“El Registro Nacional de las Personas (RNP) es un refugio de activistas políticos”

Edmundo Orellana, ex fiscal del Estado

Las autoridades de gobierno y demás actores que se benefician de las políticas, programas y proyectos aprobados entre 2014 y 2020, le apuestan al cumplimiento de una meta de crecimiento del PIB de 2.5% mínimo para 2021, después de una caída de cerca de 10% en 2020, a causa del Covid-19, ETA i IOTA, y los llamados problemas de arrastre como la corrupción, pobre gestión administrativa y mal manejo de los recursos de la cosa pública.

Hay varios argumentos para ello. En 1999, a causa de la tormenta tropical y huracán Mitch, la economía cayó en -1.9%, y creció en 4.5% en 2000; sin embargo, los efectos e impactos de la pandemia Covid-19 han sido permanentes, por lo que la comparación no cabe. Otro argumento es que Honduras le apuesta a una apertura total de la economía, sin importar el aumento del número de personas contagiadas que se ha traducido y traducirá en mayor demanda de atención hospitalaria, donde ya existe evidencia del cierre de salas de hospitales nacionales por aumento de pacientes que deben ser atendidos de emergencia y cuidados intensivos.

También se argumenta por funcionarios públicos que 2021 será el año de la reconstrucción nacional, tanto de la infraestructura física y vial dañada, como de la reactivación del sector agropecuario, salud, educación y protección social. No obstante, el monto de recursos requeridos no ha sido cuantificado ni está garantizado, aun cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) hable de pérdidas estimadas en 100,000 millones de lempiras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada de 5,000 millones de dólares, cerca de 122,000 millones de lempiras.

Sigue latente el problema de la corrupción y la falta de transparencia, ya que el gobierno de la República no ha podido convencer a la Cooperación Internacional, sobre todo bilateral, y pueblo en general, que las acciones que ejecuta (léase: creación del Ministerio de Transparencia, por ejemplo), son y serán efectivas en la captura y encarcelamiento de corruptos. Es más, con las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional, se abrió una puerta para que funcionarios públicos y diputados acusados de actos de corrupción salgan libres y se defiendan en libertad, lo que ha sido mal visto por organizaciones de sociedad civil y diputados de oposición en dicho Congreso.

2021, es también un año político, donde en el mes de marzo las fuerzas políticas irán a elecciones internas convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para elegir a los candidatos a la Presidencia de la República, Designados, diputados y alcaldes para las elecciones generales previstas para el mes de noviembre. Se ha cuestionado que todavía el Congreso Nacional no aprueba la Ley Electoral y el nuevo censo electoral no ha concluido “formalmente”, duramente cuestionado por cambiar centros de votación de los electores, tal como ha denunciado el precandidato a la Presidencia por el Partido “Salvador de Honduras”, Ingeniero Salvador Nasralla.

El Comisionado de Libertad y Refundación (LIBRE), en el Registro Nacional de las Personas (RNP), Oscar Rivera, fue acusado de recibir una especie de coimas” por otorgar plazas de trabajo a activistas de dicho partido. La dirigencia del Partido, encabezada por Manuel Zelaya, y la bancada de diputados en el Congreso Nacional, han aceptado la renuncia de Rivera, para poder esclarecer estas denuncias y no afectar a Xiomara Castro y demás candidatos en sus aspiraciones a la presidencia de la República.

Se habla que la depuración del censo electoral no será tan efectiva ya que pueden incluso votar los muertos, tal como sucedió en las elecciones pasadas donde se denunció un fraude a favor del Partido Nacional en el poder y su candidato, el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH). Las denuncias crecen por el hecho de la falta de confiabilidad en el proceso de emisión y entrega de la nueva tarjeta de identidad, como también por las prácticas tradicionales para las elecciones internas, ya que pueden movilizarse votantes entre corrientes y partidos para favorecer o perjudicar determinados candidatos; aunque, las autoridades del RNP muestren evidencia que se han “enrolado” en tiempo récord más de 5 millones de hondureños, como parte del nuevo censo electoral en marcha.

El proceso de contratación de empresas para la trasmisión de los resultados electorales se vio también empañado por el retiro de la firma colombiana Misait (Indra), que no participará de dicho proceso de selección y contratación, donde era una de las oferentes de este servicio tecnológico,

JOH apuesta a la reconstrucción económica y social sostenible, con el apoyo de la cooperación externa, especialmente los organismos multilaterales de crédito. Es evidente el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial al gobierno, más allá de las denuncias de corrupción. Y es que JOH y su equipo han seguido a pie juntillas las recetas de dichos organismos en el logro de objetivos de estabilización económica, antes y durante 2020, lo que contrasta con el ordeño de las arcas del Estado para pagar las deudas de la ENEE con los generadores de energía, y la destrucción de los recursos naturales, fuentes de agua y biodiversidad por el extractivo minero, forestal y agrícola.

La flexibilidad introducida, sobre todo en la política monetaria y financiera, no ha tenido el impacto esperado, como ejemplo un rápido acceso de la población a crédito productivo blando y solidario, que permita una disponibilidad de recursos sufiente para que los pequeños productores agrícolas y las micro y pequeñas empresas no mueran. Estas políticas incluyen rebajan en la Tasa de Política Monetaria (TPM) y canalización de recursos públicos y multilaterales para crear fideicomisos y programas de crédito coordinados por el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BAHPROVI), como canalizador de fondos a la banca privada y demás intermediarios financieros. La banca privada hondureña ha avanzada en el crédito corporativo, pero muy poco en el crédito solidario y de apoyo a los sectores más golpeados por pandemias y fenómenos naturales.

Honduras enfrentará los retos de la reconstrucción nacional con un mayor endeudamiento externo y unas finanzas publicas sin márgenes para aumento y ajuste en las tasas impositivas. Pero, el desafío mayor vendrá del sector real, con niveles de pobreza, indigencia e inseguridad alimentaria alarmantes, y una crisis de empleo sin precedentes en la historia del país. El gobierno sigue siendo muy optimista en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), aunque ya venía en picada. La esperanza recae en las remesas familiares y en 7,800 millones de dólares como reservas monetarias netas al 15 de diciembre de 2020, pero, a nivel agregado, su uso no es el más productivo ni óptimo para las familias. Sigue apegado al manual del FMI, de garantizar más de 6 meses de importaciones, aunque las demandas de divisas sean de menor tiempo. En este marco, economistas independientes y otros ligados al partido LIBRE, exigen al Banco Central que un porcentaje de dichas remesas se destine a la rehabilitación, reconstrucción y reactivación nacional, pero utilizando formas de organización social e intermediación financiera alternativas a los esquemas corporativos tradicionales. Hay experiencias destacables, como los bancos comunales y las cajas de ahorro local manejadas por mujeres, que deben potenciarse.

Hay, finalmente un problema de tiempo. Las cifras de coronavirus no bajan, y afectan a 123,822 personas, con el 55.4% localizado en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán; son 3,186 muertos contabilizados por el sistema oficial, pero la evidencia demuestra que son mucho más. Se habla por los galenos que puede haber ingresado al país la nueva “Cepa” del coronavirus, y se tenga que volver al confinamiento de inicios de 2020. El gobierno habla de vacunar al 81% de la población hondureña, pero las expectativas de la población es que no alcance ni a la mitad, ni empiece pronto, iniciando en el mes de abril.

El aumento de los casos Covid-19, los problemas del RNP y la falta de recursos para enfrentar, en la cuantía requerida, las demandas económicas y sociales de la población que deberán plasmarse en programas y proyectos en el Plan de Reconstrucción Nacional, aumenta las voces para que las elecciones internas se realicen a medio vapor o se pospongan, lo que la oposición política no permitirá según sus dirigentes, ya que es un aliciente para llenar con más basura política el expediente de la reelección presidencial.

Tanto el Plan de Reconstrucción Nacional, como las políticas de reforma electoral y transparencia en el manejo de la información electoral, ameritan el involucramiento directo de estos dirigentes políticos, en tanto supone un compromiso de país y no solo del partido en el poder.

Tegucigalpa, Honduras, 7 de enero de 2021