilidad de la muerte que se cierne sobre ellos.

 

Si el “pasaporte de inmunidad”, entre otras cosas, tiene como prioridad la promoción de las campañas de vacunación, el primer criterio de discriminación se presenta con el ostensible retraso acusado por varias naciones subdesarrolladas en materia de adquisición y uso de las vacunas. Por ejemplo, para finales de mayo del 2021, algunos países africanos como Burkina Faso, Chad, Eritrea, Tanzania, Burundi, o algunos caribeños como Haití, o de Oceanía como Vanuatu eran auténticos desiertos de inmunización por la falta de acceso al biológico. Pero, incluso, entre las naciones que logran acceder a las vacunas, sobresalen aquellas que lo hacen de manera irregular y en cantidades insuficientes para su población, generando así una brecha epidemiológica. Esta desigualdad puede acentuar las discriminaciones convencionales a través de medidas que coarten el derecho a la circulación.  

 

Más allá de la eficacia o viabilidad de las vacunas anti Covid-19, la decisión de vacunarse es exclusiva del ciudadano; algo que remite a su intimidad o a sus cosmovisiones y formas de pensar. De ahí que sea posible considerar que un “pasaporte de inmunidad o de vacunación” contraría derechos humanos básicos de los ciudadanos como el relativo a la libre circulación, la movilidad laboral, la libertad profesional, etc. Además, se corre el riesgo de ahondar los fosos de discriminación y de división entre ciudadanos. No menos crucial es el carácter latente de la invasión de la intimidad y de las decisiones personales al instalarse medidas de control –incluso digital– que contraponen la seguridad, la salud y las libertades.  

 

Con el confinamiento global, intensificado a lo largo del 2020, se cortó en innumerables países el derecho a la libre circulación. Entonces, una medida como el “pasaporte de inmunidad” puede postergar la misma tendencia y trazar una era post-pandémica en la cual se impondrá la seguridad a la libertad. En estas restricciones se pierde de vista la necesidad de cultivar la capacidad de adaptación de los organismos humanos para aprender a convivir con el nuevo coronavirus y sus distintas variantes y mutaciones; de tal manera que estas medidas restrictivas contribuyen al afianzamiento de dispositivos de control que en no pocas ocasiones estarán en manos de organizaciones y empresas privadas. La tentación de estas organizaciones para exigir dicho “pasaporte” a sus empleados o aspirantes a un empleo será latente. 

 

El 24 de abril del 2021, la OMS argumentó que no existe evidencia capaz de sostener que los organismos recuperados del Covid-19, aún con los anticuerpos adquiridos, logren inmunidad para evitar caer en una reinfección. Entonces, para la misma OMS, acceder a la expedición de esta modalidad de “pasaportes” aumenta los riesgos de transmisión de la enfermedad tras relajarse las medidas sanitarias. Sin embargo, hacia mediados de julio, en países como Francia el gobierno estipuló a la vacunación como obligatoria para que sus ciudadanos logren ingresar a la empresa donde laboran, a bares, restaurantes, centros comerciales, transportes públicos y aviones; limitando las restricciones para quienes no se encuentren vacunados. Lo que hacen estas medidas es ahondar el mar de contradicciones en torno a la gestión de la pandemia a escala plantearía.       

 

Finalmente, cabe destacar que es necesario ir más allá de las falsas dicotomías salud/economía o seguridad/libertad, así como del discurso demagógico de la ”nueva normalidad”, con el fin de comprender las nuevas formas y funciones que adopta el Estado en el mundo a partir de la instauración de dispositivos de biovigilancia o bioseguridad que suponen el ejercicio del control y la emergencia de nuevas formas de dominación en las sociedades.


Un “pasaporte de inmunidad” no solo es un tema sanitario, sino uno con implicaciones jurídico/políticas y éticas que con mucho desborda el simple monitoreo de las posibilidades de contagio por Covid-19. Se engarza, sin duda, con la ampliación de los instrumentos de control y concentración de la información y de los datos personales de los ciudadanos, en cuya gestión desempeña un papel crucial la empresa privada.