En el año 2020, para estos días, parecía que el golpe de estado en Bolivia se consolidaba y que la historia volvía sin remedio a las catacumbas. El horror ganaba las calles y las instituciones veían a los buitres, construir los nidos para la rapiña y el saqueo de las arcas y los recursos obtenidos con aciertos en lo económico y en lo político durante catorce años.

La utilización del Estado para fines personales y de grupos, volvía a victimizar a un pueblo que, en medio de una pandemia sin igual, se debatía entre la vida y la muerte ante mirada indiferente de una dirigencia racista y reaccionaria.

Eran tiempos de soledad y desamparo, en los cuales ser boliviano era una nomenclatura estadística, alejada del sentido de Patria y de la fraternidad étnica.

El Estado protector, articulador, posibilitador, visibilizador y plurinacional, estaba siendo desmontado por una secta neoliberal inescrupulosa, que pensaba que el poder se decreta, que la realidad se encuentra en sus deseos y que más allá de eso, todo es manipulable y justificable.

No creyeron en el pueblo, menospreciaron su capacidad de comprender y asimilar la realidad para transformarla; ellos pensaron que sus fines y sus medios eran invariables y que la soberbia, el desprecio y la intolerancia, se blandirían eternamente como estandarte triunfador de los nuevos conquistadores del Aby Ayala.

En estos días, que son días de resurrección, la soberbia es temor y fuga, la intolerancia es silencio y el sueño del conquistador, comienza a transformarse en pesadilla. El pueblo plurinacional apareció con sus votos y su confianza en el futuro, para seguir construyendo con más experiencia y con el dolor y el sacrificio a cuesta.

En octubre de 2020 el MAS ganó las elecciones con el 55,1%; a diferencia de lo que muchos especulaban, gran parte de esa votación provino de lugares que los multimedios de desinformación atribuían a la oposición.

Según el economista y analista electoral Armando Ortuño, el supuesto predominio de las oposiciones en las ciudades y el MAS en el campo, no fue tal, Ortuño plantea “el MAS obtiene 48% en las metrópolis; estamos hablando de estas zonas súper concentradas, como La Paz-El Alto, Cochabamba, Santa Cruz”.

De acuerdo al mapa pos electoral realizado por la Fundación Friedrich Eberth (FES) y analizado por Ortuño y el politólogo y comunicador José Luis Exeni en el programa de internet “Piedra, Papel y Tinta” del medio de comunicación “La Razón”, la apariencia de que “las capitales de departamento eran sobre todo de la oposición, y el reino del MAS era el campo, el área rural del país”, no se correspondía con la realidad.

En el trabajo sobre la votación del 18 de octubre, se ubica a las áreas como: “metrópoli” (los conurbanos como La Paz-El Alto o Cochabamba Quillacollo), “ciudades” (sobre todo las capitales de departamento), “localidades intermedias” (de 10.000 a 50.000 habitantes), “pueblos”, y “localidades rurales y comunidades”.

En esta relación, el MAS obtiene alrededor del 55% de la votación, en las localidades intermedias, “que no es que son rurales; estamos hablando de Quillacollo, Sacaba, Yacuiba, donde el voto por el MAS es mayoritario”.

Ortuño analiza, lo urbano es la suma de las metrópolis, las ciudades, pero también las localidades o ciudades intermedias. “En ese mundo urbano complejo, la contienda electoral es mucho más equilibrada que la caricatura (el campo para el MAS y las ciudades para la oposición)” … “es el evidente predominio del masismo en la categoría localidades rurales y comunidades, donde casi 80% de los votos invariablemente se los lleva el MAS”.

Ortuño, ejemplifica en torno al fenómeno urbano, señalando lo ocurrido en La Paz y Cochabamba y destaca “hay dos ciudades”, la de la oposición, cuyo triunfo se concentra en el centro de la ciudad, Obrajes, Calacoto, hasta cerca de Cota Cota; y cómo el MAS sienta presencia mayoritaria en todos los barrios que rodean a ese centro, “a medida que se va subiendo a la ladera, va volviéndose azul”; lo mismo pasa en Cochabamba, donde del centro hacia la zona norte es opositora, y hacia el sur y resto, se hace masista”.

