Durante 23 días la protesta en Colombia se ha mantenido en medio de una represión brutal que ha dado lugar a más de 50 asesinatos de manifestantes, la cifra de INDEPAZ con corte al 18 de mayo del 2021 era de 46 debidamente identificados más seis casos que estaban en vías de verificación, estos últimos en la ciudad de Cali. Hasta el 12 de mayo de acuerdo con informe conjunto de INDEPAZ y Temblores, se habían registrado además 278 heridos, 32 heridos en los ojos, 356 agresiones físicas, 18 hechos de violencia sexual y más de 1.000 detenciones. Hasta el momento siguen desparecidas 134 personas que no han podido ser ubicadas.

El caso más visible de violencia sexual se dio en la ciudad de Popayán en la noche del miércoles 12 de mayo gracias a registros fílmicos de medios locales que documentan la protesta en dicha ciudad. Alison Meléndez una niña de 17 años se encontraba cerca de las manifestaciones sin participación activa de la misma, se encontraba grabando lo que ocurría y fue violentamente detenida por cuatro policías que la conducen a las instalaciones de la fiscalía donde habría sido abusada sexualmente. Liberada posteriormente supuestamente se suicido en casa de su abuela. Este es uno de los 18 casos de agresiones sexuales a mujeres propiciados por miembros de la Policía Nacional en el marco de las protestas que sacuden al país desde el pasado 28 de abril. El repudio generalizado en el país y las filmaciones publicadas ampliamente por las redes sociales obligaron a que finalmente la Policía que inicialmente negó los hechos, a lo que calificó como falsas noticias, reconociera la detención violenta de la menor que además era hija de un agente de la policía en ejercicio. Los hechos terminaron con la quema de las instalaciones de la Unidad de Retención en dónde habrían ocurrido los vejámenes sexuales contra la menor.

La magnitud de la represión es desproporcionada y corresponde a mi juicio a una estrategia deliberada del gobierno y la Fuerza Pública para tratar de contener y sofocar las manifestaciones. El fin es provocar el miedo y reducir por la fuerza la protesta popular. Infiltrar las manifestaciones, permitir el accionar abierto por grupos paramilitares en la ciudad de Cali y en la vecina ciudad de Yumbo, que han sido ampliamente documentados por la ciudadanía que ha grabado tanto los desmanes de la fuerza pública como la presencia de civiles armados que al lado de la policía disparan contra los manifestantes desarmados como ocurrió el domingo 9 de mayo en la ciudad de Cali contra la Minga Indígena con un saldo de 12 indígenas heridos, son la muestra palpable de esta estrategia. Hasta el momento y pese a las filmaciones que muestran estos hechos la fiscalía no ofrece ningún resultado de las investigaciones que dice que ha emprendido. Quisieron reducir la protesta con la violencia. Hasta ahora y pese al dantesco saldo en muertos, heridos, detenidos, y violentados, la protesta se mantiene. Ante la presión nacional e internacional el presidente Duque ha reconocido a regañadientes y sin ninguna contundencia los desmanes de la Fuerza Pública. La verdad es que no hay una condena y resultados prontos en las investigaciones. El gobierno sigue echando mano de la represión para debilitar la protesta, aunque no lo ha logrado. Hasta el momento esa estrategia ha fracasado lo cual no quiere decir que el gobierno de Uribe-Duque haya renunciado a ella.

Hasta el momento el gobierno se ha negado a autorizar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que solicito una visita a Colombia para indagar sobre lo que ha sucedido y que aún sigue ocurriendo. Tampoco se ha pronunciado por la conformación de una Comisión de la Verdad que con la presencia de delegados internacionales indague sobre los hechos ocurridos en Colombia en el tratamiento dado desde el Estado a las protestas. Estas propuestas hacen parte del documento que el Comité Nacional del Paro entregó al gobierno el pasado domingo 16 de mayo. No ha habido respuesta concreta del gobierno excepto las alocuciones presidenciales que no han asumido ni las propuestas ni la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza en el tratamiento de las manifestaciones.

La otra estrategia es la de criminalizar y judicializar lideres sociales que han sido activos en la convocatoria del paro y de las manifestaciones en curso. En esta estrategia el hecho más notorio fue propiciado por el propio ministro de la Defensa, Diego Molano, que el paso 15 de mayo al finalizar un Consejo de Seguridad en la ciudad de Popayán señaló a cuatro reconocidos líderes sociales de ser los instigadores del ataque y posterior incendio de la URI y la sede de Medicina Legal en dicha ciudad. Fue de tal magnitud el exabrupto de Molano que el gobernador del Departamento Elías Larrahondo Carabalí y el alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López, salieron a desmentir al ministro señalando que este tema no había sido considerado en dicho Consejo de Seguridad y que los señalamientos del ministro se hacían en contra de cuatro líderes sociales ampliamente conocidos en la ciudad y que no tenían que ver con los hechos de vandalismo contra estas instalaciones oficiales. Otra estrategia problemática que pone en riesgo la vida y la honra de los líderes de la protesta. Por este hecho y por los asesinatos registrados en medio de las protestas, así como por el manejo represivo y la violencia contra los manifestantes, Molano tendrá que enfrentar el próximo martes 25 de mayo una moción de censura. Ya veremos que ocurre allí, pero hasta el momento la moción de censura no pareciera contar con los votos necesarios para separarlo del cargo, no obstante, vuelve a jugar la presión que las movilizaciones ejerzan sobre el Congreso.

Al tiempo que persiste en esta estrategia para el debilitamiento del movimiento el gobierno se mueve en otras dos direcciones. Una de ellas es ampliar la base de respaldo político con socios nuevos y el primer objetivo es sumar al partido liberal al frente del cual está el expresidente Cesar Gaviria, dos largas conversaciones se han efectuado entre Duque y Gaviria la semana pasada con un saldo agridulce para Duque. Si bien logro que Gaviria uno de los mentores e impulsores del modelo neoliberal, el verdadero causante de la crisis social y la pobreza, que se vio simplemente agravada por la pandemia, manifestara públicamente que respaldaba a Duque y le aconsejara que debería desprenderse de varios ministros en primer lugar del ministro de la Defensa, Diego Molano, y que manifestara que podría apoyar su proyecto de reforma tributaria nuevo, siempre y cuando los nuevos recursos no afectaran a la clase media y a los sectores populares, no ha logrado integrar al liberalismo al gobierno. Y es que Gaviria tiene serias controversias con un sector de su bancada en el Congreso, que no está de acuerdo, con respaldar a un gobierno impopular como el de Duque enfrente de una campaña electoral para Congreso en marzo próximo. Aún con estas limitaciones este respaldo la da un aire a Duque aun siendo, un respaldo gaseoso.

La coyuntura es muy volátil en el terreno político. Y ello principalmente por la proximidad de las elecciones presidenciales y de Congreso de la República. Muestra de ello son dos nuevas derrotas que las movilizaciones y las protestas han logrado. La primera la salida por la puerta de atrás de la opaca y errática canciller Claudia Blum quien después de muchos desaciertos presentó su carta de renuncia, aunque nada nuevo se espera en materia de relaciones internacionales con el nombramiento de la locuaz vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. La otra derrota esa si más significativa fue el hundimiento del proyecto de reforma a la salud que buscaba profundizar en la privatización del sistema de salud. Después de resistir finalmente el Congreso tanto en Cámara como en Senado por amplias mayorías hundió el proyecto el miércoles 19 de mayo. Otro triunfo de la calle que había pedido al gobierno su retiro.

Desgaste, cansancio y futuro del movimiento

La agudización de la represión no parece ser el destino inmediato de la estrategia del gobierno, aunque en ella sigue insistiendo quien en la práctica maneja a Duque que es el expresidente Uribe. Esa estrategia que escalaría con la declaratoria de la conmoción interior no me parece que tenga hoy suficiente acogida en el gobierno y en sus socios de los gremios empresariales. Tampoco el golpe de Estado. Hay factores adversos que son poderosos. La presión de la comunidad internacional es fuerte y sobre todo la presión de un importante bloque parlamentario de los demócratas de los Estados Unidos. Lo propio las posturas críticas de la Unión Europea, Naciones Unidas y algunos gobiernos de la región al lado que la mano dura la están aplicando con la figura de la asistencia militar y poco agregaría a esa estrategia la declaratoria por lo menos en el corto plazo de la conmoción interior.

La cooptación de los organismos de control, le permiten al gobierno, además una amplia maniobra en el uso de mecanismos represivos sin mayores consecuencias, dado que el fiscal es un funcionario de bolsillo del gobierno, así como el Contralor General, la Procuradora General y el Defensor del Pueblo. La justicia, con el comunicado emitido por las altas cortes, está también bajo control, aunque limitado, pues es el único contrapeso institucional que ha funcionado hasta ahora. A lo anterior se suma un Congreso inexistente pues funciona virtualmente con muchas limitaciones amen que en él el gobierno sigue contando con mayorías estrechas, pero mayorías. Duque y Uribe buscan ahora satisfacer con cuotas y recursos a sus socios más cercanos para evitar un debilitamiento, así se explica el cambio de ministros y las pretensiones de Duque de llevar a la coalición de gobierno a los liberales. De modo que en el frente institucional el régimen esta bajo control. No veo entonces ni conmoción interior en el corto plazo ni golpe de Estado.    

La protesta popular deberá ahora enfrentar su desgaste producto de largas semanas de movilización. Las manifestaciones de ayer miércoles 19 de mayo fueron muy concurridas, pero menores a las de otras jornadas convocadas por el Comité Nacional del Paro. Los plantones y los bloqueos se mantienen, pero han sido levantados en algunos puntos por la propia exigencia de las comunidades que afrontan escases de alimentos, disminución del comercio y las ventas callejeras donde una parte muy importante de la población obtiene sus medios de sobrevivencia. Quizás sea el momento de replantear temporalmente la estrategia de la movilización. Dar paso a movilizaciones masivas escalonadas que mantengan la presión a la espera de lo que resulte de la mesa de negociaciones. Al mismo tiempo se podrían abrir amplios procesos de deliberación sobre los contenidos de las propuestas de reforma tributaria, renta básica, plan masivo de empleo público, políticas para las economías campesinas, políticas públicas para la juventud, matricula cero para la educación superior, reforma a la Fuerza Pública, reformas políticas, que son a mi juicio los temas centrales de las protestas en esta coyuntura. Quizás sea el momento de la construcción colectiva de las propuestas de política pública en estos y en otros temas prioritarios.  Preservar y ampliar la organización y la deliberación acompañada de grandes movilizaciones pacíficas. Estos temas deberán debatirse en el movimiento y por supuesto en el Comité Nacional del Paro.

Bogotá mayo 20 de 2021

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur