Las elecciones legislativas en Venezuela, que se realizarán en un contexto de gran adversidad, son un paso importante en la recuperación democrática de la institucionalidad frente a la oposición respaldada por Estados Unidos

El 6 de diciembre, el pueblo venezolano votará por una nueva Asamblea Nacional. Por lo general, no hay nada inusual en esto, ni sería de interés periodístico fuera de Venezuela. Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998, el pueblo venezolano se ha acostumbrado a más de una elección nacional al año (esta elección legislativa es la 25ª en 21 años); estas han sido las elecciones presidenciales, las legislativas y los referendos para fortalecer la Constitución de 1999. En la superficie, esta es solo otra de estas elecciones que ha servido para profundizar el significado de la democracia en Venezuela.

Pero, en estos días, incluso la celebración de elecciones es una contienda entre el pueblo venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Desde que Chávez se convirtió en presidente, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados han tratado de desestabilizar al gobierno de Venezuela, incluso mediante esfuerzos directos de cambio de régimen. Cuando quedó claro que Chávez y la Revolución Bolivariana, que él dirigía, tenían un fuerte apoyo popular y no podían ser derrotados en las urnas, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados presionaron para deslegitimar la soberanía política de Venezuela.

Fuertes desacuerdos marcan la arena política venezolana, donde la oligarquía mantiene sus propias plataformas políticas y sigue intentando socavar y derrotar a la Revolución Bolivariana. Estas fuerzas —ahora denominadas oposición— han disputado elecciones desde 1998, con algunos avances sin duda, pero sin poder imponerse. En 2015, por ejemplo, la oposición logró la mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional y ha controlado la Asamblea durante los últimos cinco años. El hecho mismo de que la oposición ganó en 2015 demuestra que hay un sistema electoral robusto en el país. En ese momento, no hubo ninguna queja por fraude.

Una oposición hecha en Washington

En lugar de asumir su deber constitucional de gobernar junto al presidente Nicolás Maduro, sectores de la oposición decidieron operar como un ala de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Uno de los legisladores, Juan Guaidó (que había ganado su escaño en el estado de Vargas), se dejó convertir en instrumento de un intento de golpe político estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2018. La oposición a la Revolución Bolivariana siempre ha sido dividida y no ha podido encontrar una unidad de propósito. Una de las divisiones más importantes está en el eje de subordinarse o no al gobierno de Estados Unidos. Figuras como Guaidó estaban bastante felices de ser un instrumento de Donald Trump y Mike Pompeo, mientras que otros dejaron en claro que este era un enfoque antipatriótico, incluso traidor. Desde 2015, la oposición ha enfrentado una crisis existencial en torno a esta cuestión del nivel de apoyo de Estados Unidos a su proceso político; toda la influencia de Guaidó dependió de su apoyo de Washington, más que de sus propios electores o de la oposición.

La Constitución venezolana exige una elección a la Asamblea Nacional antes del 5 de enero de 2021, cuando un nuevo grupo de legisladores debe prestar juramento. Es por eso que la elección se lleva a cabo el 6 de diciembre. Algunos sectores de la oposición que derivan su poder de Washington, como el bando de Guaidó, habían decidido desde el principio boicotear las elecciones alegando que serían fraudulentas. No han proporcionado evidencia para estas afirmaciones; los medios del Atlántico Norte no requirieron pruebas para repetirlos, ni tampoco este medio abordó el simple asunto de las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015 habiendo favorecido a la oposición. En lugar de disputar el poder por medios democráticos de elecciones o legislación propuesta, la oposición de Guaidó busca tomar el poder por medios no democráticos. Ganar las elecciones parece menos importante que deslegitimar el proceso electoral y democrático.

Interferencia de EUA en las elecciones

El gobierno de Estados Unidos, con el apoyo bipartidista tanto de republicanos como de demócratas, ha intervenido activamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2020 en Venezuela. En septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios del gobierno venezolano: Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza (el fiscal general), David Eugenio De Lima Salas (un ex gobernador) y dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral: Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra. Indira Alfonzo es la presidenta del Consejo Nacional Electoral y una ex jueza muy respetada con vínculos de larga data con la oposición. El gobierno de los EE. UU. afirmó, sin proporcionar pruebas, que estos funcionarios eran parte de un «plan de interferencia electoral para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020». La interferencia del gobierno de Estados Unidos continuó a finales de ese mes con su posterior sanción a cinco líderes de la oposición que decidieron participar en las elecciones; el Departamento de Estado de Estados Unidos los sancionó por su “complicidad” en las elecciones.

Los políticos de oposición que enfrentan esta presión de Washington también enfrentan una base descontenta en Venezuela que ha estado luchando contra esta política de abstención y boicot. Muchos de los miembros del partido de estos grupos de oposición han demandado a sus líderes exigiendo su participación en las elecciones. Están hartos de la estrategia de desgaste de Guaidó y de la subordinación de Guaidó al Departamento de Estado de Estados Unidos.

Por esa razón, hay más de 14.000 candidatos de 107 organizaciones políticas, de las cuales 98 identificadas como partidos de oposición. Se disputarán los 277 escaños (aumentados de 165 para reflejar mejor el crecimiento de la población y una mayor capacidad de participación democrática).

La Asamblea Nacional de Venezuela ha estado estancada desde que Washington la convirtió en un instrumento para el cambio de régimen. Ahora, con esta elección, se espera que se reanude el proceso legislativo. Una nueva Asamblea Nacional podría nombrar a funcionarios clave y podría discutir la legislación para abordar la pandemia; debe convertirse en un lugar de diálogo sano entre el gobierno y la oposición, que ha sido secuestrada por Washington y por Guaidó. Más que cualquier otra cosa, esta Asamblea Nacional supondría un desafío legal para los gobiernos y bancos de Europa y Estados Unidos que han congelado al menos $ 6 mil millones de fondos venezolanos y confiscado activos como Citgo; ya no tendrán al supuesto gobierno interino de Guaidó como excusa para sus acciones.

Venezuela gana solo con la celebración de elecciones. Ese es el resultado final.

2 de diciembre de 2020

- Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es el editor en jefe de LeftWord Books y director de Tricontinental: Institute for Social Research. Es miembro senior no residente del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad Renmin de China.

- Carlos Ron es el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América del Norte y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos.

Este artículo fue elaborado por Globetrotter.