El politólogo José Luis Exeni, señala que en lo que respecta a las circunscripciones uninominales, donde se vota directamente por el diputado, el 70% del voto uninominal lo concentra el MAS, que ganó en 49 circunscripciones, y en 21 la suma de las oposiciones; además, ganó en las siete circunscripciones especiales indígenas que hay en el país y remarca “Esto se debe a la presencia territorial del MAS, con candidatos en todos lados, lo que no siempre logran sus oposiciones nacionales y locales”.

Con este análisis interesante, podremos entender mejor lo que pueda pasar en las próximas elecciones sub-nacionales del 7 de marzo. Se trata de las elecciones departamentales, regionales y municipales para elegir a los gobernadores de los 9 departamentos que componen a Bolivia, así como Subgobernadores, vicegobernador, ejecutivos seccionales y corregidores; Asambleístas departamentales, Asambleístas territoriales, por población, indígenas, regionales y campesinos y Alcaldes municipales y Concejales municipales​.

Toda una revolución político-social en el marco de un gobierno popular y un proyecto político estratégico, en el cual la discusión política vuelve a fortalecer las conciencias y a proyectar a jóvenes representantes populares.

Esta resurrección del Estado Plurinacional, posee una impronta ideológica muy fuerte en la acción de gobierno y fundamentalmente en la actitud del presidente Luís Arce en la lucha contra la corrupción y el despilfarro que simbolizo a la gestión golpista.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunciaba en conferencia de prensa, que el presidente Luis Arce, en breve pondría una política de austeridad que implicaría la anulación de gastos suntuosos y de cargos innecesarios en empresas públicas, entre otras iniciativas.

Recordó que, Arce está dando la línea en esta materia, al optar por vuelos comerciales en sus viajes al interior de Bolivia y no usar la Residencia Presidencial. “Pequeñas señales que nos muestran el camino que debemos seguir todos en el servicio público” …  “El gobierno de facto (de Jeanine Áñez) creó cargos ejecutivos en muchas empresas públicas, en las que decían no creer, de gerentes y asesores con sueldos altísimos. Se está procediendo a eliminar estos cargos,”.

Otra muestra orientadora de los pasos que sigue el gobierno para el rescate del Estado como herramienta al servicio del pueblo, se manifestó en el acto por el 84 aniversario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde el presidente Luis Arce emplazó a los ejecutivos y trabajadores petroleros, empezar en 2021 la construcción de la planta para producir biodiesel y sustituir la importación por sus efectos negativos no solo para la empresa, sino para los indicadores económicos.

Arce planteó la situación de la siguiente manera: “Barril que importamos implica dólares que salen, pagar más por la subvención y disminuir la producción interna”.

El país subvenciona los hidrocarburos para mantener vigilado el precio que paga el consumidor final, por tal motivo ve necesario acelerar la sustitución de la importación.

Otro elemento fundamental para la recapitalización del Estado es el área impositiva y para ello el gobierno promulgo la Ley que consagra el “Impuesto a las grandes Fortunas” y así lo manifestaba el presidente Arce; “Para la redistribución de la riqueza en Bolivia promulgamos la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, que se aplicará a quienes poseen un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos. El impuesto alcanzará apenas a 152 personas. El beneficio llegará a miles de familias bolivianas»: el mismo será anual y permanente para residentes en Bolivia, incluso extranjeros, con bienes, depósitos y valores que tengan en el país y en el exterior superiores a los 4,3 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020.

La ley manifiesta que, “La fortuna de las personas naturales está comprendida de manera enunciativa y no limitativa por los bienes inmuebles, muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro bien material o inmaterial, con valor económico de los cuales, sea titular o esté en posesión de ellos”, y agrega que los sujetos pasivos del impuesto son las personas naturales residentes en Bolivia, con fortuna situada o colocada en el territorio nacional y en el exterior,  además de las personas naturales no residentes en Bolivia, que tengan fortunas situadas o colocadas en el territorio boliviano.

Con estos y otros ingresos el gobierno garantizará el pago del Seguro Agrario a 13.695 productores cuyos cultivos fueran afectados por fenómenos climáticos como sequía, inundación, granizada y helada en cultivos de papa, maíz, trigo, frejol, quinua, yuca, haba, arveja, alfalfa, avena, ají y cebada que serán cubiertos por el seguro cuyo monto de indemnización es de hasta Bs 1.000 por hectárea afectada.

El director del INSA, Erik Murillo explicó “De acuerdo a estudios realizados por el Instituto del Seguro Agrario (INSA), un 96% de estos recursos son reinvertidos en los sistemas de producción de agricultura familiar a través de la compra de semillas, abonos, herramientas, fertilizantes y alimentos, éstos últimos como la fuente de energía para el trabajo de la agricultura familiar cuya principal característica es el uso de herramientas de labranza tradicionales y mano de obra familia”.

A contramano de la política irresponsable del gobierno de facto, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que fue otorgado un periodo de gracia de cuatro meses con posibilidad de una mayor ampliación para beneficio de los prestatarios del sistema financiero que ahora podrán entrar en un proceso de refinanciamiento y/o reprogramación.

Esta medida busca apoyar a los prestatarios no solo en este momento de crisis, sino a conseguir mayores recursos económicos con la finalidad de reactivar sus negocios. De esta manera los bancos podrán otorgar un tiempo de gracia para que los prestatarios vuelvan a pagar sus créditos.

Un Estado protector que contempla la organización de la sociedad en base a la distribución de los recursos de manera equitativa.

Pero no puede haber una recomposición social y política con impunidad, por tal motivo la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el último Informe Final de Conclusiones (Inf. Cemihon Nro 001/2019-2020) definió llevar a juicio la ex presidenta Jeanine Áñez, su gabinete de ministros y varias autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía, por graves delitos que comprenden, genocidio, asesinato, torturas, desapariciones y otros tipificados en el Código Penal boliviano.

Por la Vulneración de los Derechos y garantías Constitucionales, en los sucesos acaecidos en el país, por las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del 21 de octubre del 2019, recomienda un juicio de responsabilidades y otro ordinario contra la ex mandataria Jeanine Áñez, y juicios ordinarios contra su primer gabinete  y autoridades militares y policiales, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones graves, asociación delictuosa, privación  de libertad a terceros y desaparición forzada de personas por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani y Sacaba en Cochabamba y la planta de Senkata de El Alto.

El documento indica en sus partes concluyentes, “Se ha acreditado que las fuerzas conjuntas han utilizado armamento letal desproporcionado, lo que ha provocado “semejante violación a los derechos y garantías constitucionales” determinando que, “lo sucedido en Senkata fue genocidio y asesinato, ambos delitos de lesa humanidad”.

Además, afirma el documento que el Decreto Supremo Nro. 4078, firmado por Áñez y sus ministros, otorgó una “vergonzosa impunidad legal” al régimen y las fuerzas conjuntas de militares y policías, para perpetrar esos delitos, “violando la Constitución”, solicitando el enjuiciamiento por la vía ordinaria de las siguientes ex autoridades: Karen Longaric Gutiérrez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Coimbra Collao, Yerko Núñez Negrete, María Elva Pinkert De Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega por lo que las mencionadas exautoridades podrían ser acusadas por los delitos tipificados en el Código Penal, que comprenden la firma de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimientos de deberes.

Para los ex ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, el documento sugiere instaurar otros procesos penales por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y otros, por los hechos de Huayllani, Sacaba y Senkata, donde murieron más de 35 personas, según la Defensoría del Pueblo.

Los legisladores también identificaron a Jaime Zurita Trujillo, ex comandante de la Policía Departamental Cochabamba y Alfredo Cuellar, ex comandante de la Guarnición Militar también de Cochabamba, a quienes acusan de asesinato, genocidio y otros.

También señalan al coronel Iván Rojas Tellería, ex comandante de la Policía de La Paz, y al coronel Franko Orlando Zuares Gonzáles, ex comandante de Acción Conjunta por delitos de asesinato, genocidio y desaparición forzada de personas y otros.

Williams Kaliman, ex comandante de las Fuerzas Armadas, podría ser acusado en un juicio ordinario, por los delitos de asesinato, por haber autorizado la salida de las Fuerzas Armadas en los hechos de Ovejuyo en la Zona sur de La Paz y Betanzos en Potosí.

Además, se plantea otro juicio ordinario contra el coronel de la policía, Rodolfo Antonio Montero y Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante de las Fuerzas Armadas, quienes fueron posesionados en el régimen de Áñez, antes de los sucesos luctuosos en Huayllani, Senkata y Sacaba.

Así mismo, sugiere en su parte final, la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque Gutiérrez, por no haber acelerado los procesos por los hechos de Betanzos.

Una acción valiente y decidida de un gobierno que sabe que el pueblo, construye la democracia con su voto, y que en las calles es responsable de su destino.

Oscar Rotundo

Analista político del equipo de Periodismo Internacional Alternativo (PIA Global) https://www.facebook.com/rotundo.rotundo.12