“Sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad”.

Declaración de Independencia de Estados Unidos

Cuando la élite de la clase dominante colonial de lo que se conocería como Estados Unidos (13 colonias) decidió cortar los lazos con su metrópoli y establecer un Estado independiente para ellos, no lo imaginaron como una democracia. Por el contrario, se opusieron ferviente y explícitamente a la democracia, como la gran mayoría de los pensadores de la Ilustración europea. Para los llamados “padres fundadores”, las masas no solo eran incapaces de gobernar, sino que se las consideraba una amenaza para las estructuras sociales jerárquicas supuestamente necesarias para el buen gobierno. En palabras de John Adams, para tomar un ejemplo revelador, si a la mayoría se le daba poder real, redistribuirían la riqueza y disolverían la “subordinación” tan necesaria para la política. Cuando los eminentes miembros de la clase terrateniente se reunieron en 1787 para redactar una constitución, insistían regularmente en sus debates sobre la necesidad de establecer una república que mantuviera a raya la vil democracia, que se juzgaba peor que “la inmundicia de las alcantarillas comunes”. La nueva Constitución preveía elecciones populares solo en la Cámara de Representantes, pero en la mayoría de los Estados el derecho a voto se basaba en ser propietario, y las mujeres, los indígenas y los esclavos -es decir, la abrumadora mayoría de la población- simplemente quedaban excluidos de aquellas prerrogativas. Los senadores fueron elegidos por los legisladores estatales, el presidente por los electores elegidos por los legisladores estatales, y el Tribunal Supremo fue designado por el presidente. Cuando la república estadounidense llegó a ser rebautizada como una “democracia”, no hubo modificaciones institucionales significativas para justificar el cambio de nombre. En otras palabras, el uso del término “democracia” para referirse a una república oligárquica simplemente significaba que se usaba una palabra diferente para describir el mismo fenómeno básico. Poco a poco, el término “democracia” pasó a utilizarse como un término de relaciones públicas para cambiar el nombre de una oligarquía plutocrática. Mientras tanto, continuó sin cesar la esclavitud y la expansión colonial.

El análisis indica, según un estudio de Martin Gilens y Benjamin Page, que “las elites económicas y grupos organizados que representan intereses comerciales tienen impactos independientes sustanciales en la política del gobierno de los EE. UU., mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés basados en las masas tienen poca o ninguna influencia independiente. Los resultados proporcionan un apoyo sustancial para las teorías de la dominación económica-elite […], pero no para las teorías de la democracia electoral mayoritaria”.

Para tomar solo un ejemplo de la gran cantidad de formas en que Estados Unidos no es, y nunca ha sido, una democracia, vale la pena destacar su asalto constante a los movimientos de poder popular. Desde la Segunda Guerra Mundial, se ha esforzado por derrocar a unos 50 gobiernos extranjeros, la mayoría de los cuales fueron elegidos democráticamente. Asimismo, de acuerdo con Wiilliam Blum en Deadliest Export, Estados Unidos interfirió groseramente en las elecciones de al menos 30 países, intentó asesinar a más de 50 líderes extranjeros, lanzó bombas en más de 30 países e intentó suprimir movimientos populistas en 20 naciones. El récord en el frente interno es igual de brutal. Para tomar solo un ejemplo paralelo significativo, hay amplia evidencia de que el FBI ha sido ocupado en una guerra encubierta contra la democracia. Comenzando al menos en la década de 1960, y probablemente hasta el presente, extendió sus operaciones clandestinas anteriores contra el Partido Comunista, comprometiendo sus recursos para socavar el movimiento independentista de Puerto Rico, el Partido Socialista de los Trabajadores, el movimiento por los derechos civiles, movimientos nacionalistas, segmentos del movimiento pacifista, el movimiento estudiantil y la Nueva Izquierda en general. Considere, por ejemplo, el resumen de Judi Bari sobre su asalto al Partido Socialista de los Trabajadores: “Desde 1943-1963, el caso federal de derechos civiles Socialist Workers Party v. Attorney General documenta décadas de allanamientos ilegales del FBI y 10 millones de páginas de registros de vigilancia. El FBI pagó a unos 1. 600 informantes 1,680,592 de dólares y utilizó 20.000 días de escuchas telefónicas para socavar la organización política legítima”.

En el caso del Black Panther Party y el American Indian Movement (AIM), ambos fueron intentos importantes de movilizar al pueblo para desmantelar el poder y la opresión estructural de la supremacía blanca; el FBI no solo se infiltró en ellos y lanzó horribles campañas de desestabilización, sino que asesinó a 27 Panteras Negras y 69 miembros de AIM, y sometió a incontables personas a la lenta muerte por encarcelamiento.

Debemos abrir las puertas de la historia y escudriñar la fundación y evolución de la república imperial estadounidense. Esto no solo nos permitirá despedirnos de sus mitos de autocomplacencia, sino que también nos brindará la oportunidad de resucitar y reactivar tanto de lo que han tratado de borrar. En particular, hay una América radical justo debajo de la superficie de estas narrativas nacionalistas, una América en la que la población se organiza de manera autónoma en activismo indígena y ecológico, resistencia radical negra, movilización anticapitalista, luchas antipatriarcales. Es esta América la que la república corporativa ha tratado de erradicar, al tiempo que invierte en una campaña expansiva de relaciones públicas para cubrir sus crímenes bajo la falsa pátina de democracia.  Si somos perspicaces como para reconocer que los Estados Unidos no son democráticos hoy, no seremos tan ingenuos para pensar que alguna vez lo fue.

Los denominados Estados canallas (Rogue State) o su reactivación con “el eje del mal” (Axis of evil) es una expresión peyorativa utilizada en las relaciones internacionales para referirse a aquellos países que amenazan la paz y estabilidad mundial.

Estos Estados se caracterizan por contar con un régimen autoritario, en no respetar los derechos humanos, auspiciar el terrorismo y proveerse  de armas de destrucción masiva. Los países que forman parte de esta lista actualmente son Irán, Siria y Sudán. Algunos críticos acusan al concepto de “Estados canalla” o “eje del mal” debido a que hace referencia simplemente a cualquier Estado que se oponga a los Estados Unidos, pero que no necesariamente constituye en sí, una amenaza global. Arabia Saudita, cumpliría con todos los requisitos para ser considerado como uno, aunque no es etiquetado como tal, por ser una aliado estratégico del país norteamericano. Otros acusan a Estados Unidos de ser él mismo un estado canalla, cuya política exterior es frecuentemente catalogada de tener el mismo tipo de  brutalidad y arbitrariedad de aquellos a quienes él caracteriza bajo ese concepto. 

El economista  Edward S. Herman apoya la idea de que el concepto es aplicable a Estados Unidos porque esté ejerce la tortura, interviene militarmente sin el consentimiento de las Naciones Unidas, apoya dictaduras según su conveniencia y no cumple con el protocolo de Kioto sobre la contaminación. Noam Chomsky ha afirmado que “Estados Unidos es un estado Terrorista" y que “EE.UU. es uno de los principales Estados terroristas del mundo según su propia legislación". Chomsky afirma que está comprobado que los líderes de este país nunca operan sujetos a las leyes. Según un estudio realizado por el activista James Lucas, EE.UU ha matado a más de 20 millones de personas en 37 naciones víctimas que han sido objeto de su política injerencista.

Además, siguiendo a la académica Pasqualina Curcio, más de 41.500 personas murieron el año 2020 en EE. UU., no precisamente por causa del Covid-19, fallecieron víctimas de disparos. En plena pandemia, se registraron 592 tiroteos masivos en el mencionado país del norte, algo así como 1,6 enfrentamientos armados cada día. En 2019 fueron 415. Las ventas de armas de fuego batieron récord en 2020, 23 millones en menos de un año, 64% más que las ventas registradas en 2019 cuando se registraban más armas en manos de civiles estadounidenses que habitantes: la relación era 120,5 armas por cada 100 habitantes. Más de 8 millones que compraron armas en 2020 lo hicieron por primera vez (Fundación Nacional de Deportes de Tiro). Por otro lado, no fue solo George Floyd quien murió asfixiado mientras un policía presionaba, con la rodilla, su cuello. Según datos de Mapping Police Violence, 316 afrodescendientes murieron a tiros por la policía de EE. UU., lo que representa el 28% de las 1.127 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad con armas de fuego en 2020.

A raíz de tal atrocidad, cientos de protestas contra el racismo se dieron en el país norteamericano dejando un saldo de más de 10.000 manifestantes arrestados, entre ellos 117 periodistas. De acuerdo con The Guardian, los policías golpearon y rociaron con gas pimienta a los reporteros. En cambio, solo el 2% de los policías involucrados en tiroteos fueron acusados de delito.

William Foege, el exdirector del Centro de Enfermedades Contagiosas de ese país, calificó de masacre lo que el gobierno de EE. UU. ha desencadenado por su incompetencia para contener el virus. Por su parte, The Washington Post calificó las acciones del gobierno de EE. UU. con respecto a la pandemia como «asesinatos autorizados por el Estado» donde «los ancianos, los trabajadores de las fábricas y los afroamericanos e hispanoamericanos» son deliberadamente sacrificados”.

Ni siquiera el derecho a la educación ha sido garantizado. El acceso a internet es fundamental para la prosecución educativa en pandemia. No obstante, en el país con el supuesto mayor avance tecnológico del mundo (después de China) 17 millones de niños viven en hogares sin conexión a internet y más de 7 millones no tienen computador (Censo de 2018).

La desigualdad y por lo tanto la pobreza y el hambre en EE. UU. aumentaron en 2020. Más de 50 millones de personas, es decir, el 17% de la población sufrió de inseguridad alimentaria el pretérito año, es decir, no tenía que comer, de ellos 1 de cada 4 niños (Feeding América). Recordemos que, en 2019, según la Oficina de Censos, 40 millones de estadounidenses vivían en condición de pobreza y más de medio millón carecía de refugio permanente, cifras que aumentaron en pandemia (Informes sobre la violación de DDHH en EE. UU. elaborados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China).

Alrededor de 20,5 millones de estadounidenses perdieron sus empleos durante la pandemia y la tasa de desocupación llegó a 21,2%. Paradójicamente, en menos de 12 meses, los 614 multimillonarios de ese país aumentaron su riqueza en US$ 931.000 millones (Forbes) gracias a las políticas del gobierno que estuvieron orientadas a la protección del mercado bursátil. Los 50 estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país (Bloomberg).

En cuanto a la población migrante, en 2020 murieron 21 personas bajo custodia de inmigración. De los 266.000 niños migrantes detenidos y separados de sus padres o familiares, más de 25.000 han sido detenidos durante más de 100 días, 1.000 por más de un año y algunos han pasado más de cinco años bajo custodia. Varios solicitantes de asilo fueron amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación, aquellos que se negaron fueron ahogados, golpeados, rociados con gas pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares (ONU, 2020).

A pesar de los múltiples llamados hechos por Naciones Unidas solicitando el levantamiento de las denominadas sanciones durante la pandemia, el gobierno de EE. UU. intensificó el bloqueo financiero y económico contra Cuba, Irán y Venezuela, por mencionar algunos países.

Estados Unidos vive hablando hasta el hartazgo de la no-proliferación de armas nucleares por parte de países sospechosos (IIrán, Corea del Norte), pero se permite tener la mitad del arsenal atómico del mundo: 6.000 misiles intercontinentales de los 12. 000 que existen en el planeta. Y mientras condena a los gobiernos de Teherán o de Pyongyang por sus avances en materia nuclear, sin la más mínima vergüenza equipa a Israel con el mismo tipo de armas que fustiga furioso en otros (400 bombas atómicas, oficialmente inexistentes). Castiga a los gobiernos que se da el lujo de calificar de dictatoriales y a los golpes de Estado…., siempre y cuando constituyan obstáculos a su hegemonía: Fidel Castro, Muamar Gadafi o Nicolás Maduro se presentan como “dictadores”, según su lógica, pero no lo eran Pinochet o Suharto. Y la doble moral llega al colmo de criticar cuartelazos -siendo que todos los golpes militares en Latinoamérica son, en definitiva, producto de su inspiración- mientras en lo doméstico ha tenido infames golpes palaciegos: el de Kennedy con magnicidio incluido. Habla de terrorismo mientras protege a connotados mercenarios terroristas como Luis Posada Carriles, autor de un acto infame en contra de un avión comercial en vuelo con 76 muertes. Continúa torturando a mansalva en cárceles secretas, y no tan secretas, como en la oprobiosa base de Guantánamo en la isla de Cuba, o la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib, en Irak.

Si de terrorismo se trata, los “fanáticos musulmanes” que aterrorizan al mundo “libre y civilizado” (Al-Qaeda, el Estado Islámico), son su creación. “¿Qué significan un par de fanáticos religiosos si eso nos sirvió para derrotar a la Unión Soviética?”, dijo alguna vez Henry Kissinger. Habla interminablemente de las bondades del libre mercado y el parasitismo del Estado, pero subsidia su producción agrícola nacional y traba el libre comercio haciendo jugar al Estado un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio de la gran empresa a través de su intervencionismo. Cada vez que alguna de sus grandes corporaciones multinacionales está en apuros (Lehman Brothers, General Motors Company, por mencionar algunos casos), su Estado sale al rescate. Privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas, haciéndole pagar al resto del mundo las mismas, con emisión inorgánica de su moneda. Habla de la ley para luego saltarla impunemente, como demuestra cada vez en forma más marcada su abandono de los mecanismos civilizados de resolución de conflictos de la humanidad como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional (CPI) o los diversos tratados internacionales que desconoce. Ya lo decía uno de sus exfuncionarios, John Bolton (exconsejero de seguridad nacional), hace ya algunos años: “si es necesario bombardear el edificio de la ONU, lo haremos”.