Este 24 de noviembre se cumplieron cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el Teatro Colón de Bogotá. Este proceso prolongado en el tiempo pues las negociaciones iniciaron en febrero de 2012 y culminaron en agosto de 2016 fue un proceso accidentado y lleno de obstáculos pues el consenso que imperó en procesos de negociación del Estado con actores armados había contado con el consenso del bloque en el poder hasta ésta negociación con las FARC en que el sector terrateniente y algunos gremios empresariales se opusieron por el contenido mismo de las negociaciones que en esta ocasión incluyeron proyectos ambiciosos de reformas económicas, políticas y sociales así como de justicia para las víctimas que no habían sido contempladas en procesos anteriores.

Un plebiscito que buscaba dar mayor legitimidad al proceso fracasó el 2 de octubre de 2016 en que una fuerza política variopinta al centro de la cual estaba el uribismo aliado con las iglesias cristianas evangélicas y con el silencio cómplice de las jerarquías de la Iglesia Católica y con sectores del partido Conservador, así como con gremios de terratenientes y empresarios, logró ganar dicho plebiscito por menos de 60 mil votos en medio de una gran abstención. El uribismo desplegó una campaña de mentiras para que la gente saliera a votar berraca como en efecto lo logró y sobrevino una intensa negociación entre el gobierno y los opositores al proceso. De los 63 puntos de objeciones se negociaron 58 que fueron incorporados al Acuerdo Final, pero eso no logró acallar ni desmovilizar a los opositores que exigían prácticamente el desmonte del acuerdo con la exigencia de cárcel para los dirigentes de la guerrilla, el no reconocimiento del carácter político del conflicto armado, desconocer la conexidad del delito del narcotráfico con la rebelión y desmontar el complejo sistema de justicia transicional que se había pactado. Lo que buscaban los opositores era un imposible, pues, la guerrilla no había sido derrotada y lo que buscaban los opositores era que la guerrilla se sometiera, se rindiera.

Finalmente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, optó por presentar el acuerdo final a consideración del Congreso de la República que lo aprobó y la Corte Constitucional en fallo histórico del mes diciembre de dicho año le dio su visto bueno final.

Hacer trizas el acuerdo…no se ha logrado pero el proceso está resquebrajado

Durante el resto del mandato del presidente Juan Manuel Santos, prácticamente unos 20 meses, se avanzó en algunos puntos de los acuerdos pactados, pero con el triunfo del uribismo que llevó a la presidencia de la República a Iván Duque, que ejerce desde el 7de agosto del año 2018, los acuerdos avanzan a un ritmo muy lento en algunos aspectos como la reincorporación de los excombatientes en otros no se ha avanzado y en algunos otros el proceso es saboteado. Quizás dos obstáculos son los más preocupantes ahora. El primero el asesinato de 243 excombatientes con altos niveles de impunidad y segundo el bajísimo nivel de los programas de reincorporación productiva que apenas cubre a un tercio de los 13.800 excombatientes. Y dentro de los saboteos el más grave el entrampamiento que sufrieron Iván Márquez y Jesús Santrich, negociadores del acuerdo de La Habana en un verdadero complot entre la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA y la Fiscalía de Colombia en cabeza del entonces fiscal, el corrupto Néstor Humberto Martínez. El desenlace fue el rearme de estos exguerrilleros que ven sus actividades fortalecidas por los incumplimientos del gobierno de Duque en el desarrollo de los acuerdos. Sin embargo, más del 90% de los guerrilleros desmovilizados se mantiene en el proceso pese a todo lo que se ha presentado.

Quisiera hacer un balance sucinto, apretado, de lo que se ha logrado implementar y en dónde están los obstáculos e incumplimientos mayores. El primer punto del acuerdo se refiere a la reforma rural integral en este punto los avances son mínimos como lo veremos a continuación. En el centro del acuerdo esta la conformación de un Fondo de Tierras para la paz que fue reglamentado mediante un decreto ley y pasó la revisión casi un año después, en el año 2018, en la Corte Constitucional. Este fondo debería contar con tres millones de hectáreas de tierras productivas para ser distribuidas gratuitamente entre las víctimas del conflicto armado y campesinos sin tierras. Dos años después de reglamentado el fondo y según informe del mes de octubre del presente año de la Procuraduría General de la Nación a la fecha solo se han distribuido 8.230 hectáreas. El incumplimiento es mayúsculo pues el acuerdo estableció un plazo de 12 años para cumplir con este punto del acuerdo.

El acuerdo contempló la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de tierra en manos de pequeños y medianos campesinos que no han legalizado su propiedad. Para ello se requiere un proceso de levantamientos topográficos actualizados. Este punto ha tenido avances significativos pues se prevé pasar de un 5.6% de información actualizada del catastro al 60% en el año 2022. Es de esperar que con esta actualización se pueda pasar rápidamente a la formalización de la propiedad que depende de que se avance en esta parte del proceso.

El acuerdo contempló una acción estatal en los 170 municipios que fueron el escenario de la confrontación armada entre las FARC y el Estado y en donde las FARC ejercieron un control militar y por supuesto también en su vida social, económica y política. Allí es donde han predominado los cultivos de uso ilícito principalmente la coca y la minería ilegal que eran las fuentes principales de ingresos de la insurgencia. En estos municipios deberían ponerse en marcha 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, para beneficiar a más de cinco millones de personas que viven en estos territorios. Los planes se han formulado y en el proceso participaron más de 220.000 personas lo que generó grandes expectativas. Los planes contemplan la realización de 32 mil proyectos. Según el informe de la Procuraduría a la fecha 75 empresas privadas proyectan la realización de 57 proyectos de vías terciarias y obras comunitarias en el programa de obras por impuestos, es decir, estas empresas dejaran de pagar impuestos por realizar estos proyectos.

Pero como lo advierte el informe de la Procuraduría el gran problema es que para la realización de los 32 mil proyectos no se han asignado los recursos. Entre tanto en estos municipios se recrudece el conflicto porque la Fuerza Pública no ocupó estos territorios al momento en que salieron de los mismos las FARC. Nuevos actores armados principalmente las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares llegaron allí a asesinar a los líderes sociales comprometidos con el proceso de erradicación de cultivos y con el proceso de paz y a apoderarse de estas actividades económicas ilegales. El 65% de los líderes y lideresas asesinados desde la firma de los acuerdos han muerto en estos municipios.

Reformas políticas también pocas

El punto de las reformas políticas contempladas en los acuerdos se ha cumplido también muy parcialmente. Se legalizó el Partido de las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que recibe fondos públicos como todos los partidos legales existentes en el país y un plus para actividades educativas y de promoción de esa agrupación política. Las FARC tienen 10 curules en el Congreso de la República otorgadas por el Acuerdo. Con la participación de todos los partidos políticos con la excepción del Centro Democrático se concertó y el Congreso de la República aprobó el Estatuto de la Oposición que estaba contemplado en el artículo 112 de la Constitución Política pero que no había sido reglamentado pese a los múltiples proyectos que se habían presentado.

Gracias a ese Estatuto hoy Gustavo Petro y Ángela María Robledo ocupan curules en el senado de la República y en la Cámara de representantes por haber obtenido la segunda votación en la elección presidencial del año 2018. Lo mismo ocurre con todos los candidatos que ocuparon el segundo lugar en las votaciones para elección de alcaldes y gobernadores en todo el país en las elecciones regionales del año 2019. Una bondad en la profundización de la democracia atribuible al Acuerdo de Paz.

Todo el resto del Acuerdo en materia política duerme el sueño de los justos. La propuesta de reforma política presentada por la Misión Electoral Especial presentada desde el mes de abril de 2017 no ha sido presentada integralmente al congreso ni aún bajo el gobierno de Santos quien presentó apenas una mínima parte de la misma. Ninguna de sus propuestas ha sido aprobada. Esta propuesta contemplaba la creación de un Tribunal Electoral adscrito a la rema judicial sin interferencia en el nombramiento de sus magistrados de los partidos políticos, la reforma del Consejo Nacional Electoral ampliándole funciones y garantizando una elección por fuera de los partidos como hoy ocurre lo que ha hecho de ese organismo un nido de politiquería y de corrupción. La impunidad en materia de delitos electorales es casi total. Otras propuestas como el financiamiento preponderantemente público para todas las campañas políticas ni siquiera fue presentado al Congreso. La propuesta está allí a la espera que la sociedad civil y la propia sociedad política se apropie de la misma para ponerla en marcha.

El otro gran componente de la reforma política era la aprobación de una Ley Estatutaria para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno de Santos apenas dejó un borrador no terminado pues no hubo acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que participaron del proceso de elaboración. Se discutieron 37 versiones del mismo. Este gobierno ni siquiera se ha dado por enterado que este es un compromiso de los acuerdos de paz.

El cuarto punto está relacionado con la política frente a la solución al problema de las drogas ilícitas. Dos son los grandes componentes de este punto. El primero la puesta en marcha de un programa sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para lo cual se creo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. A este programa se acreditaron 106 mil familias a las cuales no se les ha cumplido, apenas el 2.1 de todas las familias tiene proyecto productivo avalado para reemplazar los cultivos de coca. Allí el problema principal es la falta de financiamiento, para el año 2020 se requerirían recursos por 2.6 billones de pesos para cumplir con los compromisos y apenas se aforó un billón de pesos, de allí el incumplimiento del gobierno con el programa y el segundo factor es que el uribismo no cree en la sustitución voluntaria sino en la erradicación forzada y en la fumigación con glifosato y por eso todos los esfuerzos desde que el uribismo reingreso al poder han estado dirigidos a reemprender las fumigaciones aéreas. Aún no logra cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para ello, pero esa es su decisión. El segundo gran componente de este punto era la puesta en marcha de una política de tratamiento de las sustancias psicoactivas como un problema de salud pública y la realización de una conferencia internacional sobre el tema de la despenalización de estas drogas, por supuesto que nada de esto se ha realizado pues este gobierno no cree en esta política.

El Sistema Integral de Justicia para la Paz y la reparación a las víctimas

Uno de los rasgos distintivos del acuerdo de paz en Colombia que es nuevo en el mundo y por tanto es muy novedoso es el de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. El Acuerdo construyó un sistema complejo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Los tres organismos puestos en marcha y en pleno funcionamiento actualmente son la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas en relación con el conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Este sistema es el centro del ataque de los opositores del proceso y se entiende por cuanto a lo que más temen es a que la verdad histórica y la verdad judicial salgan a flote. La Comisión de la verdad deberá entregar su informe dentro de un año, en noviembre de 2021 y es objeto de reiterados ataques. Esta Comisión viene realizando su trabajo en distintas regiones del país y además de los ataques sufre de recortes en sus presupuestos, que es la manera como el gobierno de Duque debilita el cumplimiento de los acuerdos toda vez que no puede ni tiene herramientas para inmiscuirse en sus trabajos ni en sus deliberaciones. Todas estas entidades están blindadas para que realicen su trabajo con independencia y autonomía, entonces el único camino que les queda es el de ahogarlas por el financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades. Y eso hacen con las tres.

La Unidad de Búsqueda de las más de100 mil víctimas de desaparición forzada también se encuentra en pleno funcionamiento y ha comenzado a mostrar resultados conjuntamente con la JEP, uno de los más emblemáticos es la investigación sobre el Cementerio del Municipio de Dabeiba en Antioquia en dónde ya han recuperado 21 cuerpos de personas desaparecidas por el ejército y la policía. Justamente lo que ha permitido este hallazgo ha sido la confesión de miembros del ejército que están sometidos a la JEP.

