“Soy un peruano que orgullosamente, como un demonio  feliz habla  en cristiano y en indio, en español y en quechua…”

JM Arguedas

                      CRISIS DE RÉGIMEN Y PROCESO CONSTITUYENTE

Reforma Agraria, La deuda actual y “otros detalles…”

La información sobre el fenómeno socio-económico más importante del siglo XX peruano, (Reforma Agraria-1969) dice en estos días: Para 1979, se habían expropiado 9.1 millones de hectáreas de las 30 de tierra cultivable del país.

En el 2012, el Tribunal Constitucional anunció que elaboraba una resolución para que el gobierno cancelara la deuda.

La deuda de la reforma agraria se estima impagable, puesto que los valores reconocidos a los más de 20,000 agricultores grandes y pequeños, que fueron perjudicados, estaban por debajo de 1/50 de su valor real, es decir, once millones de hectáreas fueron bonificadas a un valor cincuenta veces menor que el real… Empresas agrícolas del norte del Perú obtuvieron valores incluso menores…

No abundaremos en expresiones retóricas, solo diremos que si se habla de deudas, la verdadera e impagable, es la que todavía mantienen los descendientes de encomenderos, oligarcas y terratenientes ante los descendientes de los pueblos indígenas, que desde el siglo XVI sufrieron despojo y explotación inimaginables, que en no pocos casos se agravaron durante la Republica.

El cambio del poder de encomenderos a sus hijos terratenientes y burócratas criollos, solo aumento el sufrimiento y opresión de las masas indígenas. Hasta 1920, gobierno de Leguía, los indios seguían pagando el tributo indígena, carga que se originó durante la colonia, persistió hasta 1860, como contribución indígena y hasta 1920, como circunscripción vial.

Los grandes latifundios y haciendas se formaron de la apropiación y robo de los terrenos de ayllus y comunidades.

Si estas haciendas y latifundios, frutos del despojo se tuviesen que valorizar para estimar la deuda con los pueblos indígenas, la cifra resultante sería sideral. Y esto sin considerar el trabajo y la vida de millones de indígenas a lo largo de cuatro siglos

Los hacendados, terratenientes y gamonales, expropiados por la Reforma Agraria de 1969, mantienen todavía en la actualidad una enorme deuda económica y social con los pueblos indígenas.

 Con la Reforma Agraria, el 30% del total de tierras cultivables del país, se entregaron a los que realizaban el cultivo. Unas 400 mil familias, dos y medio millones de personas, fueron las beneficiarias, que en la época representaba al 20% de la población nacional. Estas cifras que ofrecen la imagen cuantitativa del trascendental hecho es un pálido reflejo de su efecto en la vida social, política y cultural del país, particularmente del mundo rural.

La masa indígena y la sociedad rural seguían, hasta 1969, excluidas del desenvolvimiento político y cultural del país oficial. Los analfabetos, hablantes de idiomas diferentes al español, en cualquiera del multilingüismo existente (60% de la población nacional) carecían de ciudadanía. No elegían ni podían ser elegidos. Las políticas públicas: educación, salud, justicia y las actividades oficiales se realizaban exclusivamente en español. Algo más de la mitad de la población, compuesta por indígenas andinos y amazónicos, estaba al margen del estado. Salvo para la sanción represiva y el servicio militar obligatorio al que eran conducidos como bestias.

Estos trascendentales cambios constituyen el núcleo central de la Constitución de 1979, constitución que se elabora y aprueba como condición del retiro de las FF: AA del poder.

La prueba irrefutable de cómo estas reformas cambiaron el Perú está en la actual elección presidencial. Pedro Castillo, hijo de Ireño Castillo, un peón agrícola beneficiario de la Reforma Agraria, es el nuevo presidente del Perú. Sin reforma agraria, Pedro hubiese reproducido la vida de su padre, jornalero de campo. La parcela de tierra obtenida cambió radicalmente la vida familiar y los hijos asistieron a la escuela, se hicieron profesionales y, uno de ellos alcanzó el más alto honor al que un ciudadano puede aspirar en una sociedad democrática: la presidencia de la república.

Que Vargas llosa, apátrida hispanizado, anclado mentalmente en el siglo XIX, no entienda que aquí se ha producido una Reforma Agraria y campesinos e indios son ciudadanos, es consecuencia de confundir la realidad y la fantasía, y una vocación de sirviente mercenarizado del gran poder neoliberal mundial y de su expresión local, corrupta y prejuiciosa.

Ha asumido un anacrónico título nobiliario y ha vuelto a la colonia.

Constitución de 1979, encuentro de nación, estado, y justicia social.

Encuentro de la nación con el estado, avance en justicia social y soberanía nacional caracterizan a la constitución de 1979.

Para decirlo en breve, reencuentro con la nación y el proceso de modernidad política y cultural mundial producidos. Se van a expresar en la reorganización del estado que se puso a tono con las transformaciones, pues el estado oligárquico carecía de las estructuras, funcionalidad administrativa y equipo humano para procesar e implementar  los cambios introducidos.

El esfuerzo transformador, entre 1969-1975 implicó, entre otras cosas, el robustecimiento del estado y la renovación de su matriz de funcionamiento. Se incorpora el concepto de planificación como búsqueda de racionalidad y eficiencia en la gestión.

La demonización del velasquismo y el desmontaje del estado que se produce desde 1980, con el segundo belaundismo, no es otra cosa que los intentos restauradores de una oligarquía herida mortalmente, que no pudo revertir los profundos cambios, pero los trabó y empantanó, condenando al país a la parálisis y a una rearticulación asimétrica con el capitalismo mundial, en franca subordinación a los EE.UU.

La constitución de la justicia social, obstáculo contra el neoliberalismo

Realinear al país con el triunfante neoliberalismo global, luego del colapso de la Unión Soviética y el establecimiento del Consenso de Washington, requería eliminar la valla más seria: La constitución de 1979, que protegía los derechos ciudadanos y defendía el interés nacional. Contenido incompatible con el Estado Subsidiario del neoliberalismo, en que el imperio del mercado asume el poder de asignación y distribución de los recursos, abandonando a los ciudadanos vulnerables a su suerte.

Es lo que propugna el fujimorismo y la constitución de 1993, que se consolida con la derrota de las fuerzas democráticas, del  movimiento popular y la marginalización de la izquierda socialista a lo largo de la década del 90 y el 2000.

Cuando arribamos al siglo XXI, el neoliberalismo había arrasado las políticas sociales y los derechos ciudadanos. Cientos de miles de trabajadores habían perdido su empleo, miles de sindicatos y federaciones habían sido destruidos y desactivados; el salario había perdido su capacidad adquisitiva en un 45/50 %. La pobreza bordea el 50% de la población. Los Servicios públicos indispensables: educación, salud, vivienda se habían privatizado, reemplazados por nada  o, sucedáneos de pésima calidad.

Que el fujimorismo haya podido naturalizar estas políticas salvajes solo se explican por la presencia del terrorismo senderista de los años 80 y 90. Produjo tal caos y temor que la mayoría de peruanos creyendo sentir la llegada del diluvio final, tuvieron que someterse a las políticas de despojo y pérdida de derechos laborales y sociales. Amén de la liquidación física de líderes sociales y populares y sus organizaciones, por parte del terrorismo de SL y de Estado.

El “triunfador” Fujimori, presentado por los medios mercenarios  como el cónsul que salva providencialmente a la patria de los bárbaros, cobró en grande. No solo implementando estas políticas y privatizando a remate los activos más valiosos del país, sino apropiándose de miles de millones de dólares de la privatización, con el que financian todo tipo de actividades ilegales y criminales.

La Carta Política más avanzada y democrática del siglo y medio republicano del Perú, reemplazada el año 1993, no mereció mayor resistencia. La dispersa y desorganizada defensa de los derechos sociales y ciudadanos alcanzados en el periodo reformista, estaba circunscrita a cuestiones puntuales. No se entendían ni asumían como fruto y consustancial a la constitución democrática y de justicia social de 1979.

Esta constitución terminó siendo el niño huérfano, sin padre ni madre. Las críticas y la oposición a la constitución fujimorista aluden a su origen espurio, ilegal. No implican la defensa de la carta democrática reemplazada. Esta débil oposición, de la izquierda socialista y la derecha liberal, reducida al procedimiento legal, evidencia el concepto de democracia vaciada de contenido social que era la democracia de oligarcas y señores, vigente desde 1821. Concepción procedimental que terminó siendo asumida por la izquierda socialista tradicional.

Facilitaron la consolidación del proceso dictatorial y corrupto del fujimorismo y fueron derrotados por su discurso efectista y ciertos logros macroeconómicos, que crearon el espejismo de 30 años de milagro económico. Milagro para los ricos y las grandes transnacionales pues los pobres, el medio ambiente y el país siguen más pobres, depredado y en el atraso.

