16 días completa hoy la movilización popular en Colombia. Hasta hoy no da señales de debilitamiento. Las movilizaciones del día de ayer, 12 de mayo, convocadas por el Comité Nacional del Paro fueron multitudinarias y pacíficas. Solo en Bogotá, Barranquilla y Popayán, al final de las mismas se presentaron actos violentos de confrontación de sectores minoritarios con integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. La represión de las manifestaciones ha sido brutal. En el más reciente informe conjunto entre las ONGs Indepaz y Temblores, que hacen seguimiento detallado de la represión, hasta el día 9 de mayo se habían registrado 47 muertes violentas relacionadas directamente con las movilizaciones iniciadas este 28 de abril de las cuales 39 fueron presuntamente por parte de la Policía Nacional. 35 asesinatos se han registrado en Cali que es el epicentro de la protesta en el país. El informe reporta además que se han presentado 278 heridos, 28 heridos en los ojos, 356 agresiones físicas, 12 hechos de violencia sexual y 936 detenciones. La Defensoría del pueblo ha reportado que hasta el momento se registran 150 desaparecidos.

La respuesta oficial del gobierno a las movilizaciones ha combinado dos estrategias. La primera la represión y la militarización de la misma, con la cual quiso acallar la protesta y la avanzada de esa estrategia, se dirigió en contra de las movilizaciones en Cali. Mediante la llamada asistencia militar el comandante general del Ejército, general Eduardo Zapateiro, traslado su mando a la Tercera Brigada con sede en Cali y desde allí prometió que en tres días acabaría con el paro. No lo logró. Pese a las acciones de grupos paramilitares que han disparado desde camionetas de alta gama de color blanco sin identificación que además actúan al lado de cuerpos policiales como se ve claramente en los videos que circulan por las redes sociales. Un hecho concreto se registró el domingo 9 de mayo en las horas de la tarde cuando civiles armados dispararon contra la Minga Indígena con un saldo de 12 indígenas heridos. A lado de quienes disparan se ve a agentes de la Policía portando sus uniformes. También desde un vehículo sin identificar el pasado 5 de mayo fue baleado, en la ciudad de Pereira, el estudiante universitario Lucas Villa que finalmente murió este lunes 10 de mayo. Pese a la brutalidad policial las movilizaciones continúan en todo el país. Es de registrar que en los pequeños pueblos los campesinos han salido a taponar intermitentemente las vías para sumarse al Paro Nacional. La indignación es generalizada.

La segunda estrategia es resistirse a la negociación. Darle largas buscando que por cansancio el movimiento disminuya, decrezca. Pero esta estrategia también ha fallado. Cada vez son más los sectores que respaldan la movilización que cuenta con un 82% de respaldo entre los jóvenes y con más del 75% en el conjunto de la población según las últimas encuestas. Pese a los enormes sacrificios que tienen que hacer los pobladores que ante la ausencia de medios de transporte se tienen que desplazar caminando a la salida de sus trabajos durante horas, a la escasez y carestía de los alimentos en varias ciudades del país. El apoyo es alto. Los propios medios de comunicación que contratan las encuestas y que a diario muestran todas las dificultades ocasionadas por el paro o las informaciones de crecimiento de las cifras de la pandemia, no se explican cómo se mantienen esas cifras de apoyo popular al tiempo que los encuestados dicen que no les creen en las informaciones que trasmiten en cerca del 80%.

El gobierno aparece ante la opinión pública como lo que es: insensible, autoritario y no dialogante. Pero ante su debilitamiento ha tenido que ir cediendo. Y el movimiento percibe que está logrando, algunas reivindicaciones, pequeñas victorias que son muy importantes. Primero el retiro del proyecto de reforma tributaria, segundo la caída de Alberto Carrasquilla el prepotente ministro de Hacienda autor de la reforma, tercero la caída de la canciller Claudia Blum, que pretendió desinformar a la comunidad internacional sobre el paro, cuarto la aceptación, por fin, de una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, quinto el reconocimiento por parte de Duque así sea parcialmente de la brutalidad policial y el anuncio de investigaciones que sabemos no conducirán a nada, pero, el gobierno ante la evidencia de los hechos registrados por los celulares de la población y su amplia divulgación en Colombia y en el exterior, y ante la condena de esa violencia brutal por Naciones Unidas, la OEA, funcionarios del Departamento de estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y varios parlamentos, ha tenido que reconocer los excesos de la Policía en el tratamiento de la protesta y sexto en esa misma línea de acción, de ir cediendo sin negociar, el anuncio hecho por el propio Duque que se implementará una política de matricula cero para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en la educación superior, solo que lo ha anunciado para el próximo semestre y no permanente como lo exige el movimiento en las calles.

Pero las exigencias siguen y algunos proyectos que cursan en el Congreso están heridos de muerte. El proyecto de reforma a la salud que busca profundizar el modelo de privatización cuenta cada vez con más rechazo lo cual se ha traducido en que partidos políticos de la propia coalición de gobierno hayan anunciado que retiran su respaldo. Pero en este errático gobierno, todo llega tarde. Aún se resiste a hundirlo. Y por el otro lado proyectos que buscan políticas más robustas para atender la pobreza no cuentan con el respaldo del gobierno como el proyecto de renta básica permanente que esta a consideración del Congreso y que fue presentado por 51 parlamentarios de 10 bancadas políticas y que salió de la Cumbre Social y Política realizada el 11 y 12 de marzo y que fue radicado con el respaldo de cerca de 500 organizaciones de la sociedad civil y más de 4000 ciudadanos que lo respaldaron.

Es el estallido del neoliberalismo   

Una explicación de lo que viene sucediendo en Colombia tiene que ser asociado, para comprenderlo, con el fracaso del modelo neoliberal impuesto en Colombia desde los años 90 del siglo XX. La desindustrialización del país, la reprimarización de la economía y con ella la dependencia de la explotación de los recursos naturales, las reformas que precarizaron el trabajo asalariado, el desempleo estructural superior al 10% de la Población económicamente Activa, PEA, y la informalidad que cubre a más del 50% de la fuerza laboral, todo ello acompañado de las privatizaciones en servicios públicos esenciales como la salud o las pensiones. Esta crisis del modelo venía de atrás como venían de atrás las movilizaciones populares que se expresaron antes de la pandemia ocasionada por el covid-19. Estas fueron las causas de las protestas del año 2019 que se extendieron por cerca de un mes. Pero al mismo tiempo el modelo ha dejado en el camino a cerca de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los jóvenes sienten, perciben, que en esta sociedad no tienen futuro y junto a los estudiantes, pobladores de los barrios en que viven son la primera línea de las movilizaciones. Quienes están en los bloqueos de las vías en Cali, por ejemplo, son mayoritariamente de estas poblaciones.

La crisis social se profundizó con la pandemia. Hoy hay 21.2 millones de colombianos/as en la pobreza que corresponden al 42.5% del total de la población. En 2019 los pobres eran el 35.7% del total de la población. Pero esto se agudizó con el desacertado manejo que el gobierno de Uribe-Duque ha dado a la pandemia que es un verdadero desastre. En Colombia el gobierno ha invertido apenas un poco más del 4% del PIB en los programas de atención a la pandemia que contrasta con el 25% de los Estados Unidos o con el 9% de otros países de América Latina. Y en los albores de la pandemia en el año 2019 se aprobó una reforma en favor de los super ricos que les regaló más de 9 billones de pesos en gabelas y rebaja de impuestos, siempre con la falacia que entre menos impuestos paguen más trabajo generan, lo cual no se ha demostrado como cierto en ningún país del mundo, es parte de los dogmas del neoliberalismo que ahora ni el Gobierno Norteamericano de Joe Biden defiende, pero, aquí todavía se defienden estas tesis. Todo ello ha profundizado la crisis fiscal que actualmente bordea el 8.5% del PIB. Ese hueco pretendió taparlo Carrasquilla descargando la crisis en los sectores populares y las clases medias grabando los alimentos de la canasta básica familiar. Esto volvió a llenar la copa de la indignación. Es la causa más próxima del levantamiento popular. Pero en el fondo este levantamiento popular es el estallido del modelo neoliberal que tiene en la pobreza a la mitad de la población del país.

Violencia y bloqueos los debates en curso

Los movimientos sociales en todas partes del mundo trasgreden y afectan no solo la producción sino la movilidad de las personas. Los bloqueos de las vías y las barricadas levantadas por los pobladores en Cali tienen una explicación. Muchos condenan esta forma de la protesta, pero, ella tiene una explicación lógica. Los desmanes del ESMAD que amenazó a los barrios populares obligo a los jóvenes a levantar las barricadas, a establecer los bloqueos de las vías con piedras y árboles. Con ello pudieron controlar el avance de los escuadrones antimotines del ESMAD y lo lograron. Desde hace unos días el ESMAD no aparece en las barridas populares. Una vez logrado el objetivo estos bloqueos se extendieron a las entradas de la ciudad. Con ello el movimiento popular escaló y en cierta forma lograron un control del territorio. Fue eficaz para que el gobierno comenzará a ceder. Pero al adquirir dominio territorial el movimiento ha tenido que entender que debe establecer corredores humanitarios para el ingreso de misiones médicas, alimentos, y en general productos de primera necesidad. Ello ha venido siendo concertado con la Iglesia Católica que ha jugado un papel de intermediación muy importante como lo jugó la Guardia Indígena mientras estuvo en la ciudad.

Pero el movimiento espontaneo y descentralizado ha tenido que ir enfrentando sus propias debilidades, como también sucede en todas partes del mundo. Ha tenido que construir sus mecanismos de coordinación que no los tenía, así como ha tenido que dotarse de un programa reivindicativo que hoy tiene. En pocos días lo ha logrado. Ahora debe entender que un bloqueo indefinido le acarreará costos muy altos pues cientos de miles de ciudadanos que lo respaldan sin embargo están cansados de confinamientos decretados por más de un año por la pandemia, se han perdido puestos de trabajo, las ayudas sociales del gobierno son pírricas y no cubren a todos los que las necesitan. Por ello debe pensar en serio en levantar los bloqueos y quizás recurrir a las la movilización y a las marchas masivas. Es algo que tendrá que resolver muy pronto si no quiere perder una parte del inmenso respaldo popular de que hoy goza. Son decisiones que ellos tendrán que ir tomando. Lo que se observa es un salto cualitativo de la protesta, de la conciencia popular, democrática y ciudadana.

Bogotá mayo 13 de 2021 

- Pedro Santana Rodríguez es Director Revista Sur