La JEP ha seleccionado 7 macro casos que involucran aproximadamente a 380 mil víctimas. Estos macro casos son: (1) Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, es decir el delito del secuestro, (2) Caso territorial de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño, (3) Sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos), (4) Caso territorial de los municipios de Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodo, Mutatá y Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darien, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó), (5) Caso territorial que prioriza la grave situación de derechos humanos padecida por los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto tejada y Caldono (Cauca) y Jamundi, Florida, Pradera, Palmira y Candelaria ( Valle del Cauca), (6) Victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de Agentes del Estado y (7) Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. En su trabajo que comprende más de 30 mil diligencias realizadas, la JEP se apresta a finales de este año a presentar los primeros resultados pese a que fue boicoteada por el gobierno que no le permitió contar con su marco legal de actuación sino hasta el mes de junio de 2019. Hay muchas expectativas por las primeras decisiones de la JEP que se harán en el marco de la justicia restaurativa y reparadora.

El gran faltante en el desarrollo del punto quinto de los acuerdos es el de la reparación a las víctimas. Se buscaba reforzar la Ley 1448/2011 pero aquí tampoco fue diligente el gobierno de Santos pues el acuerdo planteaba una consulta nacional amplia con las víctimas cosa que se hizo a medias y que no culminó. Ahora y después de una decisión de la Corte Constitucional que prorrogó la ley por 10 años y su exhortación para que el Congreso mediante Ley de la República lo hiciera se acaba de aprobar por el Congreso dicha prorroga, pero esta ley es limitada y minimalista y lo que buscaba el acuerdo era robustecer los componentes de reparación individual pero también de reparación colectiva cosa que no se ha hecho y que durante lo que resta de este gobierno no se hará. Esta es una gran deuda del proceso con los 9 millones de víctimas que dejo el atroz conflicto armado entre el Estado y las FARC en los últimos sesenta años.

Finalmente, está el punto tres que se refiere a las condiciones de seguridad y a las políticas para garantizar la seguridad y la reincorporación económica y productiva de los excombatientes. Las políticas de seguridad han sido un fracaso. Al momento de escribir este texto han sido asesinados 243 excombatientes de las FARC en proceso de reinserción. Dos espacios territoriales tuvieron que ser cerrados por incapacidad del Gobierno para garantizar la vida y la seguridad de los excombatientes en Ituango, Antioquia y en La Uribe, Meta, el gobierno se declaró incapaz para proteger a los excombatientes que estaban en estos espacios territoriales. El primero fue trasladado a Mutatá en el mismo Departamento de Antioquia y el segundo no fue reubicado, los excombatientes que vivían allí están dispersos en diversos municipios del oriente del país. Los organismos que estaban encargados de diseñar y poner en marcha la política pública para sacar las armas de la política, diseñar una política de desmonte del paramilitarismo y ponerla en marcha han sido boicoteados por el propio Duque. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que él preside solo se ha reunido en siete ocasiones cuando debería hacerlo cada mes.

Y la Unidad de desmonte del paramilitarismo fue tomada por el corrupto fiscal Néstor Humberto Martínez, enemigo acérrimo del proceso de Paz, la actual vicefiscal, Martha Mancera fue la encargada de esa Unidad que se dedico a investigar los crímenes contra los excombatientes de las FARC cuando su misión era la de poner en marcha una política de desmonte de las estructuras paramilitares. De modo que aquí no hay que esperar tampoco muchos resultados mientras el fiscal sea el uribista Francisco Barbosa. En su respuesta a los cuestionamientos de la JEP señaló que hay abiertas 135 investigaciones por los asesinatos y 33 sentencias condenatorias y 20 casos en juicio, pero los que están en juicio o han sido condenados son los gatilleros o sea los autores materiales mientras que nada ha averiguado de los autores intelectuales o determinadores de estos crímenes.

Finalmente, los organismos veedores están en su tarea de monitorear el cumplimiento de los acuerdos, pero a mi juicio, falta contundencia sobre todo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene los instrumentos para conminar al gobierno por la seguridad de los excombatientes y por el cumplimiento de los acuerdos. De modo que a cuatro años de la firma el proceso esta muy resquebrajado y si bien no ha podido ser desmontado corre cada día serios riesgos por los reiterados ataques del gobierno.

Bogotá noviembre 26 de 2020

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur