En la perspectiva de la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia ha emprendido una operación de maquillaje para ofrecer otra imagen respecto de la implementación de los Acuerdos de paz sometidos a un plan deliberado con el objetivo de hacerlos trizas según la orden del jefe supremo de las hordas fascistas colombiana, el señor Uribe Vélez.

En días recientes hemos presenciada una gigantesca campaña publicitaria de la Consejería de la paz con legalidad gerenciada por el señor Emilio Archila para resaltar los avances de los Programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) y sus Planes de acción territorial; campaña cargada de mentiras y falacias, pues las acciones ejecutadas, que son obras de cemento y hierro, nada tienen que ver con la reforma rural integral pactada en La Habana, cuyo ejecución debía hacerse con la organización de los Pdet^[1].

Lo que está ocurriendo es que Archila está manipulando descaradamente los dineros de la cooperación internacional para entregar cupos millonarios a los políticos oficialistas que saquean estos dineros con contrataciones fraudulentas y tramposas, todo con el fin de aceitar las mayorías parlamentarias que le dan el visto bueno a las políticas y leyes de la Casa de Nariño.

De igual manera la Oficina de la ONU encargada de acompañar los pactos de paz ha salido a dar un parte de victoria que no corresponde a la realidad. En este caso se trata de un acto protocolario para amarrar los dineros que el gobierno de Duque aporta a dicho organismo multilateral en el que hay una frondosa burocracia vinculada al Centro Democrático^[2].

Estos balances no pasan de ser unas listas de mercado y unas misceláneas que buscan encubrir el fracaso de los acuerdos de paz.

El tema de las reformas políticas y la ampliación de la democracia es un campo vital en la superación de la violencia y la construcción de la paz^[3].

Son muchos los estudios hechos a lo largo de los últimos años que demuestran como la exclusión política y el cierre del régimen de poder son uno de los elementos que gravitan en el alzamiento armado y la resistencia agraria de millones de campesinos. También en la ejecución de la violencia por parte de las elites en todos los ámbitos del Estado para impedir la presencia en la vida pública de los partidos y movimientos de oposición y de las fuerzas sociales populares.

Entre los trabajos elaborados para la mesa de diálogos de La Habana, reunidos en el Documento “Contribución al entendimiento del conflicto armado colombiano”, de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, destacan tres reflexiones que son pertinentes para entender las dimensiones de las relaciones entre organización del Estado colombiano y la violencia^[4].

Uno de ellos es el de Sergio de Zubiria “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano”, en el que las “unidades de análisis para aproximarnos a las dimensiones políticas, ideológicas y culturales son las siguientes: construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto; poder político, estructuras de participación política, partidos y emergencia de proyectos alternativos; carácter y actitud frente a las reformas sociales; concepciones y prácticas de la modernización capitalista; elementos de la cultura política; y, otros factores culturales del contexto del conflicto social armado”.

Los otros son el documento de Víctor Manuel Moncayo “Insurgencia guerrillera y orden social vigente”.

Y el tercero es el de Francisco Gutiérrez “¿Una historia simple?”.

Entre los tres escritos se encuentran abundantes tesis sobre la dimensión política del conflicto armado colombiano presente desde los años 50 del Siglo XX.

Sobre dichos análisis y los protocolos de la Secretaria General de la ONU, en la Mesa de la Habana, el gobierno del señor Santos y la camarilla desertora de Timochenko hicieron un pacto cargado de reformismo sin límite para impulsar unas reformas políticas y electorales con el fin dizque de ampliar la mentirosa democracia colombiana.

Dicho acuerdo político partía de la siguiente consideración: “La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la democracia. Tomando en consideración que las mujeres enfrentan mayores barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación, lo que genera mayores retos para garantizar su derecho a la participación, enfrentar y transformar estas condiciones históricas implica desarrollar medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los diferentes espacios de representación política y social. Para esto es necesario que se reconozca la situación y condición de las mujeres en sus contextos y particularidades.

“La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. Para consolidar la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las garantías de participación política.

“Para la consolidación de la paz se requiere así mismo la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos y, por esa vía, se promueva el respeto por quienes ejercen la oposición política. Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como de una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones de las autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política. La revisión y modernización de la organización y del régimen electoral debe propiciar una mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral. Una mayor participación electoral requiere adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten el ejercicio de ese derecho, en especial en zonas apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono, teniendo en cuenta las dificultades específicas de las mujeres que habitan dichas zonas para el ejercicio de este derecho. La construcción de la paz requiere además de la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular en la implementación del presente Acuerdo. Eso supone, por una parte, el fortalecimiento de las garantías y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera contribuyan a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social. Para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres es necesario valorar sus agendas sociales y reconocer su aporte como sujetos políticos en la vida pública, en especial cuando se trata de la promoción y defensa de sus derechos. Por otra parte que se asegure que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes. De esa manera la participación ciudadana se convierte en un verdadero complemento y al mismo tiempo en un mecanismo de control del sistema de representación política y de la administración pública. La promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, particularmente de mujeres, jóvenes y demás sectores excluidos del ejercicio de la política y, en general, del debate democrático, requiere de nuevos espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de la paz, tengan acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local. Adicionalmente, la construcción de la paz requiere que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus intereses. De igual manera, es necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder.

“Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz”^[5].

Tal como están planteadas estas reformas son apenas obvias en un proceso de modernización de un sistema político tan aberrante como el que tienen montadas las elites oligárquicas colombianas.

Pero al día de hoy esas reformas han sido un completo fracaso, aun si incluimos el flamante Estatuto de la Oposición^[6] expedido y convertido en papel mojado, toda vez que las fuerzas de la oposición colombiana son sometidas al asesinato, la represión y el atropello.

Las 16 circunscripciones electorales para las víctimas han sido bloqueadas por la maquinaria uribista^[7]; la reforma electoral derivo en un nuevo código electoral plagado de clientelismo^[8]; el nuevo Estatuto de participación jamás ha sido considerado y la presencia de la rosca de Timochenko en el hemiciclo legislativo es una vergüenza para el movimiento popular dado su aplauso repetido a los generales que encontraron en esta facción su más firme aliado.

Así que la reforma política para la paz resultó un gran fracaso, explicando así la conformación de un nuevo ciclo de violencia y guerra en Colombia, en el que los frentes de las Farc EP (los de la primera Marquetalia) que se marginaron de tal pacto (1, 7, 3, 62,Carolina Ramírez, Comando Coordinador de Occidente, 43, 36, 33, 18), con la autoridad y legitimidad que les da esa consecuente posición revolucionaria, convocan y lideran la histórica resistencia agraria colombiana contra el régimen oligárquico y su modelo neoliberal de explotación de los trabajadores.

 Notas

^[1] Ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 2021 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/proceso-de-paz-las-cuentas-del-gobierno-en-el-balance-de-los-acuerdos-de-paz-559637

^[2] Ver en el siguiente enlace electrónico del 12 de enero del 2021 https://colombia.unmissions.org/nota-de-prensa-del-informe-trimestral-del-secretario-general-de-naciones-unidas-ante-el-consejo-de-0

^[3] Ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 2021 http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/08/Punto-de-Encuentro-65-Participacion-en-las-reformas-politicas.pdf

^[4] Ver en el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 201 http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

^[5] Ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 2021 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/finAcuerdoPazAgosto2016/12-11-2016-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf

^[6] Ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 2021 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87302

^[7] Ver el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 2021 http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2017%20-%202018/PAL%20016-18%2016%20Circunscripciones.pdf

^[8] Ver en el siguiente enlace electrónico consultado el 12 de enero del 2021 https://www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-electoral-para-la-paz/