De todos los obstáculos que se han interpuesto en el camino del desarrollo económico, social y humano de Cuba, ninguno ha sido tan descomunal ni tan perjudicial como el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Bajo el atenuante término "embargo" se esconde toda una serie de medidas económicas unilaterales e incluso extraterritoriales. En la práctica, y en virtud de las leyes que se han ido añadiendo a lo largo de las décadas, el embargo ha tomado la forma de un bloqueo, término utilizado por Cuba para designar un acto de guerra en una guerra no declarada, ya que no sólo afecta a los productos, sino también a la tecnología, el transporte, la financiación, la moneda, etc. Tanto más cuanto que Washington pretendía convertir este conjunto de medidas en multilaterales, para dar a su legislación anticubana un alcance extraterritorial, violando tanto el derecho internacional humanitario como el comercial.

En octubre de 1960, Washington decretó un embargo contra Cuba. Inicialmente se limitaba a las exportaciones, pero a partir de febrero de 1962 se ampliaría a las importaciones. Presentó la medida como una respuesta a las expropiaciones decretadas por el gobierno cubano, y luego como una represalia por el deslizamiento de Cuba hacia el campo socialista. El objetivo era provocar una asfixia económica. Se creía que el "castrismo" no podría sobrevivir a esta operación de estrangulamiento. En el momento de la caída de Batista, la isla dependía del mercado estadounidense para tres cuartas partes de sus exportaciones e importaciones. Hubo que introducir la cartilla de racionamiento para garantizar una distribución justa de los alimentos esenciales a precios subvencionados. Y encontrar un mercado para el principal producto de exportación, el azúcar, y un proveedor de petróleo. Desde su inicio, el embargo se utilizó como palanca para hacer que la economía “cruja”, sembrar el caos y hambrear al pueblo con el fin de empujarlo a levantarse y derrocar el régimen. El hambre siempre ha sido un arma en el arsenal que la Casa Blanca pretendía desplegar contra Cuba. Esto hace que el embargo sea una medida fundamentalmente inmoral que viola el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En Washington, la caída de la URSS y la desaparición de los socios de Europa del Este reavivaron la esperanza en la eficacia de una medida que había causado un gran daño, pero que no consiguió levantar al pueblo en contra de su gobierno. El colapso y la reconversión del comercio perturbaron la economía, provocando escasez de todo tipo, una caída de la producción por falta de petróleo, materias primas o repuestos. La población cubana vivió las peores penurias del periodo revolucionario. En 1992 y 1996, se aprobaron dos leyes para reforzar el embargo. La segunda pretendía dotar a las medidas de un alcance extraterritorial y, sobre todo, convertía al Congreso estadounidense en autoridad ineludible en cualquier proceso de derogación, arrebatando al ejecutivo las prerrogativas que hasta entonces había tenido.

El bloqueo alcanzó su punto álgido bajo la administración Trump, que promulgó más de 240 medidas contra Cuba, muchas de las cuales revirtieron las flexibilizaciones adoptadas al final de la presidencia de Obama. Estas medidas tenían por objeto privar a Cuba de los ingresos procedentes del turismo (prohibición de cruceros, reducción de los vuelos al aeropuerto de La Habana, prohibición de los viajes que favorezcan los contactos entre personas), reducir las transferencias monetarias a las familias, bloquear las entregas de petróleo venezolano, obstaculizar la inversión extranjera (mediante la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton). Se prohibió hacer negocios con empresas cubanas vinculadas a las fuerzas armadas o al partido comunista.  Al reconocer que Cuba vendía servicios médicos y obtenía de ellos tanto ingresos como prestigio, se emprendió una campaña de denigración contra el internacionalismo médico y se presionó a los países para que rescindieran los contratos con el Ministerio de Salud cubano.