El populismo conservador fujimorista, que dura 30 años ha sido herido muerte en las últimas elecciones. Derrotado el 2011, 2016 y prácticamente liquidado en las elecciones de este año. Magros resultados en estas justas electorales y los 25 años de cárcel que esperan a Keiko Fujimori, su lideresa actual y,  la permanencia en cautiverio, del fundador, por varios años más, los conducen a la extinción.

La correlación de fuerzas como determinación del poder constituyente

Las constituciones no son sino la expresión jurídica legal que legítima ante el conjunto de la sociedad, los intereses hegemónicos que una coalición de sectores sociales logra imponer como interés común. Lo que supone que en un proceso de persuasión y/o coacción estos sectores han logrado establecer un acuerdo social que es asumida por el conjunto de la sociedad.

Significa que han logrado la correlación de fuerzas sociales y políticas favorable que les permite institucionalizar los cambios por medio de una nueva Constitución o reformar la vigente, adecuándola a las nuevas exigencias. Dependerá finalmente de la magnitud de los cambios a realizar y de las fuerzas acumuladas. El poder constituyente alcanzado.

En nuestra experiencia histórica, el año 1979 los cambios constitucionales se tuvieron que realizar por medio de una Asamblea Constituyente porque las modificaciones eran radicales, profundas. Se requería dar forma jurídica a un régimen político que pudiese expresar la emergencia de una sociedad que había sufrido modificaciones sustanciales en su estructura económica, social y política. Las FF.AA que mantenían el control del estado, exigieron la Asamblea Constituyente, como condición para el retorno a los cuarteles. Tenían la fuerza para imponer tanto el procedimiento de los cambios constitucionales como el contenido esencial de la nueva carta. Expresada en cuestiones como: reconocimiento del quechua como idioma oficial, derecho de votos a los analfabetos, la ley de comunidades nativas, entre otros.

En 1993, derrotadas las fuerzas democráticas y eliminado el protagonismo social; producido el auto golpe de estado de Fujimori un año antes, la comunidad internacional y la oposición interna reclaman la vigencia del sistema democrático liberal. El propio golpista requiere legitimidad. Es lo que lleva a la realización del Congreso Constituyente Democrático para elaborar la nueva carta magna, que finalmente se aprueba en un referéndum amañado en octubre de 993.

Constitución de 1993, madre de la corrupción

El Congreso Constituyente Democrático, como su denominación indica, viene a ser un hibrido que permite introducir cambios sustanciales, sin recurrir a la forma legal clásica de Asamblea Constituyente. Es una mezcla de vía congresal y Asamblea constituyente, y su aprobación a través de un Referéndum. Modalidad que es elegida para cumplir con el mínimo de formalidad jurídica exigida por la comunidad internacional.  En realidad el procedimiento y la forma en que se produjo la nueva constitución fueron un remedo de proceso democrático. Lleno de irregularidades y trampas que culminaron con un referéndum fraudulento.

Esta constitución, vigente hasta la actualidad, cumple los siguientes propósitos esenciales:

1) cambia el carácter social del acuerdo constitucional de 1979, privatiza servicios públicos esenciales; elimina la protección del mercado y capital nacional; 3) facilita el dominio del capital monopólico  4) hipoteca la soberanía nacional a las instancias controladas por los intereses norteamericanos. En resumen, instala el modelo neoliberal digitado por el Consenso de Washington.

El resultado de 30 años de aplicación de este modelo ha sido desastroso en lo económico y social y en términos del interés nacional. Las cifras son contundentes al respecto.

Es imprescindible resaltar un fenómeno tanto o más  importante que el anterior, que los grupos de poder beneficiados por estas tres décadas infames, naturalizan con  su egoísmo y codicia.

El deterioro de la institucionalidad y el envilecimiento de la política alcanzan con Fujimori niveles de sima. Un rasgo nuevo, terriblemente perverso, es haber construido con Montesinos, un estado narcotraficante. Esta impronta incide en el funcionamiento y carácter de todo el estado. La corrupción sistémica del estado y la sociedad no puede entenderse sin las  inducciones realizadas por el dueto del mal, Fujimori-Montesinos. Legitimaron el asesinato, el robo y soborno, el chantaje y la mentira, como instrumentos de la política. El divorcio entre la ética y la política, y la pátina de suciedad que imprimen al quehacer político y el estado ha sido probablemente el daño más grande que han ocasionado a nuestro país.

El Covid-19, plebiscito y final del régimen fujimorista

En el año y medio que dura la pandemia, el Perú goza del triste record de ocupar uno de los primeros lugares en cantidad de muertos por cien mil habitantes; 200 mil fallecidos y 2 millones ochenta mil infectados.

La pertinencia y eficiencia de un estado se califica por su desempeño en tiempos normales y en situaciones de excepción. El estado peruano, reorganizado con la constitución de 1993, ha sido un completo desastre, en ambos casos.

Carencia de infraestructura sanitaria, personal mal protegido y peor remunerado, y una corrupción en todos los niveles de la sociedad y el ministerio del sector, explican este infeliz desempeño.

30 % de pobres, 70% de empleo informal, 15% de desnutridos y 20% de anemia infantil, regiones en las que llega hasta el 40%, son cifras que desnudan el pretendido milagro neoliberal, con 30 años de bonanza y excepcional crecimiento. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres, terminaron más pobres. Resultados de los tiempos normales

La propaganda cotidiana de empresarios engordados hasta la obscenidad y su coro mediático, era tan intensa y potente, que la población llegó a aceptar el perverso mensaje como realidad. Alimentó la esperanza. Se crea tanta riqueza, que ya me tocará, no me importan los otros ni se requiere organización gremial ni reclamos colectivos, decía el sentido común instalado en los noventa. Todo se hizo añicos con la llegada de la pandemia, en el verano del 2020.

La desolación y el temor cundieron a partir de mediados del 2020. La cantidad de muertos y la pobreza no hacían sino aumentar, semana a semana. Lo más penoso y censurable llegaría con el tráfico de la muerte y el hambre. La compra de los elementos indispensables: vacunas, camas UCI, mascarillas, etc. Todo el material adquirido por el estado para la atención sanitaria ha sido motivo de coimas y prebendas. En algunos casos no se adquirían porque no había acuerdo en los porcentajes de comisiones.

El acto que sintetiza la indolencia y la corrupción de las más altas autoridades del régimen vigente, se produce con la vacunación del presidente Vizcarra, la ministra Pilar Mazzeti, de salud y  sus funcionarios antes que se vacune la población vulnerable.

Las ofensivas y obscenas muestras de angurria y desbocada corrupción, expresadas en la vacancia de PPK a dos años de su gobierno y a Martín Vizcarra, seis meses después por medio de oscuras maniobras y acuerdos, asaltaron el gobierno colocando como presidente a un lúdico agricultor tumbesino (Manuel Merino) dedicado a las peleas de gallos.

Se ha Iniciado el proceso constituyente

En cinco días, multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del país, lo hicieron renunciar.

Estas movilizaciones promovidas por la  denominada generación del Bicentenario, abrieron las puertas de la esperanza y, sobre todo la vía del cambio constituyente. Hasta la primera semana de noviembre-2020, el cambio o modificación constitucional eran aspiraciones y consignas levantadas por voces aisladas que desarrollaban una postura crítica sobre el régimen fujimorista. Con poca audiencia en la mayoría nacional, percibida como declaración de intenciones impracticables.

A partir de esta fecha amplios sectores de la sociedad empezaron a intuir o ver la relación entre desastre sanitario, corrupción y el modelo vigente.

A lo largo de la campaña, tanto en primera como en segunda vuelta, el tema constitucional se incorpora al debate electoral. No está en cuestión si hay cambios constitucionales, se pone en cuestión la magnitud de los cambios. ¿Cambio de algunos artículos o de toda la constitución? Hasta los fujimoristas, autores del engendro, reconocen que habría que evaluar algunos aspectos que podrían cambiarse.

En otras palabras, las movilizaciones de noviembre abren el proceso constituyente. El triunfo de Castillo consolida el proceso.

Es lo que está en el centro de la actual pugna de política.

Cambio constitucional. Los candados y cerrojos de la constitución fuji-montesinista

La Carta fuji-montesinista, pertenece a la historia de la infamia política del Perú. Tanto por su carácter retrogrado en lo social y la hipoteca de nuestra soberanía nacional como por su origen y arquitectura mafiosa. Ha sido elaborada de modo tal que han introducido mecanismos y procedimientos muy difíciles de absolver. En sustancia, toda reforma parcial o total de la constitución tiene que pasar por el congreso.

La Constitución Política de 1993 dispone en su artículo 206° que dice “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”. Asimismo, dispone que “Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”.

No existe la figura de Asamblea Constituyente para el cambio constitucional, para lo cual tendría que cambiarse este artículo e incluirlo como procedimiento legal.

Es lo que ahora en lenguaje novedoso llaman, candados o cerrojos. En realidad es una versión legalizada del secuestro de la constitución en manos de las mafias corruptas, que actúan como esbirros del gran capital monopólico y transnacional.

