El indio vivía en el Valle

y el blanco lo fue sacando,

ahora el indio está en la sierra

y el blanco sigue acosando.

A las montañas más altas

nos obligan a subir,

dizque estamos estorbando

a los dueños de pu’aquí.

Tomado de un cancionero del CRIC

Las luchas desde la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca el 24 de febrero de 1971 son sin lugar a dudas el proceso más importante de construcción y ejercicio de propio poder de los pueblos indígenas del Cauca, desde que el 8 de marzo de 1700 la corona española reconoció los resguardos en la región.

Desde 1536, un repliegue general desde el valle hacia las partes altas de la cordillera significó una resistencia de magnitud mayor, que además de exigir un enfrentamiento militar durante cien años, comenzado por la Gaitana, incluyó un cambio de la economía, debido a que las tierras más fértiles y aptas para la agricultura fueron invadidas por los españoles y se requirió un viraje hacia la ganadería, que fue emprendida con vacunos, cabras y ovejas tomadas de los colonizadores y al final, hacia la negociación con la corona española con una estrategia jurídica hasta conseguir los títulos de resguardo y la autonomía limitada de los cacicazgos.

La identificación de los relatos tradicionales sobre el líder de ese proceso, Juan Tama, con los relatos sobre el antiguo héroe de los Nasa, “Llibán” o Dxi’pam, que se fueron a vivir en una laguna donde cada año las autoridades indígenas refrescan sus bastones. Hay que lavarlos sacándoles el exceso de “calor”, producido por los diferentes conflictos, incluidos los debates al interior del pueblo nasa, para continuar en el camino común, transitando por relaciones políticas equilibradas.

A partir de Juan Tama y otros caciques de su época, la territorialidad de los resguardos expresó a la vez el resultado de la resistencia y un elemento para continuarla en medio de siempre inestable equilibrio con la sociedad colonizadora que insistió e insiste en despojar, arrinconar, explotar, integrar o exterminar a los pueblos indígenas.

Toda la historia republicana desde la independencia repitió las iniciativas de conquista y resistencia que repercutieron en leyes contrarias, que se sucedieron en el tiempo. En septiembre de 1810 la junta suprema de Santa Fe ordenó disolver los resguardos. Si en 1820 un decreto de Bolívar ordenaba devolver las tierras a los resguardos despojados, un año después el Congreso de Cúcuta ordenaba disolverlos y repartir sus tierras entre los comuneros. Todo el siglo XIX pasó en estas órdenes y contraórdenes.

Una ley de 1832 ordenó dividir los resguardos y otra de 1834 prohibió a las comunidades interponer cualquier recurso jurídico al respecto. La resistencia contra estas medidas se expresó en las provincias de Riohacha, Cartagena, Chocó, Pasto, Túquerres y Neiva. En 1854 el líder indígena de Vitoncó José María Guainás, a pesar de ser conservador, se unió a la revolución de los artesanos. Finalmente, el estado del Cauca por ley 90 de 1859 restableció la posesión comunal de las tierras de resguardo. Fue esta ley del suroccidente la que sirvió de modelo a la ley 89 de 1890, que por un siglo fue instrumento de defensa de los restringidos derechos indígenas.

El siglo XX comienza con la ley 55 de 1905 que confirmó las declaraciones de “vacancia” de resguardos “abandonados” o donde habían “desaparecido” los indígenas, caso por ejemplo del resguardo mocaná de Tubará, Atlántico, del cual se apoderó un general triunfante en la guerra civil de 1885. Por esta ley la nación “cedió” a los municipios los resguardos, con lo cual se facilitaron abusos como recortes para diversos fines, mientras que los personeros eran los encargados de hacer los trámites para declarar la vacancia, como ocurrió en el caso de san Andrés de Sotavento. Como decían los zenúes: “manda el gobierno que los indios no existen”.

Es en la situación creada por una nueva ofensiva de disoluciones, declaraciones de vacancia, e invasiones de resguardos, que surge el movimiento de Quintín Lame en 1910 y continúa la resistencia de los siglos anteriores. Junto con el líder militar del levantamiento indígena, Roselino Yajimbo, Quintín fue encarcelado por un año entre 1915 y 1916 y por 4 más desde 1917. Yajimbo murió en prisión.

Envalentonados por la derrota indígena en el Cauca, los hacendados hicieron aprobar la ley 104 de 1919, que ordenaba, otra vez, la división de los resguardos en todo el país en un plazo inferior a un año (4 años más en el caso de Nariño) y decretaba que las comunidades que demoraran los trámites perderían la mitad de las tierras. La ley 32 de 1920 disolvió el resguardo de Yumbo, Valle.

El secretario de Quintín, José Gonzalo Sánchez se refugió en el Tolima, donde con líderes de ese departamento, del Cauca y Huila, conformó en 1920 el Consejo Supremo de Indios, con el fin de defender los derechos territoriales indígenas.

La resistencia repercutió en 1921 con la ley 38 que supeditaba a la decisión de las asambleas departamentales la aplicación de la ley de 1919, y con la sentencia de la Corte Suprema que declaró que los resguardos nunca entraron al patrimonio de la corona, ni de la nación ni de los municipios y eran propiedad de las comunidades indígenas (jurisprudencia ratificada en 1933, 1942 y 1962 pero en contradicción con la declaración de constitucionalidad de las leyes de 1919 y 1920 demandadas por José Gonzalo en 1925).

Quintín se radicó en el Tolima desde 1922 desplegando su actividad como líder del Consejo Supremo y desarrollando iniciativas políticas y jurídicas. Una gran movilización protestó en 1925 contra las manipulaciones electorales de los gamonales y realizó tomas de haciendas ubicadas en los resguardos disueltos en el Tolima. Como parte de sus actividades hacia el conjunto del país, Quintín participó en julio de ese año en el II Congreso Obrero Nacional, en el cual fue elegido primer vicepresidente.

Las luchas y organización de los consejos de Indios, cabildos y ligas indígenas avanzaron regionalmente en Cauca, Tolima, Caldas y la Sierra Nevada de Santa Marta. José Gonzalo Sánchez defendía un programa de autodeterminación de las comunidades indígenas. En el Cauca se luchaba por una parte contra la división de resguardos y contra el terraje, por el cual se sometía a trabajo en las haciendas a los indígenas.

Tras el asesinato del líder Pedro Pablo Camayo en 1936, se desataron manifestaciones de protesta que lograron reducir los días de terraje e impusieron el decreto 50 de 1937 del Cauca que prohibía las ventas de tierras de resguardo. Este ascenso de las luchas se expresó en la fundación de la Federación Campesina e Indígena y su participación con José Gonzalo y el líder arhuaco César Niño, indígenas militantes del partido Comunista, como delegados en el Congreso de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) en Cali, en 1938.

Durante el gobierno de Eduardo Santos, el decreto 1421 de 1940 facilitó la división de los resguardos e inició una nueva ofensiva que afectó al Cauca, donde los funcionarios promovieron la división de comunidades. El decreto 918 de 1944 trató de la disolución de los resguardos de Tierradentro. La ley 55 de 1948 disolvió el resguardo de Quinchía (entonces Caldas), repitiendo lo acontecido en Yumbo en 1920.

El poder de los hacendados se hizo también sentir en el plano cultural e histórico, en el llamado Morro de Tulcán. Con ocasión de los 400 años de la fundación española de Popayán, se diseñaron varios monumentos, entre ellos en el morro una estatua del Cacique Pubén, del escultor Rómulo Rozo. En vez de erigirla, colocaron una estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar, destruyendo la cúspide de la pirámide precolombina que el Morro oculta y que salió a la luz en 1957. El poeta Guillermo Valencia, enemigo de los indígenas y yerno del latifundista Ignacio Muñoz, afirmó: “en vez de una obra de arte, pusieron un pisapapel”. El derrumbe de la estatua de Belalcázar en 2020 por una manifestación de las Autoridades Indígenas del Suroccidente fue una expresión simbólica del poder concreto del proceso indígena actual en el Cauca.

Frente a la ofensiva de los hacendados fue fundada en 1947 la Confederación Campesina e Indígena, pero la que comenzó como un ataque normativo, simbólico y político se convirtió en violencia que la destruyó. José Gonzalo fue envenenado el 10 de septiembre de 1949, cuando marchaba desde el cauca al Tolima. Los resguardos fueron invadidos por los hacendados y por colonos partidarios del gobierno conservador y toda resistencia era reprimida. Los indígenas de Tierradentro intentaron tomar el poblado de Belalcázar, luego de lo cual se desató una ola de asesinatos, incendios y torturas y según Manuel Tránsito Sánchez, a los indígenas se le hizo cavar sus tumbas y luego se les enterró estando aun vivos. Los asesinatos alcanzaron más de mil personas, incluida la masacre en el cabildo de San José.

Tras el asesinato de varios dirigentes en Toribío y de José Peteche en Tacueyó, la comunidad de Santo Domingo decidió en 1950 solicitar el apoyo de los guerrilleros de Riochiquito comandados por Ciro. Esta alianza funcionó para enfrentar a los asesinos y recuperar parte del territorio invadido en ese lugar y luego en La Mina y Jambaló. Tras la caída de Laureano Gómez, el propio ejército, a solicitud de la comunidad, desalojó de Caloto a los invasores. Sin embargo, la violencia extendió el terraje y dejó a muchas comunidades sin tierra y legalizando los despojos con el disfraz permitido por las leyes y decretos de disolución de resguardos.

Sin una organización nacional ni departamental indígena, los despojos continuaron durante el Frente Nacional. Algunos indígenas se afiliaron a sindicatos agrarios o los fundaron, pero los efectos del terror de la época de la violencia se expresaban en el temor a organizarse, que sólo fue quebrado tras la fundación de la ANUC por decreto del gobierno de Carlos Lleras. Esta organización tenía la limitación de su dependencia del estado y por otra parte no estaba estructurada como organización indígena. Sin embargo, muchos de los indígenas del cauca entraron a la ANUC para impulsar la reforma agraria y garantizar la recuperación de las tierras despojadas a los resguardos.

Las recuperaciones de tierra que impulsó y realizó la ANUC, así como sus “guardias campesinas”, fueron el precedente y el contexto en el cual los pueblos indígenas del Cauca decidieron conformar una organización propia en 1971, el CRIC. Su primer presidente fue Manuel Tránsito Sánchez, hermano de José Gonzalo, a quien los jóvenes de Totoró rindieron homenaje poco antes de su fallecimiento en 2015.

Para entender lo que ha sido el proceso de construcción de poder concreto esparcido desde entonces en las comunidades indígenas del Cauca, hay que recordar la situación de hambre y vulnerabilidad social que vivía los indígenas sin tierra y terrazgueros. Como recuerdan los mayores, cuando le preguntaban a los detenidos en las recuperaciones de tierra, quién los dirigía, respondían “el hambre”. Anatolio Quirá contaba que fue testigo de cómo mientras a otros reclusos las visitas les llevaban comida, los recuperadores presos guardaban comida durante la semana, para dar a los familiares que iban a visitarlos muertos de hambre.

Hoy podemos decir que cada uno de los siete puntos de la plataforma del CRIC aprobados en su segundo congreso en 1971 ha sido cumplido ampliamente:

1. Recuperar las tierras de los resguardos.

2. Ampliar los resguardos.

3. Fortalecer los cabildos indígenas.

4. No pagar terraje.

5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.

6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.

7. Formar profesores indígenas.

El primer punto está redactado actualmente como “Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas”. La organización asume nuevos retos y ejerce nuevas capacidades.

Los congreso siguientes añadieron:

8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias.

9. Defender los recursos naturales y ambientales de los territorios indígenas.

El noveno punto se expresa hoy como “Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.” Los programas económicos y ambientales de los resguardos están al orden del día y ocupan parte importante del esfuerzo organizativo actual. El programa de salud es hoy un elemento destacado y complejo del esfuerzo indígena y del ejercicio de la autonomía, así como de los cambios en la vida cotidiana que tiene lugar. La educación propia es una realidad, así deba defenderse diariamente y si necesario siempre mejorar su calidad y la integración con la transmisión del saber y la experiencia de los mayores.

Un décimo punto agregado a la plataforma es la defensa de la familia. Las tres áreas en que este punto se despliega son mujer, jóvenes y mayores. Las organizaciones indígenas están realmente empeñadas en defender los derechos de la mujer, la equidad que significa también aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles organizativos, y particularmente en los de decisión y organización, así como enfrentar las diferentes formas de violencia contra la mujer dentro de las comunidades. Es evidente ahora el aumento de la presencia de la mujer en el liderazgo.

También la presencia de los medios de comunicación indígena es notoria actualmente, especialmente emisoras de radio, en redes de internet, videos, difusión del conocimiento, cultura y lucha indígena. Tanto mujeres como hombres, especialmente jóvenes se han capacitado como comunicadores.

Ha sido un proceso de realizaciones lleno de lucha y unidad pero también de contradicciones y debates profundos y cotidianos. Es lo que caracteriza un movimiento social vivo y dinámico. Se discutía sobre si los indígenas son campesinos; si son grupos étnicos, nacionalidades, naciones o pueblos; cuáles y cómo deben ser sus relaciones y alianzas con los obreros y sectores populares; sobre qué significa para los indígenas la lucha antiimperialista; sobre la participación electoral y los partidos políticos y especialmente sobre las estructuras organizativas y el papel de las autoridades tradicionales en ellas.

Como parte de las diferencias en el proceso surgieron en 1978 las Autoridades Indígenas del Suroccidente AISO que se separaron de CRIC y en 1987 con organizaciones del Putumayo, la Sierra Nevada y Nariño fundaron las Autoridades Indígenas de Colombia. En la diferencia, AISO hace parte del mismo proceso iniciado hace 50 años y la transformación de la realidad de sus comunidades integrantes es también patente.

En la lucha de estos años el CRIC pudo confluir con las organizaciones de otros departamentos para crear la Organización Nacional Indígena de Colombia en 1982, en la cual los procesos de debate, diversidad y unidad siempre han estado presentes.

Los indígenas del Cauca tuvieron que enfrentar la contrarreforma agraria del Pacto de Chicoral desde el gobierno de Pastrana y luego la represión multiforme del estatuto de seguridad y el estatuto indígena del gobierno de Turbay, así como la presencia creciente del conflicto armado. Asesinatos de líderes muy importantes que dejaron recuerdos imborrables como Benjamín Dindicué en 1979 o el padre Alvaro Ulcué en 1984, quien había sido el primer indígena ordenado como sacerdote católico en Colombia. Muchos cayeron en las recuperaciones de tierra, otros en las grandes movilizaciones en las carreteras, otros más haciendo respetar la autonomía y las decisiones de la comunidad frente a grupos armados ilegales o frente al ejército o la policía.

El reconocimiento de los derechos indígenas por la Constitución de 1991 marcó un punto de inflexión. La ley 21 del 1991 aprobó además el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas. Se dirá que las normas se quedan en el papel, especialmente en un país donde han imperado las violencias. Pero para los indígenas las normas no son un fin, sino un elemento político que hace parte de la fuerza que se construye, del poder concreto.

La historia del movimiento indígena está llena de enfrentamientos con el estado, que tantas veces ha sido instrumento para despojar y reprimir. Pero ni toda la opresión de los pueblos indígenas proviene del estado, ni el poder espoliador es sólo estatal. Las fuentes privadas del poder son muchas, la red de la máquina de la muerte es diversa y transnacional.

Aunque el movimiento indígena del Cauca ni el de Colombia no dependen del estado, nunca han dicho “nada con el estado”. Todo ha sido resistencia y por tanto un ejercicio de lucha y enfrentamiento, pero también de conquista de derechos. Por eso participaron en los debates de las leyes de reforma agraria, código de minas y ambiente y por eso hubo tres constituyentes indígenas en 1991, dos de ellos del Cauca y con la misma concepción también han presentado sus demandas en las cortes y tribunales.

En la constituyente el intento de supeditar la autonomía de los territorios indígenas a decisiones de los gobiernos de turno llevó a las organizaciones de todos los pueblos indígenas, con la serenidad que expresaron líderes como Lorenzo Muelas, a decidir que tomaban el camino de la desobediencia civil a una constitución que no aprobara la autonomía de todos los territorios indígenas, la cual fue finalmente reconocida.

Cada victoria conlleva el riesgo de la cooptación, del acomodamiento al sistema explotador y alienante, de la integración a la maquinaria y la clientela del régimen. Pero la simbología del refrescamiento de los bastones de autoridad recuerda la necesidad de la dinámica interna de debate para mantener la resistencia, la solidaridad con la lucha de otros sectores y especialmente el objetivo de un cambio estructural nacional e internacional, para el cual se despliega una actividad de encuentro y reconocimiento de los otros y las otras en la región, en el país y en el mundo.

Después del 91 nada se estacionó. Lo primero que tuvo que enfrentar el CRIC fue la masacre del Nilo al final de ese año, el 19 de diciembre de 1991, ejecutada bajo el mandato de hacendados contra quienes recuperaron la tierra. Desde que los indígenas pusieron sus pies en las tierras del valle geográfico al ocupar López Adentro en 1984, la respuesta ha sido violenta y lo sigue siendo.

La movilización indígena y la solidaridad internacional con la comunidad asentada en Nilo ha producido resultados concretos. El propio resguardo de Corinto que incluye López Adentro fue titulado en 1995. En el valle del Cauca las comunidades nasa de Florida que entregaron las tierras que las familias tenían en propiedad privada consiguieron desde 1995 la titulación colectiva que además incluyó tierras compradas en 1991.

El Nilo puso el problema de la tierra otra vez en primer plano. El incumplimiento de la reparación por la masacre, que incluía la adquisición y entrega de tierras, mostró a los indígenas que los ingenios de caña disputaban esas tierras en un momento en que les interesaba expandir sus actividades a la producción de etanol. Ya no era sólo el problema de siempre con los latifundistas y por eso pasaron de la simple recuperación a lo que desde septiembre de 2005 y hasta ahora es la Liberación de la Madre Tierra. No se trata sólo de tierra para los indígenas o para ellos y sectores campesinos que participaron en 2005, se trata de liberar la tierra de los proyectos destructores que imponen el lucro de los inversionistas por sobre la naturaleza y las comunidades.

Después del 91 se amplió el campo de la jurisdicción indígena y el control territorial que hoy son asunto cotidiano y también son la razón por la que los líderes y guardias indígenas son asesinados. La guardia indígena se ha multiplicado por los pueblos y comunidades indígenas del país y servido de inspiración a las guardias campesinas y cimarronas. La figura de la guardia indígena es hoy un patrimonio popular de Colombia, un ejemplo del ejercicio del poder concreto por los pueblos indígenas, un poder que nace de la comunidad, de su movilización y de su vida y que debe hacer equilibrio diario de lucha y resistencia en medio del poder de las transnacionales, de la mal llamada guerra contra las drogas, de la violencia de los narcotraficantes, de la violencia y de la represión estatal a bala, gases o recalzados, como la que se ejecuta contra la liberación de la madre tierra y contra las movilizaciones.

Ejercicio de poder concreto de la comunidad por el cual han dado su vida líderes y guardias como Cristina Bautista cuya voz no olvidamos: “si hablamos nos matan, si nos callamos nos matan, entonces hablemos”.

Este siglo ha sido una época de lucha por la paz, por la cual ya optaron los pueblos indígenas desde los acuerdos de 1990 y 1991. Las marchas y declaraciones por la paz tomaron cuerpo en los y las guardias indígenas desarmados y desarmando a actores armados, como se vio en las imágenes de Toribío en 2012.

Cuando los sectores populares exigían una consulta popular sobre las negociaciones y firma de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, por iniciativa de un comunero en una gran asamblea indígena, fue convocada y realizada para el 6 de marzo de 2005 una Consulta sobre los TLC en Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Páez e Inzá, en la cual participó el 75% de los ciudadanos de esos municipio, de los cuales el 98% votó no.

Los paros regionales y las grandes Mingas indígenas han servido no sólo para luchar por reivindicaciones inmediatas sino para poner en primer plano los grandes problemas nacionales. En 2008 la Minga nacional que levantó 5 puntos estratégicos, sólo terminó cuando el presidente Uribe fue al Cauca a debatir con los indígenas. Unas semanas después fue asesinado Edwin Legarda, esposo de Aída Quilcué principal contradictora de Uribe en el debate. Pero también, en el marzo siguiente la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto Rural de Uribe, que desconocía derechos de los campesinos e indígenas.

Los indígenas del Cauca han brindado su solidaridad con la huelga de los corteros de caña en 2008. Los pueblos indígenas participaron activamente en el paro nacional Agrario de 2013, junto con los campesinos, afros y pequeños empresarios.

En 2014, los pueblos indígenas conquistaron el decreto 1953, que reglamenta el ejercicio de la autonomía reconocida en 1991 y que fue expedido en desarrollo del artículo 56 transitorio de la misma Constitución. Al mismo tiempo las organizaciones indígenas se vincularon a la negociación de los acuerdos de paz en La Habana son propuestas propias a ambas partes.

Las movilizaciones del CRIC y AISO han tendido cada vez más a proyectarse nacional y políticamente. Los pueblos indígenas participaron activamente en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 por el cumplimiento de los acuerdos de paz, contra los asesinatos de líderes sociales y contra la reforma tributaria.

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Tras el asesinato del joven Dylan Cruz en Bogotá, las guardias indígenas, campesinas y cimarronas estuvieron en la marcha gigante en Bogotá que fue parte de la huelga general cumplida el 4 de diciembre. ­­­La marcha fue respetada.

Sabemos que el 9 de septiembre de 2020 , la policía disparó contra las protestas en los barrios de Bogotá por el asesinato de Javier Ordóñez y asesinó a otras 13 personas e hirió a bala a 70 más. El CRIC con organizaciones campesinas, indígenas y afro de Cauca, Valle, Caldas y Huila realizaron una Minga desde el 12 de octubre contra los asesinatos de líderes sociales y las masacres, por la paz y la vida, objetivos desde luego políticos, para escándalo del gobierno. Las “chivas”, fueron recibidas por manifestaciones populares en Cali, Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Bogotá. El 21 de octubre la Minga se unió al Comité Nacional de Paro en la gran marcha por la capital. Allí estaban los Misak de AISO que se quedaron hasta el 22 cuando tomaron el aeropuerto Eldorado por 7 horas: “somos la fuerza de la gente, somos la Minga, somos el Paro nacional”.

Unidad, tierra, cultura y autonomía dice el lema del CRIC, que se cumple cada día y que nos inspira para seguir adelante.

Si el avance de la territorialidad indígena es muy importante, lo es mucho más que los pueblos indígenas están tejiendo con el pueblo colombiano, con todos nosotros un proyecto, una utopía como lo era el proyecto del CRIC hace 50 años, un proyecto de poder concreto para cambiar el país, tejido con los que sabe que otro mundo es posible.