Estados Unidos ha intentado utilizar la pandemia para apretar el torniquete. Las medidas financieras y comerciales han dificultado la compra de equipos médicos y sanitarios, como mascarillas, visores, pruebas de diagnóstico y batas. Los equipos médicos donados a Cuba por la empresa Alibaba no pudieron ser entregados porque había confiado el transporte a una línea colombiana que había sido comprada por una línea estadounidense. La empresa Medicuba se enteró de que el bloqueo le impedía obtener respiradores de sus dos proveedores europeos, IMT Medical AG y Acutronic, que acababan de ser adquiridos por Vyaire Medical Inc. (Illinois). BioCubaFarma, que venía fabricando 359 medicamentos, tuvo que suspender la producción de 120 fármacos en 2020 por no poder obtener los insumos químicos y equipos necesarios. Cuba ha desarrollado cuatro vacunas Covid-19, pero ha tenido dificultades para conseguir las ampollas para su envasado y las jeringuillas.

Este conjunto de medidas coercitivas unilaterales constituye un crimen de genocidio, según la Convención de Ginebra de 1948, y el crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Constituye una violación sistemática del derecho a la autodeterminación del pueblo cubano, del principio de igualdad soberana de los Estados y de la libertad de comercio.

No hay familia o sector cubano que no haya sufrido los efectos del bloqueo: en la salud, la alimentación, los servicios, el precio de los productos, las relaciones familiares, etc. El 80% de los cubanos ha vivido bajo el bloqueo desde su nacimiento. Nunca antes un pueblo había sido sometido a un bloqueo tan largo. Los daños causados por el bloqueo desde su inicio ascienden a casi 150.000 millones de dólares. Entre abril de 2019 y diciembre de 2020, habrá causado pérdidas de 9.000 millones. Los costes que ocasiona en 12 horas equivalen a toda la insulina que necesitan 60.000 pacientes en un año.

Este 23 de junio, Cuba volverá a la ONU con una resolución que exige el levantamiento del bloqueo. Estados Unidos volverá a estar en la cuerda floja, por 29ª vez, y una vez más quedará aislado, impotente para justificar una política tan innoble. Para acompañarle en su derrota, sólo tendrá, como siempre, a Israel y probablemente al Brasil de Bolsonaro de nuevo. Este año, una campaña sin precedentes ha movilizado a la sociedad civil de todo el mundo para denunciar el bloqueo. Caravanas de autos, bicicletas y peatones han circulado por capitales y varias otras ciudades, incluyendo en Estados Unidos y Canadá, pero también en Europa y Asia.  La votación de este año adquiere un significado especial porque las brigadas médicas cubanas han participado activamente en la lucha contra la pandemia en unos 40 estados de cuatro continentes.

El gobierno de Biden aún no ha tomado ninguna medida para derogar las órdenes ejecutivas de su predecesor y reanudar el proceso de normalización de las relaciones con Cuba iniciado bajo el mandato de Obama. Las presiones aumentan desde todos los lados. En diciembre de 2020, el Centro para la Democracia en las Américas (CDA) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) presentaron un documento para una política de acercamiento que, después de dos años, llevaría al levantamiento del embargo. Una de las ideas emblemáticas que impulsa la propuesta es que el acercamiento (engagement) es una estrategia más eficaz para avanzar en la causa de los derechos humanos, las libertades políticas y la reforma económica. Varios Congresistas piden que se levanten las medidas comerciales. El senador Ron Wyden, presidente de la Comisión de Finanzas, calificó recientemente el embargo de "reliquia de los años 60". Más de 19 municipios han aprobado resoluciones pidiendo su retirada. Es un debate que hace quedar mal a Estados Unidos porque el bloqueo tiene un propósito contrario al derecho y la moral internacionales, una violación sistemática de los derechos fundamentales que, para colmo del cinismo, ha fracasado durante 60 años en contrarrestar el rumbo económico y político de Cuba.

(Traducción ALAI)

- Claude Morin, Profesor (jubilado) de Historia de América Latina, Universidad de Montreal

claude.morin@umontreal.ca