A pocos días del 3 de noviembre, cuando en los Estados Unidos la ciudadanía movilizada se disponga a elegir a un nuevo Mandatario de la Nación, bien vale recordar un hecho infausto. El pasado 30 de abril, hace exactamente seis meses, se produjo un atentado terrorista contra la sede de la embajada cubana en Washington.

Un ciudadano, que luego fue identificado y capturado, disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático de asalto contra la sede diplomática, en horas de la madrugada.

En el edificio, en el momento de la acción, se encontraban diez funcionarios. Aunque ninguno de ellos recibió el impacto de las balas, los proyectiles si causaron daños materiales al local de propiedad del Gobierno de Cuba

Alexander Alazo Baró , el terrorista, planificó el atentado con algunas semanas de antelación. Poseedor de una licencia para uso de armas, se valió de un AK-47. Quince días antes -como lo declararon en su momento los funcionarios del país agredido- visitó el lugar de los hechos con fines exploratorios. Cumplido ello, llevó a cabo el ataque.

Habitualmente residente en Pensilvania, Alazo Baró se trasladó a la ciudad capital, con la seguridad de contar con ciertas garantías de impunidad. Eso, le permitió cumplir su misión sin ser previamente avistado por quienes tenían el deber de custodiar los exteriores de la Embajada de Cuba. Ellos, sólo percibieron el hecho, una vez consumado.

Como es público, el atacante fue detenido en el lugar del delito, en tanto que en la misma tarde del 30 de abril, la Cancillería Cubana convocó al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, para expresarle su protesta. No obstante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, guardó silencio que aún mantiene.  

Hasta hoy, las autoridades norteamericanas no han respondido a los requerimientos de Cuba, en tanto que aseguran que la investigación se procesa “en condiciones de reserva”.  Una manera de atenuar su magnitud, y “bajar el tono” de cualquier protesta.  

Es evidente, sin embargo, que –como lo dijera en esa circunstancia el gobierno de Cuba- este acto terrorista “fue el resultado directo de la política y del discurso agresivo y de odio del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, y de la permanente instigación a la violencia de políticos estadounidenses, incluidos altos funcionarios del Departamento de Estado y  la Embajada estadounidense en La Habana; así como de grupos extremistas anticubanos que han hecho de este tipo de ataques su medio de vida”.

El desarrollo posterior de los acontecimientos, confirma esta idea. El Presidente Donald Trump no ha tenido ningún reparo en avivar constantemente el odio contra Cuba, en tanto que ha impulsado una nueva escala de agresiones contra la Isla. En otras palabras, ha llevado al extremo la política del “bloqueo” infame que el país del norte ejerce, en el empeño por quebrar la resistencia del pueblo cubano y dar al traste con el proceso liberador iniciado a mediados del siglo pasado.

No ha sido éste el único atentado consumado contra Cuba en las últimas décadas. Desde el inicio de la Revolución Cubana, la Casa Blanca ha sumado a acciones terroristas, el uso de medidas unilaterales e inaceptables, incompatibles con el Derecho Internacional y los Convenios que regulan  las relaciones entre s Estados Independientes y Soberanos.

Como se recuerda, el más horrendo atentado contra Cuba, ocurrió en octubre de 1976, cuando una nave aérea de Cubana de Aviación que se desplazaba sobre el Mar de las Antillas, fue derribado mediante bombas de alto poder, colocadas en su interior. En la circunstancia, murieron 73 pasajeros y 11 tripulantes. Aunque los autores de este execrable crimen fueron identificados y aún capturados; nunca pagaron por esa acción. El gobierno de los Estados Unidos protegió a las autores materiales e intelectuales del mismo. Dos de ellos, Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, eran agentes de los servicios secretos de los Estados Unidos y operaban formalmente como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Algunos años más tarde, el diplomático cubano Félix García Rodríguez fue asesinado en Nueva York el 11 de septiembre de 1980. También en la circunstancia, las autoridades de los Estados Unidos optaron por el silencio; el mismo que guardaron cuando a comienzo de los años 90 del siglo pasado, grupos terroristas preparados por la CIA incursionaron en Cuba y colocaron cargas explosivas en diversos hoteles de la capital, generando pérdida de vidas humanas, e ingentes daños materiales.

En este caso –como en otros- el gobierno de los Estados Unidos ha optado por no condenar ni rechazar el ataque de abril.  Su inacción calza perfectamente con el interés de grupos que operan contra Cuba en diversos lugares del territorio yanqui. Es de esperar que esta política asesina, sea finalmente condenada por el pueblo norteamericano en los comicios nacionales de los próximos días.