En 1963, el historiador inglés Eric Hobsbawm realizó su primera visita a Colombia, después de una fase de gran efervescencia política y social, oriunda de un período conocido como “La violencia” (1925- 1958). El investigador llegó entonces a la conclusión de que la violencia sistémica en el país era fruto de décadas de un proyecto social frustrado.

El nulo desarrollo de políticas públicas que buscaran la mínima igualdad entre los ciudadanos colombianos durante el inicio del siglo XX, generó un estado de cólera que originó socialmente la naturalización de la brutalidad. Sin embargo, para que tal estado sea naturalizado hay que engendrar o transformar completamente las estructuras mentales, creando nuevas subjetividades que permitan que no exista ninguna conmoción social delante de la muerte de los ciudadanos considerados de segunda categoría.

En América Latina, el impacto de la violencia está estrictamente vinculado al color, la clase y el género. Entretanto, dentro de la larga duración histórica se ha construido todo un aparato discursivo (estatal, legal y mediático) que posibilita que la opresión sea vista siempre como necesaria contra los individuos que pertenecen a estos grupos subcategorizados. Durante el tiempo que estuvo en el país, Hobsbawm observó atentamente la cosificación de los hombres y mujeres flagelados por el sistema vigente y se interesó por un caso específico que describe toda una realidad presente no sólo en Colombia, sino en todo el continente. Escribe Hobsbawm:

Teófilo Rojas (Chispas), muerto hace poco tiempo, considerado responsable por al menos dos asesinatos diarios durante cinco años [...] Los guerrilleros, bandidos y aventureros son personas perdidas, especialmente una juventud perdida, los hombres entre 30 y 35 años, cuando pueden, salen rumbo a las montañas. El triste caso del famoso Chispas, que se vio lanzado a la ilegalidad a la edad de 13 años, después de ver el asesinato de su padre, el desaparecimiento de su madre y hermanos, y la masacre de sus vecinos, muestra el poder que la negligencia y la ausencia estatal genera. En el archivo Guzmán¹ figura una entrevista con él:

- ¿Qué es lo que más te impresionó?

- Ver arder las casas.

- ¿Qué es lo que más te hace sufrir?

- Ver mi madre y hermanos llorando de hambre

- ¿Tiene alguna herida?

- ...

- ¿Qué desea?

- Que me dejen en paz. Quiero trabajar, tengo deseo de aprender a leer pero ellos no pararan hasta que esté muerto. Un hombre como yo no puede estar vivo.

En el inicio de abril, el ex-ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla anunció un plan de reforma tributaria². Al principio, la medida generó más impacto en la clase media, que ya venía sufriendo con los problemas económicos provocados por la pandemia, iniciada en marzo de 2020. Cabe señalar que delante del contexto complejo de precarización en todos los aspectos sociales, hubo un crecimiento del sentimiento de indignación en la población de forma general. Los altos niveles de corrupción – más la postura dictatorial del actual presidente, que insiste en cuestionar constantemente las medidas tomadas por el sistema judicial- generaron una ola de protestas que se reflejaron por todo el país.

Desde el 28 de abril, parte de la población está permanentemente ocupando los espacios y las vías públicas bajo la consigna “Si el pueblo está en las calles en medio de una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus”. Jóvenes de lugares completamente abandonados por el Estado, indígenas (la Minga indígena)³, mujeres, campesinos y estudiantes se unieron para reivindicar absolutamente todos los derechos sociales que por años les han sido negados.

Las décadas de violencia generadas por el Gobierno de Álvaro Uribe, el narcotráfico y las guerrillas llevaron a la eclosión de una enorme revuelta popular. A pesar de haberse firmado un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016, no ocurrió una disminución del conflicto en las zonas rurales empobrecidas del país, pues continuaron la acción determinados actores que siempre contribuyeron con la permanencia de la violencia, como por ejemplo los paramilitares que han oprimido a los campesinos. Colombia sigue siendo uno de los países que más asesina líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según Stefan Peters, del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ):

Es difícil dimensionar el problema. Lo cierto es que no afecta a todos los colombianos por igual, ni a todas las regiones. La violencia contra los líderes sociales se concentra justo en las regiones marginadas y golpeadas por el conflicto armado. Las víctimas son personas que defienden los derechos humanos de sus comunidades, personas que rechazan proyectos de extracción mineral que van en detrimento del medio ambiente, o aquellos que piden una distribución más justa de la tierra, y también los excombatientes de las FARC. En resumen, los ciudadanos que practican la democracia en las regiones son estigmatizados, perseguidos y asesinados. La violencia pone en riesgo el Acuerdo de Paz, y la paz misma en el país.

El Gobierno de Iván Duque como el de Jair Messias Bolsonaro, tiene como principio la expansión del neoliberalismo en su mayor potencia. La compra de aviones de combate dentro de un contexto sanitario de emergencia fue solamente una pequeña muestra de los valores que rigen el mandato del actual presidente. El biopoder ⁴ es ejercido diariamente sobre los cuerpos fragilizados de los pobres, campesinos e indígenas, que, hasta entonces, no reaccionaban con tanta fuerza a la opresión que sufrían.

Como sabemos, los movimientos insurgentes brotan espontáneamente delante de un descontento de décadas: se trata de una acumulación de frustraciones que crean en determinado momento histórico un escenario en que el lenguaje pierde fuerza y los cuerpos entran como forma de exponer todas las contradicciones sociales.

