El 25 de septiembre de 2020, el Parlamento suizo aprobó la revisión de la ley federal antiterrorista. La nueva ley provocó muchas protestas, incluida la puesta en marcha de un referéndum popular, uno de los principales instrumentos de la democracia directa que se practica en Suiza, que permite a los ciudadanos rechazar las decisiones adoptadas por el Parlamento. Un referéndum requiere 50.000 firmas válidas, confirmadas por las autoridades competentes, con una dirección correspondiente a la firma. Debido a la pandemia, la recogida de firmas se ha realizado principalmente a través de Internet, pero las cifras parecen haber superado ya el doble de las firmas requeridas.

Esta reacción popular a la nueva legislación se explica y es muy bienvenida porque, según la página web de las entidades responsables del referéndum (https://detentions-arbitraires-non.ch/), la nueva ley puede abolir la presunción de inocencia:

Las medidas previstas en la nueva ley no son ordenadas por un tribunal, sino por la Policía Federal, sobre la base de meras sospechas (no se requieren pruebas). La falta de un órgano de control judicial es una violación de la separación de poderes. Además, estas medidas violan claramente los derechos fundamentales y los derechos humanos.

La ley también viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, siempre según el sitio web mencionado:

“La nueva ley prevé la posibilidad de aplicar el arresto domiciliario. (...) Puede aplicarse sin que exista realmente un delito y no requiere pruebas como el lugar o la fecha del supuesto delito. Cualquier persona puede ser castigada con esta medida durante seis meses sin necesidad de pruebas. Esta privación de libertad representa una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe la privación arbitraria de libertad por la sola sospecha. Suiza sería así la única democracia occidental que permitiría encarcelar a los ciudadanos sin motivo alguno. Las únicas excepciones son las de Estados Unidos con los campos de Guantánamo.”

Y lo que es aun mas grave, la nueva ley también viola la Convención sobre los Derechos del Niño, porque sus medidas “pueden aplicarse a los niños a partir de los 12 años, respectivamente 15 años de edad para el arresto domiciliario, de nuevo sin orden judicial.”

Una cincuentena de profesores de derecho de Suiza han comunicado al Consejo Federal su preocupación por esta ley (https://www.amnesty.ch/de/laender/europa-zentralasien/schweiz/dok/2020/antiterror-gesetz-aushoehlung-des-rechtsstaates/pmt-offener-brief.pdf).

Y los propios expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron que esta nueva legislación "viola las normas internacionales de derechos humanos al ampliar la definición de terrorismo, creando un peligroso precedente para la supresión de la disidencia política en todo el mundo.” (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26224)

Los expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se mostraron especialmente alarmados por el hecho de que la nueva definición de ‘actividad terrorista’ de la ley ya no exige la posibilidad de cometer ningún delito. Por el contrario, puede abarcar incluso actos lícitos destinados a influir o modificar el orden constitucional, como las actividades legítimas de los periodistas, la sociedad civil y los activistas políticos.

Los expertos también criticaron el hecho de que la nueva ley otorgue a la policía federal una amplia autoridad para designar a los 'terroristas potenciales' y decidir medidas preventivas contra ellos sin un control judicial significativo.

Bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’, muchos gobiernos tratan de suprimir cualquier crítica legítima al modelo neoliberal. Así, las leyes supuestamente creadas para ‘defender la democracia’ son en realidad instrumentos de defensa de un orden económico particular: el neoliberalismo. La novedad en la legislación suiza es la posibilidad de criminalizar a los jóvenes a partir de los 12 años (¡!), como ya se ha mencionado. El objetivo obvio de esta criminalización es el movimiento climático. Un número creciente de jóvenes ha salido a la calle en diversas partes del mundo con una crítica clara y contundente a la falta de acción efectiva de los gobiernos en relación con la gravedad del cambio climático, denunciando la incompatibilidad entre el capitalismo neoliberal y la preservación del medio ambiente. Este movimiento ha crecido exponencialmente en Suiza, convirtiéndose en una fuerza política considerable.

En septiembre de 2018, por ejemplo, tuvo lugar en Berna la mayor manifestación registrada en la historia de la ciudad: alrededor de 100.000 personas, la gran mayoría jóvenes, salieron a la calle a protestar. Este movimiento tuvo un impacto decisivo en las elecciones parlamentarias que se celebraron a continuación, en octubre, llevando al Partido Verde a obtener la mayor votación de su historia.

El 21 de septiembre de 2020 los jóvenes activistas ocuparon la Plaza Federal de Berna, frente a la sede del Parlamento. Esta acción tuvo mucha repercusión en la prensa internacional y llegaron mensajes de apoyo a los activistas desde diversas partes del mundo, incluso del Movimiento Sin Tierra (MST) y de varios congresistas de Brasil. (https://www.alainet.org/en/node/209059)

La ocupación, totalmente pacífica, fue terminada por la policía y generó reacciones histéricas de muchos parlamentarios y de gran parte de la prensa en Suiza, condenando la acción "ilegal" de los activistas. Algunos parlamentarios pidieron al Servicio de Inteligencia que investigara a los jóvenes y, más recientemente, otro parlamentario suizo llegó a comparar la ocupación con la invasión del Capitolio por parte de los manifestantes de la extrema derecha estadounidense.

Con la nueva ley, la mayoría de los jóvenes implicados en la ocupación podrían ser acusados de ‘terrorismo’, pudiendo sufrir la punición prevista. Luchar por el futuro del planeta se ha convertido en un ‘delito’ que debe ser castigado por el Estado.

Pero, ¿cómo es posible que la legislación que permite criminalizar a los niños a partir de los 12 años como ‘terroristas’ haya sido propuesta y aprobada por el parlamento de la democrática e ilustrada Suiza? Esta legislación ha sido durante mucho tiempo el sueño de la extrema derecha en Brasil, que ha trabajado ferozmente por la posibilidad de criminalizar tanto a los movimientos sociales como a los jóvenes. A Bolsonaro y sus partidarios les encantaría aplicar una legislación similar en Brasil y probablemente intentarán seguir este ejemplo suizo.

Las fuerzas políticas de Suiza que están detrás de esta ley tienen una larga historia, que es en parte también la historia de la construcción del propio orden neoliberal. En una importante obra – The Road from Mont Pélerin - una colección de ensayos de varios autores sobre la historia del neoliberalismo, Dieter Plehwe escribió en la ‘Introducción’:

La dimensión transnacional de la historia local/nacional del neoliberalismo ha sido particularmente fuerte en el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Suiza también merece un reconocimiento como espacio neoliberal transnacional particular debido a la hospitalidad de los intelectuales e instituciones neoliberales suizas con los refugiados neoliberales austriacos, alemanes e italianos. Ciertamente, no fue una coincidencia que la Sociedad Mont Pèlerin se fundara en este país: sólo Suiza proporcionó a los intelectuales neoliberales el espacio intelectual e institucional y el apoyo financiero necesario para organizar una conferencia internacional de y para neoliberales poco después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta finales de los años 50, a los neoliberales les siguió resultando más fácil reunirse en Suiza que en otros lugares: cuatro de las diez reuniones de la Sociedad Mont Pèlerin entre 1947 y 1960 tuvieron lugar en Suiza. Tuvieron que pasar más de diez años después de la guerra para que se celebrara una reunión en Estados Unidos.

Las fuerzas políticas y económicas que hicieron que Suiza fuera tan receptiva a la ideología neoliberal, proporcionando a los intelectuales neoliberales el espacio intelectual e institucional y el apoyo financiero necesario antes que a ningún otro país, siguen actuando y son las principales responsables de la nueva ley.

En otro ensayo en The Road Mont Pélerin, Keith Tribe escribió:

“Lo que distingue al neoliberalismo del liberalismo clásico es la inversión entre las relaciones políticas y económicas. Los argumentos a favor de la libertad se convierten en económicos más que políticos, identificando la impersonalidad de las fuerzas del mercado como el principal medio para garantizar el bienestar popular y la libertad personal.”

Así, cualquier crítica al neoliberalismo se convierte en una crítica a la propia libertad y, por tanto, debe ser castigada por el Estado como ‘terrorismo’.

En la misma obra, Rob van Horn y Philip Mirovsky observaron que el neoliberalismo es, sobre todo, una teoría de cómo reorganizar el Estado para garantizar el éxito del mercado y de sus participantes más importantes, las grandes empresas.

Muchas de estas grandes corporaciones han sido precisamente el blanco de las críticas más fuertes del movimiento climático, lo que ha causado un gran daño para su imagen pública. No es de sorpreender, pues, que los ‘participantes más importantes del mercado’ estén detrás de la elaboración de una legislación específica para controlar estos ‘abusos’.

El hecho de que el Parlamento suizo haya aprobado una ley antiterrorista de este tipo revela el poder de la ideología neoliberal en este país y la capacidad de las grandes empresas para influir en los gobiernos y en la legislación, incluso en una democracia reconocida como la suiza. En un momento en que el neoliberalismo está fracasando en todo el mundo, era de esperar una reacción del establishment neoliberal. Pues el neoliberalismo sólo puede sostenerse con la mentira, con la fuerza o con una combinación de ambas. Pero la mentira neoliberal no puede engañar a nadie más, el fracaso es demasiado visible y elocuente. Para su supervivencia, al neoliberalismo sólo le queda la violencia y la represión, por todos los medios posibles, incluidos los legales.

La tradición humanitaria y democrática de Suiza está ahora en manos de sus jóvenes activistas. El movimiento climático tiene el potencial de trascender las fronteras y las generaciones, de unir al Norte y al Sur del planeta en una lucha común por nuestra madre tierra contra sus explotadores. Pero la reacción combinada del poder económico y del poder estatal puede ser demasiado y leyes como ésta muestran claramente los riesgos y peligros a los que se exponen estos jóvenes. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros apoyar esta lucha con la alegría, la creatividad y el afecto que merece la preservación de la vida.