Entre el congreso y el cambio constitucional, la calle lo decide

El condicionante mafioso del cambio constitucional hace poco viable su cambio por el camino congresal pues la mayoría de esta instancia no lo promoverá ni aprobará. Eso supone un referéndum convocado por el congreso o por iniciativa ciudadana. En este procedimiento igualmente el congreso deberá aprobar el resultado del referéndum.

Queda evidenciado que solo una gran presión social puede imponer el procedimiento y su resultado. Oponerse a una masiva exigencia social es un desacato que puede terminar con la disolución congresal y su remplazo por otro parlamento que, surgido de la exigencia de este objetivo, apruebe los cambios o modifique el articulo 206 e incluya la Asamblea Constituyente como mecanismo de cambio. Que sería lo más recomendable.

Todo indica que la participación ciudadana activa, la movilización social serán factores decisivos.

La generación del Bicentenario debe erigirse  en la fuerza del relevo generacional socio-político de la del 70. En buena hora y ante las grandes tareas que la patria reclama.

Primero es lo primero, el cambio constitucional exige resolver el desastre sanitario y reactivar la economía

La sociedad reclama el control de la pandemia, que se traduce en vacunar a toda la población nacional hasta diciembre del presente año. Mantener y reforzar las medidas preventivas, haciendo estrictas las acciones de control y ampliar la cobertura de atención a los pueblos indígenas y poblaciones alejadas de la capital y grandes centros urbanos. Los positivos avances deben continuarse hasta culminar la vacunación.

La reactivación económica es una tarea de suma urgencia. Inversión social, financiamiento especial a las mypes, crédito de urgencia a la agricultura familiar, pequeña y mediana, impuesto especial a la sobre ganancia minera, cobranza coactiva a los grandes deudores y evasores de la SUNAT, son algunas de las medidas económicas de urgencia. Entre tanto los bonos y bolsas de alimentos deben garantizarse a la población vulnerable, por lo menos hasta fin de año.

Es un avance extraordinario que se haya abierto el proceso constituyente, que se traduzca en cambio constitucional implican acciones y luchas diversas. Que la actitud favorable se traduzca en voluntad organizada y movilizada para hacer el cambio, es la tarea inmediata. Convertir esta germinal opinión favorable en poder constituyente.

El cambio de la correlación de fuerzas es la tarea esencial del actual periodo político.

La solución de las urgencias sanitarias y económicas inmediatas será la demostración práctica, que Pedro castillo y su gobierno saben gobernar, y más importante aún, gobiernan en aras del bien común y el interés nacional. El buen liderazgo se legitima y valida atendiendo y resolviendo las necesidades más urgentes de la sociedad.

Es la hora de mostrar y construir este nuevo tipo de liderazgo.

Un liderazgo que sirve al Perú merece todo el apoyo para cambiar la actual constitución mafiosa del fujimontesinismo.

Constitución del siglo XXI, Pluricultural y Descentralista

No es propósito del presente artículo debatir sobre el tipo de constitución que requiere el Perú, sin embargo debemos señalar algunos criterios que ayuden a esclarecer el modelo constitucional que requerimos:

– Asumir la nueva constitución como la expresión más elevada de una amplia y profunda lucha por la renovación ética y moral de nuestra sociedad. La renovación del compromiso con la política como servicio ciudadano, el bien común como aspiración superior de la ciudadanía.

-Debe asumirse como heredera y continuación de la constitución de 1979, cuyo espíritu esencial es el servicio a la persona humana, su carácter social y  dignidad nacional

-Pluricultural y Descentralista, expresado en la representación directa de las diferentes culturas, fortalecimiento de las instancias sub nacionales, descentralización efectiva del poder político y presupuestal

-Calificación intercultural y bilingüe de autoridades y funcionarios

-Políticas publicas interculturales y bilingües, como política esencial del estado

-La sostenibilidad ambiental y la ecología deben ser parte constitutivas de su núcleo central

– Interculturalidad como enfoque y política de estado en el conjunto de la sociedad

-Equidad de género, promoción de igualdad en todos los niveles, profesional, salarial, cargos públicos.

Estos enunciados rectores harán de la nueva carta magna una carta del siglo XXI, atenta a los cambios globales de la humanidad y a la urgente corrección de la depredación ambiental. La tierra es el hogar común.

La globalización implica una relación intercultural, un mundo más justo exige que la otra mitad de la humanidad esté en pie de igualdad con los varones.

NOTA ORIGINAL https://redh-cuba.org/2021/07/el-triunfo-de-castillo-triunfo-de-la-esper...