La provocación del gobierno a la Convención Constitucional

La negligencia del gobierno en la provisión de condiciones mínimas para el funcionamiento de la Convención Constitucional, deliberada o no, terminó en un bochorno de nivel mundial.

08/07/2021
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El gobierno de Piñera parece tener una especie de toque de midas, pero al revés: lo que toca, lo embarra.

 

Haya sido por ineptitud, o mensaje político, o ambos, tuvo el dudoso mérito histórico de escrachar la primera sesión de la Convención Constituyente, por la sencilla razón de que el Palacio del Ex-Congreso, carecía de la infraestructura básica para funcionar.

 

Guardando proporciones y distancias, el desaguisado evoca el episodio Bielsa.

 

Piñera nunca le perdonó a Marcelo Bielsa haberlo dejado con la mano tendida, cuando recibió a la selección después de llegar a octavos de final del Mundial Sudáfrica 2010, en La Moneda, el 1 de junio de 2010.

 

Se vengó mediante el oblicuo expediente de derrocar al que lo contrató, es decir, Harold Mayne-Nichols, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. El resultado neto de la operación, aparte de la salida de Bielsa, fue la llegada de Sergio Jadue. Entre los orígenes remotos de la asombrosa impopularidad de Piñera, sin lugar a dudas, este es uno de ellos.

 

Siguiendo la analogía, esta displicencia del gobierno ante el poder constituyente originario, obedece, de una parte al desagrado personal de Piñera, al verse desplazado de todo protagonismo en lo relativo a la Convención Constitucional, y de otra, al instintivo rechazo de las elites propietarias, políticas y empresariales, a la abigarrada representación del Chile real, predominante en la Convención Constitucional, con mayoría suficiente para terminar con la constitución de Pinochet, y facultada para cercenar sus fuentes de ventajas y privilegios.

 

Así como la operación para sacar a Bielsa condujo al desastre de Sergio Jadue, la negligencia del gobierno en la provisión de condiciones mínimas para el funcionamiento de la Convención Constitucional, deliberada o no, terminó en un bochorno de nivel mundial.

 

¿Negligencia y opinión no verbal?

 

Todo lo que toca el gobierno de Piñera es pasible de sospecha. Parece no entender que en el mundo interconectado de hoy, ya no se puede barrer la basura debajo de la alfombra.

 

Así, en redes sociales circuló la orden de compra por la producción del acto de instalación de la Convención Constitucional, bajo esa estructura con techo de acrílico transparente, con 155 sillas, un mesón y unas cuantas mesas para café, en el vestíbulo de la entrada principal del Palacio del ex Congreso, por un monto de $450 millones.

 

 

Más sorprendentes son los antecedentes de la empresa productora, Street Machine Producciones, una agencia de marketing y producción de eventos musicales, propiedad de Paul Morrison, hijo de la ex-diputada María Angélica Cristi. Precios exorbitantes, y licitación directa a «amiguis». El sello distintivo del gobierno de Piñera.

 

Enseguida, circulan documentos que, en primera apreciación, inclinarían la balanza hacia la tesis de la chapucería y la ineptitud. Pero aún en ese caso, ¿qué impide que haya sido una decisión calculada para generar ese efecto?

 

Como sea, todos esos documentos registran que la compra o contratación de los servicios tiene una fecha muy inmediata a la convención, de modo que, desde ese punto de vista, era imposible que estuvieran instalados, a la hora señalada.

 

Esta licitación del circuito de transmisión de televisión, por un monto de $850 millones, muestra que la fecha de cierre fue el 4 de junio.

 

Después de eso, debe venir la adjudicación y la toma de razón, procedimiento que no toma menos de un mes. Es natural, entonces, que no estuviese listo el 5 de julio.

 

 

La siguiente orden de compra, por arriendo de micrófonos, sistema de distribución de energía, servicio de access point, e insumos computacionales, entre otros, obtenida de Mercado Público, tiene como fecha de envío, el 2 de julio.

 

 

El próximo documento, la orden de compra del servicio access point, es decir enlaces punto a punto, a cada puesto de trabajo, a ENTEL, por un monto de $78 millones, muestra que la orden fue despachada el 2 de julio.