En menos de dos años Brasil y Paraguay deberán revisar el tratado de Itaipú, la hidroeléctrica con mayor producción energética del mundo. Desde la firma del tratado, hace 50 años, y la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica, la empresa binacional benefició casi exclusivamente a Brasil. Paraguay consume apenas el 2% de la energía generada, pero debido a un sospechoso e injusto tratado firmado en 1973 bajo la tutela norteamericana, ese 48% de energía no usada tiene que ser cedida a Brasil, a un precio infinitamente menor a su valor comercial. De acuerdo a los precios del mercado, Paraguay debería recibir alrededor de 3.000 millones de dólares anuales por esa energía, y este es uno de los temas cruciales que deberá revisarse en el nuevo tratado. De arribarse a un tratado más justo, Paraguay podrá disponer libremente del 50% de la energía producida y venderla a terceros a precios de mercado.

Cuando empezó a discutirse sobre la construcción de la hidroeléctrica, el socialista Joao Goulart, en enero de 1964, le había asegurado a su par que su gobierno no aprobaría ningún tratado que lesionase los intereses del pueblo paraguayo, y que de firmarse el acuerdo a Paraguay le correspondería la mitad de las ganancias generadas por la hidroeléctrica. Unos meses después, el gobernante brasileño -tenaz opositor a la invasión yanqui de Cuba- era sacado del poder a través de un golpe orquestado por la CIA. El tratado de Itaipú sería firmado finalmente por una dictadura militar sometida al imperio. Con el golpe, Paraguay había perdido a su mejor aliado en el Brasil.

Casi cinco décadas después de aquel gesto solidario del presidente Goulart, otro socialista, José Ignacio Lula Da Silva, firmaría un nuevo acuerdo en el 2011, triplicando la compensación a Paraguay con 360 millones de dólares anuales por la energía cedida. Independientemente de quien presidía Paraguay, los gobiernos progresistas fueron muy solidarios en relación a la represa de Itaipú. La historia así lo demuestra.

Pero como era de esperarse, Bolsonaro se ha mostrado extremadamente hostil hacia la renegociación del Anexo C del tratado, lo que beneficiaría eventualmente a Paraguay, nombrando a un militar como jefe negociador, como si de una guerra se tratase.

En el 2022 hay elecciones en Brasil y los vientos no traen buenas noticias para Bolsonaro. Su popularidad se está desbarrancando por el manejo criminal que hace de la pandemia, al punto de ser considerado un genocida de su propio país. Peor aún, Lula encabeza todas las encuestas, y probablemente será con su gobierno que el Estado paraguayo renegocie el tratado. Para Paraguay será siempre infinitamente mejor que al otro lado de la mesa esté un representante de Lula antes que el emisario de un genocida.