El 23 de junio se presentará ante la Asamblea General de la ONU un nuevo informe sobre la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU. contra Cuba”. Desde 1992, en 28 ocasiones, la propuesta de la Isla ha contado con amplio respaldo internacional. En 2019 fueron 187 los países del mundo que rechazaron esta inhumana agresión contra el pueblo cubano.

Los EE.UU. han ignorado, con su típica soberbia, las sucesivas resoluciones de la AGNU y las numerosas voces que abogan, dentro y fuera del territorio estadounidense, por el fin de esta política criminal.

Antes de la proclamación oficial del bloqueo por Kennedy, en febrero de 1962, Mallory, vice secretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos de EE.UU., sintetizó sus propósitos cuando escribió en un memorándum secreto, en abril de 1960, que “la mayoría de los cubanos apoyan a Castro”. Por tanto, “el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales”. Hay que lograr “los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Esta infame estrategia ha estado en el centro de la política estadounidense hacia la Cuba revolucionaria. El bloqueo viola de manera sistemática y masiva los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Califica como un acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Tras el derrumbe del campo socialista y de la URSS, los EE.UU. deciden dar otra vuelta de tuerca al bloqueo. Primero, a través de la Ley Torricelli, aprobada el 23 de octubre de 1992; luego, con la Helms-Burton, del 12 de marzo de 1996.

La primera fue promulgada por George Bush (padre) que aspiraba a la reelección, presionado por el apoyo que Clinton, entonces candidato presidencial demócrata, dio a ese proyecto legislativo en su campaña en la Florida. Así, en medio de la algarabía publicitaria y demagógica de una contienda electoral, se decidía estrechar aún más el cerco en torno a un pequeño país que acababa de perder abruptamente a sus principales aliados comerciales. Fue concebida para aislar definitivamente a Cuba. Sus disposiciones extraterritoriales contravienen las normas que rigen la libertad de comercio y navegación y muestran el desprecio de EE.UU. a la soberanía de los Estados.

Se propuso impedir el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías estadounidenses en terceros países y prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos tocar el territorio de los EE.UU. durante los 180 días siguientes.

La Ley Helms-Burton viola del mismo modo, flagrantemente, el derecho internacional y en particular la libertad de comercio e inversión. Niega créditos y ayuda financiera a países y entidades que cooperen con Cuba e instituye que las compañías de cualquier país del mundo que tengan tratos con la Isla pueden ser sometidas a represalias legales. Amenaza incluso a potenciales inversionistas con prohibirles la entrada a EE.UU. Incita además a dueños y herederos de propiedades nacionalizadas por la Revolución donde haya algún tipo de inversión extranjera a presentar ante tribunales estadounidenses demandas contra ciudadanos y empresas de otras naciones.

La aplicación de este último punto, cuyo anuncio generó conflictos con aliados de EE.UU., fue pospuesta por todos los presidentes norteamericanos hasta la irrupción de Trump, quien descongeló el capítulo que propicia tal aberración jurídica.

La Helms-Burton recoge en su letra la obsesión de los EE.UU. por recolonizar a Cuba: decreta que el bloqueo solo se levantará cuando se devuelvan las propiedades nacionalizadas y el presidente estadounidense certifique que el gobierno establecido en la Isla luego de la caída de la Revolución sea efectivamente “democrático” según sus esquemas, entre otros requisitos.

Trump reforzó el bloqueo con 243 medidas nuevas y no hizo nada para flexibilizarlo por razones humanitarias ante el avance de la pandemia global. Al contrario, promovió una campaña mediática de descrédito contra los médicos cubanos, multiplicó los proyectos de subversión interna e hizo lo imposible por impedir la adquisición de medicamentos, medios de protección, pruebas diagnósticas e insumos básicos destinados al combate contra la epidemia y a la fabricación de vacunas en la Isla.

La aplicación de las leyes del bloqueo en su conjunto ha sido implacable. Se persigue a navieras y barcos contratados para la importación de combustible y otros suministros vitales bajo amenaza de sanciones. Son multimillonarias las multas impuestas a bancos internacionales por la más mínima transacción que involucre a Cuba.

El contexto tan adverso creado por la epidemia puso seguramente de moda entre los tanques pensantes del Imperio el viejo memorándum de Mallory: se trataba de una coyuntura apropiada para intensificar las acciones que restaran “apoyo interno” a la Revolución “mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales” y “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Raúl calificó al bloqueo, en el reciente 8vo. Congreso del Partido, como “la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado contra nación alguna”.

Trump subestimó la capacidad de resistencia del pueblo cubano y las raíces martianas y marxistas que han sustentado a la Revolución. Ante cada medida sumada a esta interminable y perversa guerra económica, ha aumentado el apoyo de la abrumadora mayoría de la población al proceso revolucionario y se ha hecho más honda su conciencia antimperialista.

Hasta ahora Biden no ha dado ningún paso para aliviar la terrible carga que pesa sobre Cuba desde hace tantos años. Ojalá sea capaz de rectificar una política despiadada, cruel, condenada al fracaso. Si no lo hace, pasará a la historia como otro Emperador vencido de forma humillante por una islita digna del Caribe.

http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/06/21/hambre-desesperacion-derrocamiento-del-gobierno/