Los desencuentros y contradicciones entre el centro político que se agrupa alrededor de la propuesta de la Coalición de la Esperanza en que confluyen sectores de los precandidatos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y los partidos y precandidatos agrupados alrededor del llamado Pacto Histórico en donde confluyen los precandidatos Gustavo Petro, Roy Barreras, Alexander  López y Francia Márquez, se han incrementado por contradicciones coyunturales como el manejo de las protestas en Bogotá que llevó en días recientes a que la bancada de Colombia Humana se declarara en oposición a la alcaldesa del partido Verde, Claudia López y la frustrada elección del candidato de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, que aspiraba a la segunda vicepresidencia del Senado. Si bien Bolívar recibió en la primera votación el respaldo de todos los partidos declarados en oposición obteniendo 32 votos la decisión de los partidos de la coalición de Uribe-Duque decidieron votar en blanco con lo que no obtuvo los votos necesarios.

Al ratificar su candidatura para una segunda votación los parlamentarios del Pacto Histórico se retiraron y el Partido Verde presentó y eligió a Iván Name, como segundo vicepresidente rompiendo el pacto que se había hecho desde el año 2018. El Pacto Histórico ha anunciado que demandará la elección de Name. Los desencuentros se profundizan, pero no por ello la necesidad de buscar acuerdos entre el centro y la izquierda de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de marzo y mayo respectivamente.

Aún los componentes de las dos coaliciones no están en firme. El juego sigue abierto. Un traspiés en la Coalición de la Esperanza es el debate interno en el Partido Verde que no logra ponerse de acuerdo en el mecanismo de selección de su candidato presidencial lo que llevó a su retiro por ahora de la Coalición de la Esperanza. Aún no logra una definición, todo indica que las mayorías estarían por seleccionar un precandidato que concurra a una consulta en marzo en la Coalición de la Esperanza, aunque el sector aparentemente minoritario se inclina por una consulta única con los precandidatos del Pacto Histórico. Esta corriente esta agrupada alrededor de la precandidatura de Camilo Romero que compite con otros cinco precandidatos la mayoría de los cuáles lo que buscan es visibilizarse para volver al Senado de la República. Esta indefinición del Verde obviamente ha debilitado a la Coalición de la Esperanza. Ya se verá que definición toman, pero es un hecho que el paso atrás del partido Verde ha afectado la propuesta, así como la indefinición de Angela María Robledo que también ha dado un paso al costado mientras los Verdes deciden.

Entre tanto el deterioro de la institucionalidad democrática en el país es evidente no solo por la cooptación de la Coalición de Gobierno de los organismos de control que han sido tomados y que no responden a las funciones misionales que deberían cumplir. Esto último, quedo en evidencia, con sus actuaciones frente a la violencia desatada por los organismos de la Fuerza Pública, en contra de las legitimas protestas expresadas alrededor del Paro Nacional. Todos los organismos de control Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo incumplieron con sus mandatos constitucionales de proteger los derechos de los manifestantes. Tuvo que ser un organismo externo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el que viniera a señalar esas falencias y mostrara los excesos de la Fuerza Pública traducido en más de 74 muertos, más de 3000 detenidos, 84 desparecidos, violencia sexual, en fin, lo que registra el informe.

Pero también la coyuntura y los excesos de la Fuerza Pública pusieron de manifiesto un problema más estructural en el funcionamiento de los organismos que conforman la Fuerza Pública lo que ha venido a ser aún más evidente con los autos de imputación de cargos por ejecuciones extrajudiciales cometidos por altos oficiales del ejército que fueron dados a conocer en este mes de julio por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. La JEP ha señalado en esta imputación de cargos que en el seno del ejército en los dos casos denunciados se trató de organizaciones criminales conformadas al interior del Ejército. Se desbarato el argumento sostenido durante décadas que se trataba de “manzanas podridas”.

Un tercer elemento de la crisis es que la extrema derecha uribista es enemiga de las instituciones democráticas a las que busca socavar, debilitar y pervertir. Las instituciones democrático liberales nacidas de la constitución de 1991 son consideradas como un obstáculo y el ejercicio de los derechos cómo atentados contra el orden que quieren instaurar, un orden autoritario. De allí los llamados de Uribe a que la Fuerza Pública disparara contra los manifestantes o la defensa que públicamente ha hecho de “masacres con sentido social”. Y justamente a lo que llamamos nosotros al centro y a la izquierda es que en un acto de responsabilidad con el futuro del país se logren entendimientos y mecanismos de diálogo para garantizar la derrota del proyecto fascistoide del uribismo empotrado en el gobierno y en las instituciones estatales. También dominan el Congreso al que han socavado con su funcionamiento virtual.

Hay que entender que a nuestro juicio lo que está en peligro es la pervivencia de las instituciones del Estado Social y democrático de Derecho al cual el uribismo considera un obstáculo para sus propósitos de impunidad y de continuidad de la guerra. Por eso ya es claro para todo el mundo que se propusieron sabotear y reducir al mínimo el acuerdo de paz mientras que el país nada en cocaína y en las economías ilegales con un grave deterioro del orden público en regiones enteras del país donde mandan los grupos criminales. Volver a la guerra. Esa es la estrategia del uribismo. Y ello de la mano del narcotráfico.

Donde caen las instituciones democrático liberales cae el Estado de Derecho. Las conquistas de la democracia liberal son conquistas de la humanidad que deben ser trascendidas con la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales, pero, las libertades son parte de las conquistas de la humanidad que ningún proyecto progresista puede poner en riesgo.

El centro y la izquierda en Colombia deberían entender esa realidad. La contradicción principal hoy a la que debería sujetarse la estrategia y las salidas tácticas es la defensa de la democracia y de la institucionalidad democrática y ese punto debería estar en el centro de un programa de transición democrática que debe complementarse con alternativas concretas que la gente en las calles, está reclamando.

En este empeño desde la Revista Sur durante el último año hemos trabajado con un grupo de más de 60 intelectuales e investigadores en ocho temas para la construcción de una agenda de transición democrática para Colombia que presentaremos en un seminario que se realizará entre el 23 y el 27 de agosto que tendrá un carácter semipresencial y que podrá ser seguido a través de las plataformas de internet. Con el auspicio de la Fundación Olof Palme, de Suecia, el Instituto Igualdad de Chile y que contará como anfitriones a los Partidos Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, y Fuerza Ciudadana de Colombia y se ha invitado a participar a los precandidatos de la Coalición de la Esperanza para conversar sobre la agenda de transición democrática. Allí se presentarán ocho documentos que han sido preparados como nuestra contribución a la construcción democrática de esa agenda de transición. Los documentos que se presentarán y que se pondrán a consideración del público son: renta básica permanente, reforma tributaria estructural, política para las economías campesinas, la reforma política que necesita Colombia hoy, reforma estructural al sistema de salud, política para la educación en Colombia, seguridad y convivencia ciudadana y 10 reformas urgentes en materia ambiental para Colombia.

Esperamos que a la cita de Santa Marta concurran los invitados de la Coalición de la Esperanza. Hay que dialogar y hay que construir unos consensos mínimos para los acuerdos posibles y las políticas necesarias para responder a la grave crisis por la que atravesamos. No nos resignamos a la división. Seguiremos trabajando por la unidad en medio del respeto y el reconocimiento de las divergencias, pero convencidos que solo la unidad y el entendimiento abrirán el camino a los cambios que Colombia y sus mayorías empobrecidas y excluidas reclaman.

Bogotá julio 22 de 2021

Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur