Los datos de la pobreza que difunde en estos días la Universidad Católica de la Argentina, la UCA, son muy interesantes para pensar el país, la región y el mundo¹. Son datos convergentes con los que oportunamente difunde el Instituto de Estadísticas y Censo, el INDEC. Por eso son de interés para el análisis, ya que anticipan la información oficial y resulta confiable para la consideración económica, política, cultural y social. Al mismo tiempo, la OIT informó a principios de diciembre sobre los salarios en el mundo para el 2020/21, en el marco de la pandemia por el COVID19, con resultados que ratifican la tendencia al empobrecimiento de millones de personas, por baja de salarios y pérdidas de empleo².

En rigor, ambos informes no solo explicitan el crecimiento del empobrecimiento por la pandemia del COVID19, sino como proceso que se arrastra con antelación y que, cruzando los datos, se verifican tendencias del capitalismo contemporáneo, que corrobora el Informe anual del Credit Suisse³. Lo que se ve es una expansión abismal de la grieta de ingresos y en definitiva de riqueza entre muy pocos que acumulan patrimonio y renta, y millones en condiciones de vida cada vez más precaria. Resulta preocupante la situación del empobrecimiento en la Argentina, por su historia y potencialidad, por territorio, climas y una población con calificación y organización social de larga trayectoria. En realidad, se trata de un fenómeno global con especificidades propias que deben ser consideradas especialmente.

Para el tercer trimestre del 2020 crece la pobreza y la indigencia en la Argentina contra el mismo periodo del 2019. Si era del 40.8%, el guarismo de personas bajo la línea de la pobreza se amplió hasta el actual 44,2%. En materia de hogares bajo la pobreza pasó del 32,1% al 34,9%. La indigencia registra en el periodo un 10.1% de personas y 7,3% de hogares por debajo de la línea de indigencia.

El cuadro que sigue da cuenta de esos valores y de la evolución de los datos en la última década. Está claro que se agrava en este año por impacto de la pandemia, sin duda, pero el arrastre viene de lejos. No se trata de un problema novedoso. Es ya un tema estructural que se prolonga por años y sin vista de solución en el corto o mediano plazo. Ello supondría una discusión existente sobre el orden socioeconómico y las relaciones sociales de producción y distribución. De punta a punta el dato de la pobreza evoluciona del 31,8% al 44,2% sin horizonte cercano de mitigación importante.

La UCA señala que el nuevo escenario paralizó la inversión y el consumo, dos claves de la ecuación macroeconómica que incluye también el comercio internacional. Este se encuentra atravesado por la situación de parate o desaceleración del comercio mundial y por las propias restricciones locales en el vínculo con el exterior, entre otras cuestiones por los límites en la disposición de divisas y la inestabilidad en torno a la capacidad de controlar el precio de la moneda extranjera. Por ello, la dinámica interna se define en el consumo y la inversión, categorías ambas afectadas por las condiciones de larga recesión. El problema se registra principalmente en los ingresos populares, especialmente los salarios y en el empleo. Como sostuvimos, es coherente con las conclusiones del informe mencionado de la OIT, donde se ratifica el crecimiento de la informalización e irregularidad en el empleo. La baja en el empleo regularizado acontece en todo el mundo, por ende, la tendencia es a la precariedad laboral y salarial. Es una realidad que confirma la tendencia al empobrecimiento de millones de personas.

En el informe de la UCA se destaca que, para la población de niños y adolescentes, el registro de la pobreza alcanza a un 63% de los menores de 17 años. Es algo que compromete el futuro, ya que una población infantil y adolescente sin acceso a recursos adecuado para una buena nutrición afecta el normal desarrollo físico e intelectual. El tema resalta en el cuadro que sigue, agravado en este 2020, pero con arrastre de años donde la niñez resulta la más afectada en los registros de pobreza.

Por su parte, el informe de la OIT señala que antes de la pandemia millones percibían por debajo del salario mínimo y que en el 2020 se percibe una caída de salarios en los 2/3 de países con estadísticas, lo que nos hace pensar en una situación más grave proveniente de aquellos países con escasa información.

Destaca el informe que los más afectados son las mujeres y los trabajadores de ingresos bajos. No hay duda de la discriminación al trabajo femenino y que los más perjudicados durante la pandemia son las trabajadoras y los trabajadores de ingresos reducidos.

Se agrava la desigualdad, no solo entre ricos y pobres, sino entre los propios trabajadores y trabajadoras, por diferencias de ingresos y la situación de regularidad o irregularidad en el empleo.

Un elemento interesante que recogen ambos informes alude a las extendidas políticas socioeconómicas de contención ante la gravedad de la crisis.

En efecto, las medidas fiscales asumidas para compensar la baja de salarios y empleo se reflejan en las mediciones respectivas. Señala la UCA que, de no haberse asumido una asistencia en dinero a millones de personas, el dato de la pobreza más que del 44,2% hubiese alcanzado al 53,1%.

Resulta un dato de interés, porque en la discusión de la coyuntura, local y mundial, se analiza la cuestión fiscal como un tema central. Es más, el debate supone analizar quien debe sostener la ampliación del gasto público por la recesión y la crisis sanitaria. Mucho más en un tiempo donde la hegemonía de los argumentos hace propaganda contra el gasto público y la necesidad de la austeridad fiscal. En los medios de comunicación tienen un peso sobredimensionado los comentaristas de un mensaje liberal a ultranza que pregonan el achique del gasto público como solución a todos los problemas económicos. Son argumentos a contramano de la prédica de los informes que comentamos.

El titular de la OIT, Guy Ryder destaca el problema del crecimiento de la desigualdad entre trabajadores y trabajadoras formales, junto a una tendencia a la informalización del empleo, con pérdidas de ingresos por salarios y empleos regularizados La baja de empleo y los salarios incrementa la desigualdad entre ricos y pobres en todo el mundo. Sostiene también que lo que crece es la pobreza y la inestabilidad económica y social. El resultado de ello es previsible en procesos de conflictividad de incierto resultado. Por todo ello, el titular de la OIT concluye en la importancia de sustentar las políticas activas en pro del empleo y los salarios. Especial atención le asigna a la pérdida de ingresos de los trabajos de cuidado y el relativo a la docencia.

Son conclusiones del informe de la OIT, convergentes con el llamado de atención de las referencias de la UCA y por eso la importancia de discutir la cuestión fiscal, es decir, quien debe financiar al Estado y que destino asignar a los recursos públicos.

Es un tema que adquiere actualidad en la Argentina con el impuesto a las grandes fortunas que se acaba de aprobar. Es ley el “aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas”, que apunta a recaudar recursos a quienes tengan patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que equivalen a unos 2,3 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Serán sujetos del aporte unas 10.000 personas, que, para casi 45 millones de habitantes, apenas representan el 0,022% de la población. Una ínfima minoría de elevada concentración de riqueza.

Las alícuotas son progresivas, escalando desde el 2% hasta los 300 millones de pesos, para subir a 2,25% en el rango de los 300 a 400 millones; del 2,50% entre 400 y 600 millones; 2,75% entre 600 a 800 millones; 3% entre 800 y 1500 millones; 3,25% entre 1.500 y 3.000 millones y 3,5% a quienes detenten más de 3.000 millones de pesos. Por el patrimonio fuera del país se agregará una tasa de incremento del 50%, salvo que haya repatriación de un 30% y entonces no existirá el recargo. Se estima recaudar un poco más de 300.000 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial representan unos 3.500 millones dólares.

Ahora, aprobada la ley será importante que se reglamente para una pronta ejecución, aunque es previsible un largo camino de demanda judicial de los sujetos del aporte, tal como lo anticipan cámaras empresarias, el lobby mediático y referentes políticos e ideológicos de los grandes propietarios, quienes no están dispuestos a resignar cuota de ingresos y riquezas. No existe en buena parte de ellos espíritu de solidaridad. Reclamarán ante la justicia por la inconstitucionalidad del gravamen. Argumentan que es un impuesto confiscatorio.

Hay que atender la pandemia es el argumento oficial para la sanción del gravamen. La recaudación tendrá cinco destinos: a) 20% para salud, b) 20% educación, c) 20% pymes, d) 15% en barrios populares, 25% producción de gas. El destino al gas es objetado desde sectores críticos al modelo productivo extractivista a manos de transnacionales de los hidrocarburos, con quienes negociará la empresa estatal.

Ya es ley y habrá que ver cómo termina la objeción judicial y la capacidad estatal para recaudar una masa que interesa en el marco de la crisis sanitaria y de recursos, cuando desde OIT y otros organismos internacionales se sostiene que hay que mantener la política fiscal de contención de los sectores más desfavorecidos, aun emitiendo enormes masas de recursos.

El horizonte de preocupación no es solo el 2020 sino también el 2021 y quizá más allá, aun cuando haya vacuna y se empiece la recuperación económica, un fenómeno previsible ante las aperturas de diversas actividades. Hay que reconocer que estos efectos son causas de la forma de funcionamiento del capitalismo de esta época.

Aún dentro del capitalismo, hasta el poder mundial más racional, si es que eso es posible, reconoce que se requieren políticas activas para defender el empleo y el salario, que se requieren de recursos suficientes para atender necesidades sociales en el marco de un capitalismo depredador que afecta con pandemias, caso del COVID19, que no será la última y que pasa a ser constitutiva de la nueva normalidad de la civilización actual.

Es más, en el informe de la riqueza 2020 del Credit Suisse ya mencionado se señala que el 1% superior de los hogares en el ámbito mundial es poseedor del 43,4% de toda la riqueza. En el otro extremo, el 53,6% apenas asume el 1,4%, dando cuenta de la enorme desigualdad en el orden capitalista contemporáneo. Es una realidad verificada en variados estudios y que en pandemia y recesión se consolidan.

La figura muestra con claridad que el 83,9% de la riqueza acumulada en el ámbito mundial es concentrada por apenas el 12,4% de la población más enriquecida.

En la figura siguiente puede verse la concentración en “número de millonarios en dólares (% del total mundial) por país, finales de 2019” según el registro de la riqueza del Credit Suisse, destacando EEUU en primer lugar y la sorpresa, con crecimiento de millonarios de China.

No se trata de confirmar que el mal es global, porque como señalamos hay especificidades nacionales y, además, la acción política puede ser internacional, pero es sin duda nacional, y por ende, existe el desafío de encontrar formas de solución en cada país y una convergencia de acción internacional de los pueblos para ir en contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2020

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.
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