Las confrontaciones comenzaron en la ciudad de Cali, en la parte suroccidental de Colombia, que al contrario del resto del país siempre nutrió un rechazo a la figura de Iván Duque, así como de su mentor ideológico, el ex-presidente Álvaro Uribe. Es importante resaltar que Cali está localizada geográficamente en una región compuesta mayoritariamente de población afro, indígena y campesina, es decir, los que más sienten los golpes violentos del Estado.

Las manifestaciones surgieron por medio de la convocatoria de sindicatos, estudiantes, profesores, y todo un cuerpo social abandonado.Lo que comenzó como un movimiento pacífico ganó contornos inesperados. Después del primer momento de marchas, el gobierno local y nacional decidió colocar en las calles una subcategoría de la policía (ESMAD) con la justificación de mantener el “orden” y la “tranquilidad” de las protestas. Desde entonces, el escenario es de barbarie.

Posteriormente, lo que estaba concentrado en la región del Valle del Cauca se reflejó por todo el país. La presión popular hizo que la reforma fuera anulada, pero la población percibió que el espacio público le pertenece y que en él es posible cuestionar y alterar el orden social.

Hasta el momento, las violaciones a los derechos humanos son aterradoras. Del 28 de abril hasta el 20 de mayo, ya hay 51 asesinatos (en su mayoría jóvenes), 963 capturas arbitrarias, 12 casos de violencia sexual contra mujeres, 28 víctimas de mutilación de ojos y 548 desapariciones.

Aunque el contexto sea desfavorable, considerando que la pandemia sigue matando diariamente -generando hasta el momento la muerte de más de 83.719 ciudadanos- las manifestaciones se mantienen por todo el país y las reivindicaciones ya no están centralizadas en una región. El movimiento ganó fuerza y al mismo tiempo expuso otra cara de la población colombiana.

Esa cara es joven, furiosa y está ávida de derechos. Ésta no acepta fácilmente negociaciones, pues la agresividad del Estado no cesa, así el presidente haya hecho pronunciamientos que pudieran ser interpretados como señal de avance dentro de la crisis que se instaló.

Las partes más vulnerables de la sociedad civil todavía desean que ocurran transformaciones en otros ámbitos, por ejemplo: reforma en el sector educacional (educación superior gratuita y de calidad), mejores condiciones en el área de salud, protección de los líderes comunitarios, reforma a la policía, y principalmente el cumplimiento de los acuerdos de paz que, desde 2016. son constantemente violados.

Los jóvenes que hoy ocupan la línea de frente (primera línea) ya no están solos: la Minga indígena se adhirió a las protestas. Con todo, la aproximación del movimiento indígena en partes de mayor conflicto, generó una mayor represión y expuso el colonialismo todavía presente en el continente. Muchos individuos, llamados “gente de bien”, salieron a las calles, atacando con armas de fuego a los manifestantes y descalificando la importancia del movimiento indígena dentro de las reivindicaciones sociales.

En los últimos días, un medio de comunicación importante hizo la separación entre ciudadanos e indígenas, evidenciando un pensamiento todavía vigente en todo el continente, que el otro que no es blanco, ilustrado o “criollo” puede ser desprovisto de sus derechos civiles.

Aunque las imágenes de violencia extrema contra los más desprotegidos produzcan tristeza, también generan reflexiones sobre la juventud latinoamericana. Cansados de la falta de perspectiva de una vida digna, esos ciudadanos buscan ahora, quizás, una muerte honrosa. Madres salen para cocinar a sus hijos en la calle, en un escenario de guerra, como si supieran que la muerte o la desaparición puede ocurrir en cualquier momento, pero entienden que esa es la única vía que queda.

Vale recordar nuevamente a Hobsbawm (1963) y su mirada tan precisa cuando describe la escalada de la violencia y de los conflictos que empezaron en el inicio del siglo XX y se extendieron hasta el presente momento:

Eso es lo que puede suceder cuando las tensiones revolucionarias sociales no son disipadas por el desarrollo pacífico de la economía a fin de crear estructuras sociales nuevas y revolucionarias. Los ejércitos de muertos retirados de sus tierras, los mutilados físicos y mentales son el precio que paga Colombia por ese fracaso.

Así, el derecho a vivir está demarcado por todo una estructura desigual, un proyecto histórico en curso desde hace 500 años, donde buscan explotar los cuerpos considerados inferiores para después descartarlos.

América Latina todavía está en las manos de las élites criollas. La unión del colonialismo y del neoliberalismo y el fracaso de los proyectos progresistas, expusieron aún más la realidad del continente.

Hoy lo que observamos es un cuadro arcaico, distópico, repleto de muertes, pero que no produce reacción en las capas adineradas de la sociedad, algo que verdaderamente nunca ocurrió, pues los que mueren son los mismos que murieron desde que todo comenzó.

Bibliografía

https://www.dw.com/es/asesinatos-de-l%C3%ADderes-sociales-colombia-mata-a-quienes-practican-la-democracia-en-las-regiones/a-56218920

https://www.dw.com/es/asesinatos-de-l%C3%ADderes-sociales-colombia-mata-a-quienes-practican-la-democracia-en-las-regiones/a-56218920

https://www.redalyc.org/pdf/439/43942944004.pdf

https://psicologiaymente.com/social/biopoder

http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policial-en-el-paro-nacional/

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2021/05/10/le-dan-palo-a-noticias-caracol-por-controvertido-titular-sobre-los-indigenas-en-cali.html

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx