El 2021 es crucial para la justicia en Guatemala, el 14 de abril se instala una nueva Corte de Constitucionalidad (CC) que, conforme artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), tiene la función esencial de defender el orden constitucional, es un tribunal colegiado, independiente de los otros organismos del Estado. Esta Corte se integra con cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes, designados por cinco electores: el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pleno del Congreso de la República, el Presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC) y la Asamblea del Colegio de Abogados.

La lucha por alcanzar una magistratura en la CC se ha iniciado. Es el momento en que redes de corrupción e impunidad incrustadas en el Estado empiezan a mover sus peones en busca de lacayos para consumar el asalto final a esa alta Corte que hasta ahora, con luces y sombras ha cumplido el mandato constitucional de defender el orden constitucional que prevalece. Se la quiere cooptar para detener resoluciones que incomodan intereses de las élites corporativas transnacionales, que afectan a capitalistas de mega proyectos extractivos de recursos naturales, de extensión de la frontera agrícola con monocultivos, de construcción de hidroeléctricas, además quieren favorecer a corruptos y encubrir la impunidad. Estas redes delictivas quieren una CC callada, sin independencia, sumisa a las élites, favorable a intereses transnacionales, obediente a los deseos de los corruptos y criminales.

Después de los desplantes y sobresaltos incitados por el cuestionado ex juez Mynor Moto, que tiene orden de captura, prófugo por obstrucción a la justicia y quien mediante procedimiento ilegal, apresurado y viciado fue juramentado por el Congreso de la República como magistrado titular de la CC en representación del Colegio de Abogados, ha quedado muy claro la intención de las redes criminales, que sin ninguna cautela y con total desfachatez quieren controlar la CC para favorecer la corrupción y mantener impunidad.

En esta difícil coyuntura la ciudadanía debe estar atenta a la elección, permanecer vigilantes, ejercer el derecho a la movilización pacífica y auditoría social porque hay riesgo real que se consolide el pacto entre las élites-crimen organizado-institucionalidad del Estado, posible porque para las redes del crimen que buscan ganar esta elección supone completar la cooptación del sistema de justicia que se traduce en la entrega de recursos naturales, la sistemática criminalización de defensores del territorio y comunidades, más impunidad, profundización de la corrupción e incremento de las desigualdades sociales, en suma, significaría progreso para las redes criminales y retroceso en el respeto a derechos humanos (DDHH) de la población.

La designación de magistrados titulares y suplentes para integrar la CC debería ser con profesionales honorables, que cumplan con el artículo 270 de la Constitución, escogidos mediante procedimientos transparentes y libres de tráfico de influencias. Esta es una elección importante para el país, nuestras familias, las comunidades y los pueblos. Guatemala necesita avanzar hacia el desarrollo y el progreso social, requiere consolidar la debilitada democracia y fortalecer el estado de Derecho con profesionales íntegros e idóneos que sirvan al interés nacional, no a los intereses particulares tampoco a las mafias de corrupción e impunidad que tienen capturado al Estado y sus instituciones. La ciudadanía exige Cortes idóneas no mafias.

Guatemala, 05/02/2021

-Factor Méndez Doninelli es maestro e investigador, consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.