I. El escenario

En el mundo entero y en nuestra América Latina y Caribeña, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza; poniendo aún más en evidencia, las débiles políticas públicas de salud, educación, empleo, entre las más importantes; agudizándose así las condiciones de vida de millones de personas, especialmente de los pobres, de las zonas urbano marginales, indígenas de las zonas rurales, amazónicas y afrodescendientes.

Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población.

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad del sistema capitalista (que en su variante neoliberal destruyó la educación, el trabajo, la salud, los derechos laborales) y demuestra su precariedad, su incapacidad para resolver las necesidades más urgentes y necesarias. A la vez que potencia las desigualdades y precariedades existentes en esta situación (desigualdades materiales, sociales y culturales).

Estamos ante un momento de crisis, que, en su acepción más gramsciana, crisis equivale a posibilidad: esta pandemia nos coloca ante el desafío histórico y la posibilidad de que emerja algo nuevo, de que emerjan nuevos paradigmas, nuevos entramados y por qué no, nuevas relaciones sociales que nos permitan construir otro mundo posible.

Sin embargo, hay que reconocer la posibilidad de que haya un recrudecimiento de la hegemonía capitalista en sus formas más autoritarias y violentas. En tal sentido, y en tanto desafío, es no renunciar a una perspectiva esperanzadora desde la Educación Popular, pero que no sea ingenua sino que busque una cabal comprensión de los problemas que la pandemia desnudó.

II. La educación de personas jóvenes y adultas (EPJA)

La educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores, está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. Existe una estrecha relación entre la clase social y las condiciones de vida y las posibilidades de culminación de los estudios. Así, no sorprende que sean los sectores populares, los marginados, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los principales destinatarios de esta propuesta, que, sin embargo, sigue rigiéndose en su lógica con los parámetros de la educación primaria y secundaria y por eso mismo, perpetúa la desigualdad y las posibilidades de permanencia.

En otras palabras, son aquellos que el sistema ya ha excluido. Son aquellos a los que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos.

En los albores del siglo XXI, en el marco de la cuarta revolución industrial y de la emergencia de la inteligencia artificial, son estos mismos estudiantes los que se encuentran por fuera de este proceso. El acceso a la tecnología es solo instrumental y mínimo, y no está al alcance de todos: el acceso a estos dispositivos sigue siendo una cuestión de privilegio de clase, y lejos está de ser un derecho garantizado para toda la población.

Si bien los Estados han implantado algunos planes sociales con la finalidad de palear la crisis, estas propuestas lejos están de resolver las violencias estructurales de la desigualdad y mucho menos, el problema del hambre o del acceso desigual a los bienes, servicios y a una vida digna.

El escenario local y mundial nos obliga como educadores/as populares a plantearnos nuevos desafíos y ubicarnos frente a una nueva situación, que agrava no sólo las condiciones de desigualdad económica y social; sino que también profundiza la brecha educativa que ya existía.

Doblemente excluidos

Las personas jóvenes y adultas que acceden a la EPJA, estudian ahora porque en su infancia fueron excluidos de los sistemas formales. Ya sea por pobreza, por marginalidad, por racismo o machismo o por todas las causas juntas.

Cuando los programas de EPJA deberían llegar a ellas y ellos para aprender y mejorar sus vidas, otra vez no están siendo prioridad y muy frecuentemente, ni siquiera están siendo considerados. Porque los financiamientos de la EPJA no dan lugar a llegar a todos. Porque los programas de EPJA son focalizados y no hay forma de llegar a más. Es decir, no se pudo antes y no se puede ahora.

III. ¿Qué se está haciendo en los países?

Realizamos un sondeo de la manera cómo se estaba abordando la EPJA en el contexto del Covid-19 en algunos países de la región tales como: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú, y República Dominicana, a partir de siete informes recopilados por miembros del GIPE-CEAAL.

En términos generales encontramos que en lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan una particularidad de trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.

Sin embargo, si se habla de una propuesta hegemónica en el marco de la decisión de Estado, ésta supone la virtualidad. Es decir, que profesoras y profesores se encarguen de reemplazar las instancias presenciales de cursada a través de plataformas digitales, que funcionan muchas veces como el mejor ejemplo de la educación bancaria, en la medida que propician un tipo de educación medible en términos de cantidades de trabajos, el conocimiento se presenta como una acumulación de consignas y el proceso de reflexión sobre el mismo, en el mejor de los casos, sucede por medio del docente, que explica unilateralmente aquello que considera que es lo más importante.

Se habla de “continuidad pedagógica”, como si fuera trasladable la situación cognoscitiva habitual que se produce en el intercambio presencial con los/as otros/as a este nuevo escenario de la realidad virtual. Es decir, ante la suspensión de clases es obligación de las y los educadoras/es garantizar el hecho pedagógico, incluso cuando no se cuenta con los requerimientos mínimos para hacerlo. Esta situación también evidencia el lugar marginal que la educación de jóvenes y adultos ha venido ocupando desde siempre en lo que hace a política educativa.

IV. Respuestas a la EPJA

Se pueden identificar varios temas que caracterizan las respuestas de la EPJA a la crisis sanitaria y social del COVID 19:

• Adaptación inmediata a la educación remota a través de diversas tecnologías de la comunicación disponibles.

• Elaboración de guías y materiales de aprendizaje para todos/as los estudiantes tanto para los conectados a internet como para los que deben recibir esos materiales en sus domicilios.

• Suspensión de procedimientos de evaluación y preparación de materiales evaluativos formativos para la posible vuelta a clases presenciales.

• Atención a las necesidades de bienestar emocional y social de los y las estudiantes a través de los profesionales psico-sociales.

• Mecanismos para ofrecer a los y las estudiantes y sus familias ayuda alimentaria.

• Fortalecimiento de las capacidades de reacción autónoma de la comunidad docente.

• Replanteamiento de las capacidades que son precisas en la EPJA en un tiempo de transición social, sanitaria y climática, que obliga a mirar con atención las nuevas bases curriculares de la EPJA (aún en proceso de aprobación).

V. Desafíos

Es imperioso que esta situación vuelva a plantear el papel que como educadoras y educadores populares tenemos en la sociedad y el debate que debemos dar ante el conjunto del sistema educativo. Las respuestas implementadas no están dando cuenta de la particularidad de esta modalidad ni tampoco posibilita la declaración de la universalidad de la educación como derecho humano, cualquiera sea su rango etario.

Como desafíos a nivel regional se pueden reconocer los siguientes:

Desafíos de sentidos¹

• Dejar de ver a la EPJA como una modalidad o subsistema remedial o subsidiario y verla (en términos de tensión) como la modalidad que se constituye en garante de la educación a lo largo de la vida. Esto permitirá salir de la mirada de que sólo hay un tiempo (en la vida) para estudiar. Es decir, atribuirle a la EPJA un carácter “restitutivo” de un derecho que no se cumplió en la normalidad. Y lo que hay que cuestionar es esa supuesta normalidad de un momento o espacio para estudiar.

• Comprender que la EPJA y los sistemas educativos formales son espacios donde se puede ejercer la disputa de sentidos y orientaciones y crear contra hegemonías que se entronquen con los procesos de disputas societales hacia proyectos de sociedades más justas, igualitarias, modelos civilizatorios que nos lleven a afrontar múltiples opresiones y desde allí la dimensión política y ética de la EP en torno a la EPJA.

• Reconocer que la diversidad de sujetos de la EPJA expresa desigualdades de diverso orden y no únicamente como sinónimo de “pobreza”. Y, por tanto, poder plantear los procesos educativos de la EPJA desde la interseccionalidad de múltiples opresiones y desigualdades: de clase, pero también, étnicas, sexuales, etarias, de lugar de residencia, entre otras.

Desafíos generales

• Exigir que los Estados como garantes de los derechos, aseguren en todas sus instancias medidas políticas intersectoriales que articulen la economía, la salud, la educación, el trabajo digno, la soberanía alimentaria, especialmente a aquellos de las zonas urbano marginales, rurales y amazónicas con enfoque de género e intercultural.

• Exigir por el cumplimiento de medidas que signifiquen la garantía del derecho a la educación y políticas públicas, que den cuenta de los sujetos reales que son destinatarios de propuestas para la EPJA, es una exigencia histórica del momento.

• Exigir el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria porque responde a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

• Desarrollar campañas que defiendan la perspectiva de género, para asegurar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, las niñas y los niños enfrentando el patriarcado.

• Desarrollar políticas de democratización de la conectividad como una forma de democratización de nuestros países, especialmente para zonas urbano marginales, rurales, amazónicas, afrodescendientes.

• Exigir el financiamiento de la EPJA en momentos que ésta decrece en el sector educación, porque sin recursos no será posible enfrentar la profundidad de la crisis de esta modalidad.

Para las y los educadores populares

• Debemos pensar qué educación queremos y hacia dónde queremos que vaya. Es decir, no se trata de dar la pelea por una educación capitalista que siga dejando por fuera a los sectores más postergados de la sociedad. Se trata de construir una nueva educación, más igualitaria, más humanitaria, que no reproduzca la colonialidad del saber, que no reproduzca el patriarcado, que permita la construcción de otras relaciones sociales en pos de la pelea por un mundo más justo y más humano. Debemos generar un gran movimiento pedagógico que incluya a todos los actores vinculados a la comunidad educativa para pensar otra educación en los marcos de las desigualdades actuales y la cuarta revolución industrial.

• Debemos partir de nuestras realidades hacia un horizonte común, tendiendo puentes y diálogos con los educadores populares y los pedagogos críticos que busquen otras formas de construir desde la educación otra sociedad, cuestionadora de las relaciones establecidas, del neoliberalismo, del fascismo y del capitalismo actual en su etapa financiera.

• Debemos, en definitiva, crear las condiciones de realización de una sociedad más justa, haciendo de la educación popular el estandarte que nos devuelva la politicidad del acto educativo y con ello, nos permita proyectar en el aquí y ahora, la sociedad a la que aspiramos.

Este documento es producto de un trabajo colaborativo entre distintas/os integrantes del Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). http://ceaal.org/v3/. Fernando Santana, Rosa María Goldar (Argentina), Timothy Ireland (Brasil), Jorge Osorio (Chile); Angélica Paniagua, Felipe Rivas (El Salvador), Francisco Cabrera (Guatemala), Yadira Rocha (Nicaragua), Nélida Céspedes (Perú), Miriam Camilo (República Dominicana).