La “fiesta patria” del 25 de mayo fue aprovechada por sectores de la oposición para organizar manifestaciones callejeras en varias ciudades del país. Después de un tiempo, la derecha volvió a las calles, sin alcanzar masividad, pero sí con aptitud para generar presencia, para la amplificación que, vía medios y redes, permiten estas acciones. También tuvieron su lugar otro tipo de críticas, ejemplificadas en un documento de integrantes del oficialista Frente de Todos, que cuestionan la política gubernamental en materia de deuda externa.

No hubo esta vez presencia oficial de la dirigencia de Juntos por el Cambio. La participación partidaria más visible la constituyeron agrupaciones de los que han dado en llamarse “libertarios”. Son organizaciones poco conocidas por ahora, aunque es muy posible que escuchemos hablar de ellas con más frecuencia en el futuro cercano. El denominador común fue el reclamo contra las políticas gubernamentales de respuesta a la pandemia. En particular aquellas que afectarían la “libertad individual” o las que limitan actividades económicas, en estos días de restricciones más fuertes, vigentes por lo menos hasta el lunes 31 de mayo.

Entre el conjunto de manifestantes se destacó, sobre todo en Rosario, donde hubo incidentes, una organización denominada “Médicos por la verdad”, integrada por profesionales que niegan de plano la existencia de la pandemia y con ese punto de partida se oponen a todas y cada una de las medidas para enfrentarla. El planteo se basa en la creencia en oscuras conspiraciones y en falsas versiones acerca del carácter dañino e incluso mortal de las vacunas. También toman algún tema bastante más cercano a la realidad, como ser la denuncia del inmenso negocio que significa la producción y venta de muchos millones de dosis para los grandes laboratorios que actúan a escala global.

Los ya mencionados “libertarios” concurrieron bajo rótulos como “Acción Conjunta Republicana”, o “Nueva Centro Derecha”, siempre en conflicto contra lo que llaman “el estado elefantiásico” y en defensa de una concepción de las libertades que anula cualquier concepción de bien común. También hicieron oír su voz los portadores de demandas específicas, como dueños de locales gastronómicos, gimnasios y otros comercios obligados al cierre, sumados a la presencia ya habitual de las agrupaciones de padres que piden por la reapertura de las escuelas a como dé lugar. Hasta hubo algún manifestante suelto que pidió la renuncia del presidente. La “antipolítica” en clave neoliberal y el negacionismo acerca de la pesadilla sanitaria que nos aqueja se conjugan con algunos reclamos atendibles, que ponen en juego su legitimidad al asociarse con las expresiones más a la derecha del arco político.

Si nos desplazamos de estas expresiones relativamente marginales al campo central de la oposición que encarna Juntos por el Cambio, nos encontramos con las ambiguas acusaciones de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, respecto a la escasez de vacunas. Y en particular con sus apreciaciones sobre la no conclusión de un acuerdo con Pfizer. La ex ministra de Seguridad pareció insinuar la existencia de algún “pedido de retorno” por parte del ex ministro de Salud, Ginés González García como fuente de la no concreción de un acuerdo. Ante las desmentidas, incluida la del laboratorio germanoestadounidense, pasó a la afirmación de que se habría exigido a la gigantesca productora de medicamentos dar lugar a una “contraparte nacional”. Tal cosa le permitiría al gobierno tener control sobre el negocio y de paso beneficiar a algún “empresario amigo.” A lo que agregó que los requisitos exigidos por la compañía no diferían de los habituales para la venta de cualquier vacuna, en contra de la creencia de que el laboratorio quiso imponer algún requisito que fuera contra la soberanía o chocara con la libertad de decisión de las autoridades nacionales. En su mirada, sólo la tozudez y las aspiraciones inconfesables del gobierno han impedido el acceso de les argentines a la que se promociona como la más eficaz de las inmunizaciones disponibles.

Mientras tanto, desde el campo del oficialismo, la titulada “Proclama del 25 de Mayo: Primero la salud y la vida, después la deuda” ha sacudido el escenario político, hacia adentro y hacia fuera de la coalición gobernante. Salió del seno mismo del Frente de Todos, sin figuras de máximo relieve pero sí con muchas firmas de quienes tienen responsabilidades de gobierno. Expone una fisura entre las acciones gubernamentales en torno al pago de la deuda y la posibilidad de una política diferente, de mayores reparos ante los dictados de los organismos financieros internacionales. Hay aspectos muy cuestionables en el documento, tales como que se alimenten falsas expectativas de exigir al FMI y otros organismos internacionales que “brinden todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que colaboren en encontrar y restituir los fondos fugados del país.” Parece muy improbable, para decir poco, que el Fondo y otros organismos internacionales vayan a adoptar esas acciones, en choque frontal con sus tradicionales modos de actuar. Y un tanto ingenua la pretensión de que pueda “convencerse” de algo que no sea la promoción a rajatabla de sus intereses a los grandes actores de las finanzas internacionales. Algo similar puede decirse del pedido de que modifique “sus criterios y su estructura de préstamos”.

De todos modos es un hecho a apuntar que se produzca un pronunciamiento público de estas características. Sin ir a fondo en las críticas a la gestión de deuda por el gobierno actual ni plantear el no pago de la deuda desmesurada, ilegítima y odiosa contraída por la gestión anterior, sí propone una suspensión de pagos al FMI y al Club de París y explicita la condición de impagable del enorme préstamo por cuarenta y cinco mil millones de dólares. La reiterada negativa que contiene el documento a que se implementen medidas de ajuste que afecten el nivel de vida y los derechos de sectores trabajadores y pobres también puede ser inscripta en el haber de la declaración. Lo mismo cabe para la exhortación a invertir en políticas sociales los fondos resultantes de la suspensión de pago que se propone.

No es para nada irrelevante que la proclama haya sido lanzada con la participación de importantes funcionarios provinciales e incluso nacionales, legisladores con responsabilidades en el tema, como Fernanda Vallejos, a cargo de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, y hasta dos gobernadores; Gildo Insfran de Formosa y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Se agregan sindicalistas; el cotitular de la CGT, Héctor Daer, el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano y el de docentes Hugo Yasky. También figuras del quehacer jurídico progresista, como Eugenio Zaffaroni y Eduardo Barcesat.

Los medios de comunicación dominantes han asumido en esta coyuntura su papel habitual, que combina el doctrinarismo neoliberal con el lobby fervoroso a favor de los intereses capitalistas más concentrados. Dieron una cobertura benévola a las manifestaciones “anticuarentena” y “antivacunas”, acompañada apenas por alguna observación sobre “exageraciones” al respecto. Y respaldaron en toda la línea las denuncias de Bullrich, incluyendo a los vaivenes discursivos y conceptuales en que incurrió. En la dirección opuesta, atacaron desde el primer instante a la declaración del 25 de mayo, con recetas conocidas: la de ridiculizar la menor reticencia frente a los dictados del capital financiero más la consabida letanía sobre la “imprevisibilidad” de Argentina y su efecto de “ahuyentar las inversiones” con declaraciones de ese tenor. El ingreso de fondos del gran capital internacional que “como todos sabemos”, constituyen una supuesta necesidad vital para el país y por lo tanto un “principio sagrado” ante el cual todo gobernante debe rendir reverencia. Los medios lo repiten a diario, sin dar nunca signos de agotamiento.

Más allá de los acontecimientos del momento y sus interpretaciones, la situación económica popular empeora día a día. Para tomar sólo un ejemplo, se han difundido proyecciones de la inflación del mes de mayo en las que se predice un nivel mensual con leve baja respecto de abril, en torno al 3,5%. Nada para celebrar, sobre todo si se toma en cuenta que el aumento de precios de los alimentos estaría, una vez más, por encima del índice promedio. Y allí está el presupuesto 2021, con el IFE suprimido y la fórmula que limita los ingresos de los jubilados y los beneficiarios de planes sociales. Se suma al cuadro el deterioro del salario real, que se extiende ya por cuarto año consecutivo. El incremento de la tarjeta Alimentar pareciera apenas una aspirina frente a la gravedad de la situación, mientras el nivel general de la actividad económica podría sufrir un freno de la despareja e incipiente recuperación de los últimos meses. Todo sobre la base de la pavorosa caída del Producto Bruto Interno del año pasado, en torno al 20% ,y con el desempleo y la precarización laboral sin señales de remitir.

Poco para festejar en este 25 de mayo de 2021.